Por José R. Pantoja Reyes

La historiografía tradicional tendió a desaparecer del relato histórico nacional la presencia y la acción de los grupos indígenas en la vida política mexicana del siglo XIX, en ese relato los indígenas aparecían apenas como referencia, en lo general los consideró como parte del escenario de fondo en el que ocurrían los enfrentamientos de las élites oligárquicas en su disputa por el control del Estado, resultaban sólo un eco de historias pequeñas que se disolvían mientras la “nación” luchaba por mantenerse como país independiente. Esa versión histórica del siglo XIX sólo resaltó un aspecto de la historia nacional, que gira en torno a la formación del Estado y el caos que la disputa política produjo, en el que la lucha entre las ideologías de las élites, liberales y conservadoras, era el hilo conductor de la historia. Dejó sin atención los esfuerzos que la sociedad y los grupos subalternos hacían por sostener la vida productiva, la del día a día.  Sobre todo hizo de lado las múltiples acciones de los pueblos campesinos para enfrentar los procesos de despojo de tierras y recursos naturales, así como las iniciativas políticas de los sectores populares, entre ellos de manera destacada de los pueblos indígenas, para instaurar un Estado que los incluyera. Esa historia se ha ido rescatando desde el último tercio del siglo XX y en estas primeras décadas del siglo XXI y la imagen que se ha ido perfilando nos muestra la complejidad y heterogeneidad de la vida social y política de los grupos subalternos mexicanos en el siglo XIX y de su relevante papel en la formación del México independiente. 

La población indígena en el siglo XIX

Por principios de cuentas, la población indígena mantuvo un lugar preponderante en términos demográficos. Al triunfo de la Independencia constituían el 60% de la población y, a pesar de todo, hacia finales del siglo, según los censos de época, eran aún casi 40%. Esa cifra no considera a grupos que mantuvieron una relativa independencia como los mayas rebeldes de la península de Yucatán, los huicholes y coras de Nayarit y de Jalisco o los de la frontera como los apaches, por lo que habrá que apuntar unos puntos porcentuales más a la población indígena. 

La disminución demográfica indígena puede explicarse por varios factores: entre ellos, habrá que señalar el efecto de un subregistro censal de la población indígena por un proceso de “desindianización” formal, provocado por diversas disposiciones legales que pretendían desaparecer la cultura indígena, y por los procesos de despojo de los bienes comunales en manos de indígenas en pos de la propiedad privada. Después de la Independencia, y conforme avanzó el siglo y la ideología liberal se convirtió en la ideología de Estado, se dispuso en la legislación mexicana que, para todo asunto oficial, la categoría “indígena” debía dejarse de usar, por lo que de facto desapareció no sólo la categoría social sino también las instituciones asociadas a dicho estamento y por consiguiente cualquier tipo de derecho político y social indígena se canceló. 

Asimismo, los liberales consideraron que la marginación y pobreza de una buena parte de la población se debía a su condición “étnica” por lo que se propusieron acabar con la diferenciación estamental y con la organización corporativa del Estado, que la Iglesia y los pueblos indígenas conservaban. Al inicio, el igualitarismo político fue promovido por el movimiento insurgente que intentó acabar con la esclavitud –expresado en las disposiciones que emitió Hidalgo en la ciudad de Guadalajara (6 de diciembre de 1810)–  y  con las formas de servidumbre y obligaciones que se les imponía a los pueblos indígenas. El Plan de Iguala estableció que se debía considerar como ciudadanos a toda la población sin importar el estamento (diríamos hoy, étnico). En el año 1822, se eliminaron tributaciones asignadas a la población indígena y se dispuso anular de los documentos oficiales la calidad racial. La Constitución de 1824 recogió estas disposiciones y en la legislación mexicana desaparecieron los “indios”, sin embargo, en la vida social, política y económica la población indígena siguió teniendo un lugar fundamental. 

La desaparición legal de la categoría estamental fue un buen motivo para atacar las instituciones de gobierno que durante la colonia se habían establecido para las repúblicas de indios, lo que hoy se denomina gobiernos tradicionales. La desaparición de las repúblicas de indios quiso ser aprovechada por grupos de interés de fuera de esas comunidades (aunque también los hubo desde el interior) al establecer el nuevo sistema de municipios y ayuntamientos. La nueva legislación en materia política provocó un largo conflicto a nivel local en el que los pueblos indígenas trataron de mantener el control de sus gobiernos locales, en ocasiones a través de la lucha electoral dentro del nuevo sistema de ayuntamientos, en otras separando las comunidades más pequeñas (pueblos-sujetos) de los nuevos ayuntamientos de los pueblos cabecera, etcétera. Esa disputa local se desarrolló prácticamente en todos los pueblos indígenas y los obligó, aún en regiones apartadas o de difícil acceso, a estar pendientes de los cambios políticos y legales que se sucedieron en el país y en los Estados. La idea romántica de la preservación de los pueblos, en los que los indios se habrían mantenido apartados de las luchas políticas del país y habían mantenido su cultura e instituciones inalteradas hasta nuestros días, está muy alejada de lo que ocurría entre la población indígena en el siglo XIX, población que estaba muy lejos de desaparecer y de perder importancia económica, social y política. 

Si bien en el Estado (central o federal) las dificultades financieras eran el pan de cada día (por la deuda externa, la especulación de la deuda, el deterioro del comercio exterior y el estado de guerra permanente), la vida productiva a “nivel del suelo” continuó y las actividades agropecuarias lograron mantener la vida económica del país después de la caída de la producción minera (y las actividades productivas directamente vinculadas a ella) desde el periodo de Independencia hasta el Porfiriato. Además de sostener la economía del país, la actividad agropecuaria hizo posible el crecimiento de la población. Todas las unidades rurales (ranchos, haciendas, comunidades) fueron creando una dinámica productiva en la que se combinaban la producción de autosustento y, ajustándose a las condiciones y el momento político,  la producción de excedentes para el comercio local y regional; muy pocas unidades económicas se dedicaron exclusivamente a la producción orientada al mercado, como llegó a ocurrir en los casos del de azúcar, tabaco y algodón. El crecimiento de la agricultura comercial tuvo que esperar hasta la república restaurada y fue hasta el Porfiriato en la que tuvo un auge exponencial. En gran medida, fueron los campesinos (indígenas y mestizos) en comunidades y ranchos los que mantuvieron activa la producción agropecuaria y sostuvieron al país. 

La dinámica productiva que combinaba la producción de autosubsistencia con producción orientada al comercio (ganado, cereales, algodón, azúcar, tabaco) sostuvo un crecimiento de la población de alrededor de un 50% entre 1810 y 1878, pues pasó de 6.1 millones a 9.6 millones; ese crecimiento se produjo a pesar de las pandemias (como el cólera de 1838), guerras civiles y rebeliones campesinas. La población de origen indígena, como ya dijimos arriba, también participó en ese crecimiento aunque no se vea reflejada en las estimaciones demográficas de la época, la reducción en las cifras censales se debe más bien a la “desindianización” que a una caída demográfica o a un proceso de mestizaje.

La población indígena vivía preponderantemente en zonas rurales, la mayoría se dedicaba a la agricultura. Se distribuía entre poblados con mayoría indígena o en comunidades (parcialidades y barrios) interétnicas en pueblos y ciudades. Tendían a la producción de auto subsistencia, pero participaban del comercio local con productos de sus excedentes agrícolas o con productos artesanales. También aportaban tributaciones civiles y eclesiásticas (estas últimas dejaron de ser obligatorias definitivamente después del triunfo liberal y la restauración de la república) y con parte de sus excedentes ayudaban a sostener las administraciones locales y estatales. Así, hasta las comunidades más apartadas participaban del sostén de la economía del país. Los indígenas también formaban la mayoría de jornaleros que trabajan en las haciendas de forma temporal o permanente por el sistema de endeudamientos; intervinieron en la arriería que sostenía el comercio regional y participan en la de larga distancia; también se dedicaron a la manufactura artesanal en las ciudades y a otras muchas actividades de la vida urbana. 

La población indígena se concentró, como la mayoría del resto de la población, en las regiones centrales (en las que se incluye el occidente y del golfo) y sureñas del país, pero eso no redujo la diversidad de lenguas o de prácticas culturales: muchos grupos tenían elementos en común, como el catolicismo o sobrevivencia de instituciones coloniales, pero había una gran heterogeneidad en los modos de practicarlas y en las relaciones con las instituciones nacionales y estatales y con los oligarquías locales y regionales. Muchos aspectos de esa diversidad aún tienen que ser estudiadas y reconstruidas para estar en condiciones de comprender los comportamientos y mentalidades de los grupos subalternos del periodo. 

El embate liberal 

Los indígenas enfrentaron múltiples presiones de las élites nacionales que como ya señalamos arriba, trataron de “desindianizar” el país, atacando las instituciones político-administrativas heredadas de la colonia, pero también con la intención de acabar con las lenguas y culturas indígenas. Pero fueron las oligarquías regionales (y también del sector de rancheros de pequeñas y medianas propiedades) las que, amparadas en la legislación de desamortización, sin importar su filiación ideológica, se apropiaron de tierras y recursos naturales de los pueblos campesinos indígenas y mestizos, de ahí que muchos pueblos indígenas terminaron cercados por las haciendas obligándolos a convertirse en jornaleros o fueron empujados a la servidumbre por deudas. La expectativa de los liberales de acabar con la desigualdad, de garantizar el derecho de propiedad para todos los mexicanos y de procurar el progreso del país, se convirtió en un enfrentamiento generalizado, una guerra civil propiamente entre las élites y los campesinos. 

Mientras que los conservadores opinaban que debía mantenerse la tutela sobre la población indígena y, por tanto, su separación legal e institucional que se había instrumentado en el periodo virreinal, los liberales pensaban que el país progresaría y ocuparía el lugar que le correspondía entre las naciones “civilizadas” si se lograba establecer la igualdad política y jurídica entre la población, crear un mercado capitalista de mercancías y bienes (tierras) e instrumentar un sistema de educación moderno en toda la población.  Si bien hubo diferencias en las interpretaciones filosóficas que sustentaban el credo liberal o énfasis en ciertos aspectos entre la primera generación (José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, por ejemplo) y la segunda generación (Ignacio Ramírez, Lerdo de Tejada, Benito Juárez, Guillermo Prieto), los liberales fueron los más comprometidos en combatir las diferencias legales y culturales entre la población indígena y la de origen hispano y mestizo y se propusieron establecer un régimen constitucional en el que desaparecieran esas diferencias que se habían heredado de la colonia y que estaban asentadas en la división estamental de la sociedad (“las diversas naciones”, las “división de razas”, la “multiplicidad de lenguas”) producto de la conquista, en los privilegios y el poder de las corporaciones religiosa y militar y en la propiedad comunal de los pueblos campesinos. (Algunos de los liberales, como Lerdo de Tejada y Mariano Otero, también criticaban la gran propiedad de manos muertas de las haciendas). 

Después de la revolución de Ayutla (1854-1855), el programa liberal tendió a radicalizarse por el nivel de enfrentamiento contra grupos vinculados al programa conservador, en particular contra la Iglesia. Ese programa se convirtió en legislación con la promulgación de las Leyes de Reforma y luego formaron parte del nuevo Estado republicano con su incorporación a la Constitución de 1857. Se logró la separación de la Iglesia y el Estado, el fin de los tribunales especiales (militares y eclesiásticos), la nacionalización de los bienes de la Iglesia y la desamortización de las propiedades comunales. 

En el caso de Benito Juárez, quien como sabemos fue gobernador de Oaxaca (1847) y presidente de la república desde la Guerra de Reforma hasta la república restaurada (1858-1872), tuvo particular interés en combatir los privilegios corporativos de la Iglesia, desde las tributaciones indígenas hasta la existencia de tribunales eclesiásticos que podían intervenir en conflictos civiles y protegían al clero frente a los reclamos civiles, particularmente indígenas. Por lo que fue un promotor de las legislaciones para terminar con los tribunales de carácter corporativo (Ley Juárez, 23 de noviembre de 1855) y fue en su gobierno cuando se establecieron las bases de la secularización del Estado en México, al decretar la separación de la Iglesia y el Estado, así como por acabar con el poder económico de la Iglesia (Ley de nacionalización de los bienes de la Iglesia, 12 junio de 1859). 

Juárez fue el primer gobernante en otorgarle el carácter obligatorio y gratuito a la educación básica. Su enfrentamiento con la Iglesia y la necesidad de promover la educación entre la población, no sólo provinieron de las ideas liberales que profesaba sino de su propia historia personal. De origen zapoteca y huérfano, pudo acceder a la instrucción de primeras letras en una pequeña institución escolar dirigida por religiosos, con la que se distanció por la orientación de la formación y la segregación “racial” que practicaba. Más tarde en sus estudios profesionales como abogado de nuevo tuvo que separarse de las instituciones tradicionales para titularse en el nuevo Instituto de Ciencia y  Cultura; como abogado tuvo que sufrir el autoritarismo de los tribunales eclesiásticos en juicios que llevo para defender a pueblos indígenas enfrentados con las órdenes religiosas. Luego como gobernador se enfrentó con las élites locales asociadas con la Iglesia, que lo llevaron al exilio en su propio Estado. Su historia personal –que lo llevó de la marginación indígena hasta ocupar el lugar político más prominente de la nación–  y su lucha en el ascenso social con base en  el esfuerzo y convicción personal frente a las instituciones del antiguo régimen, seguramente le sirvieron de referencia en sus relaciones con la población indígena cuando asumió la presidencia del país. Interesado en que la población indígena saliera de la marginación, supuso que la solución estaba en incorporarla a la modernidad (como a él le ocurrió), y que se ve claramente reflejado en su defensa de la secularización del Estado y las leyes de igualdad jurídica de la población. Ése espíritu liberal de carácter igualitarista lo llevó a apoyar las leyes de desamortización de propiedades comunales de los pueblos (tierras, recursos naturales, cajas de comunidad) que pretendieron, formalmente, dividir y asignar la tierra comunal en pequeñas propiedades para dar fin a la “corporación” indígena. 

Protestas y rebeliones campesinas 

Sin embargo, las leyes de desamortización no se emitieron y aplicaron en terreno vació, por el contrario, había miles de quejas y denuncias de los pueblos campesinos por el despojo de hacendados y rancheros que de manera sistemática venían ocurriendo desde finales del siglo XVIII y que no encontraron solución satisfactoria para los pueblos y comunidades durante todo el periodo. Las leyes de desamortización contra los bienes comunales de los pueblos se promovieron en los Estados desde la década de los años treinta y fueron fuentes de despojos y expoliaciones. Las leyes de desamortización promovidas por la Reforma en 1857, ratificadas y ampliadas en la República restaurada, abonaron para la generalización de las protestas y rebeliones campesinas del periodo. Juárez atendió personalmente muchas solicitudes para su intervención, pero casi todos los casos los orientaba a que el conflicto se resolviera en los tribunales, que casi siempre fallaban en contra de los campesinos. Fueron contados los casos en los que aceptó dialogar con los rebeldes campesinos para que se resolviera el conflicto por vía de la negociación. Probablemente el caso más significativo fue el que sostuvo con la rebelión de Manuel Lozada (protagonizada en lo fundamental por los indígenas) en el actual Estado de Nayarit, el resultado fue el decreto que convirtió el séptimo cantón de Jalisco, Tepic, en distrito militar a cargo de la federación. Dicho acuerdo tuvo como antecedente que los rebeldes de la región se declararon neutrales durante la intervención francesa por lo que fue aceptable llegar un acuerdo y reconocer la fuerza de la rebelión y el gobierno de Lozada en el territorio. Dicho acuerdo finalizó durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, pues en 1876 el gobierno federal reprimió un nuevo levantamiento de las fuerzas lozadistas que terminó con el fusilamiento de Manuel Lozada. 

La acción de los pueblos y comunidades campesinas, muchas de ellas indígenas, no se restringió a reclamos, denuncias y rebeliones contra el despojo de bienes comunales, hubo también una variedad de demandas que sobrepasó la disputa de las tierras: la pelea por el control del comercio por las élites, las exacciones tributarias con pretexto de la guerra, la imposición de la moneda de cobre, la importación de textiles sin aranceles, por asuntos religiosos, etcétera. Su actividad política rebaso la disputa electoral local como referimos al principio, también participaron en diversos conflictos políticos nacionales que en lo general los historiadores no habían reconocido hasta hace muy poco tiempo: participaron masivamente en los ejércitos insurgentes, se movilizaron para enfrentar la invasión estadounidense y formaron parte del ejército federal contra intervención francesa durante el imperio de Maximiliano. Así que hubo pueblos y grupos activos en los conflictos nacionales y fueron aliados de los grupos liberales y conservadores, según región y circunstancia. Este periodo está lleno de pequeñas protestas y grandes rebeliones.

Una primera fase se desarrolló de 1830 a 1847, durante este periodo los indígenas se enfrentaron al despojo de tierras, el aumento de los impuestos, las levas y las tentativas de los hacendados y la Iglesia por mantener sus prerrogativas, es decir, el tributo y los diezmos. Las rebeliones más importantes fueron la de 1832 en la Mixteca (Puebla, Guerrero y Oaxaca); la del Totonacapan dirigida por Mariano Olarte (Veracruz y Puebla) en 1836; la de la Huasteca en 1845, dirigida por Luciano Vázquez; la de Sierra Gorda (Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí) y la Guerra de Castas en Yucatán desde 1847. En una segunda fase ocurre entre 1857 y 1873, esas rebeliones ocurrieron en el contexto de las leyes de desamortización de los bienes de las corporaciones. Entre las más importantes están la ocurrida en el cantón de Tepic, encabezada por Manuel Lozada “El Tigre de Alica”, entre 1856 y 1873; la rebelión Chamula en Chiapas en 1869 y la rebelión en Chalco de 1868, dirigida por Julio López Chávez.  Una tercera fase ocurrió en los primeros años del gobierno de Porfirio Díaz: la rebelión de los yaquis en Sonora entre 1877 y 1881; el levantamiento campesino en la Sierra Gorda en 1877 y el de San Martín Texmelucan en 1879. 

En varias de esas rebeliones se propusieron formas de gobierno alternativas a enarboladas por los liberales y los conservadores, en las que se reivindicó la defensa de los pueblos como unidad política, el municipio libre como base territorial de la nación y el carácter comunal de las tierras y los recursos de los campesinos. En algunos casos se reivindicó la religión católica como identidad nacional, pero también hubo casos en los que se incorporó la libertad religiosa y la religiosidad popular. Se formó una cultura política campesina-indígena que proclamó la creación de una república pueblerina –con variantes según la rebelión– de carácter federalista. Esa cultura política creada desde “abajo” se fue forjando a lo largo de las múltiples rebeliones que se desarrollaron a lo largo y ancho del país desde la década de los años treinta hasta la república restaurada. 

Para saber más:

Escobar Ohmstede, Antonio, Romana Falcón y Raymond Buve (compiladores), Pueblos, comunidades y municipios frente a los proyectos modernizadores en América Latina, siglo XIX, México, Colegio de San Luis y Centro de Investigación y Documentación de América Latina, 2002. 

Falcón, Romana, México descalzo. Estrategias de sobrevivencia frente a la modernidad liberal, México, Plaza y Janés, 2002. 

González y González, Luis, El indio en la era liberal, en Obras Completas, volumen 5, México, Editorial Clío y El Colegio Nacional, 1996. 

Mallón, Florencia, Campesino y nación, México, El Colegio de San Luis, El Colegio de Michoacán y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2003.

Pla Brugat, Dolores, “Más desindianización que mestizaje. Una relectura de los censos generales de población”, Dimensión Antropológica, volumen 53, septiembre-diciembre de 2011, p. 69-91. 

Reina, Leticia, Crisis, reforma y revolución. México: Historias de fin de siglo, México, Taurus, Conaculta e INAH, 2002.

Por Cristina Gómez Álvarez

El 18 de julio de 2022 se conmemoró el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez García y se reabrió al público el Recinto Homenaje a Juárez en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. En este lugar se realizó una ceremonia presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador; tres personas hicieron uso de la palabra: Consuelo Santiago García, presidenta municipal de Guelatao de Juárez (pueblo en dónde nació el Benemérito de las Américas), Alejandro Murat, gobernador del Estado de Oaxaca, y Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, en representación del poder ejecutivo de la república. Los tres oradores hicieron hincapié tanto en las virtudes personales del Benemérito como en su trayectoria política. Así se destacó su origen étnico y social, su aguerrida defensa de la Constitución Política de 1857 y su lucha contra la invasión extranjera y el imperio de Maximiliano. Sin embargo, llama la atención la omisión que hicieron los oradores, sobre todo el Secretario de Gobernación, sobre las leyes que Juárez –como presidente de la república y en plena guerra civil contra el grupo de los conservadores– promulgó en Veracruz entre 1859 y 1860 y que culminaron con el proceso de separación de la Iglesia con respecto al Estado. La omisión es importante, pues la creación del Estado secular (laico) es una característica fundamental de la llamada, por el actual gobierno, segunda transformación de la historia de México. 

La figura de Juárez es constantemente recordada por el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, en especial cita algunas frases del Benemérito que hacen alusión a la lucha política de ese momento en contra de los conservadores como la siguiente: “el triunfo de la reacción es moralmente imposible” y reitera conceptos importantísimos como la defensa de la soberanía nacional violada por la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Sin embargo, en mi opinión, el mismo presidente al hablar de la fundación del Estado secular, el cual eliminó algunas características del viejo régimen colonial, cuya obra fue realizada por la generación de liberales encabezada por Juárez, no explica que para lograr ese propósito era indispensable separar la Iglesia católica del poder político. Esta Iglesia, como es de todos conocidos, desde la época colonial y después con la Independencia en 1821 formaba parte del Estado, por lo que éste no sólo debía de proteger el dogma católico sino también los privilegios y fueros del clero.

Para comprender el significado histórico de la fundación del Estado secular o laico en México es pertinente realizar un breve recorrido por la relación Iglesia-Estado desde la época colonial, pasando por los primeros años de vida independiente y republicana, hasta llegar a las Leyes de Reforma (1859-1860). También es adecuado recordar que la Iglesia quería mantener su situación privilegiada en la sociedad y en el Estado y que aliada con grupos políticos conservadores resistió cualquier cambio, por esa razón en nuestro país la secularización se alcanzó mediante una lucha armada: la Guerra de los Tres Años (1858-1861).  

La relación Estado-Iglesia, de la época colonial al México independiente

La corona española construyó una monarquía católica, por ello cuando en el siglo XVI los españoles conquistaron estas tierras, la Iglesia católica los acompañó y jugó un papel fundamental en los tres siglos de colonialismo. La corona estableció en América el Patronato, doctrina jurídica que normó la relación Iglesia-Estado. El Patronato había sido concedido por el papa a los reyes católicos, quienes nombraban a los arzobispos y obispos (el papa únicamente confirmaba a los elegidos por la corona), administraban los diezmos y fijaban los límites territoriales de las diócesis americanas a cambio de que los eclesiásticos evangelizaran a los indios. El Patronato con el paso del tiempo se fue ampliando de tal forma que la corona intervenía en todos los asuntos temporales de la Iglesia y no permitió que ésta tuviera comunicación directa con la Santa Sede. En el siglo XVIII, cuando arribaron los reyes de la Casa de Borbón al trono español implementaron una política de modernización y centralización y diseñaron un programa para limitar los fueros y privilegios de la Iglesia. La medida más radical fue la expulsión de la Compañía de Jesús de todo el imperio español (1767). Este programa también tuvo incidencia en las finanzas del clero: las disminuyeron, pues la Corona le requirió recursos económicos para subvencionar las guerras que enfrentaba con otras potencias europeas. Aquí podemos afirmar que se inició el proceso de secularización, es decir, se pretendía restar poder y acotar los privilegios de la Iglesia. Sin embargo, este proceso se interrumpió debido a que estallaron dos guerras: la que libraban los españoles por expulsar a los franceses de la península (1808) y el inicio de las revoluciones de Independencia en las colonias americanas (1810). La Iglesia, como parte integrante del poder colonial, cerró filas y combatió con todas sus fuerzas a los insurgentes americanos. 

Cuando México alcanzó su Independencia en 1821, la postura de la jerarquía eclesiástica fue terminar con el Patronato, es decir, con la doctrina jurídica que había normado la relación entre la Corona y la Iglesia. Con ese fin, entre marzo y noviembre de 1822 tuvieron lugar varias reuniones de una Junta Diocesana en la ciudad de México, integrada por representantes de todos los obispados del país y del arzobispado de México. Esta junta tomó acuerdos para normar su relación con el Estado independiente, el más importante de ellos fue declarar la nulidad del Patronato y, en su lugar, acordó procedimientos para el nombramiento de curas y párrocos (la provisión del clero), involucrando para ello a las autoridades civiles mexicanas. Ciertamente, los eclesiásticos consideraban que era el momento para desprenderse de las ataduras que les habían impuesto durante tres siglos a través del Patronato, pero al mismo tiempo querían seguir formando parte del poder civil aunque sin someterse a éste, por esa razón el episcopado aceptó que entrara en funciones la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos, instancia del gobierno, primero imperial (1822) y después republicano (1823). Esta secretaría coordinaba la relación entre el Estado y la Iglesia para salvaguardar las inmunidades, los bienes temporales y la mencionada provisión del clero. 

Por otra parte, cuando se estableció el poder legislativo de la República Federal de inmediato se quiso solucionar definitivamente la relación Iglesia-Estado. Al respecto se dio una fuerte discusión y se presentaron diversas propuestas. La de los legisladores conservadores proponía que el Estado ejerciera el Patronato pero únicamente si contaba con la autorización del papa, para lo cual era necesario que se firmara un concordato con la Santa Sede (documento que nunca llegó a suscribirse). Otros legisladores, algunos de ellos liberales, querían ejercer el Patronato sin la aprobación papal, de esa forma pretendían tener bajo su control a la Iglesia, especialmente incidir en el nombramiento de la jerarquía y el resto del clero. Por su parte los liberales más radicales impulsaron la propuesta de separar la Iglesia del Estado, con ello aspiraban a la formación de un Estado secular o laico. 

La Santa Sede, por su lado, no reconocía la Independencia de México, pues se encontraba aliada con la corona española que pretendía reconquistar los territorios de América. Por esa razón, el papa no estaba interesado en firmar ningún concordato con México y, por lo mismo, no había procedido a nombrar obispos cuyas sedes se encontraban vacantes. En 1829, murió Antonio Joaquín Pérez Martínez, obispo de Puebla, y con ello quedaba acéfala la jerarquía eclesiástica mexicana. Ante esta situación el papa tuvo que nombrar a seis obispos mediante la ejecución de un recurso jurídico que no implicaba reconocer relaciones diplomáticas con el Estado mexicano. Lo interesante de estos nombramientos es que siguieron los procedimientos que se habían establecido por la Junta Diocesana de 1822, los cuales involucraban tanto al presidente de la república como a los gobernadores de los Estados. En resumen: se renovó el episcopado mexicano con seis obispos que habían sido propuestos por las autoridades civiles y el clero de México.   

Más adelante, en 1833, se reunieron condiciones políticas para que el Congreso de la Unión retomara el asunto de la relación Iglesia-Estado y acordó una serie de leyes que afectaron los intereses económicos y privilegios de la Iglesia. En primer lugar, el congreso decretó ejercer el Patronato sin contar para ello con la opinión del papa. Con esta medida, los legisladores estaban creando una Iglesia nacional donde el clero secular (curas y párrocos) quedaba sometido al Estado, mientras que el clero regular (frailes, monjes y monjas) sería desaparecido paulatinamente. Con respecto a los bienes económicos de la Iglesia, el congreso aprobó una ley para que esos recursos fueran utilizados para pagar la deuda que se había contraído con algunos particulares extranjeros. Es pertinente señalar que cuando el congreso aprobó la creación de la Iglesia nacional,  se alejaba completamente de la construcción de un Estado secular. Así de confundidos se encontraban los liberales que, para someter a la Iglesia, la convirtieron en una institución del Estado. Este es un ejemplo de lo complejo que resultó la formación del Estado nacional.  

Las reformas del congreso de 1833, como era de esperarse, fueron rechazadas por la Iglesia y con la ayuda de otros sectores, entre los cuales se encontraban varios jefes militares de diversos Estados de la república, se levantó en armas para impedir la reforma. Ante esta movilización, el presidente Antonio López de Santa Anna, a mediados de 1834, clausuró el Congreso de la Unión y convocó a integrar otro con la finalidad de derogar las leyes aprobadas tan sólo un año antes. Y, en efecto, en el nuevo congreso prevaleció una composición política conservadora que logró la contrarreforma. 

De esa manera, la Iglesia mantenía su poder político, económico y social al refrendar la conservación de sus fueros, privilegios y riqueza, establecidos no sólo en la época colonial sino también garantizados en el Plan de Iguala (1821) y en la Constitución Política de 1824. El episcopado consideraba que sus privilegios eran derechos y tenían que defenderlos frente al Estado. Lo que se confirmó cuando la primera república central (1836-1842) subrayó el lugar privilegiado de la Iglesia en el Estado y cuando en la segunda república centralista (1842-1846) se presentó una fuerte coordinación entre la jerarquía y los gobiernos para el despacho de los llamados “negocios eclesiásticos”. En estos regímenes, la Iglesia siguió fortaleciendo su calidad de prestamista del gobierno y de los particulares sólo a la par de los agiotistas (empresarios y propietarios que prestaban capital al gobierno con cierto interés). 

Es digno de destacar la postura de la jerarquía eclesiástica durante la guerra entre México y los Estados Unidos de América (1846-1848), pues a pesar de que existía una confrontación con el gobierno por un decreto para la venta de propiedades eclesiásticas, la jerarquía contribuyó con los gastos de guerra no sin sus complicaciones. En esta ocasión, el alto clero sostuvo la Independencia del país frente al enemigo estadounidense, situación contraria a la que asumiría años más tarde cuando apoyó la intervención francesa y el imperio de Maximiliano.

La promulgación de las Leyes de Reforma 

A pesar de que la Iglesia y sus aliados habían impedido toda reforma, pues querían continuar gozando de sus privilegios, el cambio era impostergable por construir un Estado que diera libertades a todos y acotara los privilegios heredados de la época colonial. Así, finalmente se abrió un tiempo de transformación política y social con la Revolución de Ayutla (1854-1855). Con el establecimiento de los gobiernos de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort se promulgaron una serie de leyes que afectaron los intereses de la Iglesia. La primera, conocida como Ley Juárez (23 de noviembre de 1855), suprimió los tribunales especiales, lo que significaba que los miembros de la Iglesia y del ejército podrían ser juzgados solamente por un tribunal del Estado en asuntos de carácter civil. La Ley Lerdo (25 de junio de 1856) obligó a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender sus casas y terrenos que no estuvieran arrendadas, el objetivo era poner en circulación esos bienes y beneficiar la formación de nuevos propietarios. Esta ley también afectó mucho a la propiedad comunal. Finalmente, la Ley Iglesias (11 de abril de 1857) prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales. 

Cuando en 1856 se integró el congreso constituyente contó con una mayoría de legisladores liberales llamados radicales o puros, que permitió que sus propuestas fueran aprobadas en la nueva Constitución Política del país que se promulgó en 1857. Con respecto a los asuntos relacionados con la Iglesia, la nueva Carta Magna incorporó las tres leyes mencionadas antes. Un hecho notable fue la ausencia de un artículo que declarara a la religión católica como la única a profesar en el país y, por tanto, que recibía la protección del Estado, como había sido establecido en los anteriores textos constitucionales. Sin embargo, los liberales no se atrevieron a decretar la libertad de cultos, por esa razón, la creación del Estado seglar no se había concretado, aunque la constitución dio pasos muy importantes en esa dirección. Con respecto a la relación Estado-Iglesia, en el artículo 123 constitucional se estableció que: “corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer, en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes”. 

Para defender sus privilegios e inmunidades, el clero encabezó la oposición a la nueva constitución y con sus aliados apoyó el plan de Tacubaya del general Félix Zuluaga publicado el 17 de diciembre de 1857, cuyo objetivo central era desconocer la nueva Carta Magna. Para sorpresa de muchos, el presidente de la república, Ignacio Comonfort, secundó el citado plan y con ello se vivió un golpe de Estado. De esa manera se inició una cruenta guerra civil que tuvo como protagonistas a los liberales defensores del orden establecido en la nueva constitución y a los conservadores que luchaban por derogarlo. Esta lucha armada es conocida como la Guerra de los Tres Años o Guerra de Reforma (1858-1860), este último nombre se debe a las leyes que en Veracruz decretó Benito Juárez, presidente de la república en ese momento. Todas esas leyes afectaron los intereses de la Iglesia y propiciaron su separaron del Estado. La primera de ellas fue de carácter económico y se llamó Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (12 de julio de 1859); después se expidió la Ley del Matrimonio Civil (23 de julio de 1859), que estableció el matrimonio como un contrato civil con el Estado, pues hay que recordar que el registro tanto de las bodas como de los bautizos y defunciones únicamente los llevaba la Iglesia mediante sus parroquias. Para que esos tres registros, llamados sacramentos por el dogma católico, fueran una obligación del Estado, el 28 de julio de 1859 se expidió la Ley Orgánica del Registro Civil. Al finalizar el mes, el gobierno de Juárez decretó que se secularizaban todos los cementerios y camposantos existentes en la república, cabe recordar que en ese tiempo también los cementerios estaban en manos de la Iglesia. Para concluir con las leyes de 1859, en agosto de ese año se expidió la Ley de Exclaustración de Monjas y Frailes que prohibía la existencia de claustros o conventos, con ella esas instituciones se clausuraban definitivamente. Para el año de 1860 y en pleno enfrentamiento bélico, se promulga una ley muy importante: la llamada Sobre la Libertad de Cultos (4 de diciembre), pues a partir de ese momento las personas tendrían plena libertad garantizada por el Estado para practicar el culto religioso que quisieran. La ley también prohibió la realización de ceremonias eclesiásticas fuera de los templos. 

En enero de 1861, Juárez entró triunfal a la ciudad de México; se había logrado la eliminación de los fueros, privilegios y algunos bienes materiales de la Iglesia. El Estado había dado libertad plena a los mexicanos para ejercer cualquier culto religioso. De esta manera, se separó la Iglesia del Estado. El enfrentamiento tan fuerte que hubo para construir el Estado laico, por la persistente oposición de la Iglesia, es una de la razones que explican por qué México no tuvo relaciones diplomáticas con la Santa Sede por más de 170 años, fue hasta 1992 cuando se estableció esa relación. 

Considero que hay que valorar en todo lo que cabe el hecho de vivir en un Estado laico, en el cual se han formado y han crecido muchas generaciones. En donde la Iglesia como institución no forma parte del poder político ni debe de inmiscuirse en estos asuntos de carácter civil. Además, hemos aprendido que el profesar una religión es una decisión individual y al Estado le corresponde vigilar que se respeten las diversas creencias religiosas, pero sin proteger a ninguna. Vivir en un Estado y en una sociedad que toleran y respetan todas las creencias políticas y religiosas, es una convicción que debe de reiterarse todos los días. 

Para saber más:

Bazant, Jean, Los bienes de la Iglesia en México, México, El Colegio de México, 1977.

García Ugarte, Marta Eugenia, Poder político y religioso, México, siglo XIX, 2 tomos, México, Senado de la República, Miguel Ángel Porrúa, UNAM, 2010.

Gómez Álvarez, Cristina, El alto clero poblano y la revolución de Independencia, 1808-1821, 2a. Edición, México, H. Cámara de Diputados, 2020.

Gómez Ciriza, Roberto, México ante la diplomacia vaticana. El periodo triangular, 1821-1836, México, Fondo de Cultura Económica, 1977. 

Pérez Memen, Fernando, El episcopado y la Independencia de México, 1810-1836, México, El Colegio de México, 2011.