Por Carlos de Jesús Becerril Hernández

Concebido como un medio de control constitucional y de protección de los derechos humanos de los habitantes de la República mexicana, pocas figuras jurídicas han permeado tanto en la sociedad como el juicio de amparo. El político y jurista yucateco Manuel Crescencio Rejón (1799-1849) es considerado como su creador, al menos en el ámbito local, al lograr su inclusión en los artículos 8, 9 y 62 fracción I de la Constitución Política de Yucatán, en 1841. En 1842, Esteban Valay y otros individuos presos en la cárcel de Campeche por sospecha de complicidad en la desaparición del bergantín de guerra “El Yucateco”, invocaron exitosamente los anteriores numerales en contra del debido proceso seguido en su detención por una autoridad que los reos acusaron de “incompetente”, constituyéndose así el primer antecedente local del juicio de amparo, conocido como Amparo Valay.

Su federalización se llevó a cabo por conducto del jurista jalisciense Mariano Otero (1817-1850) en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 que, además de restablecer el sistema federal consagrado en la Constitución de 1824, señaló de manera expresa en su artículo 25 que los Tribunales de la Federación estarían facultados para amparar

 “a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto a la ley o acto que lo motivare”. 

De hecho, el que la sentencia de amparo sólo tenga efectos sobre la persona que lo ha solicitado y llevado a trámite es conocido como principio de relatividad de las sentencias o “fórmula Otero”, en honor a su creador, Mariano Otero. 

De acuerdo con el jurista Manuel González Oropeza, sin sentencia escrita de por medio, el primer juicio de amparo lo sustanció el editor Vicente G. Torres en 1847, por su aprehensión por el general en jefe del Ejército de Oriente. Es decir, se hizo de forma oral. La primera sentencia de amparo federal dictada por escrito data del 13 de agosto de 1849, emitida por el juez de distrito suplente en San Luis Potosí e interpuesta por Manuel Verástegui para evitar su destierro de dicho estado. Este caso es conocido dentro de la historiografía jurídica como Amparo Verástegui. La particularidad de este caso es que la sentencia se dictó sin existir ley orgánica que lo regulase, esto fue así debido a que los jueces estaban obligados a resolver sobre el recurso contenido en el ordenamiento constitucional, aunque no hubiese ley orgánica de por medio. De hecho, la primera “ley de amparo” se promulgaría hasta 1861.

Es posible afirmar que el juicio de amparo es un “hijo legítimo” del liberalismo jurídico mexicano presente en tres ordenamientos constitucionales. En primer lugar, en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 (artículo 25); en la Constitución de 1857 (artículos 101 y 102); y, en la Constitución de 1917 (numerales 103 y 107) en vigor. Desde sus inicios, el amparo se convirtió en el medio de control constitucional por excelencia dentro del sistema jurídico mexicano. 

Ahora bien, si en términos constitucionales han sido tres los ordenamientos que regulan al juicio de amparo han sido ocho las leyes orgánicas que se desprenden de dichos documentos. Cuatro corresponden al siglo XIX (1861, 1869, 1882 y 1897); tres al XX (1908, 1919, 1936); y, una al XXI (2013). La última gran reforma a esta ley se dio en 2025, cuando se redefinieron conceptos tales como suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, presentación electrónica de las demandas, así como la redefinición de conceptos tales como orden público e interés social, entre otros.

En diversos momentos, el amparo ha representado el medio de control constitucional por excelencia dentro de la estructura jurídica mexicana, abarcando temas tan diversos como la materia civil, penal, administrativa y laboral.

En el siglo XIX acudieron a él diversos sectores sociales: en forma de sociedades agrarias, los extintos pueblos de indios lo interpusieron para evitar la desamortización de sus propiedades; ciudadanos de a pie en contra de detenciones arbitrarias hechas sin el debido proceso constitucional; contribuyentes buscando evitar el pago de impuestos desproporcionados e inequitativos, o para oponerse a los procedimientos de cobro; campesinos para evitar la leva, tan común debido a los diversos conflictos bélicos; e, incluso, por parte de rivales políticos caídos en desgracia, como fue el caso de Dolores Quezada, viuda de Juan Nepomuceno Almonte para evitar la confiscación de los bienes heredados de su marido que había participado abiertamente como funcionario de primer orden durante el Segundo Imperio. 

En el siglo XX, fue por medio del juicio de amparo promovido el 25 de agosto de 1917, por José Antonio G. Rivera, mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN) declaró que entre la Constitución de 1917 y la de 1857 “no existe ningún lazo de unión”, estableciendo la primera un nuevo sistema jurídico todavía vigente en México; la xenofobia también fue combatida por vía de amparo, como cuando algunos ciudadanos de origen chino lo interpusieron en contra de la Ley 31 de 1923, expedida por el Estado de Sonora, que les prohibía a los individuos varones de “raza china” celebrar matrimonio con mujeres mexicanas; también sirvió para acabar con los últimos resquicios de la legislación novohispana, como fue el amparo interpuesto por los descendientes del Emperador Moctezuma en contra de un decreto del gobierno federal de 9 de enero de 1934 que suspendía el pago de las pensiones que recibían desde 1526; también fue el juicio de amparo el instrumento del que se sirvió el gobierno de Lázaro Cárdenas para concretar la expropiación petrolera, pues una vez efectuada ésta, las compañías afectadas lo interpusieron, tachando de confiscatorio, y por lo tanto prohibido por la Constitución, al decreto de 18 de marzo de 1938. En la sentencia de amparo, la SCJN sostuvo que el decreto en cuestión se había fundado en la “utilidad pública” y con indemnización de por medio, se trataba precisamente de una expropiación y no de una confiscación.

Durante las primeras dos décadas del siglo XXI, el juicio de amparo ha tenido una función de protección de los derechos humanos fundamentales generalmente reconocidos por los países que aspiran a ser denominados “democráticos”. Ahí radica precisamente la importancia de este instrumento jurídico cuyo desarrollo y puesta en práctica ha sido producto de la habilidad política y sólidos conocimientos jurídicos de Manuel Cresencio Rejón, Mariano Otero, Ignacio L. Vallarta, Ignacio Burgoa, Juventino V. Castro, José Ramón Cossío, Margarita Ríos Farjat y, en general, de toda una doctrina jurídica desarrollada a su alrededor. 

Concebido como un instrumento del liberalismo jurídico decimonónico para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, el juicio de amparo ha representado un recurso al que han recurrido diversos sectores sociales para obtener una aplicación de la norma acorde con los principios contenidos en la Constitución. En diversos momentos, el amparo ha representado el medio de control constitucional por excelencia dentro de la estructura jurídica mexicana. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 le dio un “segundo aire”, convirtiéndose en uno de los recursos más socorridos por los habitantes de México.

De hecho, en los últimos años la actividad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, por medio del juicio de amparo, ha llevado a la escena pública temas de interés nacional, desde el no pago de impuestos de grandes compañías hasta la búsqueda de protección de derechos humanos fundamentales de diversos sectores sociales que han encontrado en él un escudo protector en contra de su posible vulneración. Visto así, el juicio de amparo es una herramienta propia de un estado de derecho. De ahí que su importancia dentro de la cultura jurídica mexicana.

Para saber más

Augustine-Adams, Kif, “Prohibir el mestizaje con chinos: solicitudes de amparo, Sonora, 1921-1935”, Revista de Indias, volumen LXXII, número 255, mayo-agosto, 2012, p. 409-432.

Becerril Hernández, Carlos de Jesús, “El juicio de amparo de los descendientes de Moctezuma II”, en BiCentenario. El Ayer y Hoy de México, volumen 17, número 66, octubre-diciembre, 2024, p. 48-55. Disponible en línea:  https://revistabicentenario.com.mx/wp-content/uploads/2024/12/BiC_66_06_Moctezuma.pdf.

Becerril Hernández, Carlos de Jesús, “Estudio introductorio. “Una modernización jurídica liberal. El juicio de amparo en México, 1847-2025”, en Sofía Noriega Mier y Terán, José Luis Antonio Tinajero Andrade, Luis Eliud Tapia Olivares (coordinadores), La evolución jurisprudencial del juicio de Amparo, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tirant Lo Blanch, 2025, p. 21-49. Disponible en línea:  https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/editorial/evolucion-jurisprudencial-juicio-amparo.

Rhi Sausi Garavito, María José y Becerril Hernández, Carlos de Jesús, “Amparo y pena de muerte en México, 1869-1910”, Revista Historia y Justicia, número 2, abril, 2014, p. 1-30. Disponible en línea: https://revista.historiayjusticia.org/wp-content/uploads/2014/04/RHyJ_2014_2_DS_L_RHI-Becerril.pdf. 

Imagen de portada: Constitución y Reforma, mural de Guillermo Chávez Vega pintado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en 1965. Imagen tomada de Facebook.

Por Erika Gómez Mendoza

El ingreso de mujeres profesionistas en la judicatura mexicana fue un proceso que tuvo lugar a lo largo del siglo XX mexicano. Usualmente, ellas desempeñaron las funciones de taquígrafas, auxiliares, oficiales judiciales y actuarias en los Juzgados de Distrito y en los Tribunales de Circuito distribuidos por todo el país, así como en la Suprema Corte de Justicia. La contratación de mujeres para tales cargos creció significativamente durante la segunda mitad del siglo XX, e incluso llegó a superar a la población masculina que laboraba en las mismas posiciones en los años de 1975 y 1985 con un total de 1,803 y 3,521 empleadas judiciales, respectivamente.

Pese a la notoria y creciente presencia femenina en los órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial de la Federación estuvo lejos de convertirse en una institución que procurase el desarrollo profesional de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Dentro de la estructura organizacional, los cargos anteriormente mencionados se encontraban en los niveles inferiores y fueron catalogados como personal de apoyo. En la práctica, fueron cargos poco remunerados y que contaban con reducidas posibilidades de ascenso a posiciones de alta responsabilidad. En contraste, la fuerza laboral masculina predominó en los mandos medios y superiores de la jerarquía institucional.

Bajo estas condiciones, parece pertinente cuestionarse ¿en qué momento las mujeres ocuparon por primera vez una posición de alta jerarquía en el Poder Judicial Federal? ¿cómo fue la recepción de las primeras funcionarias judiciales? ¿cuáles fueron los retos que ellas enfrentaron en una institución predominantemente masculina? Este artículo reúne las voces de algunas de las primeras profesionistas que ocuparon una posición de alto rango en la judicatura mexicana con el fin de dar cuenta de las percepciones masculinas respecto a este suceso y el entorno laboral en el que ellas se desenvolvieron.

La llegada de la primera ministra… un largo camino por delante 

El nombramiento de la ministra María Cristina Salmorán de Tamayo adscrita a la Cuarta Sala especializada en derecho laboral de la Suprema Corte de Justicia en 1961, marcó el inicio de un lento proceso de integración de abogadas en cargos de confianza y de alta responsabilidad en los niveles más altos de la jerarquía del Poder Judicial de la Federación.

Su ingreso al máximo tribunal de justicia supuso un desafío para la cultura institucional forjada a través de años de prácticas y normas de conducta compartidas por un sector profesional que, desde su constitución, había sido propiamente masculino. Esta cultura no sólo se percibe en las actitudes y en los usos y costumbres de sus miembros, sino también en la configuración de los espacios institucionales.

Por ejemplo, la ministra en retiro Margarita Luna Ramos (2004-2019) señalaba con cierta admiración que en la antesala del Pleno de la Suprema Corte no se contempló la apertura de un sanitario para mujeres, sino tiempo después de la llegada de la ministra Salmorán de Tamayo. La demora en el acondicionamiento de los espacios destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población femenina en ascenso es apenas un indicio de los retos que las primeras juzgadoras y funcionarias judiciales enfrentaron en un órgano como la Suprema Corte de Justicia.

El ambiente de incomprensión que hubo ante la llegada de la primera ministra al máximo tribunal de justicia se apreciaba incluso en comentarios mordaces (de procedencia hasta el momento poco precisa) que indicaban que el tribunal se había convertido en la Suprema de corte y confección. La connotación de género implícita en este juego de palabras (que refiere a un oficio practicado de manera exclusiva por mujeres y que pudiese aludir a una supuesta degradación del tribunal) denota la intolerancia y la terquedad que prevaleció hacia el reconocimiento de que una mujer ocupase un sitial de tal trascendencia.

La pertinencia de elegir a una mujer como juzgadora

En opinión de la ministra en retiro Victoria Adato Green (1985-1994), uno de los desafíos que las mujeres enfrentaron al asumir un cargo público de alta responsabilidad fue vencer los patrones religiosos y culturales forjados sobre el papel que ellas desempeñaban en la sociedad mexicana. Con base en su experiencia como agente del Ministerio Público, Procuradora General de Justicia del Distrito Federal y, finalmente, como ministra de la Suprema Corte, ella considera que no hubo un “rechazo abierto” hacia las profesionistas en el entorno laboral, sino más bien existió “una costumbre de no ver a las mujeres ahí, de no tener las consideraciones profesionales de pensar que pueden tener aportes profesionales sino tan importantes, sí significativos […]”.

Ciertamente, la percepción y la actitud masculina hacia el ejercicio profesional femenino fue uno de los aspectos que influyó de manera decisiva al momento de considerar la pertinencia de que una mujer titulada de la carrera de Derecho ocupase un cargo judicial. La temporalidad es importante pues en el periodo previo a la reforma judicial de 1994 (la cual creó formalmente una carrera judicial que gobernó el proceso de selección, designación, permanencia, movilidad y ascenso de los funcionarios judiciales) la responsabilidad de nombramiento de los titulares de los órganos jurisdiccionales fue otorgada al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de los ministros, la reforma constitucional al artículo 94 promovida por el general Álvaro Obregón, en 1928, confirió al representante del Ejecutivo la facultad de designación con previa ratificación del Senado de la República. Esta disposición se mantuvo vigente hasta la reforma judicial de 2024 que introdujo la modalidad de elección por voto popular. En ambos casos, las figuras encargadas de realizar la designación fueron quienes valoraron el perfil profesional de los posibles candidatos y decidieron, en última instancia, si estaban dispuestos (o no) a apoyar la promoción de un candidato del sexo femenino.

A decir verdad, fueron muy pocas las profesionistas que fueron colocadas en posiciones de liderazgo en la administración pública durante la primera mitad del siglo XX. Tratándose del ámbito de la justicia administrativa pueden señalarse los casos de la magistrada Dolores Heduán Virués del Tribunal Fiscal de la Federación (1947) y el de la presidenta María Cristina Salmorán de Tamayo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (1953-1961). En los tribunales del fuero común se encontraba la magistrada María Lavalle Urbina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales (1947); mientras que en el Poder Judicial a nivel local destacó la figura de la magistrada Dolores Arriaga, quien asumió el cargo de jueza de primera instancia y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del estado de San Luis Potosí (1922-1976). Finalmente, en el Poder Judicial Federal ninguna mujer había desempeñado las funciones de jueza de Distrito o magistrada de Circuito.

Los mecanismos de designación previstos en la Constitución de 1917 y en las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación para jueces, magistrados y ministros no plantearon obstáculos que formalmente impidiesen la inclusión de las abogadas. No obstante, la manera como se condujeron los procesos de designación engendró algunas formas de discriminación encubiertas (haya sido consciente o inconscientemente) detrás de políticas que en apariencia no favorecían al sexo masculino pero que, en la práctica, pusieron en desventaja a las mujeres debido al arraigo de estereotipos que sugerían que las profesionistas, en este caso las abogadas tituladas, no eran capaces de desempeñar cargos relacionados con la función jurisdiccional por su condición femenina.

La materia penal y la condición femenina

Una de las formas en la que se materializó la desigualdad fue a través del cierre de espacios considerados inapropiados para el sexo femenino. Tal fue el caso de la materia penal. La magistrada Bertha Alfonsina Navarro Hidalgo recordaba que la Primera Sala especializada en derecho penal del máximo tribunal de justicia fue el espacio que se opuso con mayor firmeza a la designación de abogadas para el cargo de secretarias de estudio y cuenta. Esta fue una posición de confianza y de estrecha colaboración con los ministros, cuya labor se centraba en el estudio de los expedientes y en la elaboración de proyectos de sentencia. La selección del personal quedó a cargo de los ministros y este cargo tuvo un lugar de primer orden en la ruta de ascenso de los futuros jueces y magistrados.

Ciertamente, aun cuando el Tribunal Pleno de la Suprema Corte mostró apertura a la integración de Livier Ayala Manzo como secretaria de estudio y cuenta en 1965, la Primera Sala tardó once años más en permitir que Elvia Rosa Díaz de León asumiera tal posición en el ámbito del derecho penal (1976-1984). De acuerdo con la vivencia de la magistrada Navarro Hidalgo, los integrantes de esa Sala mantuvieron una actitud “muy conservadora” y se mostraron reacios a aceptar cambios, inclusive si se trataba de los cortes de cabello de los varones que laboraban con ellos.

En opinión de la propia magistrada Díaz de León (1984-2000), el cambio en el paradigma de la Primera Sala respecto a la inclusión femenina se debió en buena medida a la renovación de sus integrantes. Según relata “yo estuve muchos años sola, fui la primera mujer que llegué a la Primera Sala porque, a los ministros de la sala anterior [designados previamente], no les gustaba trabajar con mujeres y decían que mientras ellos estuvieran en la Corte no iba a haber mujeres […] y no las hubo […]”. Fue hasta que llegaron los nuevos ministros cuando se rompió con esa práctica de designación impuesta por los antiguos integrantes de la Sala.

Percepciones sobre el desempeño profesional femenino

Los estudios de género han señalado que los prejuicios que normalmente desacreditaban la labor profesional femenina estuvieron fundados en nociones que apelaban a la existencia de una serie de rasgos biológicos y psicológicos inherentes en la naturaleza femenina que influían de manera significativa en su comportamiento y que, en el ámbito de la administración de justicia, las llevaría a percibir y valorar un caso de manera opuesta, o al menos diferente, al razonamiento “lógico” de los hombres.

Al respecto, el ministro Ramón Palacios Vargas (1970-1984) reconoció que para la década de 1970 seguía siendo “muy difícil para la mujer escalar a los cargos que desempeñamos los hombres, porque todavía no se alcanza la supuesta igualdad de la Constitución […]”. A manera de ejemplo, recordó con desagrado que un ministro presidente, cuyo nombre prefiere omitir, amenazó con renunciar al cargo si el presidente de la república tomaba la resolución de designar a “cierta abogada distinguida” como ministra de la Corte. Detalló que las razones por las cuales ese personaje consideró que “las mujeres no estaban capacitadas” para desempeñar la labor del juzgador fueron porque “eran demasiado emotivas, que se guiaban más por el sentimiento que por la razón y por la justicia […]”. 

La ministra en retiro Luna Ramos ha coincidido en que los estereotipos de género condujeron a que las mujeres ocupasen una posición de desventaja frente a sus pares masculinos, pues existió la creencia de que las mujeres eran de constitución débil y eran propensas a dejarse llevar “más por el corazón que por la ley”. De ahí que se corriera el riesgo de que en el ejercicio de sus funciones incurrieran en un “sentimentalismo” que iba más allá de la impartición de justicia.

En la opinión pública también se cuestionó si hombres y mujeres juzgaban en modos diferentes. En una entrevista para el diario El Sol de México publicada en 1974, se inquirió si el sexo femenino era “más dado a ser indulgente o compasivo en las penas que corresponde aplicar a quienes saltan los márgenes de la ley”. La ministra Gloria León Orantes (1976-1984), quien entonces desempeñaba sus funciones como magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales (1954-1976), respondió tajantemente que “la ley no era patrimonio de ningún sexo”. Aclaró que “frente a la ley una mujer actúa con la misma competencia, conocimiento y capacidad que el varón. Administrar justicia requiere honda responsabilidad, profundidad de estudios, imparcialidad e independencia, y hasta hoy las damas que trabajan en los tribunales de toda la república, han dado ejemplo de tales cualidades y calidades”. Finalmente, la magistrada León Orantes aseguró que la compasión “no gravita en el corazón de las mujeres magistradas”.

Consideraciones finales

Estas son apenas unas cuantas impresiones que dan cuenta del clima que se vivió en el Poder Judicial de la Federación con el arribo de las primeras mujeres a los altos mandos y que sirven como punto de partida para el estudio de las juzgadoras en la judicatura mexicana desde una perspectiva histórica. Tal parece que la percepción masculina que desacreditó el desempeño profesional femenino fue un problema presente en los diferentes peldaños de la jerarquía judicial y cuyos efectos tan sólo son perceptibles a través de los testimonios de sus funcionarios.

En el ámbito cotidiano, esta percepción llevó a que ellas fuesen sometidas a un escrutinio sobre sus capacidades y habilidades en el desempeño de sus funciones judiciales. Las primeras ministras, magistradas, juezas y secretarias de estudio tuvieron la doble responsabilidad de demostrar que eran capaces de desempeñar su labor y de abrir camino para quienes les seguían. Dentro de una institución constituida históricamente por el sexo masculino, las mujeres (a diferencia de los hombres) tuvieron que ganarse el reconocimiento de sus pares a base de esfuerzo y dedicación. En la práctica, ese fue un modo de romper con los estereotipos de género que las mantenía en una posición de desventaja. 

La ministra en retiro Adato Green recuerda gratamente que cuando ella llegó a la Suprema Corte, en 1985, ya encontró un “ambiente de aceptación”, donde hubo un trato cordial con sus compañeros gracias a las abogadas que la antecedieron. A decir verdad, la “normalización” de la presencia femenina en la judicatura mexicana fue un proceso que no sucedió de manera inmediata pero que fue dándose en bases regulares a lo largo de las últimas dos décadas del siglo XX, aunque quizá esto no supuso el fin de las prácticas diferenciadas por sexo dentro de la institución.

Para saber más

Bolivar Galindo, Cielito, “Camino que recorrió María Cristina Salmorán de Tamayo para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, Quid Iuris, volumen 43, enero-marzo de 2019, p. 72-89. Disponible en: https://techihuahua.org.mx/portfolio/quid-iuris-43/. 

Gómez Mendoza, Erika, “El ascenso de la abogada María Cristina Salmorán de Tamayo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1934-1961”, Iuris Tantum, volumen 39, número 42, julio-diciembre, 2025, p. 37-64. Disponible en:  https://doi.org/10.36105/iut.2025n42.02.

“La primera mujer: María Cristina Salmorán de Tamayo”, Canal del Congreso de México, 28 de octubre de 2024. Audiovisual disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=y_-6U661BiE. 

Nota de los editores

Este artículo toma sustento de la disertación doctoral que la autora se encuentra desarrollando en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. 

Imagen de portada: Conmemoración del sesquicentenario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1975. En la imagen se observa a María Cristina Salmorán de Tamayo, primera ministra de la Corte. Colección: Archivo Gráfico de El Nacional, INEHRM. Fotografía tomada de: https://repositorio-inehrm.cultura.gob.mx/fototeca/suprema-corte-de-justicia/.

Por Christian Ramírez Bernal

Entre los muchos personajes que transitaron por el campo de la política porfirista, pocos tienen una historia tan llena de giros como la de Moisés Rojas. Su nombre apareció en mi investigación sobre las comisiones de límites del Estado de México, cuando encontré un decreto del gobernador José Vicente Villada, fechado el 1 de agosto de 1892, que lo designaba comisionado de límites. Lo curioso es que Rojas no parece tener ningún vínculo con la administración estatal. Y lo más extraño: además del decreto, no existe otro rastro de él en los archivos “mexiquenses”. Sólo quedaba una pista: un viaje que realizó a la capital de Puebla para “arreglar cierta cuestión de límites”, del que dio noticia el periódico El Amigo de la Verdad. El diario recibió de esta manera al comisionado: “pronto correrán en cierta redacción, ríos de lágrimas, y habrá nuevo editor o editora responsable para firmar los párrafos que contengan chismes de portería borracha, calumnias y otras bellaquerías”.

Un recibimiento inusual. ¿Por qué la visita de Rojas ocasionaría tales cambios en “cierta redacción” y por qué precisamente en esas supuestas calumnias? ¿Por qué un periódico local realizó ese tipo de comentarios? Mi curiosidad académica –por no admitir un cierto encanto por el chisme– aumentó al descubrir ciertos episodios de su pasado: gobernador interino de Chiapas, legislador federal, procurador de justicia, ministro de la Suprema Corte de Justicia… y ¡expresidiario! 

Debido a su fugaz participación en la comisión de límites, no profundicé y detuve toda investigación sobre su vida. Aun así, había localizado ciertos documentos –hemerográficos, la mayoría– que me permitieron reconstruir su trayectoria y la imagen que la prensa, la mayoría capitalina, construyó de él. Sin embargo, no existía justificación suficiente para integrar su historia en mi investigación. Aprovecho la oportunidad que me ofrece la redacción de la revista La Bola para exponerla en sus páginas y salvarla de quedar indefinidamente en el tintero.

De Chiapas a la capital

Rojas era originario de Chiapas y abogado de profesión. Creemos que nació hacia 1845, pues El Telégrafo informaba que, al competir por un cargo en la Suprema Corte en 1882, tenía 37 años de edad. Según el mismo periódico, concluyó sus estudios de Derecho en 1872. La biografía publicada en ese periódico, resaltaba la figura de Rojas porque era su intención destacar al candidato que respaldaba la redacción. La nota, que incluye un retrato suyo, narra sus inicios en la vida pública tras la intervención francesa (1862-1867), cuando, siendo muy joven, fue nombrado comandante militar de la capital de Chiapas: “sin conocimiento militares de ningún género, y solo con su valor y entusiasmo por la patria sostuvo durante dos meses los ataques que sobre la plaza daban las fuerzas traidoras”, escribió el Telégrafo.

Tras el triunfo republicano, Rojas fue editor del Periódico Oficial del Estado de Chiapas y secretario general del gobierno estatal. En 1875 encabezó un golpe “revolucionario” que derrocó al gobernador L. Domínguez y lo colocó a él como gobernador provisional de la entidad. Pero su gestión duró poco: la Revolución de Tuxtepec y la llegada de Porfirio Díaz al poder lo obligaron a dejar el cargo y “trasladarse” a la ciudad de México. El periódico señaló que Rojas “no entregó el gobierno” y que para evitar “días de luto en Chiapas” emprendió su marcha hacia la capital.

Ya establecido en la ciudad de México, su pasado vino a perseguirlo. En el Monitor Republicano (26 de julio de 1876), el general Domínguez publicó un aviso “A Moisés Rojas”, recordándole que tenían un “negocio” pendiente, y lo retaba: “si usted no me busca en este local, probará una vez más, que no es caballero, sino un miserable que solo merece arrojarse al rostro la saliva del desprecio”. No hay registros de enfrentamiento alguno. De hecho, Rojas desaparece de la vida pública por tres años, hasta que publicó en La Libertad un anuncio sobre la apertura de su despacho en la casa número 15 de la calle de la Escalerilla (hoy República de Guatemala), prometiendo a los litigantes un servicio con las “tres primeras cualidades que debe tener un buen abogado: inteligencia, honradez y actividad”. Una de esas tres cualidades sería puesta en duda por el desarrollo de los acontecimientos posteriores.

El ministro y la prensa

Su regreso a la vida pública ocurrió durante la presidencia de Manuel González (1880-1884). Difícil es precisar cuándo y de qué manera Rojas se acercó al gonzalismo. Sin embargo, en junio de 1880, antes de las elecciones presidenciales, Rojas asistió a un acto público y electoral para respaldar la candidatura del general González. También fungió como presidente honorario de la Asociación Central Gonzalista y redactor del periódico El Sufragio Libre, de inclinación gonzalista. Tras los resultados de las elecciones, el abogado chiapaneco fue electo diputado federal por el Distrito de Tenango, Estado de México, y, simultáneamente, senador suplente por Campeche. El diario La Industria Nacional (13 de julio de 1880) informó que esta victoria, junto con otras más, demostraba el “triunfo del gonzalismo”. En esos años, la figura de Rojas empezó a tomar mayor fuerza. Corrieron rumores en algunos diarios sobre su posible designación como encargado de la Secretaría de Justicia. No obstante, a finales de ese año sufrió un golpe personal: la muerte de su esposa, Serafina Culebro (La Libertad, 19 de diciembre de 1880). El nombramiento como secretario nunca llegó, aunque sí uno de procurador general de Justicia.

En 1882 alcanzó un puesto clave: fue electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Suponemos que el presidente González confió en él para asegurarse posiciones de confianza en el Poder Judicial. El arribo de Rojas a la SCJN llegó en tiempos conflictivos. En primer lugar, ante el posible regreso de Díaz a la presidencia, en 1884, los porfiristas buscaron también cabida en la Suprema Corte. El mismo año en que Rojas asumió su cargo, Ignacio Vallarta, presidente de la Suprema Corte, renunció tan sólo unos meses antes de cumplir con su periodo constitucional. La figura de Vallarta empezaba despegar políticamente y, por ese motivo, fue un personaje incómodo para Díaz y su intención de reelegirse. En segundo lugar, por esas mismas fechas fue aprobada la reforma al artículo 7º constitucional, que suprimió los jurados especiales en materia de libertad de expresión. Con ese cambio, los jueces ordinarios tendrían desde entonces la facultad de juzgar los casos de difamación. 

La reconstrucción de la trayectoria de Rojas fue posible por la gran cantidad de noticias periodísticas sobre él… y no fue casualidad. El 3 de junio de 1885, La Voz de México, informaba que el magistrado Rojas había denunciado al periodista Francisco J. Carrasco, director de El Estudiante, por difamación al publicar una nota en la que lo acusaba de agredir a un conductor de ferrocarril. El juez cuarto de lo Correccional del Distrito Federal, Rómulo Rojas, ¡hermano del ministro!, dictó sentencia el 1 de junio: Carrasco fue amonestado. A partir de entonces, Rojas se convirtió en blanco de la prensa capitalina. En diciembre de ese año, La Patria publicó la siguiente estrofa navideña: 

Garboso, no estrafalario,

a nuestro Árbol se llegó

y sin vacilar tomó

un traje de millonario.

Cuando Carrasco insistió en sus críticas, Rojas volvió a denunciarlo. Esta vez, el periodista terminó preso en la cárcel de Belén.  

Pero los ataques no cesaron. En 1888 tuvo un nuevo enfrentamiento, ahora con Filomeno Mata, director de El Diario del Hogar. El 8 de mayo, El Tiempo publicó una nota alarmante: “hasta ahora en que escribimos estas líneas sigue incomunicado el Sr. Mata. Sólo tiene permiso de hablar con D. Moisés Rojas, aunque no atinamos con qué carácter se presente este señor”. La prensa, tribunal de la opinión pública, sentenció que había un abuso de poder: “juzgamos demasiado el rigor con que se está tratando al Sr. Mata, con tanta mayor razón, cuanto que lo juzgamos inculpado y víctima de una arbitrariedad”. Rojas, el ministro que debía impartir justicia, se convertía en símbolo de censura.

Caída y escándalo

Rojas concluyó su período como ministro en 1888. Las denuncias de la prensa no bastaron para llevarlo ante los tribunales, pero sí dañaron su reputación y le cerraron varias puertas políticas. En 1887, La Voz de México insinuó que buscaba postularse a la gubernatura de su estado natal, Chiapas; sin embargo, su candidatura no pegó. Para colmo, en diciembre de ese mismo año los periódicos informaron sobre el fallecimiento de su hermano, el juez cuarto correccional (El Tiempo, 21 de diciembre de 1887). Parecía que la carrera política de Rojas llegaba a su final… hasta que, contra todo pronóstico, ganó la elección para diputado federal por el distrito de Chalchicomula, Puebla, en 1888. Dos años después, logró la reelección.

En esos años, Rojas pasó casi desapercibido. A finales de 1890, La Patria Ilustrada recordaba la popularidad que Rojas en años pasados:

Si fue hombre popular

que lo diga el periodismo

hoy goza aquí de quietismo

este varón singular.

Como premonición, Rojas regresó al “ojo público” en mayo de 1891, ahora levantando una denuncia en contra del periódico El Monitor Republicano. Casi simultáneamente, la prensa bombardea con la noticia de que el abogado Francisco A Serralde presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia por robo con violencia y usurpación de funciones. Serralde acusaba a Rojas de haber manipulado y amenazado a dos menores, Vicente y Pedro Ramírez, para despojarlos de cuatro propiedades con valor de 40 mil pesos, heredadas por su padre Macedonio Rojas, quien falleció en 1880. La acusación era grave: “abusó de la inexperiencia, necesidades y pasiones” de los menores, “dándole[s] dinero y objetos y haciéndoles firmar documentos que imponían obligación y trasmisión de derechos”. Rojas fue el albacea de esa testamentaria. La prensa informó que la madre, Dolores Martínez, y sus hijos estuvieron incluso presos por algún tiempo en la cárcel de Belén, como venganza por los recursos de apelación que presentaron en contra de Rojas. Más aún, todo los hechos habían ocurrido mientras ocupaba el cargo de ministro de la Suprema Corte. La Cámara formó una comisión para que analizara el caso. Rojas, pocos días después, solicitó que la asamblea se declarara incompetente para conformarse en gran jurado. Él argumentaba que las acusaciones de Serralde eran “imputaciones calumniosas que tenían por objeto destruir su reputación”. El 27 de mayo sus compañeros legisladores aprobaron su desafuero con 147 votos a favor y sólo uno en contra.

El escándalo fue mayúsculo y la prensa no se quedó callada. El Diario del Hogar celebró la decisión con titulares demoledores: “Sin amigos” y “Odio general”. Mata recordaba a sus lectores que Rojas había sido “el mayor tirano de la prensa, arrastrando por sus indicaciones a muchos periodistas a Belén y aún bajo cuerda arregló varios cobardes atentados contra escritores”. Otros diarios no se quedaron atrás. El Abogado Cristiano Ilustrado transcribió una noticia “de un periódico de esta capital”, mostrando asombro por la curiosidad que el caso despertó entre los lectores: “un público –decía la redacción– que ha visto por primera vez descender a un funcionario de los más orgullosos y altaneros que se hayan conocido en todas las administraciones”. Y todavía quedaba mucho trayecto hacia abajo por recorrer.

El 30 de mayo de 1891, La Claridad informaba del arresto de Rojas y su traslado a la cárcel de Belén ¡Los giros que da la Historia! Así narra dicho periódico sus primeras horas en la prisión: “al pasar Rojas el patio de acusados y sentenciados, los presos los recibieron con demostraciones de alegría, no escaseando los silbidos. Algunos sentenciados se pusieron a bailar el paso de Rojas. Moisés Rojas pretendió que se le condujera un catre de metal, pero pugnando este deseo con los reglamentos de la prisión, sólo se le ha permitido un modesto catre de fierro en que pueda dormir”. El exministro intentó apelar la decisión del juez José Quirino Domínguez, sin éxito. Varias veces el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reafirmó el auto de formal prisión en su contra. El siguiente paso para el abogado chiapaneco fue solicitar la libertad bajo caución, lográndolo hasta noviembre de ese año, cuando salió de la cárcel, aunque el proceso continuaba. Rojas tuvo que dejar hipotecadas varias propiedades como fianza, pero el dinero no fue un problema serio. Poco después. La Voz de México anunció que el abogado había ganado otra vez la lotería: 20,000 pesos. “No cabe duda –ironizaba el diario– que la estrella de ese señor debe ser muy grande para eclipsarse. Salir de la cárcel como él quería, y sacarse veinte mil pesos, ya son dos loterías [la primera en 1882]. Ahora le falta que lo nombren ministro plenipotenciario en la sublime Corte”. Todavía existía “alguien de arriba” que lo protegía.

El caso de un “varón singular”

Poco después murió el juez Domínguez. El nuevo juzgador, un tal De la Hoz, tuvo que dejar el caso debido a que, anteriormente, se había desempeñado como ministerio público de ese caso. Así, el expediente pasó de tribunal en tribunal hasta que, el 10 de mayo de 1892, Moisés Rojas fue absuelto de todos los cargos por el Supremo Tribunal del Distrito Federal. Un año más tarde, el México Gráfico informaba de los intentos del exministro por recuperar su asiento en la Cámara de Diputados, argumentando que no existía impedimento legal para retomar sus funciones legislativas. Los diputados se lo negaron arguyendo que la legislatura estaba por terminar. Su nombramiento como comisionado de límites del Estado de México lo mantuvo un tiempo lejos de la capital y, poco a poco, su nombre se borró del debate público. Así termina la historia de este “varón singular”, que pasó de ser un símbolo de la justicia a un ejemplo de sus propias debilidades, que reflejaba la carencia de una de las tres principales cualidades de un buen abogado: la honestidad. De igual manera, evidencia la utilización de la Suprema Corte para fines personales o partidistas, práctica política característica de aquella época.

Para saber más

Mijangos y González, Pablo, Historia mínima de la Suprema Corte de Justicia de México, México, El Colegio de México, 2019.

“Ignacio Vallarta y la Pax Porfiriana (1877-1910)”, Plural TV. Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 de junio de 2024. Audiovisual disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=g_iZVgduaQ4.

Imagen de portada: Retrato de Moisés Rojas, en El Telégrafo, 17 de febrero de 1882. Colección: Hemeroteca Nacional de México.

Por Josué Portillo Motte

Después de un tiempo que no pude precisar llegamos a un lugar que yo desde un principio ubiqué como el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, lo que más tarde corroboré al decirme uno de los hombres que me interrogaba: ¿sabes dónde estás?, en el Campo Militar y de aquí nadie sale vivo.

 Bertha Alicia López García, abril de 1979.

Hacia finales de la década de 1970, Mario Alberto Cartagena López, mejor conocido como el Guaymas, relató algunas de las tareas que desempeñaba dentro de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S). Recordaba que una de sus actividades consistía en la distribución de Madera, órgano informativo de la organización, en distintos centros obreros a las afueras de la ciudad de México. Sin embargo, esta labor implicaba un alto riesgo y una constante exposición, pues las miradas de los organismos represores del Estado estaban atentos a ese frente de acción. En alguna ocasión apuntó que:

Introdujeron a veinte policías a trabajar durante un mes en una fábrica que sabían atendíamos, y al salir junto con los obreros, los compas no los identificaron y se pusieron a repartir propaganda. De inmediato, en vez de detenerlos los policías les dispararon. Sólo sobrevivió el que estaba de cobertura, el “muro” que se encontraba a media cuadra, esperándolos en el carro.

Casos como este dejan entrever que la presión ejercida por el gobierno contra la estrategia que seguía la LC23S se volvió cada vez más asfixiante y las acciones de vigilancia y persecución se intensificaron al punto de volver imposible esa actividad. Con el paso del tiempo, la mayoría de los militantes involucrados en estas tareas, según la declaración de Mario Alberto recogida en el libro Testimonios de la Guerra Sucia en México de David Cilia Olmos, fueron asesinados o detenidos-desaparecidos durante los operativos, víctimas directas del cerco que el Estado desplegó para aniquilar toda posibilidad de organización. Así, la persecución se extendió a los espacios cotidianos: talleres, fábricas, escuelas y viviendas, los cuales se convirtieron en escenarios de vigilancia y captura. No obstante, la represión no sólo se limitó a neutralizar los cuadros visibles de la Liga, sino que buscó desarticular sus redes de apoyo, quebrar los vínculos de solidaridad y sembrar el terror entre militantes, familiares, trabajadores, estudiantes y simpatizantes.

En el mismo sentido, en febrero de 1980 el general Félix Galván López señaló que durante la gestión de Arturo Durazo Moreno al frente de la Jefatura de Policía, la violencia en la capital del país alcanzó niveles alarmantes. Las balaceras en la vía pública, los cuerpos sin identificar abandonados en distintas calles y la muerte de policías preventivos se convirtieron en escenas frecuentes del paisaje urbano. Estos hechos no eran aislados, sino parte de una estrategia sistemática de persecución y exterminio impulsada desde las más altas esferas del aparato de seguridad. Durazo, conocido por su estilo autoritario y su cercanía con el poder presidencial, expresó abiertamente el tono de esta política con su declaración ante la prensa: “Perseguiré y mataré como perros rabiosos a los de la Liga 23 de Septiembre”. Aquellas palabras, de acuerdo con Galván, sólo expresaban una cosa: el grado de intensidad y violencia de las operaciones contrainsurgentes para este periodo.

De esta manera, dichos testimonios permiten reconstruir algunas de las estrategias desplegadas por el Estado mexicano para neutralizar a los militantes de la LC23S. Más allá de las líneas generales de la represión, los relatos coinciden en un cuerpo especializado concebido para actuar al margen de la legalidad y dotado de una estructura, integrada por agentes provenientes de distintas corporaciones policiacas y militares: la Brigada Especial.

Este organismo estuvo integrado por miembros del Ejército mexicano, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Judicial del Distrito Federal y la Policía Militar, con la misión de investigar y neutralizar a los integrantes de la LC23S. Al interior de este se constituyó una Comisión de Seguridad encabezada por Miguel Nazar Haro y coordinada por el Coronel Francisco Quiroz Hermosillo, con asesoría jurídica del Lic. Alfonso Cabrera Morales, y su conformación respondió a la necesidad de coordinar esfuerzos de los cuerpos punitivos y otorgar mayor eficacia a la persecución de la insurgencia urbana. En un momento en que las acciones de la LC23S se habían radicalizado y que el Estado mexicano buscaba controlar mediante la radicalidad y coordinación de sus aparatos de seguridad y represión.

De ello se desprenden diversas interrogantes: ¿cómo se conformó este organismo y cuál fue su estructura interna?, ¿de qué manera articuló las labores de información, vigilancia y persecución en función de sus objetivos políticos y operativos?, es más, ¿cuáles fueron los costos humanos y políticos de la constitución de este cuerpo? Examinar su anatomía y funcionamiento implica adentrarse en las profundidades de la maquinaria contrainsurgente y las esferas del poder, donde la violencia institucional se fusionó con la lógica de la clandestinidad estatal, revelando las zonas grises entre la legalidad y el ejercicio del terror como instrumento de Estado en el México de la segunda mitad del siglo XX.

Las fuentes 

Ahora bien, el conocimiento sobre la Brigada Especial se fundamenta en tres fuentes: el documento Plan de Operaciones Uno Rastreo, que permite reconstruir algunas estrategias, tácticas y objetivos de sus actividades; la documentación relativa a la Liga Comunista 23 de Septiembre permite ver, de manera tangencial, los mecanismos de vigilancia, infiltración y represión; y los testimonios de sobrevivientes, militantes y elementos de los organismos de seguridad, que aportan la perspectiva directa de la experiencia vivida y del impacto humano de las violencias de Estado. De esta manera, la combinación de estas fuentes, resguardadas en el fondo de la Dirección Federal de Seguridad  del Archivo General de la Nación (AGN) y en el fondo del Comité Eureka del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA), permite comprender no sólo las acciones de la Brigada, sino también la dimensión sistemática y operativa de una parte de la llamada Guerra Sucia en México.

Como señalé, hacia los primeros meses de 1976 el avance sostenido de las acciones de la LC23S, el creciente clima de temor que sus operaciones generaban dentro de distintos cuerpos policiacos y la incapacidad y falta de personal de los cuerpos policiacos, orillaron al Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos por contener y aniquilar a la organización guerrillera. Las acciones armadas, secuestros, asaltos a instituciones bancarias y las múltiples operaciones emprendidas por la LC23S habían dejado al descubierto la limitada capacidad de respuesta de las corporaciones policiacas tradicionales, incapaces de enfrentar un fenómeno insurgente urbano caracterizado por su movilidad, organización y su amplia red de apoyo. De esta manera, la conformación de un cuerpo especializado para la contrainsurgencia se volvió una necesidad para el Estado.

Así, tras la conjunción de diversos cuerpos policiacos y militares alrededor de la Brigada Especial, se constituyó el Plan de Operaciones Uno Rastreo, el cual sirvió para justificar la creación de este organismo y el despliegue de sus operaciones contra la LC23S. 

El documento estipulaba que la misión central era localizar e interferir las acciones de la Liga, con grupos operativos de rastreo permanente desde el 7 de junio de 1976, coordinando fuerzas militares y policiales para neutralizar sistemáticamente a sus miembros. Los grupos operativos combinaban movilidad y fuerza con dos vehículos y una motocicleta, mientras que las unidades especiales incluían grupos de desactivación de explosivos, acción táctica y equipos de interrogadores. Asimismo, se señalaba un grupo aéreo, el cual proporcionaría vigilancia, apoyo logístico y capacidad de reacción rápida. Este diseño revelaba una doctrina basada en movilidad y especialización, integrando inteligencia y cobertura territorial constante. 

En síntesis, el documento delineaba las acciones que habrían de ejecutarse para neutralizar y eliminar a la organización, al tiempo que articulaba una narrativa oficial destinada a definir al enemigo interno y legitimar el uso de medidas represivas bajo el discurso de la defensa del orden y la seguridad nacional. 

El esquema operativo de la Brigada Especial

Con base en los testimonios y la documentación relativa a la Brigada Especial, la Liga operaba en comandos o brigadas, concentrados en espacios fabriles, estudiantiles y de construcción, donde distribuían órganos informativos como Madera. Sus áreas de acción estaban vinculadas a casas de seguridad, lo que permitía desplazamientos estratégicos y operaciones autónomas pero coordinadas, incluyendo asesinatos, asaltos y secuestros como mecanismo de financiamiento. 

En respuesta, la Brigada Especial diseñó un esquema operativo que fragmentó el valle de México en ocho cuadrantes específicos, cada uno asignado a un grupo responsable del rastreo, vigilancia y detención de militantes. Esta división territorial permitió establecer un control más preciso sobre las zonas de influencia de la organización, así como articular un sistema de inteligencia y reacción inmediata ante cualquier indicio de actividad subversiva. Los cuadrantes se distribuyeron en dos grandes arcos periféricos alrededor de la capital, con el propósito de cercar progresivamente a la LC23S, limitar sus desplazamientos y neutralizar sus redes de apoyo logístico y político en la región metropolitana. 

Si bien la Brigada Especial procuró establecer divisiones territoriales y operacionales para delimitar su campo de acción, en la práctica dichas fronteras resultaban imprecisas. Las zonas de responsabilidad se traslapaban con frecuencia y su cobertura se expandía de manera flexible, respondiendo más a las necesidades tácticas de los operativos que a una planificación fija. Un caso ilustrativo de esta porosa división fue el de las escuelas normales del Estado de México, donde diversos testimonios documentaron la presencia de agentes de la Brigada bajo el pretexto de investigar actividades subversivas. De acuerdo con declaraciones de diversos profesores, los agentes ingresaban a los planteles educativos para interrogar y hostilizar a maestros y estudiantes, recurriendo incluso a amenazas de detención y traslado al Campo Militar Número Uno. En respuesta, los docentes enviaron una carta a la Secretaría de Gobernación solicitando el cese de dichas prácticas, que se habían vuelto recurrentes en instituciones de municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan. 

Otro ejemplo de esto se halla en un informe del 31 de julio de 1978, elaborado a partir del interrogatorio del Guaymas, en el cual se dispuso un operativo contra la Brigada Ignacio Arturo Salas Obregón, activa en la zona de Industrial Vallejo. El documento detalla horarios y puntos de concentración de los militantes, entre trabajadores ferroviarios, estudiantes de la Preparatoria No. 9 y empleados de la Olivetti Mexicana, así como las medidas de camuflaje recomendadas para los agentes. Se indicaba que, para pasar desapercibidos en estas zonas, debían contar con camionetas o vehículos de dependencias oficiales, como de la Comisión Federal de Electricidad o de Teléfonos de México, y vestir de manera sencilla para que los hiciera parecer trabajadores. También se consideraban automóviles con antenas de radio transmisor o, incluso, vehículos sin placas como parte de las estrategias para camuflar sus desplazamientos y evitar ser detectados durante los operativos.

Un componente relevante en las operaciones de vigilancia y persecución de la Brigada Especial fueron los asaltos. Como se ha señalado, una parte central de la estrategia de la LC23S consistía en la obtención de recursos económicos para financiar sus actividades políticas y armadas. En este marco, los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad registran numerosos asaltos y robos de grandes sumas de dinero, que sirvieron como punto de partida para las investigaciones y operativos de la Brigada. Aunque no todos estos hechos guardaban relación directa con la organización, para este cuerpo policial bastaba cualquier indicio o coincidencia para construir una presunta conexión y justificar la intervención.

Por ejemplo, en agosto de 1977 se reportaron dos asaltos en la ciudad de México. Según información de la Dirección General de Policía y Tránsito en Presidente Masarik, Polanco, dos individuos armados asaltaron un salón de belleza, llevándose 10,000 pesos en efectivo y 190,000 en joyas, y huyeron en un automóvil Volkswagen, del cual se desconocían las placas. En otra intervención, en una gasolinera de Xochimilco, cuatro jóvenes armados amagaron a los empleados y escaparon con 9,237 pesos en un vehículo Dodge, Posteriormente, en los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1978, se reportó un asalto en la Hacienda de la Flor, en Texcoco, perpetrado por cuatro individuos con ametralladoras y pasamontañas, quienes se llevaron entre 60,000 y 65,000 pesos en efectivo. Estos hechos motivaron patrullajes intensivos en los sectores aledaños, aunque no se registraron novedades ni se logró detener a los responsables. 

No obstante, diversas capitales del país como Hermosillo, Culiacán, Monterrey, Chihuahua, Guadalajara, ciudad de México, Chilpancingo y Oaxaca se caracterizaron por una serie de secuestros, asaltos y robos a joyerías y empresas que, en su momento, fueron atribuidos a grupos guerrilleros, especialmente a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Sin embargo, múltiples testimonios y fuentes documentales han señalado que, en realidad, muchos de estos hechos fueron ejecutados por miembros de la Brigada Especial. Estas operaciones tenían un doble propósito: por un lado, generar recursos económicos para los propios agentes y mandos de la corporación; por otro, fortalecer el discurso oficial que presentaba a la guerrilla como una amenaza desestabilizadora y criminal. De esta forma, las acciones del grupo no sólo contribuyen a su financiamiento interno, sino que también servían como herramienta propagandística para justificar la expansión del control policiaco y militar.

Los beneficios materiales derivados de estas prácticas eran considerables. Se estima que un agente podía percibir ingresos mensuales que superaban los 40,000 pesos, sin contar los viáticos, el combustible, la manutención y el “botín de guerra” obtenido de los allanamientos de casas de seguridad. Los altos mandos, por su parte, se beneficiaban de manera desproporcionada, apropiándose de recursos incautados y de las ganancias de secuestros millonarios. En muchos de estos casos, las víctimas eran asesinadas para evitar testigos o posibles denuncias, garantizando así la impunidad de los perpetradores. Este tipo de prácticas revelan cómo, bajo el pretexto de combatir la subversión, la Brigada Especial también se convirtió en un espacio de colusión entre represión política y criminalidad organizada. La frontera entre el ejercicio del poder estatal para combatir a la contrainsurgencia y el delito se desdibujó, dando lugar a una maquinaria de violencia e impunidad.

Las detenciones y los interrogatorios 

Entre las múltiples acciones y operativos emprendidos por la Brigada Especial, las detenciones de militantes ocupaban un lugar central. Estas resultaban fundamentales para establecer interrogatorios orientados a obtener información que permitiera avanzar en el desmantelamiento de la LC23S. Dichos interrogatorios, frecuentemente realizados bajo tortura física y psicológica, se convirtieron en una herramienta decisiva para neutralizar la estructura clandestina de la organización, identificar sus espacios de operación y anticipar sus movimientos. En este marco, la recopilación sistemática de información permitió a la Brigada no sólo responder a la ofensiva insurgente, sino intentar desarticularla desde dentro, explotando el conocimiento de los propios militantes capturados.

A manera de ilustración, a inicios de 1977 la Dirección Federal de Seguridad documentó la detención de José Luis Esparza Flores, alias Carlos, acusado de realizar actividades alrededor de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Durante su declaración surgieron los nombres de Margarita Marcelina Andrade Vallejo y Francisco Alfonso Pérez Rayón, identificados por los agentes de la DFS y la Brigada Especial como destacados militantes de la organización. A partir de esa información, ambas corporaciones coordinaron un operativo para localizarlos, el cual se efectuó el 14 de abril con la identificación de una vivienda marcada con el número 55 de la calle Norte, en la colonia Avante de la ciudad de México. En ese lugar, los agentes montaron un importante operativo con el propósito de detener a la pareja; sin embargo, la acción derivó en un enfrentamiento armado que dejó a dos agentes heridos, el fallecimiento de ella y la detención de Francisco, lo que evidenció la intensidad y agresividad con que actuaban los cuerpos represivos del Estado.

Respecto a este caso existen diversas versiones. En la documentación de la Dirección Federal de Seguridad se consigna que los agentes abatieron a Margarita. No obstante, Juan Antonio Andrade, hermano de la militante, sostiene que ella se suicidó, recordando que en una de las últimas ocasiones en que conversaron, le dijo: “a mí no me van a agarrar; viva no me van a agarrar, porque si me agarran viva me van a llevar entre las patas a toda la familia”. Finalmente, Alberto López Limón señala que, durante el enfrentamiento con la Brigada Especial, Margarita alcanzó a lanzar varias bombas y que, en medio de la refriega, una bala disparada desde su propia arma le habría impactado en el parietal derecho. Mientras los informes oficiales la inscriben en la narrativa de la eficacia represiva del Estado, los testimonios familiares y de sus compañeros reivindican su decisión y su agencia política frente a la captura. En conjunto, estos relatos revelan la tensión entre la verdad institucional y la memoria insurgente, así como los modos en que la violencia de Estado buscó imponer una versión única de los hechos. 

Francisco fue trasladado a las instalaciones de la Brigada Especial, donde fue interrogado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Durante esas sesiones se le coaccionó a proporcionar información minuciosa sobre su identidad, incluyendo lugar y fecha de nacimiento, antecedentes familiares, situación sentimental y trayectoria educativa, así como su experiencia dentro de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Bajo tortura, ofreció detalles sobre la estructura interna de la organización, el funcionamiento de sus brigadas, los nombres de algunos de sus integrantes y las estrategias de financiamiento empleadas. También refirió datos acerca de los comités regionales establecidos en distintas zonas del país y los mecanismos de comunicación entre éstos y la dirección nacional, aportando así elementos que resultarían clave para la persecución de la Liga por parte de los aparatos de inteligencia del Estado, en particular por la Brigada Especial.

En un lapso sorprendentemente corto, apenas dos meses, la policía política logró localizar a las personas mencionadas por Pérez Rayón en su declaración, lo que puso en evidencia la radicalidad de los mecanismos de inteligencia y coordinación entre las distintas agencias de seguridad del Estado. Las corporaciones especializadas, como la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), articularon una ofensiva sistemática dirigida a identificar, rastrear y eliminar a los principales cuadros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. En ese contexto, y con excepción de Miguel Ángel Barraza García, todos los integrantes del Consejo de Redacción de la Liga fueron localizados y asesinados entre mayo y junio de 1977. Hasta el día de hoy, Francisco Alfonso Pérez Rayón permanece desaparecido.

Personas desaparecidas 

Lo anterior nos conduce a un aspecto fundamental en torno a la Brigada Especial: el de las personas desaparecidas. Como se ha observado, tras la captura de los militantes muchos eran trasladados a distintos centros clandestinos con el propósito de obtener información mediante coerción. En algunos casos, los detenidos eran liberados bajo estricta vigilancia; en otros, simplemente fueron desaparecidos. Esto puede observarse en el caso de Antonio Hernández Fernández y su esposa, Luz Alejandra Cárdenas Santana, los cuales  fueron detenidos en la colonia Tlaxpana, ciudad de México, por agentes de la Brigada Especial. Tras su captura, ambos fueron llevados a un centro de detención clandestino en las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad y, posteriormente, trasladados al puerto de Acapulco a otra prisión secreta ubicada en los antiguos talleres de la Secretaría de Obras Públicas. Durante su reclusión en este último sitio, Hernández Fernández declaró haber visto con vida a alrededor de cuarenta personas detenidas. Este testimonio constituye una evidencia significativa sobre la existencia de centros clandestinos operados por la Brigada Especial y sobre la magnitud de las desapariciones forzadas cometidas en el marco de la represión contrainsurgente del Estado mexicano para este periodo.

Otro caso significativo ocurrió el 8 de junio de 1978, cuando agentes de la Brigada Blanca detuvieron a Aurelio y Víctor Ramírez Duarte en una operación en el Valle de México. Al día siguiente fueron capturados también Carlos y Guillermo Ramírez Duarte y poco después Rafael Ramírez Duarte, todos trasladados al Campo Militar No. 1, donde fueron sometidos a tortura para obtener información sobre Juan Manuel Ramírez Duarte, señalado como integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Dos días más tarde, María de los Ángeles Ramírez, esposa de Juan Manuel, también fue detenida y torturada; murió poco después de su liberación a causa de las secuelas. Durante su cautiverio, varios miembros de la familia declararon haber visto con vida a Rafael, cuyo paradero aún sigue desconocido. En el expediente se conservan cartas de sus hijos exigiendo su presentación con vida y denunciando los abusos de las fuerzas de seguridad.

El 4 de enero de 1978, Leticia Galarza Campos fue detenida y desaparecida por elementos de la Brigada Especial, en cumplimiento de órdenes directas del entonces jefe de la policía capitalina, Arturo Durazo Moreno. Su captura tuvo lugar en una casa de seguridad ubicada en la colonia Gertrudis Sánchez, en la ciudad de México, como parte de una serie de operativos represivos dirigidos contra presuntos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Durante el operativo, los agentes no sólo detuvieron a Leticia, sino que también se llevaron a su hija de apenas un año de edad, lo que evidenció el carácter arbitrario y brutal de las acciones emprendidas por este cuerpo antiguerrillero. La desaparición de Leticia y la sustracción de su hija se sumaron a una larga lista de denuncias por desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, que desde mediados de la década de 1970 se atribuyeron de manera reiterada a la Brigada Especial.

La Brigada al descubierto

Casos como los anteriores ilustran el grado de descomposición y violencia institucional que caracterizó a la Brigada hacia finales de la década de 1970. Lejos de limitarse a tareas de contrainsurgencia, la corporación también cayó en un descontrol absoluto, marcado por la corrupción, extorsiones, tráfico de drogas, robos, asaltos y secuestros, hasta el punto de competir directamente con las redes criminales encabezadas por el propio Arturo Durazo. A estos delitos se sumaban las graves violaciones a los derechos humanos, acusaciones de desapariciones sistemáticas de estudiantes, militantes y simpatizantes de izquierda, muchos de ellos trasladados a centros clandestinos de detención como el Campo Militar No. 1 o las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad.

La situación llegó a tal extremo que Fernando Gutiérrez Barrios expresó su preocupación al presidente José López Portillo y al secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, por el creciente descrédito público que las acciones de la Brigada estaban generando. Los constantes enfrentamientos, asesinatos en prostíbulos y centros nocturnos, así como los asaltos, secuestros y desapariciones, revelaban que buena parte de los delitos atribuidos a la guerrilla eran, en realidad, acciones ejecutadas por los propios agentes. Este proceso terminó por desnudar la criminalización de la disidencia como una política de represión sistemática, en la que el terror estatal se utilizó como herramienta de control político y social bajo el discurso de la seguridad nacional.

En este sentido, Reyes Heroles comenzó a recibir denuncias formales, respaldadas con pruebas y testimonios, que documentaban casos de tortura, desapariciones y ejecuciones sumarias cometidas por la Brigada Especial. Estas acusaciones no sólo provenían de presos políticos liberados, sino también de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El escándalo trascendió las fronteras, evidenciando la profundidad de las violaciones cometidas por los agentes bajo el amparo del Estado. El descontento también se extendió hacia el interior de las propias estructuras policiales y militares, ya que las notas rojas y los reportajes sobre la brutalidad de la Brigada comenzaban a dañar la imagen del gobierno de López Portillo. Algunos agentes y militares comenzaron a hablar públicamente y, en alguna ocasión, uno de ellos relató que presuntos guerrilleros eran arrojados desde aviones militares en alta mar, testimonio que fue recogido y publicado por la revista Proceso.

Tanto es así que, en los primeros días de enero de 1980, el periodista Carlos Marín publicó en dicha plataforma un reportaje con documentos oficiales que confirmaban la existencia de la Brigada Especial, cuya constitución había sido negada sistemáticamente por las autoridades: 

La Brigada Blanca existe y hay documentos que la descubren como el organismo paramilitar, anticonstitucional pero institucionalizado, del que se sabía sólo por denuncias de sobrevivientes de aprehensiones e interrogatorios, organizaciones defensoras de los derechos humanos y familiares de desaparecidos políticos. Contra reiteradas negativas gubernamentales sobre su existencia, la Brigada Blanca se muestra a sí misma a través de oficios firmados y sellados de corporaciones vertebrales en su cometido.

La revelación causó un escándalo político de grandes dimensiones: cimbró a la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República, las corporaciones policiacas y hasta la Secretaría de la Defensa Nacional. Ante la presión pública y la movilización de organismos como el Frente Nacional Contra la Represión, encabezado por Rosario Ibarra de Piedra, así como de sectores estudiantiles, intelectuales y de la sociedad civil, el entonces secretario de la Defensa, general Félix Galván López, admitió por primera vez la existencia de la Brigada, aunque aseguró que ya había sido “disuelta”. En febrero de 1980, el gobierno ordenó oficialmente su desmantelamiento y dispuso que los agentes comisionados fueran reintegrados a sus respectivas corporaciones. Sin embargo, más que una desaparición real, aquello representó un reacomodo institucional: la Brigada Especial se disolvió formalmente, pero sus métodos, agentes y redes de complicidad continuaron operando dentro del aparato de seguridad del Estado mexicano.

Conclusión

Este acercamiento a las operaciones de la Brigada Especial y su despliegue alrededor de la Liga Comunista 23 de Septiembre permite comprender uno de los momentos más oscuros y sistemáticos de la violencia de Estado en el México contemporáneo. La creación de cuerpos represivos como la Brigada respondió a una estrategia de control político que, bajo el discurso de la seguridad nacional y la defensa del orden, institucionalizó la persecución, la tortura y la desaparición forzada como prácticas cotidianas dentro del aparato gubernamental. La represión contra la Liga no fue un episodio aislado, sino parte de una maquinaria contrainsurgente articulada desde las más altas esferas del poder, en la que convergieron fuerzas militares, policiales e instituciones de inteligencia. 

A través de operativos planificados, la infiltración de espacios sociales y del uso de la tortura como método de obtención de información, el Estado logró desmantelar una parte de las redes insurgentes, pero a costa de instaurar un clima de terror y silencio. Los testimonios de sobrevivientes y la documentación oficial no sólo revelan la voracidad y violencia de esas operaciones, sino también la dimensión humana de sus consecuencias: vidas truncadas, cuerpos desaparecidos y memorias que aún buscan justicia. 

Examinar la historia de la Brigada Especial y de sus víctimas representa un ejercicio de memoria crítica que interpela las formas en que el Estado mexicano construyó su legitimidad mediante la violencia, y una invitación a reconocer en esa historia los cimientos del autoritarismo y de las heridas que aún continúan abiertas en la sociedad mexicana contemporánea.

Para saber más

Aguilar Terrés, María de la Luz, Guerrilleras. Antología de testimonios y textos sobre la participación de las mujeres en los movimientos armados socialistas en México, segunda mitad del siglo XX, 2a. edición, México, edición de la autora, 2014.

Cilia Olmos, David, Testimonios de la Guerra Sucia en México, México, Tierra Roja, 2005.

Marín, Carlos, “La Brigada Blanca existe y vive en el Campo militar número uno”, Proceso, 5 de enero de 1980.

Ortíz Rosas, Rubén, “La Brigada Especial: un instrumento de la contrainsurgencia urbana en el Valle de México (1976-1981)”, tesis para obtener el grado de licenciado en historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.

Peñaloza Torres, Alejandro, “El aniquilamiento de la disidencia armada en el marco de la reforma política en México. El caso de la Liga Comunista 23 de Septiembre (1977-1978)”, Cuicuilco. Revista de Ciencias Antropológicas, volumen 25, número 71, enero-abril de 2018, p. 159-179.

Imagen de portada: La Brigada Blanca en acción cerca de Ciudad Universitaria, 24 de enero de 1981. Fotografía tomada de: https://www.jornada.com.mx/2004/03/28/mas-lista.html.

Por Rubén Ortiz Rosas

La desaparición forzada es una violación grave y continua de los derechos humanos que persiste mientras se ignore el paradero de la víctima. Atenta contra derechos fundamentales como la libertad, la seguridad personal, la integridad física y la vida. Aunque en México no se tipificó en el Código Penal Federal hasta 2001, este crimen ha sido una estrategia recurrente de represión política, aunque no exclusiva de ésta.

Ya en 1903, Antonio Villavicencio, ex inspector de policía de la ciudad de México, relató a los hermanos Flores Magón –entonces presos en la cárcel de Belén– que él se encargaba de desaparecer a enemigos políticos de Porfirio Díaz. Su método consistía en ganarse la confianza del detenido, tramitando un amparo para que fuera liberado durante la noche; sin embargo, al salir de prisión, la víctima era amordazada, ejecutada y enterrada en secreto.

Ésta práctica no era desconocida para las fuerzas de seguridad mexicanas previas a la década de 1960. El 24 de febrero de 1955, Porfirio Jaramillo, líder agrario de Atencingo, Puebla, fue detenido en un hotel de la ciudad de México, donde se hospedaba antes de asistir a una reunión en el Departamento Agrario. Su hermano Rubén se había levantado en armas en Morelos en protesta por los abusos contra los campesinos, lo que posiblemente motivó su captura. Porfirio desapareció sin dejar rastro hasta que, tres meses después, el expresidente Lázaro Cárdenas intervino para ayudar a su esposa, Aurora, a localizar sus restos en una tumba anónima del panteón municipal de Acaxochitlán, Hidalgo. El cuerpo aún presentaba señales de tortura.

La década de 1960 fue un periodo de ebullición social en México. Trabajadores organizados y estudiantes buscaron, mediante protestas pacíficas, reducir el autoritarismo del Estado y ampliar la participación política más allá de los mecanismos controlados por el régimen. Sin embargo, la represión contra líderes agrarios, políticos, magisteriales y estudiantiles –mediante intimidación, encarcelamiento, asesinatos y masacres– llevó a la radicalización de estos movimientos. Así, figuras como Arturo Gámiz en Chihuahua o Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas en Guerrero, optaron por la lucha armada. Lo mismo ocurrió con grupos estudiantiles en Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Puebla, Aguascalientes, Oaxaca, Michoacán y la ciudad de México, quienes vieron en el socialismo revolucionario la única vía para lograr un cambio real.

La respuesta del gobierno mexicano fue la erradicación violenta de los grupos radicalizados. El Ejército Mexicano arrasó comunidades serranas en Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Los campesinos que transitaban por la sierra eran detenidos y llevados a cuarteles militares, donde se les interrogaba bajo tortura mientras se revisaban sus pertenencias en busca de mensajes ocultos. La posesión de medicamentos o alimentos para más de una persona se consideraba un agravante. Si confesaban simpatía por algún grupo armado o parentesco con algún dirigente, eran obligados a guiar a los soldados por la sierra o a delatar conocidos en los múltiples retenes que rodeaban la zona.

En las ciudades, las colonias populares eran vigiladas constantemente por vehículos sin placas ocupados por agentes de la Policía Judicial, el Servicio Secreto, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) –la policía política de la Secretaría de Gobernación– y la Policía Militar. Estos equipos allanaban viviendas señaladas por informantes, donde sospechaban que habitaban jóvenes de apariencia estudiantil con comportamientos “inusuales”: grupos de hombres compartiendo un departamento pequeño o conviviendo con una sola mujer. Para las autoridades, estos patrones de convivencia –juzgados desde una moral represiva– eran indicios de actividades subversivas. Si se escuchaban ruidos de máquinas, se presumía que allí se imprimía propaganda o periódicos clandestinos.

Además, los policías de tránsito recibieron órdenes de detener o reportar automóviles “sospechosos”. Según las Sugerencias a la Dirección General de Policía y Tránsito –un documento elaborado por la Dirección Federal de Seguridad en mayo de 1976–, los agentes debían “observar con malicia si se trataba de un coche de reciente modelo cuyos ocupantes fueran jóvenes de escasos recursos”, una contradicción que delataba el perfilamiento clasista y político de la persecución.

Los campos agrícolas, las zonas industriales y las escuelas públicas eran espacios en disputa y, por ello, vigilados estrechamente por los cuerpos policiales. La distribución de propaganda, la aparición de pintas en apoyo a huelgas obreras, en contra de políticos o que incitaran a la lucha armada generaban alerta inmediata para la seguridad del Estado (ver imagen 1). Los riesgos para quienes realizaban estas acciones eran extremos: cuando las fuerzas de seguridad lograban interceptarlas, el resultado era invariablemente la muerte o la detención de militantes. Muchos de ellos desaparecían para siempre.

Durante mucho tiempo fue un misterio a dónde llevaban a los detenidos. Estos no eran presentados ante el Ministerio Público ni existían registros oficiales de sus detenciones. Ante la ausencia de información oficial, las familias iniciaron su propia búsqueda, exigieron respuestas y se organizaron en colectivos como el Comité ¡Eureka! (fundado en 1977) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México- AFADEM (1978). Así se descubrió que algunos habían sido liberados. Ellos relataban lo que ocurría tras una detención: los trasladaban a casas vacías, celdas ocultas en cuarteles policiales o militares, salones sucios en edificios gubernamentales, caballerizas de la Policía Montada o incluso a camiones donde eran torturados durante días (ver imagen 2). Los movían constantemente de lugar y en cada nuevo sitio los sometían a torturas, hasta que la información obtenida era utilizada por policías y militares para realizar más detenciones. Finalmente, a los liberados los abandonaban en carreteras y caminos cercanos a la ciudad de México con unas monedas en el bolsillo y la advertencia de que “no habría una próxima vez”.

Los sobrevivientes proporcionaron nombres de otras personas detenidas, lo que permitió a los familiares confirmar que sus seres queridos seguían con vida, en algunos casos después de meses o incluso años de desaparición. Estas personas se encontraban aisladas en lugares fuertemente vigilados por las fuerzas de seguridad. Con esta información, se elaboraron listas de desaparecidos y de los sitios a los que eran trasladados. Así se reveló, por ejemplo, que en el Campo Militar Número 1 se utilizaba la Prisión Militar, y que allí existían celdas subterráneas ocultas, así como un salón con celdas en el interior de un edificio de varios pisos.

Con el tiempo se descubriría que el lugar subterráneo estaba ubicado bajo el 2° Batallón de Policía Militar. El espacio consistía en celdas contiguas, conectadas por la parte posterior y rodeadas por un pasillo. Por las filtraciones de sonidos, olores y luces, los detenidos podían deducir que se encontraban debajo de una cancha de básquetbol. En la puerta de acceso, una leyenda advertía: “Esta cárcel la comanda Florentino Ventura”. Ventura, comandante de la Policía Judicial Federal y director de Interpol en México a finales de los años setenta, era el responsable de coordinar las operaciones contrainsurgentes por parte de este cuerpo policial.

También se reveló la existencia de otra cárcel clandestina cerca del Monumento a la Revolución, equipada con celdas y una sala de torturas. Los detenidos recibían tortas cuya envoltura mostraba la dirección “Calle Ponciano Arriaga, entre 4 y 5”. Algunos prisioneros, desde las ventanas de otro edificio, lograban avistar las torres de Televisa en la avenida Chapultepec. Estos lugares correspondían a las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad: la primera en la esquina de Ignacio Ramírez y Plaza de la República y la segunda en Circular de Morelia número 8, en la colonia Roma (ver imágenes 3 y 4).

Numerosos cuarteles policiales y militares fueron convertidos en cárceles clandestinas por el Estado mexicano. En Guerrero, colectivos de familiares lograron identificar centros de detención ilegal en el 27° Batallón de Infantería en Atoyac de Álvarez y en la 27° Zona Militar en Acapulco. En esta última ciudad, detrás del Parque Papagayo, las instalaciones de la Policía Judicial del estado albergaban una fila de pequeños cuartos construidos en uno de sus patios, conocido como “El Ferrocarril”. Cerca de allí, habían adaptado una bodega con jaulas donde encerraban a los detenidos mientras esperaban su turno para ser torturados.

Las familias agrupadas en AFADEM y ¡Eureka! tenían la certeza de que sus seres queridos seguían con vida y se encontraban en cárceles clandestinas bajo custodia del Estado. Por ello, exigían su presentación con vida y su liberación inmediata. Estas demandas obligaron al gobierno –que negaba cualquier responsabilidad– a crear, durante los siguientes cuarenta y cinco años, diversos mecanismos para dosificar la información y mantener un discurso oficial que justificara las desapariciones. El relato estatal fue mutando con el tiempo: desde “Están exiliados y viven en la clandestinidad” o “No existen pruebas de su detención”, hasta “Fueron ejecutados por sus propios compañeros y enterrados secretamente”, “Podrían ser víctimas de excesos de algunos mandos militares” o, finalmente, “Fueron asesinados en Pie de la Cuesta y sus restos arrojados al mar”.

Estas prisiones clandestinas nunca fueron abiertas a inspección. Testimonios de sobrevivientes revelan que, cuando organizaciones como Amnistía Internacional intentaron visitarlas, los detenidos eran trasladados temporalmente a otros lugares. Al regresar a sus celdas, encontraban que habían sido modificadas para ocultar cualquier evidencia de su uso como centros de reclusión ilegal.

Las investigaciones realizadas por los mecanismos estatales –siempre limitados en presupuesto, personal y acceso a información– arrojaron escasos resultados sobre el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, lograron algunos avances significativos, como la apertura parcial, en 2001, de ciertos archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En los documentos desclasificados (aunque con reservas porque se testaban datos que hacian identificables a las personas) se confirmó lo que hasta ese momento los colectivos venían denunciado: la existencia de planes operativos, reportes de enfrentamientos, registros de detenciones, declaraciones firmadas por personas desaparecidas y las últimas fotografías de muchas de ellas (ver imagen 5).

En los archivos se encontraron los informes policiaco-militares que documentan la persecución diaria y el proceso de aniquilación contra la disidencia política radicalizada que sobrevivió a masacres y asesinatos selectivos. Los informes señalan, en términos generales, que algunos detenidos habían sido trasladados al Campo Militar Número 1 o se encontraban en “las oficinas” de la DFS o en otras instalaciones, sin proporcionar más detalles al respecto. 

Hasta la década de 1990, ningún mecanismo oficial mencionó haber realizado inspecciones en los sitios señalados por familiares y sobrevivientes, ya que prevaleció la presunción de inocencia de las fuerzas armadas y policiales. Por ello, las investigaciones se limitaron a recopilar información documental. No fue sino hasta 2001 cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) examinó algunas de las cárceles clandestinas previamente denunciadas y logró documentar espacios que coincidían con testimonios y fotografías (ver imágenes 6 y 7).

En su Informe Especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, la CNDH incluyó un breve registro fotográfico de seis lugares: la Prisión Militar del Campo Militar Número 1, la Base Aérea “Pie de la Cuesta”, las Islas Marías, el antiguo Cuartel de la 27ª Zona Militar en Acapulco, el antiguo Cuartel del 27º Batallón de Infantería en Atoyac de Álvarez y “El Ferrocarril”, que, hacia el año 2000, aún permanecía intacto en las instalaciones de la Policía Judicial de Guerrero, en Acapulco.

Tras un decreto presidencial de febrero de 2020 que ordenó la apertura irrestricta de los archivos –lo cual no se ha cumplido plenamente debido a su constante catalogación, que los mantiene en reserva–, fue posible dimensionar, en parte, la magnitud del terror: se encontraron fotografías de cadáveres con tiros de gracia, instalaciones operativas y registros de cientos de personas desaparecidas (ver imágenes 10 y 11).

Aunque no se han encontrado pruebas concluyentes sobre el destino final de los desaparecidos, los numerosos testimonios de perpetradores, sobrevivientes y testigos –que coinciden en señalar la presencia de personas desaparecidas aún con vida en cárceles clandestinas durante las décadas de 1980 y 1990, ya sea en prisiones o instituciones psiquiátricas– nunca fueron investigados seriamente, pese a existir rastros documentales en los archivos desclasificados. Es precisamente en estos espacios donde la búsqueda adquiere mayor relevancia, pues constituyen los últimos lugares donde se tiene registro certero de su existencia. A través de preguntas clave: ¿quién diseñó estos espacios?, ¿quién los vigilaba?, ¿cuánto costaba su mantenimiento?, ¿cuánto tiempo permanecían allí los detenidos? y ¿cuál fue su destino final?, podrían obtenerse respuestas actualmente ocultas en registros administrativos (ver imagen 12).

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas establecen claramente en su Principio 1: “La búsqueda debe realizarse bajo la presunción de que la persona desaparecida está viva, independientemente de las circunstancias de la desaparición, del momento en que ocurrió o en que se inició la búsqueda”. Este mandato implicaría necesariamente responder a las preguntas antes planteadas, algo que ningún mecanismo de investigación ha cumplido hasta ahora. Por el contrario, el gobierno mexicano ha optado por construir una memoria selectiva en torno a unos pocos sitios que, al ser presentados sin una investigación rigurosa ni establecimiento de la verdad, carecen de significado e identidad para quienes realmente vivieron y desaparecieron tras sus muros.

Para saber más

Cilia, David, Testimonios de la Guerra Sucia, México, Huasipungo, 2006. Disponible en línea: https://labiblioteca.mx/llyfrgell/1694.pdf. 

Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada, Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, México, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019. Disponible en línea: https://hchr.org.mx/. 

Dutrénit-Bielous, Silvia y Bianca Ramírez-Rivera, “Cárceles clandestinas en México durante la Guerra Fría”, HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, volumen 12, número 24, julio- diciembre de 2020, p. 223-264. Disponible en línea: https://www.redalyc.org/journal/.

Los encontraremos (Represión política en México), Salvador Díaz (director), Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, 1983, 36 min. Disponible en línea: https://www.youtube.com/. 

Maza, Enrique (editor), Obligado a matar. Fusilamiento de civiles en México, México, Proceso, 1993.

Ortiz Rosas, Rubén, “Los indicios relegados sobre los destinos finales de los desaparecidos de larga data en México”, Revista De Historia De América, número 170, 2025, p. 217–250. Disponible en línea: https://www.revistasipgh.org/. 

Poniatowska, Elena, Fuerte es el silencio, México, Era, 1982. 

Nota de los editores

Este artículo es parte de la investigación que el autor desarrolla en sus estudios postdoctorales, por lo que agradece al programa: 

“UNAM, Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM, Becario del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, asesorado por la Dra. Mercedes Pedrero Nieto”.

Por Libertad López y Alejandro Ángeles

Karl Marx y Friedrich Engels señalaron de manera clara en el Manifiesto del Partido Comunista que “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. […] en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otra franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes”.

Precisamente en México durante la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado se presentó una agudización de la lucha de clases. Ante la imposibilidad de un importante número de trabajadores y de sectores populares para acceder a los derechos básicos de trabajo, tierra, vivienda, salud, educación, seguridad social y otros más, se vieron en la necesidad de luchar de manera organizada y abierta. Así, surgieron distintos movimientos campesinos que lucharon por la tierra y contra los maltratos de los caciques, sindicatos que buscaron la independencia y democracia sindical, estudiantes que pelearon por la democratización de las universidades, procesos populares que denunciaron las injusticias y diversas organizaciones que emprendieron la lucha armada revolucionaria para alcanzar la transformación radical de la sociedad. Dichos procesos se dieron en el contexto internacional de la Guerra Fría y de importantes luchas revolucionarias y de liberación nacional que se presentaron en China, Cuba, Argelia y Vietnam.

Ante el descontento y la movilización popular, el Estado mexicano respondió con la cooptación, la infiltración, el corporativismo, la criminalización, el espionaje, la cárcel y aunque en algunas ocasiones se negociaba, en la inmensa mayoría de los casos había negativas de resolver legítimas demandas sociales y populares. Pero con la irrupción y acción de las organizaciones armadas revolucionarias, el Estado emprendió una mayor represión por medio de la ejecución extrajudicial, el encarcelamiento por motivos políticos, la desaparición forzada, las cárceles clandestinas, la tortura y los vuelos de la muerte; todos esos métodos fueron parte de una práctica contrainsurgente, contemplada en la estrategia de guerra de baja intensidad que tenía como objetivo la desarticulación, aislamiento y eliminación de las organizaciones armadas y populares, el sometimiento de la protesta social y el control de la población a través del terrorismo de Estado.

La desaparición forzada: crimen de Estado

La Convención Interamericana para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.” 

Es decir, la desaparición forzada de personas es una violación a los derechos humanos porque el Estado es el único responsable de esta acción. Únicamente es el Estado quien puede violar los derechos humanos y en este sentido, el único ente que puede hacer una desaparición forzada ya sea por comisión (cuando la ejercen militares, policías, marinos, etc.), omisión (cuando no aparece ninguna fuerza de seguridad pública), o aquiescencia (cuando grupos ilegales o paramilitares ejecutan la desaparición por órdenes del Estado en forma extraoficial), convirtiéndose así en un crimen de Estado. 

Como ya señalamos, la desaparición forzada de personas es un método de control social que únicamente el Estado puede implementar, ya que articula un conjunto de procedimientos e instituciones que tienen por objetivo la desarticulación y eliminación de distintos procesos organizativos por medio de la violencia física, psicológica y económica, además de la disciplina de la conducta social. 

Otra de las características de la desaparición forzada es que no sólo se afecta al detenido desaparecido, también se trata de una transgresión hacia la familia, los amigos, los compañeros de organización y para toda la sociedad, es decir, los efectos no son personales o individuales, ya que el objetivo es desmovilizar y paralizar la actividad social y política de un conjunto de personas, de una población, región u organización. 

El Comité Cerezo México señala, en su texto Vivos los queremos: claves para entender la desaparición forzada en México, que el primer registro que se tiene de esta desdeñable práctica se remonta al año de 1941 en la Alemania Nazi de Adolfo Hitler, con el decreto “Noche y niebla”, bajo el cual se detuvo, torturó y desaparecieron a cientos de personas, sobre todo comunistas, a quienes se les consideraba enemigas del régimen. 

En América Latina apareció esta práctica en la década de los años sesenta del siglo XX, particularmente en los países que vivieron la represión de las dictaduras militares. La situación en México no fue la excepción, pues, aunque no presenciamos una dictadura militar como los países hermanos, vivimos una contrainsurgencia igual o más violenta que la de esas dictaduras, y aunque no se trata de competir sobre el sufrimiento y dolor de nuestros pueblos, es importante reiterar que la política de represión, terror, violencia y masacre también la padecimos en el país.

En México, la desaparición forzada se ejerció de manera sistemática y permanente –al menos eso se tiene documentado– desde los años sesenta del siglo pasado. Como ya dijimos, en esos años en el país se presentó el surgimiento y avance de las organizaciones armadas revolucionarias. Durante dicho período, el Estado mexicano sostuvo buenas relaciones con las ideas progresistas (al menos en el discurso) y abrió sus puertas a los exiliados latinoamericanos, pero al interior del país se vivió una de las etapas más violentas de la historia contemporánea. 

El Comité Cerezo México señala que entre 1960 y 1982: “diversas organizaciones de derechos humanos y comités de familiares víctimas de desaparición forzada y de otras violaciones a los derechos humanos registraron entre 1200 y 1800 desapariciones forzadas cometidas por motivos políticos”.

La contrainsurgencia como una estrategia que buscaba impedir, someter, dispersar o derrotar la lucha social y popular, requirió planeación, sistematicidad y coordinación de distintas dependencias de seguridad de todos los niveles y de grupos represivos legales e ilegales del Estado. Es decir, se hizo necesario una coordinación de diversas estructuras como las de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Gobernación y el poder judicial. Así, participaron de una u otra manera el presidente en turno, políticos, militares, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, policías, gobiernos de todos los niveles y grupos paramilitares para realizar las desapariciones forzadas.

Sin embargo, la burguesía también jugó un papel importante y fundamental en la contrainsurgencia y, por lo tanto, en las prácticas de la desaparición forzada. Por ejemplo, el investigador Camilo Vicente Ovalle señala en su libro [Tiempo suspendido]: Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, lo siguiente: 

“Un dato relevante en el proceso de consolidación del Cuartel General [Contra la Subversión, creado en 1973 en Nuevo León] es que parte de su infraestructura, en especial la usada como cárceles clandestinas, en donde se mantuvo en calidad de detenidos-desaparecidos a militantes de las organizaciones guerrilleras y organizaciones populares, fueron proporcionadas por individuos vinculados a los sectores empresariales de Monterrey. Algunos ex militantes, incluso, señalan que los empresarios regiomontanos financiaron a grupos paramilitares clandestinos de la contrainsurgencia”.

La desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la prisión por motivos políticos, es decir, las prácticas de la contrainsurgencia fueron acompañadas de un discurso particular por parte del Estado mexicano para legitimar la falta de respuestas concretas a las demandas populares, pues hubo un esfuerzo por presentar a los luchadores sociales y revolucionarios como meros delincuentes. Se pretendió estigmatizar y señalar a los luchadores sociales como resentidos, drogadictos, alcohólicos, enfermos, criminales, roba vacas, etc., para justificar la violencia de Estado, tal como lo hizo Luis Echeverría en su Cuarto Informe de Gobierno en 1974, al referirse a los jóvenes que luchaban por libertades y democracia de la siguiente manera: 

“Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina; víctimas de la violencia […]”.

Lamentablemente, la desaparición forzada no es una cosa del pasado, es una práctica que ha sido constante y permanente hasta los gobiernos neoliberales. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos el caso de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, detenidos y desaparecidos por el Estado mexicano el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, en el contexto de la insurgencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y quienes tienen una sentencia en la Suprema Corte Justicia que ha sido histórica para seguir forjando el camino jurídico en búsqueda de la verdad y justicia. Otro caso, fue la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014, acción que generó rabia, indignación y mucha solidaridad popular para exigir su presentación.

La exigencia organizada por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos 

Ante la fuerte represión y los crímenes de Estado, en la década de los años setenta se crearon organizaciones y comités de familiares de los detenidos desaparecidos y de presos políticos para exigir justicia y verdad. Una de las organizaciones más visibles y conocidas fue el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, conocido como Comité Eureka y fundado en 1977 por Rosario Ibarra de Piedra para exigir la presentación con vida de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, así como la de otros tantos desaparecidos. En ese andar, resultó que no se trataba de una sóla mujer buscando a su hijo, sino de miles de mujeres y hombres que exigían conocer el paradero de sus familiares, amigos y compañeros. “Las doñas” como fueron conocidas realizaron varias movilizaciones, huelgas de hambre, plantones y múltiples esfuerzos para encontrar a los desaparecidos. 

A un año de la fundación del Comité Eureka se presentaron diferencias en lo interno, por lo que el 3 de octubre de 1978, en el Sindicato de la Liga de Soldadores del entonces Distrito Federal, se dio a conocer el Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos, Asesinados y Exiliados por Razones Políticas, mejor conocido como CNI dirigido por Josefina Martínez y Felipe Martínez Soriano. Este último venía del Movimiento Democrático Universitario (MDU) de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). El propio Martínez Soriano, señaló que el rompimiento con el Comité Eureka se debió a una serie de obstáculos y diferencias que se presentaron de manera más evidente en Guerrero, Monterrey, Puebla, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y el Distrito Federal por actitudes de organizaciones que denominaba oportunistas, diferencias que se venían presentando desde el MDU:

“Pronto surgieron obstáculos y diferencias en tácticas y estrategias para realizar trabajo junto con el Comité Nacional. Situación entendible, por nuestra parte, debido a las dificultades con el PCM en el seno de la universidad, y porque este partido y otras corrientes políticas afines ocupaban puestos en el consejo político del Comité que representaba la Sra. Ibarra de Piedra”.

Debido a la constante represión ejercida por el Estado, el CNI ejerció distintas acciones para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos. Así, hicieron uso del derecho de la manifestación popular y social, asistieron a instancias internacionales de gran escala como la Organización de las Naciones Unidas para denunciar las desapariciones, realizaron foros, ocupaciones pacíficas de pasillos de sedes diplomáticas (de Suiza, Bélgica, Holanda, Suecia y Noruega), se entrevistaron con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Políticos (Fedefam), asistieron a congresos internacionales sobre defensa de los derechos humanos (Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, el Salvador y Sudamérica) recorrieron el país para visitar a los presos políticos y contribuyeron en la construcción de un camino jurídico para el reconocimiento de la desaparición forzada como delito que únicamente puede ser cometido por agentes del Estado. 

El desarrollo del trabajo de CNI fue un proceso de maduración muy importante para la lucha popular y para los desaparecidos, pues en los años siguientes se organizaron estructuras de trabajo complejas que consistían en la conformación de los Comités de apoyo regional. Una de esas estructuras fue el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de la Costa Grande de Guerrero, a la que perteneció Atoyac, lugar que más ha sido visibilizado y denunciado por las violaciones a los derechos humanos.

El trabajo metódico y sistemático de CNI lo convirtió en una organización pionera en la defensa de los Derechos Humanos, pues recordemos que para esos años en México no existía el delito de desaparición forzada. Fue el trabajo dirigido por CNI el que colocó los cimientos de una vía legal para reclamar al Estado las violaciones perpetradas contra la sociedad. Es así como en la década de los ochenta se crearon herramientas jurídicas para luchar por los perseguidos, desaparecidos y exiliados bajo denuncias legales. 

La lucha organizada por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos ha tenido avances importantes en México, uno de los casos más emblemáticos es el de Rosendo Radilla, destacado dirigente social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, que luchó por mejorar las condiciones de su pueblo, pues, entre otras cosas, promovió la construcción de un hospital rural y una primaria en su comunidad. Rosendo Radilla fue detenido en 1974 por un retén militar acusado “por componer corridos a Lucio Cabañas”, según se atestigua. Esta situación es emblemática porque la denuncia de sus familiares, en 2001, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos logró emitir, en 2009, la primera sentencia en contra del Estado mexicano por violación a los derechos humanos bajo la modalidad de desaparición forzada por elementos militares.

Consideraciones finales

La historia de la desaparición forzada en México va de la mano con la historia de la lucha de los familiares, de los comités y de las organizaciones populares para exigir justicia y verdad. Fueron procesos que dejaron un sin fin de enseñanzas y avances, así como diferencias y desencuentros entre algunas organizaciones, pero aún con las diferencias podemos decir que las distintas organizaciones y comités compartieron el coraje y la esperanza de encontrar a sus detenidos desaparecidos y que en la actualidad son experiencias retomadas por varias organizaciones. 

En la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos hubo personas que destacaron y que se convirtieron en un referente histórico por su disposición, iniciativa y participación. Sin embargo, esa participación y lucha no fue solamente individual, fue el resultado de un esfuerzo colectivo, del análisis de las condiciones y de las enseñanzas de madres, esposas, hijas, hermanas, personas sensibles y solidarias que enfrentaron el acoso policiaco, la criminalización y las amenazas del Estado.

Sin duda, todos esos esfuerzos organizados de ayer y hoy por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos han contribuido a visibilizar la represión del Estado y a la sistematización de la denuncia jurídica para alcanzar el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. 

Desafortunadamente, la desaparición forzada no es algo del pasado, pues mientras no se esclarezcan los casos y se castigue a los culpables no puede darse por concluido. El delito y la violencia son de carácter continuo, es decir, la desaparición forzada es un delito que se mantiene en el tiempo hasta que aparezca el detenido desaparecido, por lo que la exigencia de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! se mantiene más vigente que nunca. En ese sentido, hay que tener presente que el 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido-Desaparecido o de las Víctimas de Desaparición Forzada y en mayo se conmemora en México la semana internacional del Detenido Desaparecido. En ambos casos, la exigencia es permanente: derecho a la verdad, derecho a la memoria, derecho a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición. 

Para saber más

Comité Cerezo México, Vivo los queremos. Claves para entender la desaparición forzada en México, México, Editorial Viandante, 2018.

Ovalle, Camilo Vicente, [Tiempo suspendido]: Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, México, Bonilla Artigas Editores, 2019.

Radilla Martínez, Andrea y Claudia E. G. Rangel Lozano (coordinadoras), Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México. Memorias de la represión de Atoyac, Guerrero durante la década de los sesenta, México, Universidad Autónoma de Guerrero, Plaza y Valdés, 2012.

Imagen de portada: Estudiantes realizan la pinta “Fue el Estado” en la plancha del zócalo capitalino después de la marcha para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, 22 de octubre de 2014. Fotografía: Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro. Imagen tomada de: https://contralacorrupcion.mx/no-es-penoso-es-politico/.