Por Josué Portillo Motte

Después de un tiempo que no pude precisar llegamos a un lugar que yo desde un principio ubiqué como el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, lo que más tarde corroboré al decirme uno de los hombres que me interrogaba: ¿sabes dónde estás?, en el Campo Militar y de aquí nadie sale vivo.

 Bertha Alicia López García, abril de 1979.

Hacia finales de la década de 1970, Mario Alberto Cartagena López, mejor conocido como el Guaymas, relató algunas de las tareas que desempeñaba dentro de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S). Recordaba que una de sus actividades consistía en la distribución de Madera, órgano informativo de la organización, en distintos centros obreros a las afueras de la ciudad de México. Sin embargo, esta labor implicaba un alto riesgo y una constante exposición, pues las miradas de los organismos represores del Estado estaban atentos a ese frente de acción. En alguna ocasión apuntó que:

Introdujeron a veinte policías a trabajar durante un mes en una fábrica que sabían atendíamos, y al salir junto con los obreros, los compas no los identificaron y se pusieron a repartir propaganda. De inmediato, en vez de detenerlos los policías les dispararon. Sólo sobrevivió el que estaba de cobertura, el “muro” que se encontraba a media cuadra, esperándolos en el carro.

Casos como este dejan entrever que la presión ejercida por el gobierno contra la estrategia que seguía la LC23S se volvió cada vez más asfixiante y las acciones de vigilancia y persecución se intensificaron al punto de volver imposible esa actividad. Con el paso del tiempo, la mayoría de los militantes involucrados en estas tareas, según la declaración de Mario Alberto recogida en el libro Testimonios de la Guerra Sucia en México de David Cilia Olmos, fueron asesinados o detenidos-desaparecidos durante los operativos, víctimas directas del cerco que el Estado desplegó para aniquilar toda posibilidad de organización. Así, la persecución se extendió a los espacios cotidianos: talleres, fábricas, escuelas y viviendas, los cuales se convirtieron en escenarios de vigilancia y captura. No obstante, la represión no sólo se limitó a neutralizar los cuadros visibles de la Liga, sino que buscó desarticular sus redes de apoyo, quebrar los vínculos de solidaridad y sembrar el terror entre militantes, familiares, trabajadores, estudiantes y simpatizantes.

En el mismo sentido, en febrero de 1980 el general Félix Galván López señaló que durante la gestión de Arturo Durazo Moreno al frente de la Jefatura de Policía, la violencia en la capital del país alcanzó niveles alarmantes. Las balaceras en la vía pública, los cuerpos sin identificar abandonados en distintas calles y la muerte de policías preventivos se convirtieron en escenas frecuentes del paisaje urbano. Estos hechos no eran aislados, sino parte de una estrategia sistemática de persecución y exterminio impulsada desde las más altas esferas del aparato de seguridad. Durazo, conocido por su estilo autoritario y su cercanía con el poder presidencial, expresó abiertamente el tono de esta política con su declaración ante la prensa: “Perseguiré y mataré como perros rabiosos a los de la Liga 23 de Septiembre”. Aquellas palabras, de acuerdo con Galván, sólo expresaban una cosa: el grado de intensidad y violencia de las operaciones contrainsurgentes para este periodo.

De esta manera, dichos testimonios permiten reconstruir algunas de las estrategias desplegadas por el Estado mexicano para neutralizar a los militantes de la LC23S. Más allá de las líneas generales de la represión, los relatos coinciden en un cuerpo especializado concebido para actuar al margen de la legalidad y dotado de una estructura, integrada por agentes provenientes de distintas corporaciones policiacas y militares: la Brigada Especial.

Este organismo estuvo integrado por miembros del Ejército mexicano, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Judicial del Distrito Federal y la Policía Militar, con la misión de investigar y neutralizar a los integrantes de la LC23S. Al interior de este se constituyó una Comisión de Seguridad encabezada por Miguel Nazar Haro y coordinada por el Coronel Francisco Quiroz Hermosillo, con asesoría jurídica del Lic. Alfonso Cabrera Morales, y su conformación respondió a la necesidad de coordinar esfuerzos de los cuerpos punitivos y otorgar mayor eficacia a la persecución de la insurgencia urbana. En un momento en que las acciones de la LC23S se habían radicalizado y que el Estado mexicano buscaba controlar mediante la radicalidad y coordinación de sus aparatos de seguridad y represión.

De ello se desprenden diversas interrogantes: ¿cómo se conformó este organismo y cuál fue su estructura interna?, ¿de qué manera articuló las labores de información, vigilancia y persecución en función de sus objetivos políticos y operativos?, es más, ¿cuáles fueron los costos humanos y políticos de la constitución de este cuerpo? Examinar su anatomía y funcionamiento implica adentrarse en las profundidades de la maquinaria contrainsurgente y las esferas del poder, donde la violencia institucional se fusionó con la lógica de la clandestinidad estatal, revelando las zonas grises entre la legalidad y el ejercicio del terror como instrumento de Estado en el México de la segunda mitad del siglo XX.

Las fuentes 

Ahora bien, el conocimiento sobre la Brigada Especial se fundamenta en tres fuentes: el documento Plan de Operaciones Uno Rastreo, que permite reconstruir algunas estrategias, tácticas y objetivos de sus actividades; la documentación relativa a la Liga Comunista 23 de Septiembre permite ver, de manera tangencial, los mecanismos de vigilancia, infiltración y represión; y los testimonios de sobrevivientes, militantes y elementos de los organismos de seguridad, que aportan la perspectiva directa de la experiencia vivida y del impacto humano de las violencias de Estado. De esta manera, la combinación de estas fuentes, resguardadas en el fondo de la Dirección Federal de Seguridad  del Archivo General de la Nación (AGN) y en el fondo del Comité Eureka del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA), permite comprender no sólo las acciones de la Brigada, sino también la dimensión sistemática y operativa de una parte de la llamada Guerra Sucia en México.

Como señalé, hacia los primeros meses de 1976 el avance sostenido de las acciones de la LC23S, el creciente clima de temor que sus operaciones generaban dentro de distintos cuerpos policiacos y la incapacidad y falta de personal de los cuerpos policiacos, orillaron al Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos por contener y aniquilar a la organización guerrillera. Las acciones armadas, secuestros, asaltos a instituciones bancarias y las múltiples operaciones emprendidas por la LC23S habían dejado al descubierto la limitada capacidad de respuesta de las corporaciones policiacas tradicionales, incapaces de enfrentar un fenómeno insurgente urbano caracterizado por su movilidad, organización y su amplia red de apoyo. De esta manera, la conformación de un cuerpo especializado para la contrainsurgencia se volvió una necesidad para el Estado.

Así, tras la conjunción de diversos cuerpos policiacos y militares alrededor de la Brigada Especial, se constituyó el Plan de Operaciones Uno Rastreo, el cual sirvió para justificar la creación de este organismo y el despliegue de sus operaciones contra la LC23S. 

El documento estipulaba que la misión central era localizar e interferir las acciones de la Liga, con grupos operativos de rastreo permanente desde el 7 de junio de 1976, coordinando fuerzas militares y policiales para neutralizar sistemáticamente a sus miembros. Los grupos operativos combinaban movilidad y fuerza con dos vehículos y una motocicleta, mientras que las unidades especiales incluían grupos de desactivación de explosivos, acción táctica y equipos de interrogadores. Asimismo, se señalaba un grupo aéreo, el cual proporcionaría vigilancia, apoyo logístico y capacidad de reacción rápida. Este diseño revelaba una doctrina basada en movilidad y especialización, integrando inteligencia y cobertura territorial constante. 

En síntesis, el documento delineaba las acciones que habrían de ejecutarse para neutralizar y eliminar a la organización, al tiempo que articulaba una narrativa oficial destinada a definir al enemigo interno y legitimar el uso de medidas represivas bajo el discurso de la defensa del orden y la seguridad nacional. 

El esquema operativo de la Brigada Especial

Con base en los testimonios y la documentación relativa a la Brigada Especial, la Liga operaba en comandos o brigadas, concentrados en espacios fabriles, estudiantiles y de construcción, donde distribuían órganos informativos como Madera. Sus áreas de acción estaban vinculadas a casas de seguridad, lo que permitía desplazamientos estratégicos y operaciones autónomas pero coordinadas, incluyendo asesinatos, asaltos y secuestros como mecanismo de financiamiento. 

En respuesta, la Brigada Especial diseñó un esquema operativo que fragmentó el valle de México en ocho cuadrantes específicos, cada uno asignado a un grupo responsable del rastreo, vigilancia y detención de militantes. Esta división territorial permitió establecer un control más preciso sobre las zonas de influencia de la organización, así como articular un sistema de inteligencia y reacción inmediata ante cualquier indicio de actividad subversiva. Los cuadrantes se distribuyeron en dos grandes arcos periféricos alrededor de la capital, con el propósito de cercar progresivamente a la LC23S, limitar sus desplazamientos y neutralizar sus redes de apoyo logístico y político en la región metropolitana. 

Si bien la Brigada Especial procuró establecer divisiones territoriales y operacionales para delimitar su campo de acción, en la práctica dichas fronteras resultaban imprecisas. Las zonas de responsabilidad se traslapaban con frecuencia y su cobertura se expandía de manera flexible, respondiendo más a las necesidades tácticas de los operativos que a una planificación fija. Un caso ilustrativo de esta porosa división fue el de las escuelas normales del Estado de México, donde diversos testimonios documentaron la presencia de agentes de la Brigada bajo el pretexto de investigar actividades subversivas. De acuerdo con declaraciones de diversos profesores, los agentes ingresaban a los planteles educativos para interrogar y hostilizar a maestros y estudiantes, recurriendo incluso a amenazas de detención y traslado al Campo Militar Número Uno. En respuesta, los docentes enviaron una carta a la Secretaría de Gobernación solicitando el cese de dichas prácticas, que se habían vuelto recurrentes en instituciones de municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan. 

Otro ejemplo de esto se halla en un informe del 31 de julio de 1978, elaborado a partir del interrogatorio del Guaymas, en el cual se dispuso un operativo contra la Brigada Ignacio Arturo Salas Obregón, activa en la zona de Industrial Vallejo. El documento detalla horarios y puntos de concentración de los militantes, entre trabajadores ferroviarios, estudiantes de la Preparatoria No. 9 y empleados de la Olivetti Mexicana, así como las medidas de camuflaje recomendadas para los agentes. Se indicaba que, para pasar desapercibidos en estas zonas, debían contar con camionetas o vehículos de dependencias oficiales, como de la Comisión Federal de Electricidad o de Teléfonos de México, y vestir de manera sencilla para que los hiciera parecer trabajadores. También se consideraban automóviles con antenas de radio transmisor o, incluso, vehículos sin placas como parte de las estrategias para camuflar sus desplazamientos y evitar ser detectados durante los operativos.

Un componente relevante en las operaciones de vigilancia y persecución de la Brigada Especial fueron los asaltos. Como se ha señalado, una parte central de la estrategia de la LC23S consistía en la obtención de recursos económicos para financiar sus actividades políticas y armadas. En este marco, los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad registran numerosos asaltos y robos de grandes sumas de dinero, que sirvieron como punto de partida para las investigaciones y operativos de la Brigada. Aunque no todos estos hechos guardaban relación directa con la organización, para este cuerpo policial bastaba cualquier indicio o coincidencia para construir una presunta conexión y justificar la intervención.

Por ejemplo, en agosto de 1977 se reportaron dos asaltos en la ciudad de México. Según información de la Dirección General de Policía y Tránsito en Presidente Masarik, Polanco, dos individuos armados asaltaron un salón de belleza, llevándose 10,000 pesos en efectivo y 190,000 en joyas, y huyeron en un automóvil Volkswagen, del cual se desconocían las placas. En otra intervención, en una gasolinera de Xochimilco, cuatro jóvenes armados amagaron a los empleados y escaparon con 9,237 pesos en un vehículo Dodge, Posteriormente, en los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1978, se reportó un asalto en la Hacienda de la Flor, en Texcoco, perpetrado por cuatro individuos con ametralladoras y pasamontañas, quienes se llevaron entre 60,000 y 65,000 pesos en efectivo. Estos hechos motivaron patrullajes intensivos en los sectores aledaños, aunque no se registraron novedades ni se logró detener a los responsables. 

No obstante, diversas capitales del país como Hermosillo, Culiacán, Monterrey, Chihuahua, Guadalajara, ciudad de México, Chilpancingo y Oaxaca se caracterizaron por una serie de secuestros, asaltos y robos a joyerías y empresas que, en su momento, fueron atribuidos a grupos guerrilleros, especialmente a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Sin embargo, múltiples testimonios y fuentes documentales han señalado que, en realidad, muchos de estos hechos fueron ejecutados por miembros de la Brigada Especial. Estas operaciones tenían un doble propósito: por un lado, generar recursos económicos para los propios agentes y mandos de la corporación; por otro, fortalecer el discurso oficial que presentaba a la guerrilla como una amenaza desestabilizadora y criminal. De esta forma, las acciones del grupo no sólo contribuyen a su financiamiento interno, sino que también servían como herramienta propagandística para justificar la expansión del control policiaco y militar.

Los beneficios materiales derivados de estas prácticas eran considerables. Se estima que un agente podía percibir ingresos mensuales que superaban los 40,000 pesos, sin contar los viáticos, el combustible, la manutención y el “botín de guerra” obtenido de los allanamientos de casas de seguridad. Los altos mandos, por su parte, se beneficiaban de manera desproporcionada, apropiándose de recursos incautados y de las ganancias de secuestros millonarios. En muchos de estos casos, las víctimas eran asesinadas para evitar testigos o posibles denuncias, garantizando así la impunidad de los perpetradores. Este tipo de prácticas revelan cómo, bajo el pretexto de combatir la subversión, la Brigada Especial también se convirtió en un espacio de colusión entre represión política y criminalidad organizada. La frontera entre el ejercicio del poder estatal para combatir a la contrainsurgencia y el delito se desdibujó, dando lugar a una maquinaria de violencia e impunidad.

Las detenciones y los interrogatorios 

Entre las múltiples acciones y operativos emprendidos por la Brigada Especial, las detenciones de militantes ocupaban un lugar central. Estas resultaban fundamentales para establecer interrogatorios orientados a obtener información que permitiera avanzar en el desmantelamiento de la LC23S. Dichos interrogatorios, frecuentemente realizados bajo tortura física y psicológica, se convirtieron en una herramienta decisiva para neutralizar la estructura clandestina de la organización, identificar sus espacios de operación y anticipar sus movimientos. En este marco, la recopilación sistemática de información permitió a la Brigada no sólo responder a la ofensiva insurgente, sino intentar desarticularla desde dentro, explotando el conocimiento de los propios militantes capturados.

A manera de ilustración, a inicios de 1977 la Dirección Federal de Seguridad documentó la detención de José Luis Esparza Flores, alias Carlos, acusado de realizar actividades alrededor de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Durante su declaración surgieron los nombres de Margarita Marcelina Andrade Vallejo y Francisco Alfonso Pérez Rayón, identificados por los agentes de la DFS y la Brigada Especial como destacados militantes de la organización. A partir de esa información, ambas corporaciones coordinaron un operativo para localizarlos, el cual se efectuó el 14 de abril con la identificación de una vivienda marcada con el número 55 de la calle Norte, en la colonia Avante de la ciudad de México. En ese lugar, los agentes montaron un importante operativo con el propósito de detener a la pareja; sin embargo, la acción derivó en un enfrentamiento armado que dejó a dos agentes heridos, el fallecimiento de ella y la detención de Francisco, lo que evidenció la intensidad y agresividad con que actuaban los cuerpos represivos del Estado.

Respecto a este caso existen diversas versiones. En la documentación de la Dirección Federal de Seguridad se consigna que los agentes abatieron a Margarita. No obstante, Juan Antonio Andrade, hermano de la militante, sostiene que ella se suicidó, recordando que en una de las últimas ocasiones en que conversaron, le dijo: “a mí no me van a agarrar; viva no me van a agarrar, porque si me agarran viva me van a llevar entre las patas a toda la familia”. Finalmente, Alberto López Limón señala que, durante el enfrentamiento con la Brigada Especial, Margarita alcanzó a lanzar varias bombas y que, en medio de la refriega, una bala disparada desde su propia arma le habría impactado en el parietal derecho. Mientras los informes oficiales la inscriben en la narrativa de la eficacia represiva del Estado, los testimonios familiares y de sus compañeros reivindican su decisión y su agencia política frente a la captura. En conjunto, estos relatos revelan la tensión entre la verdad institucional y la memoria insurgente, así como los modos en que la violencia de Estado buscó imponer una versión única de los hechos. 

Francisco fue trasladado a las instalaciones de la Brigada Especial, donde fue interrogado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Durante esas sesiones se le coaccionó a proporcionar información minuciosa sobre su identidad, incluyendo lugar y fecha de nacimiento, antecedentes familiares, situación sentimental y trayectoria educativa, así como su experiencia dentro de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Bajo tortura, ofreció detalles sobre la estructura interna de la organización, el funcionamiento de sus brigadas, los nombres de algunos de sus integrantes y las estrategias de financiamiento empleadas. También refirió datos acerca de los comités regionales establecidos en distintas zonas del país y los mecanismos de comunicación entre éstos y la dirección nacional, aportando así elementos que resultarían clave para la persecución de la Liga por parte de los aparatos de inteligencia del Estado, en particular por la Brigada Especial.

En un lapso sorprendentemente corto, apenas dos meses, la policía política logró localizar a las personas mencionadas por Pérez Rayón en su declaración, lo que puso en evidencia la radicalidad de los mecanismos de inteligencia y coordinación entre las distintas agencias de seguridad del Estado. Las corporaciones especializadas, como la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), articularon una ofensiva sistemática dirigida a identificar, rastrear y eliminar a los principales cuadros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. En ese contexto, y con excepción de Miguel Ángel Barraza García, todos los integrantes del Consejo de Redacción de la Liga fueron localizados y asesinados entre mayo y junio de 1977. Hasta el día de hoy, Francisco Alfonso Pérez Rayón permanece desaparecido.

Personas desaparecidas 

Lo anterior nos conduce a un aspecto fundamental en torno a la Brigada Especial: el de las personas desaparecidas. Como se ha observado, tras la captura de los militantes muchos eran trasladados a distintos centros clandestinos con el propósito de obtener información mediante coerción. En algunos casos, los detenidos eran liberados bajo estricta vigilancia; en otros, simplemente fueron desaparecidos. Esto puede observarse en el caso de Antonio Hernández Fernández y su esposa, Luz Alejandra Cárdenas Santana, los cuales  fueron detenidos en la colonia Tlaxpana, ciudad de México, por agentes de la Brigada Especial. Tras su captura, ambos fueron llevados a un centro de detención clandestino en las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad y, posteriormente, trasladados al puerto de Acapulco a otra prisión secreta ubicada en los antiguos talleres de la Secretaría de Obras Públicas. Durante su reclusión en este último sitio, Hernández Fernández declaró haber visto con vida a alrededor de cuarenta personas detenidas. Este testimonio constituye una evidencia significativa sobre la existencia de centros clandestinos operados por la Brigada Especial y sobre la magnitud de las desapariciones forzadas cometidas en el marco de la represión contrainsurgente del Estado mexicano para este periodo.

Otro caso significativo ocurrió el 8 de junio de 1978, cuando agentes de la Brigada Blanca detuvieron a Aurelio y Víctor Ramírez Duarte en una operación en el Valle de México. Al día siguiente fueron capturados también Carlos y Guillermo Ramírez Duarte y poco después Rafael Ramírez Duarte, todos trasladados al Campo Militar No. 1, donde fueron sometidos a tortura para obtener información sobre Juan Manuel Ramírez Duarte, señalado como integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Dos días más tarde, María de los Ángeles Ramírez, esposa de Juan Manuel, también fue detenida y torturada; murió poco después de su liberación a causa de las secuelas. Durante su cautiverio, varios miembros de la familia declararon haber visto con vida a Rafael, cuyo paradero aún sigue desconocido. En el expediente se conservan cartas de sus hijos exigiendo su presentación con vida y denunciando los abusos de las fuerzas de seguridad.

El 4 de enero de 1978, Leticia Galarza Campos fue detenida y desaparecida por elementos de la Brigada Especial, en cumplimiento de órdenes directas del entonces jefe de la policía capitalina, Arturo Durazo Moreno. Su captura tuvo lugar en una casa de seguridad ubicada en la colonia Gertrudis Sánchez, en la ciudad de México, como parte de una serie de operativos represivos dirigidos contra presuntos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Durante el operativo, los agentes no sólo detuvieron a Leticia, sino que también se llevaron a su hija de apenas un año de edad, lo que evidenció el carácter arbitrario y brutal de las acciones emprendidas por este cuerpo antiguerrillero. La desaparición de Leticia y la sustracción de su hija se sumaron a una larga lista de denuncias por desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, que desde mediados de la década de 1970 se atribuyeron de manera reiterada a la Brigada Especial.

La Brigada al descubierto

Casos como los anteriores ilustran el grado de descomposición y violencia institucional que caracterizó a la Brigada hacia finales de la década de 1970. Lejos de limitarse a tareas de contrainsurgencia, la corporación también cayó en un descontrol absoluto, marcado por la corrupción, extorsiones, tráfico de drogas, robos, asaltos y secuestros, hasta el punto de competir directamente con las redes criminales encabezadas por el propio Arturo Durazo. A estos delitos se sumaban las graves violaciones a los derechos humanos, acusaciones de desapariciones sistemáticas de estudiantes, militantes y simpatizantes de izquierda, muchos de ellos trasladados a centros clandestinos de detención como el Campo Militar No. 1 o las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad.

La situación llegó a tal extremo que Fernando Gutiérrez Barrios expresó su preocupación al presidente José López Portillo y al secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, por el creciente descrédito público que las acciones de la Brigada estaban generando. Los constantes enfrentamientos, asesinatos en prostíbulos y centros nocturnos, así como los asaltos, secuestros y desapariciones, revelaban que buena parte de los delitos atribuidos a la guerrilla eran, en realidad, acciones ejecutadas por los propios agentes. Este proceso terminó por desnudar la criminalización de la disidencia como una política de represión sistemática, en la que el terror estatal se utilizó como herramienta de control político y social bajo el discurso de la seguridad nacional.

En este sentido, Reyes Heroles comenzó a recibir denuncias formales, respaldadas con pruebas y testimonios, que documentaban casos de tortura, desapariciones y ejecuciones sumarias cometidas por la Brigada Especial. Estas acusaciones no sólo provenían de presos políticos liberados, sino también de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El escándalo trascendió las fronteras, evidenciando la profundidad de las violaciones cometidas por los agentes bajo el amparo del Estado. El descontento también se extendió hacia el interior de las propias estructuras policiales y militares, ya que las notas rojas y los reportajes sobre la brutalidad de la Brigada comenzaban a dañar la imagen del gobierno de López Portillo. Algunos agentes y militares comenzaron a hablar públicamente y, en alguna ocasión, uno de ellos relató que presuntos guerrilleros eran arrojados desde aviones militares en alta mar, testimonio que fue recogido y publicado por la revista Proceso.

Tanto es así que, en los primeros días de enero de 1980, el periodista Carlos Marín publicó en dicha plataforma un reportaje con documentos oficiales que confirmaban la existencia de la Brigada Especial, cuya constitución había sido negada sistemáticamente por las autoridades: 

La Brigada Blanca existe y hay documentos que la descubren como el organismo paramilitar, anticonstitucional pero institucionalizado, del que se sabía sólo por denuncias de sobrevivientes de aprehensiones e interrogatorios, organizaciones defensoras de los derechos humanos y familiares de desaparecidos políticos. Contra reiteradas negativas gubernamentales sobre su existencia, la Brigada Blanca se muestra a sí misma a través de oficios firmados y sellados de corporaciones vertebrales en su cometido.

La revelación causó un escándalo político de grandes dimensiones: cimbró a la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República, las corporaciones policiacas y hasta la Secretaría de la Defensa Nacional. Ante la presión pública y la movilización de organismos como el Frente Nacional Contra la Represión, encabezado por Rosario Ibarra de Piedra, así como de sectores estudiantiles, intelectuales y de la sociedad civil, el entonces secretario de la Defensa, general Félix Galván López, admitió por primera vez la existencia de la Brigada, aunque aseguró que ya había sido “disuelta”. En febrero de 1980, el gobierno ordenó oficialmente su desmantelamiento y dispuso que los agentes comisionados fueran reintegrados a sus respectivas corporaciones. Sin embargo, más que una desaparición real, aquello representó un reacomodo institucional: la Brigada Especial se disolvió formalmente, pero sus métodos, agentes y redes de complicidad continuaron operando dentro del aparato de seguridad del Estado mexicano.

Conclusión

Este acercamiento a las operaciones de la Brigada Especial y su despliegue alrededor de la Liga Comunista 23 de Septiembre permite comprender uno de los momentos más oscuros y sistemáticos de la violencia de Estado en el México contemporáneo. La creación de cuerpos represivos como la Brigada respondió a una estrategia de control político que, bajo el discurso de la seguridad nacional y la defensa del orden, institucionalizó la persecución, la tortura y la desaparición forzada como prácticas cotidianas dentro del aparato gubernamental. La represión contra la Liga no fue un episodio aislado, sino parte de una maquinaria contrainsurgente articulada desde las más altas esferas del poder, en la que convergieron fuerzas militares, policiales e instituciones de inteligencia. 

A través de operativos planificados, la infiltración de espacios sociales y del uso de la tortura como método de obtención de información, el Estado logró desmantelar una parte de las redes insurgentes, pero a costa de instaurar un clima de terror y silencio. Los testimonios de sobrevivientes y la documentación oficial no sólo revelan la voracidad y violencia de esas operaciones, sino también la dimensión humana de sus consecuencias: vidas truncadas, cuerpos desaparecidos y memorias que aún buscan justicia. 

Examinar la historia de la Brigada Especial y de sus víctimas representa un ejercicio de memoria crítica que interpela las formas en que el Estado mexicano construyó su legitimidad mediante la violencia, y una invitación a reconocer en esa historia los cimientos del autoritarismo y de las heridas que aún continúan abiertas en la sociedad mexicana contemporánea.

Para saber más

Aguilar Terrés, María de la Luz, Guerrilleras. Antología de testimonios y textos sobre la participación de las mujeres en los movimientos armados socialistas en México, segunda mitad del siglo XX, 2a. edición, México, edición de la autora, 2014.

Cilia Olmos, David, Testimonios de la Guerra Sucia en México, México, Tierra Roja, 2005.

Marín, Carlos, “La Brigada Blanca existe y vive en el Campo militar número uno”, Proceso, 5 de enero de 1980.

Ortíz Rosas, Rubén, “La Brigada Especial: un instrumento de la contrainsurgencia urbana en el Valle de México (1976-1981)”, tesis para obtener el grado de licenciado en historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.

Peñaloza Torres, Alejandro, “El aniquilamiento de la disidencia armada en el marco de la reforma política en México. El caso de la Liga Comunista 23 de Septiembre (1977-1978)”, Cuicuilco. Revista de Ciencias Antropológicas, volumen 25, número 71, enero-abril de 2018, p. 159-179.

Imagen de portada: La Brigada Blanca en acción cerca de Ciudad Universitaria, 24 de enero de 1981. Fotografía tomada de: https://www.jornada.com.mx/2004/03/28/mas-lista.html.

Por Rubén Ortiz Rosas

La desaparición forzada es una violación grave y continua de los derechos humanos que persiste mientras se ignore el paradero de la víctima. Atenta contra derechos fundamentales como la libertad, la seguridad personal, la integridad física y la vida. Aunque en México no se tipificó en el Código Penal Federal hasta 2001, este crimen ha sido una estrategia recurrente de represión política, aunque no exclusiva de ésta.

Ya en 1903, Antonio Villavicencio, ex inspector de policía de la ciudad de México, relató a los hermanos Flores Magón –entonces presos en la cárcel de Belén– que él se encargaba de desaparecer a enemigos políticos de Porfirio Díaz. Su método consistía en ganarse la confianza del detenido, tramitando un amparo para que fuera liberado durante la noche; sin embargo, al salir de prisión, la víctima era amordazada, ejecutada y enterrada en secreto.

Ésta práctica no era desconocida para las fuerzas de seguridad mexicanas previas a la década de 1960. El 24 de febrero de 1955, Porfirio Jaramillo, líder agrario de Atencingo, Puebla, fue detenido en un hotel de la ciudad de México, donde se hospedaba antes de asistir a una reunión en el Departamento Agrario. Su hermano Rubén se había levantado en armas en Morelos en protesta por los abusos contra los campesinos, lo que posiblemente motivó su captura. Porfirio desapareció sin dejar rastro hasta que, tres meses después, el expresidente Lázaro Cárdenas intervino para ayudar a su esposa, Aurora, a localizar sus restos en una tumba anónima del panteón municipal de Acaxochitlán, Hidalgo. El cuerpo aún presentaba señales de tortura.

La década de 1960 fue un periodo de ebullición social en México. Trabajadores organizados y estudiantes buscaron, mediante protestas pacíficas, reducir el autoritarismo del Estado y ampliar la participación política más allá de los mecanismos controlados por el régimen. Sin embargo, la represión contra líderes agrarios, políticos, magisteriales y estudiantiles –mediante intimidación, encarcelamiento, asesinatos y masacres– llevó a la radicalización de estos movimientos. Así, figuras como Arturo Gámiz en Chihuahua o Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas en Guerrero, optaron por la lucha armada. Lo mismo ocurrió con grupos estudiantiles en Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Puebla, Aguascalientes, Oaxaca, Michoacán y la ciudad de México, quienes vieron en el socialismo revolucionario la única vía para lograr un cambio real.

La respuesta del gobierno mexicano fue la erradicación violenta de los grupos radicalizados. El Ejército Mexicano arrasó comunidades serranas en Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Los campesinos que transitaban por la sierra eran detenidos y llevados a cuarteles militares, donde se les interrogaba bajo tortura mientras se revisaban sus pertenencias en busca de mensajes ocultos. La posesión de medicamentos o alimentos para más de una persona se consideraba un agravante. Si confesaban simpatía por algún grupo armado o parentesco con algún dirigente, eran obligados a guiar a los soldados por la sierra o a delatar conocidos en los múltiples retenes que rodeaban la zona.

En las ciudades, las colonias populares eran vigiladas constantemente por vehículos sin placas ocupados por agentes de la Policía Judicial, el Servicio Secreto, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) –la policía política de la Secretaría de Gobernación– y la Policía Militar. Estos equipos allanaban viviendas señaladas por informantes, donde sospechaban que habitaban jóvenes de apariencia estudiantil con comportamientos “inusuales”: grupos de hombres compartiendo un departamento pequeño o conviviendo con una sola mujer. Para las autoridades, estos patrones de convivencia –juzgados desde una moral represiva– eran indicios de actividades subversivas. Si se escuchaban ruidos de máquinas, se presumía que allí se imprimía propaganda o periódicos clandestinos.

Además, los policías de tránsito recibieron órdenes de detener o reportar automóviles “sospechosos”. Según las Sugerencias a la Dirección General de Policía y Tránsito –un documento elaborado por la Dirección Federal de Seguridad en mayo de 1976–, los agentes debían “observar con malicia si se trataba de un coche de reciente modelo cuyos ocupantes fueran jóvenes de escasos recursos”, una contradicción que delataba el perfilamiento clasista y político de la persecución.

Los campos agrícolas, las zonas industriales y las escuelas públicas eran espacios en disputa y, por ello, vigilados estrechamente por los cuerpos policiales. La distribución de propaganda, la aparición de pintas en apoyo a huelgas obreras, en contra de políticos o que incitaran a la lucha armada generaban alerta inmediata para la seguridad del Estado (ver imagen 1). Los riesgos para quienes realizaban estas acciones eran extremos: cuando las fuerzas de seguridad lograban interceptarlas, el resultado era invariablemente la muerte o la detención de militantes. Muchos de ellos desaparecían para siempre.

Durante mucho tiempo fue un misterio a dónde llevaban a los detenidos. Estos no eran presentados ante el Ministerio Público ni existían registros oficiales de sus detenciones. Ante la ausencia de información oficial, las familias iniciaron su propia búsqueda, exigieron respuestas y se organizaron en colectivos como el Comité ¡Eureka! (fundado en 1977) y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México- AFADEM (1978). Así se descubrió que algunos habían sido liberados. Ellos relataban lo que ocurría tras una detención: los trasladaban a casas vacías, celdas ocultas en cuarteles policiales o militares, salones sucios en edificios gubernamentales, caballerizas de la Policía Montada o incluso a camiones donde eran torturados durante días (ver imagen 2). Los movían constantemente de lugar y en cada nuevo sitio los sometían a torturas, hasta que la información obtenida era utilizada por policías y militares para realizar más detenciones. Finalmente, a los liberados los abandonaban en carreteras y caminos cercanos a la ciudad de México con unas monedas en el bolsillo y la advertencia de que “no habría una próxima vez”.

Los sobrevivientes proporcionaron nombres de otras personas detenidas, lo que permitió a los familiares confirmar que sus seres queridos seguían con vida, en algunos casos después de meses o incluso años de desaparición. Estas personas se encontraban aisladas en lugares fuertemente vigilados por las fuerzas de seguridad. Con esta información, se elaboraron listas de desaparecidos y de los sitios a los que eran trasladados. Así se reveló, por ejemplo, que en el Campo Militar Número 1 se utilizaba la Prisión Militar, y que allí existían celdas subterráneas ocultas, así como un salón con celdas en el interior de un edificio de varios pisos.

Con el tiempo se descubriría que el lugar subterráneo estaba ubicado bajo el 2° Batallón de Policía Militar. El espacio consistía en celdas contiguas, conectadas por la parte posterior y rodeadas por un pasillo. Por las filtraciones de sonidos, olores y luces, los detenidos podían deducir que se encontraban debajo de una cancha de básquetbol. En la puerta de acceso, una leyenda advertía: “Esta cárcel la comanda Florentino Ventura”. Ventura, comandante de la Policía Judicial Federal y director de Interpol en México a finales de los años setenta, era el responsable de coordinar las operaciones contrainsurgentes por parte de este cuerpo policial.

También se reveló la existencia de otra cárcel clandestina cerca del Monumento a la Revolución, equipada con celdas y una sala de torturas. Los detenidos recibían tortas cuya envoltura mostraba la dirección “Calle Ponciano Arriaga, entre 4 y 5”. Algunos prisioneros, desde las ventanas de otro edificio, lograban avistar las torres de Televisa en la avenida Chapultepec. Estos lugares correspondían a las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad: la primera en la esquina de Ignacio Ramírez y Plaza de la República y la segunda en Circular de Morelia número 8, en la colonia Roma (ver imágenes 3 y 4).

Numerosos cuarteles policiales y militares fueron convertidos en cárceles clandestinas por el Estado mexicano. En Guerrero, colectivos de familiares lograron identificar centros de detención ilegal en el 27° Batallón de Infantería en Atoyac de Álvarez y en la 27° Zona Militar en Acapulco. En esta última ciudad, detrás del Parque Papagayo, las instalaciones de la Policía Judicial del estado albergaban una fila de pequeños cuartos construidos en uno de sus patios, conocido como “El Ferrocarril”. Cerca de allí, habían adaptado una bodega con jaulas donde encerraban a los detenidos mientras esperaban su turno para ser torturados.

Las familias agrupadas en AFADEM y ¡Eureka! tenían la certeza de que sus seres queridos seguían con vida y se encontraban en cárceles clandestinas bajo custodia del Estado. Por ello, exigían su presentación con vida y su liberación inmediata. Estas demandas obligaron al gobierno –que negaba cualquier responsabilidad– a crear, durante los siguientes cuarenta y cinco años, diversos mecanismos para dosificar la información y mantener un discurso oficial que justificara las desapariciones. El relato estatal fue mutando con el tiempo: desde “Están exiliados y viven en la clandestinidad” o “No existen pruebas de su detención”, hasta “Fueron ejecutados por sus propios compañeros y enterrados secretamente”, “Podrían ser víctimas de excesos de algunos mandos militares” o, finalmente, “Fueron asesinados en Pie de la Cuesta y sus restos arrojados al mar”.

Estas prisiones clandestinas nunca fueron abiertas a inspección. Testimonios de sobrevivientes revelan que, cuando organizaciones como Amnistía Internacional intentaron visitarlas, los detenidos eran trasladados temporalmente a otros lugares. Al regresar a sus celdas, encontraban que habían sido modificadas para ocultar cualquier evidencia de su uso como centros de reclusión ilegal.

Las investigaciones realizadas por los mecanismos estatales –siempre limitados en presupuesto, personal y acceso a información– arrojaron escasos resultados sobre el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, lograron algunos avances significativos, como la apertura parcial, en 2001, de ciertos archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). En los documentos desclasificados (aunque con reservas porque se testaban datos que hacian identificables a las personas) se confirmó lo que hasta ese momento los colectivos venían denunciado: la existencia de planes operativos, reportes de enfrentamientos, registros de detenciones, declaraciones firmadas por personas desaparecidas y las últimas fotografías de muchas de ellas (ver imagen 5).

En los archivos se encontraron los informes policiaco-militares que documentan la persecución diaria y el proceso de aniquilación contra la disidencia política radicalizada que sobrevivió a masacres y asesinatos selectivos. Los informes señalan, en términos generales, que algunos detenidos habían sido trasladados al Campo Militar Número 1 o se encontraban en “las oficinas” de la DFS o en otras instalaciones, sin proporcionar más detalles al respecto. 

Hasta la década de 1990, ningún mecanismo oficial mencionó haber realizado inspecciones en los sitios señalados por familiares y sobrevivientes, ya que prevaleció la presunción de inocencia de las fuerzas armadas y policiales. Por ello, las investigaciones se limitaron a recopilar información documental. No fue sino hasta 2001 cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) examinó algunas de las cárceles clandestinas previamente denunciadas y logró documentar espacios que coincidían con testimonios y fotografías (ver imágenes 6 y 7).

En su Informe Especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, la CNDH incluyó un breve registro fotográfico de seis lugares: la Prisión Militar del Campo Militar Número 1, la Base Aérea “Pie de la Cuesta”, las Islas Marías, el antiguo Cuartel de la 27ª Zona Militar en Acapulco, el antiguo Cuartel del 27º Batallón de Infantería en Atoyac de Álvarez y “El Ferrocarril”, que, hacia el año 2000, aún permanecía intacto en las instalaciones de la Policía Judicial de Guerrero, en Acapulco.

Tras un decreto presidencial de febrero de 2020 que ordenó la apertura irrestricta de los archivos –lo cual no se ha cumplido plenamente debido a su constante catalogación, que los mantiene en reserva–, fue posible dimensionar, en parte, la magnitud del terror: se encontraron fotografías de cadáveres con tiros de gracia, instalaciones operativas y registros de cientos de personas desaparecidas (ver imágenes 10 y 11).

Aunque no se han encontrado pruebas concluyentes sobre el destino final de los desaparecidos, los numerosos testimonios de perpetradores, sobrevivientes y testigos –que coinciden en señalar la presencia de personas desaparecidas aún con vida en cárceles clandestinas durante las décadas de 1980 y 1990, ya sea en prisiones o instituciones psiquiátricas– nunca fueron investigados seriamente, pese a existir rastros documentales en los archivos desclasificados. Es precisamente en estos espacios donde la búsqueda adquiere mayor relevancia, pues constituyen los últimos lugares donde se tiene registro certero de su existencia. A través de preguntas clave: ¿quién diseñó estos espacios?, ¿quién los vigilaba?, ¿cuánto costaba su mantenimiento?, ¿cuánto tiempo permanecían allí los detenidos? y ¿cuál fue su destino final?, podrían obtenerse respuestas actualmente ocultas en registros administrativos (ver imagen 12).

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas establecen claramente en su Principio 1: “La búsqueda debe realizarse bajo la presunción de que la persona desaparecida está viva, independientemente de las circunstancias de la desaparición, del momento en que ocurrió o en que se inició la búsqueda”. Este mandato implicaría necesariamente responder a las preguntas antes planteadas, algo que ningún mecanismo de investigación ha cumplido hasta ahora. Por el contrario, el gobierno mexicano ha optado por construir una memoria selectiva en torno a unos pocos sitios que, al ser presentados sin una investigación rigurosa ni establecimiento de la verdad, carecen de significado e identidad para quienes realmente vivieron y desaparecieron tras sus muros.

Para saber más

Cilia, David, Testimonios de la Guerra Sucia, México, Huasipungo, 2006. Disponible en línea: https://labiblioteca.mx/llyfrgell/1694.pdf. 

Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada, Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, México, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2019. Disponible en línea: https://hchr.org.mx/. 

Dutrénit-Bielous, Silvia y Bianca Ramírez-Rivera, “Cárceles clandestinas en México durante la Guerra Fría”, HiSTOReLo. Revista de Historia Regional y Local, volumen 12, número 24, julio- diciembre de 2020, p. 223-264. Disponible en línea: https://www.redalyc.org/journal/.

Los encontraremos (Represión política en México), Salvador Díaz (director), Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, 1983, 36 min. Disponible en línea: https://www.youtube.com/. 

Maza, Enrique (editor), Obligado a matar. Fusilamiento de civiles en México, México, Proceso, 1993.

Ortiz Rosas, Rubén, “Los indicios relegados sobre los destinos finales de los desaparecidos de larga data en México”, Revista De Historia De América, número 170, 2025, p. 217–250. Disponible en línea: https://www.revistasipgh.org/. 

Poniatowska, Elena, Fuerte es el silencio, México, Era, 1982. 

Nota de los editores

Este artículo es parte de la investigación que el autor desarrolla en sus estudios postdoctorales, por lo que agradece al programa: 

“UNAM, Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM, Becario del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, asesorado por la Dra. Mercedes Pedrero Nieto”.

Por Libertad López y Alejandro Ángeles

Karl Marx y Friedrich Engels señalaron de manera clara en el Manifiesto del Partido Comunista que “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. […] en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otra franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes”.

Precisamente en México durante la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado se presentó una agudización de la lucha de clases. Ante la imposibilidad de un importante número de trabajadores y de sectores populares para acceder a los derechos básicos de trabajo, tierra, vivienda, salud, educación, seguridad social y otros más, se vieron en la necesidad de luchar de manera organizada y abierta. Así, surgieron distintos movimientos campesinos que lucharon por la tierra y contra los maltratos de los caciques, sindicatos que buscaron la independencia y democracia sindical, estudiantes que pelearon por la democratización de las universidades, procesos populares que denunciaron las injusticias y diversas organizaciones que emprendieron la lucha armada revolucionaria para alcanzar la transformación radical de la sociedad. Dichos procesos se dieron en el contexto internacional de la Guerra Fría y de importantes luchas revolucionarias y de liberación nacional que se presentaron en China, Cuba, Argelia y Vietnam.

Ante el descontento y la movilización popular, el Estado mexicano respondió con la cooptación, la infiltración, el corporativismo, la criminalización, el espionaje, la cárcel y aunque en algunas ocasiones se negociaba, en la inmensa mayoría de los casos había negativas de resolver legítimas demandas sociales y populares. Pero con la irrupción y acción de las organizaciones armadas revolucionarias, el Estado emprendió una mayor represión por medio de la ejecución extrajudicial, el encarcelamiento por motivos políticos, la desaparición forzada, las cárceles clandestinas, la tortura y los vuelos de la muerte; todos esos métodos fueron parte de una práctica contrainsurgente, contemplada en la estrategia de guerra de baja intensidad que tenía como objetivo la desarticulación, aislamiento y eliminación de las organizaciones armadas y populares, el sometimiento de la protesta social y el control de la población a través del terrorismo de Estado.

La desaparición forzada: crimen de Estado

La Convención Interamericana para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.” 

Es decir, la desaparición forzada de personas es una violación a los derechos humanos porque el Estado es el único responsable de esta acción. Únicamente es el Estado quien puede violar los derechos humanos y en este sentido, el único ente que puede hacer una desaparición forzada ya sea por comisión (cuando la ejercen militares, policías, marinos, etc.), omisión (cuando no aparece ninguna fuerza de seguridad pública), o aquiescencia (cuando grupos ilegales o paramilitares ejecutan la desaparición por órdenes del Estado en forma extraoficial), convirtiéndose así en un crimen de Estado. 

Como ya señalamos, la desaparición forzada de personas es un método de control social que únicamente el Estado puede implementar, ya que articula un conjunto de procedimientos e instituciones que tienen por objetivo la desarticulación y eliminación de distintos procesos organizativos por medio de la violencia física, psicológica y económica, además de la disciplina de la conducta social. 

Otra de las características de la desaparición forzada es que no sólo se afecta al detenido desaparecido, también se trata de una transgresión hacia la familia, los amigos, los compañeros de organización y para toda la sociedad, es decir, los efectos no son personales o individuales, ya que el objetivo es desmovilizar y paralizar la actividad social y política de un conjunto de personas, de una población, región u organización. 

El Comité Cerezo México señala, en su texto Vivos los queremos: claves para entender la desaparición forzada en México, que el primer registro que se tiene de esta desdeñable práctica se remonta al año de 1941 en la Alemania Nazi de Adolfo Hitler, con el decreto “Noche y niebla”, bajo el cual se detuvo, torturó y desaparecieron a cientos de personas, sobre todo comunistas, a quienes se les consideraba enemigas del régimen. 

En América Latina apareció esta práctica en la década de los años sesenta del siglo XX, particularmente en los países que vivieron la represión de las dictaduras militares. La situación en México no fue la excepción, pues, aunque no presenciamos una dictadura militar como los países hermanos, vivimos una contrainsurgencia igual o más violenta que la de esas dictaduras, y aunque no se trata de competir sobre el sufrimiento y dolor de nuestros pueblos, es importante reiterar que la política de represión, terror, violencia y masacre también la padecimos en el país.

En México, la desaparición forzada se ejerció de manera sistemática y permanente –al menos eso se tiene documentado– desde los años sesenta del siglo pasado. Como ya dijimos, en esos años en el país se presentó el surgimiento y avance de las organizaciones armadas revolucionarias. Durante dicho período, el Estado mexicano sostuvo buenas relaciones con las ideas progresistas (al menos en el discurso) y abrió sus puertas a los exiliados latinoamericanos, pero al interior del país se vivió una de las etapas más violentas de la historia contemporánea. 

El Comité Cerezo México señala que entre 1960 y 1982: “diversas organizaciones de derechos humanos y comités de familiares víctimas de desaparición forzada y de otras violaciones a los derechos humanos registraron entre 1200 y 1800 desapariciones forzadas cometidas por motivos políticos”.

La contrainsurgencia como una estrategia que buscaba impedir, someter, dispersar o derrotar la lucha social y popular, requirió planeación, sistematicidad y coordinación de distintas dependencias de seguridad de todos los niveles y de grupos represivos legales e ilegales del Estado. Es decir, se hizo necesario una coordinación de diversas estructuras como las de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Gobernación y el poder judicial. Así, participaron de una u otra manera el presidente en turno, políticos, militares, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, policías, gobiernos de todos los niveles y grupos paramilitares para realizar las desapariciones forzadas.

Sin embargo, la burguesía también jugó un papel importante y fundamental en la contrainsurgencia y, por lo tanto, en las prácticas de la desaparición forzada. Por ejemplo, el investigador Camilo Vicente Ovalle señala en su libro [Tiempo suspendido]: Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, lo siguiente: 

“Un dato relevante en el proceso de consolidación del Cuartel General [Contra la Subversión, creado en 1973 en Nuevo León] es que parte de su infraestructura, en especial la usada como cárceles clandestinas, en donde se mantuvo en calidad de detenidos-desaparecidos a militantes de las organizaciones guerrilleras y organizaciones populares, fueron proporcionadas por individuos vinculados a los sectores empresariales de Monterrey. Algunos ex militantes, incluso, señalan que los empresarios regiomontanos financiaron a grupos paramilitares clandestinos de la contrainsurgencia”.

La desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la prisión por motivos políticos, es decir, las prácticas de la contrainsurgencia fueron acompañadas de un discurso particular por parte del Estado mexicano para legitimar la falta de respuestas concretas a las demandas populares, pues hubo un esfuerzo por presentar a los luchadores sociales y revolucionarios como meros delincuentes. Se pretendió estigmatizar y señalar a los luchadores sociales como resentidos, drogadictos, alcohólicos, enfermos, criminales, roba vacas, etc., para justificar la violencia de Estado, tal como lo hizo Luis Echeverría en su Cuarto Informe de Gobierno en 1974, al referirse a los jóvenes que luchaban por libertades y democracia de la siguiente manera: 

“Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina; víctimas de la violencia […]”.

Lamentablemente, la desaparición forzada no es una cosa del pasado, es una práctica que ha sido constante y permanente hasta los gobiernos neoliberales. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos el caso de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, detenidos y desaparecidos por el Estado mexicano el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, en el contexto de la insurgencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y quienes tienen una sentencia en la Suprema Corte Justicia que ha sido histórica para seguir forjando el camino jurídico en búsqueda de la verdad y justicia. Otro caso, fue la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014, acción que generó rabia, indignación y mucha solidaridad popular para exigir su presentación.

La exigencia organizada por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos 

Ante la fuerte represión y los crímenes de Estado, en la década de los años setenta se crearon organizaciones y comités de familiares de los detenidos desaparecidos y de presos políticos para exigir justicia y verdad. Una de las organizaciones más visibles y conocidas fue el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, conocido como Comité Eureka y fundado en 1977 por Rosario Ibarra de Piedra para exigir la presentación con vida de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, así como la de otros tantos desaparecidos. En ese andar, resultó que no se trataba de una sóla mujer buscando a su hijo, sino de miles de mujeres y hombres que exigían conocer el paradero de sus familiares, amigos y compañeros. “Las doñas” como fueron conocidas realizaron varias movilizaciones, huelgas de hambre, plantones y múltiples esfuerzos para encontrar a los desaparecidos. 

A un año de la fundación del Comité Eureka se presentaron diferencias en lo interno, por lo que el 3 de octubre de 1978, en el Sindicato de la Liga de Soldadores del entonces Distrito Federal, se dio a conocer el Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos, Asesinados y Exiliados por Razones Políticas, mejor conocido como CNI dirigido por Josefina Martínez y Felipe Martínez Soriano. Este último venía del Movimiento Democrático Universitario (MDU) de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). El propio Martínez Soriano, señaló que el rompimiento con el Comité Eureka se debió a una serie de obstáculos y diferencias que se presentaron de manera más evidente en Guerrero, Monterrey, Puebla, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y el Distrito Federal por actitudes de organizaciones que denominaba oportunistas, diferencias que se venían presentando desde el MDU:

“Pronto surgieron obstáculos y diferencias en tácticas y estrategias para realizar trabajo junto con el Comité Nacional. Situación entendible, por nuestra parte, debido a las dificultades con el PCM en el seno de la universidad, y porque este partido y otras corrientes políticas afines ocupaban puestos en el consejo político del Comité que representaba la Sra. Ibarra de Piedra”.

Debido a la constante represión ejercida por el Estado, el CNI ejerció distintas acciones para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos. Así, hicieron uso del derecho de la manifestación popular y social, asistieron a instancias internacionales de gran escala como la Organización de las Naciones Unidas para denunciar las desapariciones, realizaron foros, ocupaciones pacíficas de pasillos de sedes diplomáticas (de Suiza, Bélgica, Holanda, Suecia y Noruega), se entrevistaron con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Políticos (Fedefam), asistieron a congresos internacionales sobre defensa de los derechos humanos (Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, el Salvador y Sudamérica) recorrieron el país para visitar a los presos políticos y contribuyeron en la construcción de un camino jurídico para el reconocimiento de la desaparición forzada como delito que únicamente puede ser cometido por agentes del Estado. 

El desarrollo del trabajo de CNI fue un proceso de maduración muy importante para la lucha popular y para los desaparecidos, pues en los años siguientes se organizaron estructuras de trabajo complejas que consistían en la conformación de los Comités de apoyo regional. Una de esas estructuras fue el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de la Costa Grande de Guerrero, a la que perteneció Atoyac, lugar que más ha sido visibilizado y denunciado por las violaciones a los derechos humanos.

El trabajo metódico y sistemático de CNI lo convirtió en una organización pionera en la defensa de los Derechos Humanos, pues recordemos que para esos años en México no existía el delito de desaparición forzada. Fue el trabajo dirigido por CNI el que colocó los cimientos de una vía legal para reclamar al Estado las violaciones perpetradas contra la sociedad. Es así como en la década de los ochenta se crearon herramientas jurídicas para luchar por los perseguidos, desaparecidos y exiliados bajo denuncias legales. 

La lucha organizada por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos ha tenido avances importantes en México, uno de los casos más emblemáticos es el de Rosendo Radilla, destacado dirigente social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, que luchó por mejorar las condiciones de su pueblo, pues, entre otras cosas, promovió la construcción de un hospital rural y una primaria en su comunidad. Rosendo Radilla fue detenido en 1974 por un retén militar acusado “por componer corridos a Lucio Cabañas”, según se atestigua. Esta situación es emblemática porque la denuncia de sus familiares, en 2001, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos logró emitir, en 2009, la primera sentencia en contra del Estado mexicano por violación a los derechos humanos bajo la modalidad de desaparición forzada por elementos militares.

Consideraciones finales

La historia de la desaparición forzada en México va de la mano con la historia de la lucha de los familiares, de los comités y de las organizaciones populares para exigir justicia y verdad. Fueron procesos que dejaron un sin fin de enseñanzas y avances, así como diferencias y desencuentros entre algunas organizaciones, pero aún con las diferencias podemos decir que las distintas organizaciones y comités compartieron el coraje y la esperanza de encontrar a sus detenidos desaparecidos y que en la actualidad son experiencias retomadas por varias organizaciones. 

En la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos hubo personas que destacaron y que se convirtieron en un referente histórico por su disposición, iniciativa y participación. Sin embargo, esa participación y lucha no fue solamente individual, fue el resultado de un esfuerzo colectivo, del análisis de las condiciones y de las enseñanzas de madres, esposas, hijas, hermanas, personas sensibles y solidarias que enfrentaron el acoso policiaco, la criminalización y las amenazas del Estado.

Sin duda, todos esos esfuerzos organizados de ayer y hoy por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos han contribuido a visibilizar la represión del Estado y a la sistematización de la denuncia jurídica para alcanzar el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. 

Desafortunadamente, la desaparición forzada no es algo del pasado, pues mientras no se esclarezcan los casos y se castigue a los culpables no puede darse por concluido. El delito y la violencia son de carácter continuo, es decir, la desaparición forzada es un delito que se mantiene en el tiempo hasta que aparezca el detenido desaparecido, por lo que la exigencia de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! se mantiene más vigente que nunca. En ese sentido, hay que tener presente que el 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido-Desaparecido o de las Víctimas de Desaparición Forzada y en mayo se conmemora en México la semana internacional del Detenido Desaparecido. En ambos casos, la exigencia es permanente: derecho a la verdad, derecho a la memoria, derecho a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición. 

Para saber más

Comité Cerezo México, Vivo los queremos. Claves para entender la desaparición forzada en México, México, Editorial Viandante, 2018.

Ovalle, Camilo Vicente, [Tiempo suspendido]: Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, México, Bonilla Artigas Editores, 2019.

Radilla Martínez, Andrea y Claudia E. G. Rangel Lozano (coordinadoras), Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México. Memorias de la represión de Atoyac, Guerrero durante la década de los sesenta, México, Universidad Autónoma de Guerrero, Plaza y Valdés, 2012.

Imagen de portada: Estudiantes realizan la pinta “Fue el Estado” en la plancha del zócalo capitalino después de la marcha para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, 22 de octubre de 2014. Fotografía: Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro. Imagen tomada de: https://contralacorrupcion.mx/no-es-penoso-es-politico/.

Por Delia Salazar Anaya

El 17 de junio de 1923, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un acuerdo signado por el presidente Álvaro Obregón que invitaba a todas las autoridades del país a sumarse a la celebración de una Semana de Salubridad, que debería realizarse del 23 al 29 de septiembre del mismo año, como parte de las actividades para conmemorar la Independencia Nacional. Según informó el 12 de julio el diario vespertino El Mundo, a cargo del célebre escritor Martín Luis Guzmán, el programa definitivo del evento preparado por los integrantes del Servicio de Propaganda y Educación Higiénica del Departamento de Salubridad Pública, creado por el constituyente de 1917, contemplaba dedicar cada día de la semana para difundir algunos aspectos de interés público propuestos por los médicos higienistas de la época. Así, el domingo 23 de septiembre se inauguraría la semana con el “Día del Encomio por la Higiene”; el lunes se dedicaría a “Las Obligaciones Cívicas Relativas a la Salubridad”; el martes a “La Lucha en contra de la Tuberculosis”; el miércoles 26 se pensó en celebrar un “Día del Niño”; en tanto que el jueves y el viernes se consagrarían a “La Vacuna y al Reconocimiento Médico”. Por último, el programa cerraría el sábado 29, casi inspirado en la tradición popular cristiana del Sábado de Gloria, con un “Día de la Limpieza”.  

Entre las actividades vinculadas al “Día del Niño” de aquella semana sanitaria se planeó: una amplia campaña en favor del Registro Civil y algunas conferencias impartidas por los médicos o delegados sanitarios de las distintas localidades del país, que alertarían a los padres sobre las enfermedades infantiles y sobre las buenas prácticas que debían emprender para mejorar la crianza y el cuidado de sus hijos durante sus primeros años de vida, también denominada Puericultura. Aunque el programa incluía algunas actividades dirigidas a los mismos infantes, como lo fueron fiestas y actividades al aire libre, los organizadores también consideraron convocar a un singular concurso de “niños sanos”. Los pormenores de aquel concurso, así como otros aspectos vinculados con el cuidado de las niñas y niños promovidas durante la Semana de Salubridad de 1923 las atenderé en este artículo, que sirven como ejemplo para mostrar las acciones emprendidas por los gobiernos posrevolucionarios en favor de la protección de la infancia, pero también para conocer algunos aspectos sobre el imaginario infantil de la época.

Los organizadores

El Servicio de Propaganda y Educación Higiénica se fundó en 1921 con el objetivo de difundir entre la población nacional un amplio número de conocimientos útiles sobre higiene materno infantil. La dependencia, a cargo del doctor Alfonso Pruneda García, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, gran estudioso de la tuberculosis pulmonar y profesor de las cátedras de Anatomía, Patología e Higiene, emprendió diversas campañas para concientizar a los padres de familia sobre la importancia de los cuidados y la prevención de las enfermedades infantiles que asolaban a la población en aquel entonces, como lo fueron la influenza, la gastroenteritis, la neumonía, el paludismo, la tos ferina, la viruela, la tuberculosis o la fiebre tifoidea. Los médicos higienistas, en especial aquellos que compartían ideas eugenésicas, pusieron atención en las enfermedades venéreas o de transmisión sexual, como la sífilis transmitida por la madre durante el desarrollo fetal o al nacer, porque pensaban que dichas enfermedades podía degenerar la raza. Para otros padecimientos, incluso recomendaban que los padres dejaran atrás el viejo método de brazo a brazo para administrar la vacuna a los infantes mediante las pústulas y asistieran a consulta periódica con los médicos, aun cuando no se sintieran enfermos.

Entre las múltiples actividades de aquel servicio de propaganda, vale decir que en 1921, como parte de la conmemoración por la Independencia Nacional, también se había realizado una Semana del Niño, en la que se ofrecieron conferencias a los padres y madres sobre las medidas higiénicas que debían de inculcar en sus hijos. El mismo doctor Pruneda, junto con otros destacados médicos y educadores de su tiempo, participó en el Primer Congreso Mexicano del Niño, celebrado en la ciudad de México por iniciativa del periódico El Universal, en el mismo mes de septiembre. Las mesas de trabajo celebradas pusieron especial énfasis en la importancia de difundir conocimientos útiles sobre puericultura, salud y educación higiénica, con el fin de asegurar “el buen desarrollo físico y moral de los niños”, que debería expandirse en las escuelas primarias. 

De igual forma en 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública a cargo de José Vasconcelos, las cruzadas para superar el analfabetismo (en un país en el que el 80% de la población no sabía leer y escribir) también se abocaron a difundir preceptos higiénicos entre los niños de las primarias, que con el tiempo se esperaba que se convirtieran en un pequeño ejército infantil encargado de transmitir en sus casas, en los lugares de trabajo o en las plazas públicas lo que habían aprendido en el aula.

No extraña entonces que la campaña propagandística en favor de la Semana de la Salubridad de 1923 también pretendiera sensibilizar a la población sobre los riesgos de la automedicación o la charlatanería, y para ello diseñara anuncios e impresos dirigidos a los mismos niños, como lo fueron algunos que se difundieron en los periódicos y que decían: “Por la Patria. Por la Humanidad. Báñate, cuando menos, dos veces a la semana, pero es mejor que te bañes todos los días. La mugre es el pórtico de las enfermedades ¡ABAJO LA MUGRE! Lávate las manos y la boca después de que comas. No te desveles” o aquella que recomendaba: “Antes y después de comer lávate las manos y la boca, sin olvidar limpiar tus dientes. No leas de noche ni enseguida de que hayas comido. Bebe mucha agua. Levántate temprano y haz otro igual al acostarte”. Algunas más se dirigían a reducir los contagios entre la población infantil, cuando sugerían: “No escupas en el suelo. Procura, al saludar, no dar la mano, ni que te la den. Mata las moscas. Si tienes piojos, úntate en los cabellos “Ungüento del Soldado”, y después te lavas la cabeza. Límpiate los dientes, las manos y las uñas. No comas de prisa, procura masticar bien los alimentos antes de tragarlos. Vacúnate cada cuatro años para evitar que te den las viruelas”.

Otras actividades de la Semana de la Salubridad se dirigieron a los niños en edad escolar en todo el país. En Nuevo Laredo, por ejemplo, el 29 de septiembre los alumnos de los planteles oficiales debieron asistir al teatro Concordia a escuchar una conferencia pro-higiénica impartida por el Delegado Sanitario de la ciudad, el doctor Guillermo Cerqueda, bien conocido por su labor en el combate de la Influenza Española, que versó sobre las plagas de moscas que propagaban las enfermedades infecciosas y que se acompañó de algunas películas como apoyo didáctico para los menores. En Guadalajara, las conferencias sobre higiene y lucha contra la tuberculosis, el alcoholismo o los parásitos intestinales se impartieron en el salón de actos de la Escuela Constitución, a cargo de los destacados doctores Ignacio Chávez, presidente del Consejo Superior de Salubridad, y médicos locales, como Alberto Onofre Ortega, Adolfo Oliva, Gabriel Luna o David Silva, entre otros. En Toluca, las autoridades además de promover la vacunación infantil, el 28 de septiembre, organizaron una conferencia sobre higiene en el Hospital General, a cargo del doctor Ignacio Aguado y Varón.

Distintos sectores de la sociedad civil, incluidos los miembros del clero, se unieron a la empresa. Según informó Excélsior, La Sociedad Mutualista de Dependientes de la ciudad de Puebla, en atención al “Día del Niño”, colocó la primera piedra de un parque infantil sobre el Paseo Bravo, que contaría “con toda clase de juegos y diversiones” que pudieran contribuir al mejor desarrollo físico de los menores. También señaló que los aparatos los importarían de Estados Unidos, con una suma de 3000 pesos. El Círculo Mutualista de Monterrey hizo lo propio organizando una velada pro-higiene, cuyo programa consideró una conferencia sobre los cuidados del recién nacido, un recital poético y musical y algunas representaciones teatrales, según señaló El Porvenir.  

Así, el arte y la música no estuvieron ausentes en los programas. Tal fue el caso que los organizadores a nivel nacional convocaron mediante un concurso público a los escritores y músicos mexicanos, que desearan hacerse acreedores de un premio de cien pesos, a realizar la letra y la música de un “Himno a la Salud”, que se entonaría en todas las escuelas durante el Día del Encomio por la Higiene. En las bases del concurso, publicadas por El Mundo en julio de 1923, se estipuló que aquel himno debería estar al alcance y entendimiento de los niños y debía componerse de varias estrofas relacionadas con preceptos higiénicos como el juego o los paseos al aire libre, el baño diario, la alimentación sencilla y ordenada, el lavado de manos y dentadura, la práctica de acostarse y levantarse temprano, dormir con las ventanas abiertas y otras actividades “sanas y carácter alegre”.

Los convocados y sus premios

Como parte de los preparativos para el Día del Niño de la Semana de la Salubridad, a fines de agosto de 1923, el secretario del Servicio de Propaganda y Educación Higiénica convocó a un singular concurso para los infantes: 

Reconociendo que el niño es el ciudadano del mañana y que la buena salud que tenga en su infancia se deberá al mayor éxito de su vida adulta, este Departamento de Salud Pública ha acordado que, como parte de la celebración del “Día del Niño” se convoque a un concurso de niños sanos, ofreciendo un premio de $100.00 y un diploma para el que obtenga el primer lugar y uno de $50.00 para el segundo.

Aquella convocatoria, publicada en El Mundo y El Demócrata el 3 de septiembre, señalaba que sólo se admitirían a niños desde los seis a los 24 meses de edad, que deberían ser evaluados por un “jurado calificador” “integrado por médicos de reconocida competencia”, y aclaraba que no tomarían en cuenta “la mayor robustez del niño, sino su desarrollo armónico y el peso que científicamente corresponda a su edad”. Los interesados en inscribir a sus hijos debían presentarse de 11:00 a 13:00 horas en el Centro de Higiene Infantil Eduardo Liceaga, ubicado en la calle de República de Colombia 20, en el centro de la ciudad de México, hasta el 22 de septiembre, ya que la ceremonia de premiación planeaba realizarse el referido Día del Niño. 

Por algunas notas de prensa sabemos que en distintos estados de la república también se replicaron concursos estatales de “niños sanos”. En Yucatán –en ese entonces gobernado por el célebre caudillo socialista, impulsor de la educación racionalista y defensor del Mayab, Felipe Carrillo Puerto–, la Junta de Sanidad del Estado se sumó con tanto entusiasmo a la iniciativa que amplió los premios para los niños de diversas edades. Tal fue el caso que pensó en un primer premio de ciento cincuenta pesos al niño cuya edad estuviera “comprendida entre los ocho meses y los dos años” y que reuniera “condiciones de salud, fortaleza, de vivacidad e inteligencia, etc.”, según señaló el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el 19 de septiembre.

Para el caso de los menores de ocho meses, la junta decidió otorgar cien pesos al primer lugar, cincuenta al segundo e incorporó un premio para los niños de dos a seis años de edad, que se harían acreedores también de cincuenta pesos. En sus bases dijo que los niños presentados al concurso podían ser examinados todas las veces que se juzgara necesario por un jurado compuesto por tres médicos cirujanos de gran fama regional, como Conrado Menéndez Mena, Luis Urzais Rodríguez y Francisco Caamal. Los promotores pensaron que más allá de otorgar premios “en metálico” extenderían interesantes diplomas a los primeros y segundos lugares, en donde se anotarían los nombres de los menores reconocidos y datos como su “peso, talla, coloración de la piel, dentición, expresión de vivacidad, lenguaje, desarrollo intelectual”, entre otros.

En días previos al concurso, el mismo doctor Pruneda se apresuró a enviar algunos avisos a los periódicos para invitar a todos los padres de familia que aún no inscribían a su niños a mandar los retratos de sus pequeños para participar en el certamen. Finalmente, el día esperado llegó. Según señaló un reportero de Excélsior, al concurso realizado en la ciudad de México por iniciativa del doctor Isidoro Espinoza y de los Reyes, director del Centro de Higiene Infantil Eduardo Liceaga (que también dictó una conferencia en el acto de entrega de los premios), se inscribieron “ciento ochenta y cuatro pequeñuelos”. El mismo periódico señaló que “se trataba de premiar a los niños más sanos –no como equivocadamente se puede suponer– al niño más gordo, porque la gordura no es síntoma inequívoco de salud y sólo se aceptaron a aquellos bebés que científicamente tenían el tamaño, peso, etc., que la ciencia señala para cada edad”. 

Según la crónica del periodico: 

Tras de una pieza de música, se hizo el reparto de premios para los niños que ocuparon los primeros lugares y se distribuyeron también bellos diplomas para las madres que con mayor constancia han concurrido al centro durante el año. Esos diplomas llenaron de satisfacción a las agradecidas ya que es la mejor comprobación de que son verdaderas madres, pues que se han preocupado por la salud de sus hijos, incluyéndose en todo lo que puede ser para el beneficio de la salud de ellos.

El Demócrata también ofreció los resultados del concurso, señalando que el primer premio, que consistía en la suma de cien pesos, lo obtuvo “el niño Agustín Arellano, hijo de una doméstica” y el segundo, correspondiente a cincuenta pesos, lo recibió el niño Enrique Constantino Ceballos, sin que hiciera referencia específica a la ocupación de la madre, aunque El Universal señaló que pertenecía a la clase media. También recibieron menciones honoríficas Isabel Boch y Torres, Ricardo Rojo Campuzano, Alfonso Guillén, Felipe González y María Emma Hernández. Aquella celebración, que reportaron algunos medios de prensa con las fotografías de los menores y sus orgullosas madres, se cerró con otra conferencia y con la solemne inauguración de un nuevo centro de higiene infantil sobre la calle de Guerrero, que llevó el nombre del doctor Manuel Domínguez, reconocido por su labor a cargo de instituciones de beneficencia como la Casa de Niños Expósitos y como fundador de la puericultura racional en México.

Como hemos dicho, el concurso del Niño Sano también se replicó en otras localidades del país. En Toluca, por ejemplo, los premios que se otorgaron a los niños “más robustos” en la Escuela para Maestras y de Artes y Oficios para Señoritas, los patrocinaron más de una decena de damas de la sociedad local, entre las que estuvo la esposa del gobernador Abundio Gómez y las de algunos empresarios de peso regional, incluso de origen alemán. En Jalisco el ejemplo de la ciudad de México sirvió para que se pensara en organizar un “Día del Niño Robusto” en el marco de la Gran Feria de Guadalajara, como señaló el diario El Informador.

Y aunque hubo quien cuestionó que aquellas prácticas higiénicas o concursos se hubieran visto influenciadas por los higienistas y pedagogos extranjeros de Francia, Inglaterra o Estados Unidos, las campañas sanitarias siguieron llevándose a cabo en las décadas posteriores. Los concursos de niños sanos o robustos también continuaron llamando la atención de los padres y las madres que inscribieron a otros tantos infantes en el país. Si bien sus resultados pueden ser cuestionados, así como los preceptos científicos de aquellos médicos higienistas, su labor sin duda contribuyó en la disminución de los índices de mortalidad infantil y a la más correcta atención de las niñas y los niños del México posrevolucionario, cuyos derechos empezaron a reconocerse apenas una centuria atrás.

Para saber más 

Alanís Rufino, Mercedes, La atención médica infantil en la Ciudad de México. Discursos, imaginarios e instituciones, 1861-1943, Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2016.

Aréchiga Córdoba, Ernesto, “Educación, propaganda o «dictadura sanitaria». Estrategias discursivas de higiene y salubridad públicas en el México posrevolucionario, 1917-1945”, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, número 33, enero-junio de 2007, p. 57-88.

Mena Carrillo, Juan José, “La revolución higienizada. El plan de fomento de la higiene en Yucatán, 1915-1930”, Península, volumen XIX, número 2, julio-diciembre de 2024, p. 35-59.

Pérez Montfort, Ricardo (coordinador), Cien Años de prevención y promoción de la Salud Pública en México. 1910-2010. Historia en imágenes, México, Secretaría de Salud, 2010. 

Sánchez Calleja, María Eugenia, Niños y adolescentes en abandono moral (Ciudad de México, 1864-1926), México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2014.

Sánchez Calleja, María Eugenia y Delia Salazar Anaya (coordinadoras), Los niños: su imagen en la historia, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2006.

Imagen de portada: Método correcto para sostener y alimentar a un bebé del libro El cuidado de la salud del bebé: un manual para madres y enfermeras de Louis Fischer, 1919. Imagen tomada de Wikimedia Commons.

Por Cristina V. Masferrer León

Imagina que estás en la Ciudad de México, pero no el día de hoy, sino en el año 1576. Caminas por las calles de la capital de Nueva España, tal como se conocía a México antes de la Independencia, y observas una realidad sumamente diferente a la actual: las construcciones eran diferentes, había iglesias y conventos importantes, hombres y mujeres de todas las edades usaban vestimentas diferentes y, en lugar de vehículos motorizados, la gente se movilizaba en caballos o incluso en sillas que cargaban dos hombres. Era notoria la presencia de personas indígenas, es decir, de diversos pueblos originarios, así como de españoles y otros europeos, también había asiáticos y una importante presencia de africanos y afrodescendientes. 

En ese mundo vivió Catalina, una niña de diez años que hace más de cuatrocientos años residía en la ciudad de México. Ella no vivía con su papá, ya que debía trabajar en casa de un señor llamado Antonio de Pedraza, mientras que su padre, Gaspar, trabajaba con Diego Caballero. No sabemos nada de su mamá, pero sí sabemos que Catalina escapaba de vez en cuando de la casa donde vivía para ver a su papá; seguramente lo extrañaba y lo necesitaba. Gracias a sus acciones, dicha relación familiar se mantenía. Como ella, había miles de niñas y niños afrodescendientes que debían trabajar en casas, haciendas o conventos, a veces cerca de sus madres, padres u otros familiares, pero, en ocasiones, separados de ellos. 

La ciudad de México era la capital de Nueva España y, por lo tanto, un centro político, económico, social y cultural central, pero no sólo allí había niñas y niños afrodescendientes, sino que en todas las regiones del virreinato hubo niños de origen africano: tanto en las grandes ciudades como en los puertos, o en pequeños pueblos y villas ubicados en el centro, el sur o el norte del amplio territorio. En cada uno de estos espacios sus actividades laborales eran diversas, muchas veces apoyando a personas adultas o haciéndose cargo de las labores ellos mismos. El trabajo de niñas y niños muchas veces ha sido subestimado o minimizado, sin embargo, se puede asegurar que representaba una contribución económica significativa, pues de otro modo no se hubiera recurrido a su trabajo. 

¿En qué consistían las contribuciones económicas de las y los niños afrodescendientes en Nueva España? Algunas personas los vendían, hipotecaban, donaban a las iglesias y conventos, o los entregaban como parte de dotes a las mujeres al casarse. Estas transacciones comerciales, en las cuales lamentable e injustamente se veían involucrados, implicaban en sí mismas aportes económicos que beneficiaban a sus propietarios, en detrimento de la propia vida de las niñas y niños de origen africano. Por lo tanto, es necesario subrayar las actividades que desempeñaban: en casas desarrollaban todo tipo de labores de limpieza, servicio y cuidado; en conventos e iglesias podían encargarse de la limpieza o la atención de imágenes religiosas; también apoyaban en actividades especializadas a maestros de oficios, como zapateros, sastres, curtidores, entre otros; incluso trabajaron en haciendas azucareras y ganaderas, en lugares como Veracruz, Puebla o el actual Estado de México, por mencionar sólo algunos.  

María, Juan, Nicolás, Juana, Isabel, Catalina, Ana, Joseph, Francisca, Diego, Pedro, Sebastián, Luisa y Antonio eran los nombres más comunes de las niñas y de los niños de origen africano que fueron esclavizados en la ciudad de México en la primera mitad del siglo XVII. Además de sus nombres, se usaban otras palabras para referirse a ellos, por ejemplo niños, muchachos, negritos, mulatillos, muleques y mulecones. Con estos términos se señalaba su origen africano, y aunque algunas de estas palabras se relacionaban con el color de su piel, otras simplemente hacían referencia a la edad o al hecho de tener ancestros africanos. La palabra muleque, por ejemplo, que se usaba para referirse sobre todo a los niños de origen africano que eran esclavizados, viene de los idiomas kimbundu y kikongo, que se hablan en algunas zonas del centro de África, y significa hijo, niño o joven. 

Miles de niños llegaron desde África junto con otras personas esclavizadas, otras veces nacían en Nueva España, pero al ser hijas o hijos de mujeres de origen africano que eran esclavizadas, eran considerados asimismo esclavos. Sin embargo, es muy importante señalar que en muchos casos lograron conseguir la libertad durante su infancia o en algún otro momento de su vida, incluso presentándose casos de niños afrodescendientes que nacieron siendo libres. ¿Cómo conseguían la libertad? Hubo quienes reunieron dinero para pagar por su propia libertad o la de sus familiares, como la de sus hijos, sobrinos, nietos o ahijados. Pero estos procesos no estuvieron libres de obstáculos, por lo que algunas mujeres incluso emprendieron juicios y recurrieron a procesos legales para conseguir la libertad de sus hijos, tal como ha documentado María Elisa Velázquez. 

Asimismo, hubo otros casos en los que las o los propietarios otorgaron la libertad. En 1642, Ynés, de tan sólo cuatro meses de edad, es mencionada en el testamento de un señor llamado Gonzalo de Francia, quien le otorga la libertad e incluso le hereda una cuantiosa suma de dinero. Algo similar ocurrió con Antonio, un niño de un año considerado “mulato”, quien recibió la libertad en el testamento de Martín de Córdoba, su “amo” o antiguo “dueño”. 

Otras veces, obtener la libertad era casi imposible por medios legales, y entonces había quienes decidían escapar, ya fuera de manera individual o colectiva. Ese fue el caso de Magdalena, una mujer que huyó en 1606 junto con sus hijas Beatriz e Isabel y con tres de sus nietos llamados Joseph, Diego y Paula. De hecho, existen casos similares que son más conocidos: se sabe que muchas personas de origen africano huyeron a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII junto con un hombre conocido como Yanga en la región de Córdoba, Veracruz. También, a mediados del siglo XVIII, se sabe de otros afrodescendientes que huyeron junto con un señor llamado Fernando Manuel, quienes fundaron un pueblo en Amapa, ubicado en el actual Papaloapan oaxaqueño. Tanto en el caso de Yanga como en el de Amapa, las personas afrodescendientes fundaron pueblos libres reconocidos incluso por la Corona española. De igual modo, en el siglo XIX hubo personas de origen africano e indígena que venían huyendo de la esclavitud de Estados Unidos y arribaron al norte de México, donde la esclavitud se había prohibido desde 1829. Ahí, específicamente en Coahuila, defendieron la frontera del país y por su trabajo recibieron tierras; actualmente se les conoce como “negros mascogos”. 

Ahora sabemos que todas las personas nacen siendo libres, y que no hay ningún motivo para secuestrar, esclavizar o adueñarse de alguien más… ¡seríamos llevados a la cárcel tan sólo por intentarlo! Pero en esa época esas prácticas estaban permitidas; fue hasta el siglo XIX cuando se logró la abolición definitiva de la esclavitud, gracias al esfuerzo de muchos hombres y mujeres, sobre todo afrodescendientes, entre los cuales se halla el insurgente Vicente Guerrero. 

La historia de las personas de origen africano que habitaron estos territorios hace cuatrocientos años es parte central de la historia de México. Por este motivo, conocer los aportes históricos de las personas y poblaciones de origen africano en nuestro país es un derecho que tenemos todas y todos. A fin de cuentas, alguna niña o niño afrodescendiente esclavizado durante el periodo colonial en América, puede ser parte de nuestros ancestros sin que necesariamente nos reconozcamos como afrodescendientes.  Honrar la memoria de las personas de origen africano en México implica, entre otras cosas, reconocer a las niñas y los niños afrodescendientes de Nueva España, dar cuenta del valor de sus contribuciones económicas, sociales, culturales y políticas, así como mostrar con dignidad sus experiencias de esclavitud y de libertad. 

Conocer su importancia histórica y actual no sólo es un derecho, sino también un compromiso, sin importar nuestros orígenes familiares. Además, por supuesto, es imprescindible reconocer las múltiples maneras en que las personas afromexicanas de todas las edades contribuyen en términos económicos, sociales, culturales y políticos en el México actual para poder comprender la necesidad de combatir las desigualdades y formas de discriminación y racismo que enfrentan. 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 del INEGI, las personas afromexicanas, negras o afrodescendientes representan el 2% de la población del país. Sabemos que se encuentran en todas las entidades, aunque en mayor cantidad se concentran en Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México. Una de las regiones más importantes donde viven es la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, y otra zona importante es la de Veracruz y el Papaloapan oaxaqueño, si bien es importante insistir en que se encuentran a lo largo y ancho de toda la República. 

En Guerrero, Oaxaca y Veracruz, los niños afromexicanos participan en distintos aspectos culturales de sus localidades, como conocer versos, décimas, cuentos y leyendas que son parte de la tradición oral que se transmite de generación en generación; algunos de ellos forman parte de grupos de danzas y música, como la danza de los diablos, el son de artesa, la danza del toro de petate, la danza de la tortuga, el son jarocho, entre otras. También hay niñas, niños y jóvenes que destacan en la pintura y el grabado, o en la elaboración de objetos que forman parte de la cultura material y que se utilizan para distintas actividades económicas propias de las regiones donde habitan. 

Las personas afromexicanas de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca se dedican a actividades económicas diversas, como la ganadería, la pesca, la elaboración de pan o la producción y comercialización de mango, papaya, coco, sandía, limón y maíz, entre otros. Niñas y niños afromexicanos colaboran en estas actividades, además de apoyar en la venta de productos –para lo cual muchas veces recorren las calles de su localidad–, o realizan mandados significativos para su familia. A veces también participan en la elaboración y venta de alimentos y bebidas tradicionales; de hecho, la gastronomía es otra expresión significativa de las personas afromexicanas, pues forma parte de su patrimonio cultural.  

A pesar de la importancia de las personas afrodescendientes a lo largo de la historia y en el presente de nuestro país, las y los niños afromexicanos y afrodescendientes del país aún enfrentan problemáticas de injusticias como las del pasado. Por ejemplo, muchos de ellos habitan en zonas con poca atención médica o con caminos de difícil acceso, y es común que en las escuelas o en otros espacios padezcan actos racistas y discriminatorios que vulneran sus derechos. Les implica un esfuerzo doble el seguir estudiando en un ambiente con formas de violencia verbal y física que les afectan severamente. Casi de manera generalizada, desde el preescolar se aprende la idea equivocada de que el rosa claro es el “color carne” o “color piel”. Son pocas las acciones que se emprenden para erradicar el bullying racista en los diferentes niveles educativos, en los cuales persisten ideas y prácticas discriminatorias por parte de docentes, estudiantes o familias. 

Por supuesto, también existen maestras y maestros así como organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales que emprenden acciones para erradicar el racismo. Un ejemplo es el Colectivo Afroeduca, coordinado por Rosa María Castro e integrado por numerosas asociaciones, organismos y personas. Gracias a su trabajo desde 2023, los libros de texto de primaria y secundaria de la SEP incluyen información sobre los aportes históricos y actuales de las y los afrodescendientes, pues antes se repetían estereotipos y se reproducía el desconocimiento sobre esta población. Esta inclusión todavía es muy reciente como para ver cambios significativos, más aún, sigue haciendo falta una política de capacitación continua para docentes y una de concientización en general para evitar cualquier manifestación de racismo en la educación.  

Otro problema es que muchas personas siguen creyendo que los seres humanos nos dividimos en “razas biológicas”, usando esta idea equivocada y obsoleta para imponer jerarquías con la intención de justificar actos injustos en contra de ciertas personas por su origen, su forma de ser, su apariencia física o su forma de vivir. Actualmente, los estudios científicos demuestran que no existen diferencias genéticas que nos distingan en “razas”; por el contrario, se ha demostrado científicamente que nuestro origen y nuestro color de piel no se relacionan de ningún modo con nuestras capacidades intelectuales, de fuerza u otros rasgos. Además, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la Constitución de nuestro país y distintas leyes, insisten en que las diferencias culturales o corporales no son motivo para discriminar o maltratar a nadie. Por tanto, no se trata de ser “políticamente correctos”, sino de reconocer los hallazgos científicos que han demostrado que los seres humanos conformamos una sola especie con variabilidad genética, sin la existencia de razas biológicas, así como de reconocer la importancia de las investigaciones que han demostrado las totalmente graves, injustas e inmerecidas consecuencias del racismo.  

En definitiva, se requieren acciones conjuntas y contundentes para lograr una vida libre de violencia, donde todas las niñas y los niños afromexicanos y afrodescendientes ejerzan sus derechos de manera plena, libre y feliz, y donde todas las personas conozcamos las contribuciones históricas y actuales de las personas afrodescendientes de diferentes edades.

Para saber más

Masferrer León, Cristina, Muleke, negritas y mulatillos. Niñez, familia y redes sociales de los esclavos de origen africano de la Ciudad de México, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2013.

Masferrer León, Cristina, “Yo no me siento contigo. Educación y racismo en pueblos afromexicanos”, Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa, año 7, número 13, julio-diciembre, 2016. p. 1-17. 

Masferrer León, Cristina. Las preguntas viajan en autobús. Un cuento sobre la afrodescendencia en México. México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2023. Disponible en: https://www.aacademica.org/cristina.masferrer/30. 

Masferrer León, Cristina y María Elisa Velázquez, “Mujeres y niñas esclavizadas en la Nueva España: agencia, resiliencia y redes sociales”, en María Elisa Velázquez y Carolina González Undurraga, Mujeres africanas y afrodescendientes. Experiencias de esclavitud y libertad en América Latina y África. Siglos XVI al XIX, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2016, p. 29-58. 

Quecha Reyna, Citlali y Cristina Masferrer León, “Niñas y niños afromexicanos de la Costa Chica. Socialización y género en el trabajo infantil”, Los rostros del trabajo infantil en México, Memoria del primer foro, México, Mesa Social Contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, 2015, p. 105-121.

Imagen de portada: De negro e india: china cambuja, Miguel Cabrera, 1763. Colección: Museo de América. Imagen tomada de: https://ceres.mcu.es/pages/Vieweraccion=4&AMuseo=MAM&Museo=MAM&Ninv=00007.

Por Susana Sosenski

Han pasado más de seis décadas desde la publicación de la multicitada obra de Philippe Ariès, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, un libro que movilizó una serie de reflexiones, particularmente en Europa, Estados Unidos y América Latina, acerca del lugar de los niños y las niñas en la historia. El trabajo de Ariès desde la historia cultural, así como el desarrollo de la historia social en los años sesenta obligaron a pensar a niños y niñas como actores de la historia, pero también a la infancia como un concepto cultural e históricamente situado. Esto tuvo importantes repercusiones en las formas de entender no sólo la vida familiar o la historia de la educación, espacios tradicionalmente asociados a la niñez, sino también estructuras sociales, económicas y políticas más amplias que, observadas desde la perspectiva de las infancias, aparecían como reproductoras de una serie de mandatos, significados culturales, desigualdades, exclusiones, inclusiones e invisibilidades.

Que hablemos de las infancias hoy así, en plural, es resultado de varios años de reflexión elaborada desde la academia, como desde los activismos (adultos e infantiles), que reconocieron a las experiencias de las infancias como múltiples y heterogéneas. Lo que ha significado ser niño difiere, por ejemplo, de lo que ha significado ser niña; y en una misma comunidad puede haber múltiples connotaciones sobre la infancia. Hoy en día varias propuestas apelan a elaborar términos más inclusivos: niñe, niñes, niñeces, niñxs, al mismo tiempo que se busca reducir la relativización y pensar en cómo afectan las políticas a la infancia en su sentido general. En todo caso no hay forma de entender la infancia más que como una categoría relacional e interseccional, profundamente interrelacionada con procesos religiosos, étnicos, políticos, con el género y la clase. 

Una de las continuas operaciones de la historiografía ha sido desnaturalizar un enorme cúmulo de categorías y conceptos asociadas en este caso a las infancias. En primer lugar, se ha mostrado que la edad es una categoría históricamente situada que sirve para jerarquizar, diferenciar, clasificar, estratificar y calificar a los individuos en función de sus grados de desarrollo, biológico o psicológico, y que se ha utilizado para otorgar o restringir derechos políticos, jurídicos o sociales. La edad opera como un recipiente en el que se depositan múltiples, heterogéneos y contradictorios contenidos culturales que exigen comportamientos, hábitos y reacciones específicas. La infancia, en su interconexión con una edad determinada (misma que también es fluida y flexible en el tiempo) es una posición, un lugar en el que se coloca a determinados sujetos. Aunque la edad no sea una posición fija sino transitoria, múltiples estudios muestran que no es asumida por todos de igual manera sino que genera formas diferenciadas de resistencia, apropiación o negociación, lo cual, en el caso de niños y niñas, da como resultado un constante conflicto de poder con los adultos. 

Si entendemos entonces la edad como un campo de poder, éste aparece muchas veces como algo que los adultos utilizan para excluir, utilizar o disponer. Las edades que se vinculan a ciertas etapas infantiles suelen asociarse con actitudes, valores y estereotipos de corta, mediana o larga duración. La inocencia, por ejemplo, es una construcción de larga data, reforzada por el romanticismo del siglo XVIII que entendió a los niños como seres puros, buenos y, por lo tanto, carentes de maldad. La vinculación esencialista entre niñez e inocencia ha signado la forma en que nos relacionamos con los niños todavía en la actualidad. Ese ideal de la inocencia infantil, como señalaría Henry Giroux, ha sido una fantasía adulta que ha invisibilizado a los niños y ha reducido sus posibilidades de experimentarse como agentes críticos, colocándolos en posición de vulnerabilidad, inmadurez cognitiva y falta de entendimiento. Gracias a esa concepción se les ha negado el derecho a ciertos saberes, en particular a los conocimientos políticos, económicos o de educación sexual, en tanto se sostiene la supuesta incompetencia de niños y niñas para “entender” en contraposición a los adultos, “naturalmente” capacitados y calificados para la comprensión de todos los temas. Para designar esta posición de los adultos frente a los niños muchos trabajos han optado por hablar de “adultocentrismo”.

El lente puesto en las experiencias, proyectos, iniciativas y construcciones socioculturales sobre la infancia permite, a su vez, advertir matices y reconocer nuevas luces en lo que sabemos de procesos históricos más amplios. Estos sujetos, por ejemplo, han sido piezas clave en la construcción del capitalismo en México. Su mano de obra barata, su trabajo esclavo, así como luego su incentivada participación en el mundo del consumo, han signado el devenir de la historia del trabajo en México, tanto campesino como urbano, tanto artesanal como industrial, formal o informal. Niños y niñas han sido actores clave en la vida familiar, ya sea aportando ingresos o en el trabajo de reproducción social de las niñas como cuidadoras de sus pequeños hermanos y amas de casa; a lo que se suman los miles de niños migrantes de los que tenemos noticias desde el temprano siglo XX, que muchas veces serían los encargados de traducir lenguas nacionales a las de sus padres indígenas. Incluso los niños escolares de primera generación, que fueron una minoría por lo menos hasta la mitad del siglo XX, cumplieron una función fundamental en la circulación de los valores del nacionalismo posrevolucionario. Gracias a los niños y las niñas escolares, por ejemplo, sus familias se enteraron de cómo podían enfrentar enfermedades como el paludismo, la tifoidea o evitar adicciones como el alcoholismo.

Hoy en día algunos estudiosos sobre la infancia siguen pensando en términos que inviten a la narrativa histórica a mirar hacia abajo, a esa tercera parte de la población a la que se ha marginado en todos los sentidos posibles. Una mujer indígena ya enfrenta una considerable marginación, pero ésta se acentúa si ella es niña. Algunos términos, como childism buscan incitar a que la historia, la sociología, la antropología o la etnografía agreguen otra lentilla más a la observación de las realidades, y que esta lentilla sea la de lxs niñxs. Este esfuerzo se ha hecho en el campo latinoamericano desde hace más de treinta años, cuando comenzaron las primeras reflexiones historiográficas en torno a las infancias. La historia de la familia o de la educación se había referido a éstas de manera muy tangencial. Sin embargo, está por cumplir 30 años la obra que fue semilla en la historiografía de la infancia en México, me refiero al libro escrito por Beatriz Alcubierre y Tania Carreño, Los niños villistas, la primera investigación histórica que se dedicó a las experiencias de vida y las representaciones de la niñez bajo el ejército de Francisco Villa durante la Revolución mexicana. Utilizando múltiples fuentes y con un análisis notable de la fotografía y la literatura, este libro inició el fecundo camino de historizar las vidas infantiles en México. A este estudio se sumó años después, en 2001, la tesis de Alberto del Castillo Troncoso, quien analizó los conceptos, imágenes y representaciones de la niñez durante el porfiriato y una parte de la Revolución mexicana.

A estas alturas del camino, gozamos de un nutrido grupo de trabajos que se han dedicado a la historia de las infancias en México desde la antigüedad hasta nuestros días. Ahora más que nunca, se requiere mantener una perspectiva crítica en la historia de las infancias porque, como todo objeto historiográfico, este exige claridad en la postura ético política de quien escribe. ¿Cuál es el objetivo de conocer, reconstruir o analizar las experiencias de vida infantiles en el pasado?¿Cuál es la intención? A estas preguntas pueden sumarse muchas otras, que exigen una mirada inclusiva. ¿Podemos pensar en una historia del racismo en México que excluya a los niños y las niñas?¿Qué lugar ocupa lo infantil en la construcción del género? ¿En qué medida la exclusión de niños, niñas, niñes, niñxs, adolescentes, ha impactado en la narrativa histórica? ¿Por qué se ha naturalizado la exclusión por edad en casi todas las temáticas estudiadas? Entender todas estas racionalidades no sólo nos acerca a comprender la historia de las infancias, sino procesos mucho más amplios. 

Para saber más

Alcubierre, Beatriz y Susana Sosenski, Historia mínima de las infancias en México, México, El Colegio de México, 2024.

Alcubierre, Beatriz y Tania Carreño, Los niños villistas. Una mirada a la historia de la infancia en México, 1900-1920, México, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1996. 

Ariès, Philippe, El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, Buenos Aires, El Cuenco de Plata, 2023.

Del Castillo Troncoso, Alberto, Conceptos, imágenes y representaciones de la niñez en la ciudad de México, 1880-1920, México, El Colegio de México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2006. 

Imagen de portada: Niñas con sandía, María Izquierdo, 1946. Colección: SURA. Imagen tomada de: https://www.sura.com/arteycultura/obra/ninas-con-sandia/.