Por Josué Portillo Motte

Después de un tiempo que no pude precisar llegamos a un lugar que yo desde un principio ubiqué como el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México, lo que más tarde corroboré al decirme uno de los hombres que me interrogaba: ¿sabes dónde estás?, en el Campo Militar y de aquí nadie sale vivo.

 Bertha Alicia López García, abril de 1979.

Hacia finales de la década de 1970, Mario Alberto Cartagena López, mejor conocido como el Guaymas, relató algunas de las tareas que desempeñaba dentro de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S). Recordaba que una de sus actividades consistía en la distribución de Madera, órgano informativo de la organización, en distintos centros obreros a las afueras de la ciudad de México. Sin embargo, esta labor implicaba un alto riesgo y una constante exposición, pues las miradas de los organismos represores del Estado estaban atentos a ese frente de acción. En alguna ocasión apuntó que:

Introdujeron a veinte policías a trabajar durante un mes en una fábrica que sabían atendíamos, y al salir junto con los obreros, los compas no los identificaron y se pusieron a repartir propaganda. De inmediato, en vez de detenerlos los policías les dispararon. Sólo sobrevivió el que estaba de cobertura, el “muro” que se encontraba a media cuadra, esperándolos en el carro.

Casos como este dejan entrever que la presión ejercida por el gobierno contra la estrategia que seguía la LC23S se volvió cada vez más asfixiante y las acciones de vigilancia y persecución se intensificaron al punto de volver imposible esa actividad. Con el paso del tiempo, la mayoría de los militantes involucrados en estas tareas, según la declaración de Mario Alberto recogida en el libro Testimonios de la Guerra Sucia en México de David Cilia Olmos, fueron asesinados o detenidos-desaparecidos durante los operativos, víctimas directas del cerco que el Estado desplegó para aniquilar toda posibilidad de organización. Así, la persecución se extendió a los espacios cotidianos: talleres, fábricas, escuelas y viviendas, los cuales se convirtieron en escenarios de vigilancia y captura. No obstante, la represión no sólo se limitó a neutralizar los cuadros visibles de la Liga, sino que buscó desarticular sus redes de apoyo, quebrar los vínculos de solidaridad y sembrar el terror entre militantes, familiares, trabajadores, estudiantes y simpatizantes.

En el mismo sentido, en febrero de 1980 el general Félix Galván López señaló que durante la gestión de Arturo Durazo Moreno al frente de la Jefatura de Policía, la violencia en la capital del país alcanzó niveles alarmantes. Las balaceras en la vía pública, los cuerpos sin identificar abandonados en distintas calles y la muerte de policías preventivos se convirtieron en escenas frecuentes del paisaje urbano. Estos hechos no eran aislados, sino parte de una estrategia sistemática de persecución y exterminio impulsada desde las más altas esferas del aparato de seguridad. Durazo, conocido por su estilo autoritario y su cercanía con el poder presidencial, expresó abiertamente el tono de esta política con su declaración ante la prensa: “Perseguiré y mataré como perros rabiosos a los de la Liga 23 de Septiembre”. Aquellas palabras, de acuerdo con Galván, sólo expresaban una cosa: el grado de intensidad y violencia de las operaciones contrainsurgentes para este periodo.

De esta manera, dichos testimonios permiten reconstruir algunas de las estrategias desplegadas por el Estado mexicano para neutralizar a los militantes de la LC23S. Más allá de las líneas generales de la represión, los relatos coinciden en un cuerpo especializado concebido para actuar al margen de la legalidad y dotado de una estructura, integrada por agentes provenientes de distintas corporaciones policiacas y militares: la Brigada Especial.

Este organismo estuvo integrado por miembros del Ejército mexicano, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Judicial del Distrito Federal y la Policía Militar, con la misión de investigar y neutralizar a los integrantes de la LC23S. Al interior de este se constituyó una Comisión de Seguridad encabezada por Miguel Nazar Haro y coordinada por el Coronel Francisco Quiroz Hermosillo, con asesoría jurídica del Lic. Alfonso Cabrera Morales, y su conformación respondió a la necesidad de coordinar esfuerzos de los cuerpos punitivos y otorgar mayor eficacia a la persecución de la insurgencia urbana. En un momento en que las acciones de la LC23S se habían radicalizado y que el Estado mexicano buscaba controlar mediante la radicalidad y coordinación de sus aparatos de seguridad y represión.

De ello se desprenden diversas interrogantes: ¿cómo se conformó este organismo y cuál fue su estructura interna?, ¿de qué manera articuló las labores de información, vigilancia y persecución en función de sus objetivos políticos y operativos?, es más, ¿cuáles fueron los costos humanos y políticos de la constitución de este cuerpo? Examinar su anatomía y funcionamiento implica adentrarse en las profundidades de la maquinaria contrainsurgente y las esferas del poder, donde la violencia institucional se fusionó con la lógica de la clandestinidad estatal, revelando las zonas grises entre la legalidad y el ejercicio del terror como instrumento de Estado en el México de la segunda mitad del siglo XX.

Las fuentes 

Ahora bien, el conocimiento sobre la Brigada Especial se fundamenta en tres fuentes: el documento Plan de Operaciones Uno Rastreo, que permite reconstruir algunas estrategias, tácticas y objetivos de sus actividades; la documentación relativa a la Liga Comunista 23 de Septiembre permite ver, de manera tangencial, los mecanismos de vigilancia, infiltración y represión; y los testimonios de sobrevivientes, militantes y elementos de los organismos de seguridad, que aportan la perspectiva directa de la experiencia vivida y del impacto humano de las violencias de Estado. De esta manera, la combinación de estas fuentes, resguardadas en el fondo de la Dirección Federal de Seguridad  del Archivo General de la Nación (AGN) y en el fondo del Comité Eureka del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMeNA), permite comprender no sólo las acciones de la Brigada, sino también la dimensión sistemática y operativa de una parte de la llamada Guerra Sucia en México.

Como señalé, hacia los primeros meses de 1976 el avance sostenido de las acciones de la LC23S, el creciente clima de temor que sus operaciones generaban dentro de distintos cuerpos policiacos y la incapacidad y falta de personal de los cuerpos policiacos, orillaron al Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos por contener y aniquilar a la organización guerrillera. Las acciones armadas, secuestros, asaltos a instituciones bancarias y las múltiples operaciones emprendidas por la LC23S habían dejado al descubierto la limitada capacidad de respuesta de las corporaciones policiacas tradicionales, incapaces de enfrentar un fenómeno insurgente urbano caracterizado por su movilidad, organización y su amplia red de apoyo. De esta manera, la conformación de un cuerpo especializado para la contrainsurgencia se volvió una necesidad para el Estado.

Así, tras la conjunción de diversos cuerpos policiacos y militares alrededor de la Brigada Especial, se constituyó el Plan de Operaciones Uno Rastreo, el cual sirvió para justificar la creación de este organismo y el despliegue de sus operaciones contra la LC23S. 

El documento estipulaba que la misión central era localizar e interferir las acciones de la Liga, con grupos operativos de rastreo permanente desde el 7 de junio de 1976, coordinando fuerzas militares y policiales para neutralizar sistemáticamente a sus miembros. Los grupos operativos combinaban movilidad y fuerza con dos vehículos y una motocicleta, mientras que las unidades especiales incluían grupos de desactivación de explosivos, acción táctica y equipos de interrogadores. Asimismo, se señalaba un grupo aéreo, el cual proporcionaría vigilancia, apoyo logístico y capacidad de reacción rápida. Este diseño revelaba una doctrina basada en movilidad y especialización, integrando inteligencia y cobertura territorial constante. 

En síntesis, el documento delineaba las acciones que habrían de ejecutarse para neutralizar y eliminar a la organización, al tiempo que articulaba una narrativa oficial destinada a definir al enemigo interno y legitimar el uso de medidas represivas bajo el discurso de la defensa del orden y la seguridad nacional. 

El esquema operativo de la Brigada Especial

Con base en los testimonios y la documentación relativa a la Brigada Especial, la Liga operaba en comandos o brigadas, concentrados en espacios fabriles, estudiantiles y de construcción, donde distribuían órganos informativos como Madera. Sus áreas de acción estaban vinculadas a casas de seguridad, lo que permitía desplazamientos estratégicos y operaciones autónomas pero coordinadas, incluyendo asesinatos, asaltos y secuestros como mecanismo de financiamiento. 

En respuesta, la Brigada Especial diseñó un esquema operativo que fragmentó el valle de México en ocho cuadrantes específicos, cada uno asignado a un grupo responsable del rastreo, vigilancia y detención de militantes. Esta división territorial permitió establecer un control más preciso sobre las zonas de influencia de la organización, así como articular un sistema de inteligencia y reacción inmediata ante cualquier indicio de actividad subversiva. Los cuadrantes se distribuyeron en dos grandes arcos periféricos alrededor de la capital, con el propósito de cercar progresivamente a la LC23S, limitar sus desplazamientos y neutralizar sus redes de apoyo logístico y político en la región metropolitana. 

Si bien la Brigada Especial procuró establecer divisiones territoriales y operacionales para delimitar su campo de acción, en la práctica dichas fronteras resultaban imprecisas. Las zonas de responsabilidad se traslapaban con frecuencia y su cobertura se expandía de manera flexible, respondiendo más a las necesidades tácticas de los operativos que a una planificación fija. Un caso ilustrativo de esta porosa división fue el de las escuelas normales del Estado de México, donde diversos testimonios documentaron la presencia de agentes de la Brigada bajo el pretexto de investigar actividades subversivas. De acuerdo con declaraciones de diversos profesores, los agentes ingresaban a los planteles educativos para interrogar y hostilizar a maestros y estudiantes, recurriendo incluso a amenazas de detención y traslado al Campo Militar Número Uno. En respuesta, los docentes enviaron una carta a la Secretaría de Gobernación solicitando el cese de dichas prácticas, que se habían vuelto recurrentes en instituciones de municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan. 

Otro ejemplo de esto se halla en un informe del 31 de julio de 1978, elaborado a partir del interrogatorio del Guaymas, en el cual se dispuso un operativo contra la Brigada Ignacio Arturo Salas Obregón, activa en la zona de Industrial Vallejo. El documento detalla horarios y puntos de concentración de los militantes, entre trabajadores ferroviarios, estudiantes de la Preparatoria No. 9 y empleados de la Olivetti Mexicana, así como las medidas de camuflaje recomendadas para los agentes. Se indicaba que, para pasar desapercibidos en estas zonas, debían contar con camionetas o vehículos de dependencias oficiales, como de la Comisión Federal de Electricidad o de Teléfonos de México, y vestir de manera sencilla para que los hiciera parecer trabajadores. También se consideraban automóviles con antenas de radio transmisor o, incluso, vehículos sin placas como parte de las estrategias para camuflar sus desplazamientos y evitar ser detectados durante los operativos.

Un componente relevante en las operaciones de vigilancia y persecución de la Brigada Especial fueron los asaltos. Como se ha señalado, una parte central de la estrategia de la LC23S consistía en la obtención de recursos económicos para financiar sus actividades políticas y armadas. En este marco, los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad registran numerosos asaltos y robos de grandes sumas de dinero, que sirvieron como punto de partida para las investigaciones y operativos de la Brigada. Aunque no todos estos hechos guardaban relación directa con la organización, para este cuerpo policial bastaba cualquier indicio o coincidencia para construir una presunta conexión y justificar la intervención.

Por ejemplo, en agosto de 1977 se reportaron dos asaltos en la ciudad de México. Según información de la Dirección General de Policía y Tránsito en Presidente Masarik, Polanco, dos individuos armados asaltaron un salón de belleza, llevándose 10,000 pesos en efectivo y 190,000 en joyas, y huyeron en un automóvil Volkswagen, del cual se desconocían las placas. En otra intervención, en una gasolinera de Xochimilco, cuatro jóvenes armados amagaron a los empleados y escaparon con 9,237 pesos en un vehículo Dodge, Posteriormente, en los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1978, se reportó un asalto en la Hacienda de la Flor, en Texcoco, perpetrado por cuatro individuos con ametralladoras y pasamontañas, quienes se llevaron entre 60,000 y 65,000 pesos en efectivo. Estos hechos motivaron patrullajes intensivos en los sectores aledaños, aunque no se registraron novedades ni se logró detener a los responsables. 

No obstante, diversas capitales del país como Hermosillo, Culiacán, Monterrey, Chihuahua, Guadalajara, ciudad de México, Chilpancingo y Oaxaca se caracterizaron por una serie de secuestros, asaltos y robos a joyerías y empresas que, en su momento, fueron atribuidos a grupos guerrilleros, especialmente a la Liga Comunista 23 de Septiembre. Sin embargo, múltiples testimonios y fuentes documentales han señalado que, en realidad, muchos de estos hechos fueron ejecutados por miembros de la Brigada Especial. Estas operaciones tenían un doble propósito: por un lado, generar recursos económicos para los propios agentes y mandos de la corporación; por otro, fortalecer el discurso oficial que presentaba a la guerrilla como una amenaza desestabilizadora y criminal. De esta forma, las acciones del grupo no sólo contribuyen a su financiamiento interno, sino que también servían como herramienta propagandística para justificar la expansión del control policiaco y militar.

Los beneficios materiales derivados de estas prácticas eran considerables. Se estima que un agente podía percibir ingresos mensuales que superaban los 40,000 pesos, sin contar los viáticos, el combustible, la manutención y el “botín de guerra” obtenido de los allanamientos de casas de seguridad. Los altos mandos, por su parte, se beneficiaban de manera desproporcionada, apropiándose de recursos incautados y de las ganancias de secuestros millonarios. En muchos de estos casos, las víctimas eran asesinadas para evitar testigos o posibles denuncias, garantizando así la impunidad de los perpetradores. Este tipo de prácticas revelan cómo, bajo el pretexto de combatir la subversión, la Brigada Especial también se convirtió en un espacio de colusión entre represión política y criminalidad organizada. La frontera entre el ejercicio del poder estatal para combatir a la contrainsurgencia y el delito se desdibujó, dando lugar a una maquinaria de violencia e impunidad.

Las detenciones y los interrogatorios 

Entre las múltiples acciones y operativos emprendidos por la Brigada Especial, las detenciones de militantes ocupaban un lugar central. Estas resultaban fundamentales para establecer interrogatorios orientados a obtener información que permitiera avanzar en el desmantelamiento de la LC23S. Dichos interrogatorios, frecuentemente realizados bajo tortura física y psicológica, se convirtieron en una herramienta decisiva para neutralizar la estructura clandestina de la organización, identificar sus espacios de operación y anticipar sus movimientos. En este marco, la recopilación sistemática de información permitió a la Brigada no sólo responder a la ofensiva insurgente, sino intentar desarticularla desde dentro, explotando el conocimiento de los propios militantes capturados.

A manera de ilustración, a inicios de 1977 la Dirección Federal de Seguridad documentó la detención de José Luis Esparza Flores, alias Carlos, acusado de realizar actividades alrededor de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Durante su declaración surgieron los nombres de Margarita Marcelina Andrade Vallejo y Francisco Alfonso Pérez Rayón, identificados por los agentes de la DFS y la Brigada Especial como destacados militantes de la organización. A partir de esa información, ambas corporaciones coordinaron un operativo para localizarlos, el cual se efectuó el 14 de abril con la identificación de una vivienda marcada con el número 55 de la calle Norte, en la colonia Avante de la ciudad de México. En ese lugar, los agentes montaron un importante operativo con el propósito de detener a la pareja; sin embargo, la acción derivó en un enfrentamiento armado que dejó a dos agentes heridos, el fallecimiento de ella y la detención de Francisco, lo que evidenció la intensidad y agresividad con que actuaban los cuerpos represivos del Estado.

Respecto a este caso existen diversas versiones. En la documentación de la Dirección Federal de Seguridad se consigna que los agentes abatieron a Margarita. No obstante, Juan Antonio Andrade, hermano de la militante, sostiene que ella se suicidó, recordando que en una de las últimas ocasiones en que conversaron, le dijo: “a mí no me van a agarrar; viva no me van a agarrar, porque si me agarran viva me van a llevar entre las patas a toda la familia”. Finalmente, Alberto López Limón señala que, durante el enfrentamiento con la Brigada Especial, Margarita alcanzó a lanzar varias bombas y que, en medio de la refriega, una bala disparada desde su propia arma le habría impactado en el parietal derecho. Mientras los informes oficiales la inscriben en la narrativa de la eficacia represiva del Estado, los testimonios familiares y de sus compañeros reivindican su decisión y su agencia política frente a la captura. En conjunto, estos relatos revelan la tensión entre la verdad institucional y la memoria insurgente, así como los modos en que la violencia de Estado buscó imponer una versión única de los hechos. 

Francisco fue trasladado a las instalaciones de la Brigada Especial, donde fue interrogado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Durante esas sesiones se le coaccionó a proporcionar información minuciosa sobre su identidad, incluyendo lugar y fecha de nacimiento, antecedentes familiares, situación sentimental y trayectoria educativa, así como su experiencia dentro de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Bajo tortura, ofreció detalles sobre la estructura interna de la organización, el funcionamiento de sus brigadas, los nombres de algunos de sus integrantes y las estrategias de financiamiento empleadas. También refirió datos acerca de los comités regionales establecidos en distintas zonas del país y los mecanismos de comunicación entre éstos y la dirección nacional, aportando así elementos que resultarían clave para la persecución de la Liga por parte de los aparatos de inteligencia del Estado, en particular por la Brigada Especial.

En un lapso sorprendentemente corto, apenas dos meses, la policía política logró localizar a las personas mencionadas por Pérez Rayón en su declaración, lo que puso en evidencia la radicalidad de los mecanismos de inteligencia y coordinación entre las distintas agencias de seguridad del Estado. Las corporaciones especializadas, como la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), articularon una ofensiva sistemática dirigida a identificar, rastrear y eliminar a los principales cuadros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. En ese contexto, y con excepción de Miguel Ángel Barraza García, todos los integrantes del Consejo de Redacción de la Liga fueron localizados y asesinados entre mayo y junio de 1977. Hasta el día de hoy, Francisco Alfonso Pérez Rayón permanece desaparecido.

Personas desaparecidas 

Lo anterior nos conduce a un aspecto fundamental en torno a la Brigada Especial: el de las personas desaparecidas. Como se ha observado, tras la captura de los militantes muchos eran trasladados a distintos centros clandestinos con el propósito de obtener información mediante coerción. En algunos casos, los detenidos eran liberados bajo estricta vigilancia; en otros, simplemente fueron desaparecidos. Esto puede observarse en el caso de Antonio Hernández Fernández y su esposa, Luz Alejandra Cárdenas Santana, los cuales  fueron detenidos en la colonia Tlaxpana, ciudad de México, por agentes de la Brigada Especial. Tras su captura, ambos fueron llevados a un centro de detención clandestino en las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad y, posteriormente, trasladados al puerto de Acapulco a otra prisión secreta ubicada en los antiguos talleres de la Secretaría de Obras Públicas. Durante su reclusión en este último sitio, Hernández Fernández declaró haber visto con vida a alrededor de cuarenta personas detenidas. Este testimonio constituye una evidencia significativa sobre la existencia de centros clandestinos operados por la Brigada Especial y sobre la magnitud de las desapariciones forzadas cometidas en el marco de la represión contrainsurgente del Estado mexicano para este periodo.

Otro caso significativo ocurrió el 8 de junio de 1978, cuando agentes de la Brigada Blanca detuvieron a Aurelio y Víctor Ramírez Duarte en una operación en el Valle de México. Al día siguiente fueron capturados también Carlos y Guillermo Ramírez Duarte y poco después Rafael Ramírez Duarte, todos trasladados al Campo Militar No. 1, donde fueron sometidos a tortura para obtener información sobre Juan Manuel Ramírez Duarte, señalado como integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Dos días más tarde, María de los Ángeles Ramírez, esposa de Juan Manuel, también fue detenida y torturada; murió poco después de su liberación a causa de las secuelas. Durante su cautiverio, varios miembros de la familia declararon haber visto con vida a Rafael, cuyo paradero aún sigue desconocido. En el expediente se conservan cartas de sus hijos exigiendo su presentación con vida y denunciando los abusos de las fuerzas de seguridad.

El 4 de enero de 1978, Leticia Galarza Campos fue detenida y desaparecida por elementos de la Brigada Especial, en cumplimiento de órdenes directas del entonces jefe de la policía capitalina, Arturo Durazo Moreno. Su captura tuvo lugar en una casa de seguridad ubicada en la colonia Gertrudis Sánchez, en la ciudad de México, como parte de una serie de operativos represivos dirigidos contra presuntos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Durante el operativo, los agentes no sólo detuvieron a Leticia, sino que también se llevaron a su hija de apenas un año de edad, lo que evidenció el carácter arbitrario y brutal de las acciones emprendidas por este cuerpo antiguerrillero. La desaparición de Leticia y la sustracción de su hija se sumaron a una larga lista de denuncias por desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, que desde mediados de la década de 1970 se atribuyeron de manera reiterada a la Brigada Especial.

La Brigada al descubierto

Casos como los anteriores ilustran el grado de descomposición y violencia institucional que caracterizó a la Brigada hacia finales de la década de 1970. Lejos de limitarse a tareas de contrainsurgencia, la corporación también cayó en un descontrol absoluto, marcado por la corrupción, extorsiones, tráfico de drogas, robos, asaltos y secuestros, hasta el punto de competir directamente con las redes criminales encabezadas por el propio Arturo Durazo. A estos delitos se sumaban las graves violaciones a los derechos humanos, acusaciones de desapariciones sistemáticas de estudiantes, militantes y simpatizantes de izquierda, muchos de ellos trasladados a centros clandestinos de detención como el Campo Militar No. 1 o las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad.

La situación llegó a tal extremo que Fernando Gutiérrez Barrios expresó su preocupación al presidente José López Portillo y al secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, por el creciente descrédito público que las acciones de la Brigada estaban generando. Los constantes enfrentamientos, asesinatos en prostíbulos y centros nocturnos, así como los asaltos, secuestros y desapariciones, revelaban que buena parte de los delitos atribuidos a la guerrilla eran, en realidad, acciones ejecutadas por los propios agentes. Este proceso terminó por desnudar la criminalización de la disidencia como una política de represión sistemática, en la que el terror estatal se utilizó como herramienta de control político y social bajo el discurso de la seguridad nacional.

En este sentido, Reyes Heroles comenzó a recibir denuncias formales, respaldadas con pruebas y testimonios, que documentaban casos de tortura, desapariciones y ejecuciones sumarias cometidas por la Brigada Especial. Estas acusaciones no sólo provenían de presos políticos liberados, sino también de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El escándalo trascendió las fronteras, evidenciando la profundidad de las violaciones cometidas por los agentes bajo el amparo del Estado. El descontento también se extendió hacia el interior de las propias estructuras policiales y militares, ya que las notas rojas y los reportajes sobre la brutalidad de la Brigada comenzaban a dañar la imagen del gobierno de López Portillo. Algunos agentes y militares comenzaron a hablar públicamente y, en alguna ocasión, uno de ellos relató que presuntos guerrilleros eran arrojados desde aviones militares en alta mar, testimonio que fue recogido y publicado por la revista Proceso.

Tanto es así que, en los primeros días de enero de 1980, el periodista Carlos Marín publicó en dicha plataforma un reportaje con documentos oficiales que confirmaban la existencia de la Brigada Especial, cuya constitución había sido negada sistemáticamente por las autoridades: 

La Brigada Blanca existe y hay documentos que la descubren como el organismo paramilitar, anticonstitucional pero institucionalizado, del que se sabía sólo por denuncias de sobrevivientes de aprehensiones e interrogatorios, organizaciones defensoras de los derechos humanos y familiares de desaparecidos políticos. Contra reiteradas negativas gubernamentales sobre su existencia, la Brigada Blanca se muestra a sí misma a través de oficios firmados y sellados de corporaciones vertebrales en su cometido.

La revelación causó un escándalo político de grandes dimensiones: cimbró a la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República, las corporaciones policiacas y hasta la Secretaría de la Defensa Nacional. Ante la presión pública y la movilización de organismos como el Frente Nacional Contra la Represión, encabezado por Rosario Ibarra de Piedra, así como de sectores estudiantiles, intelectuales y de la sociedad civil, el entonces secretario de la Defensa, general Félix Galván López, admitió por primera vez la existencia de la Brigada, aunque aseguró que ya había sido “disuelta”. En febrero de 1980, el gobierno ordenó oficialmente su desmantelamiento y dispuso que los agentes comisionados fueran reintegrados a sus respectivas corporaciones. Sin embargo, más que una desaparición real, aquello representó un reacomodo institucional: la Brigada Especial se disolvió formalmente, pero sus métodos, agentes y redes de complicidad continuaron operando dentro del aparato de seguridad del Estado mexicano.

Conclusión

Este acercamiento a las operaciones de la Brigada Especial y su despliegue alrededor de la Liga Comunista 23 de Septiembre permite comprender uno de los momentos más oscuros y sistemáticos de la violencia de Estado en el México contemporáneo. La creación de cuerpos represivos como la Brigada respondió a una estrategia de control político que, bajo el discurso de la seguridad nacional y la defensa del orden, institucionalizó la persecución, la tortura y la desaparición forzada como prácticas cotidianas dentro del aparato gubernamental. La represión contra la Liga no fue un episodio aislado, sino parte de una maquinaria contrainsurgente articulada desde las más altas esferas del poder, en la que convergieron fuerzas militares, policiales e instituciones de inteligencia. 

A través de operativos planificados, la infiltración de espacios sociales y del uso de la tortura como método de obtención de información, el Estado logró desmantelar una parte de las redes insurgentes, pero a costa de instaurar un clima de terror y silencio. Los testimonios de sobrevivientes y la documentación oficial no sólo revelan la voracidad y violencia de esas operaciones, sino también la dimensión humana de sus consecuencias: vidas truncadas, cuerpos desaparecidos y memorias que aún buscan justicia. 

Examinar la historia de la Brigada Especial y de sus víctimas representa un ejercicio de memoria crítica que interpela las formas en que el Estado mexicano construyó su legitimidad mediante la violencia, y una invitación a reconocer en esa historia los cimientos del autoritarismo y de las heridas que aún continúan abiertas en la sociedad mexicana contemporánea.

Para saber más

Aguilar Terrés, María de la Luz, Guerrilleras. Antología de testimonios y textos sobre la participación de las mujeres en los movimientos armados socialistas en México, segunda mitad del siglo XX, 2a. edición, México, edición de la autora, 2014.

Cilia Olmos, David, Testimonios de la Guerra Sucia en México, México, Tierra Roja, 2005.

Marín, Carlos, “La Brigada Blanca existe y vive en el Campo militar número uno”, Proceso, 5 de enero de 1980.

Ortíz Rosas, Rubén, “La Brigada Especial: un instrumento de la contrainsurgencia urbana en el Valle de México (1976-1981)”, tesis para obtener el grado de licenciado en historia, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.

Peñaloza Torres, Alejandro, “El aniquilamiento de la disidencia armada en el marco de la reforma política en México. El caso de la Liga Comunista 23 de Septiembre (1977-1978)”, Cuicuilco. Revista de Ciencias Antropológicas, volumen 25, número 71, enero-abril de 2018, p. 159-179.

Imagen de portada: La Brigada Blanca en acción cerca de Ciudad Universitaria, 24 de enero de 1981. Fotografía tomada de: https://www.jornada.com.mx/2004/03/28/mas-lista.html.