Por Libertad López y Alejandro Ángeles

Karl Marx y Friedrich Engels señalaron de manera clara en el Manifiesto del Partido Comunista que “la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. […] en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otra franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes”.

Precisamente en México durante la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado se presentó una agudización de la lucha de clases. Ante la imposibilidad de un importante número de trabajadores y de sectores populares para acceder a los derechos básicos de trabajo, tierra, vivienda, salud, educación, seguridad social y otros más, se vieron en la necesidad de luchar de manera organizada y abierta. Así, surgieron distintos movimientos campesinos que lucharon por la tierra y contra los maltratos de los caciques, sindicatos que buscaron la independencia y democracia sindical, estudiantes que pelearon por la democratización de las universidades, procesos populares que denunciaron las injusticias y diversas organizaciones que emprendieron la lucha armada revolucionaria para alcanzar la transformación radical de la sociedad. Dichos procesos se dieron en el contexto internacional de la Guerra Fría y de importantes luchas revolucionarias y de liberación nacional que se presentaron en China, Cuba, Argelia y Vietnam.

Ante el descontento y la movilización popular, el Estado mexicano respondió con la cooptación, la infiltración, el corporativismo, la criminalización, el espionaje, la cárcel y aunque en algunas ocasiones se negociaba, en la inmensa mayoría de los casos había negativas de resolver legítimas demandas sociales y populares. Pero con la irrupción y acción de las organizaciones armadas revolucionarias, el Estado emprendió una mayor represión por medio de la ejecución extrajudicial, el encarcelamiento por motivos políticos, la desaparición forzada, las cárceles clandestinas, la tortura y los vuelos de la muerte; todos esos métodos fueron parte de una práctica contrainsurgente, contemplada en la estrategia de guerra de baja intensidad que tenía como objetivo la desarticulación, aislamiento y eliminación de las organizaciones armadas y populares, el sometimiento de la protesta social y el control de la población a través del terrorismo de Estado.

La desaparición forzada: crimen de Estado

La Convención Interamericana para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define la desaparición forzada como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.” 

Es decir, la desaparición forzada de personas es una violación a los derechos humanos porque el Estado es el único responsable de esta acción. Únicamente es el Estado quien puede violar los derechos humanos y en este sentido, el único ente que puede hacer una desaparición forzada ya sea por comisión (cuando la ejercen militares, policías, marinos, etc.), omisión (cuando no aparece ninguna fuerza de seguridad pública), o aquiescencia (cuando grupos ilegales o paramilitares ejecutan la desaparición por órdenes del Estado en forma extraoficial), convirtiéndose así en un crimen de Estado. 

Como ya señalamos, la desaparición forzada de personas es un método de control social que únicamente el Estado puede implementar, ya que articula un conjunto de procedimientos e instituciones que tienen por objetivo la desarticulación y eliminación de distintos procesos organizativos por medio de la violencia física, psicológica y económica, además de la disciplina de la conducta social. 

Otra de las características de la desaparición forzada es que no sólo se afecta al detenido desaparecido, también se trata de una transgresión hacia la familia, los amigos, los compañeros de organización y para toda la sociedad, es decir, los efectos no son personales o individuales, ya que el objetivo es desmovilizar y paralizar la actividad social y política de un conjunto de personas, de una población, región u organización. 

El Comité Cerezo México señala, en su texto Vivos los queremos: claves para entender la desaparición forzada en México, que el primer registro que se tiene de esta desdeñable práctica se remonta al año de 1941 en la Alemania Nazi de Adolfo Hitler, con el decreto “Noche y niebla”, bajo el cual se detuvo, torturó y desaparecieron a cientos de personas, sobre todo comunistas, a quienes se les consideraba enemigas del régimen. 

En América Latina apareció esta práctica en la década de los años sesenta del siglo XX, particularmente en los países que vivieron la represión de las dictaduras militares. La situación en México no fue la excepción, pues, aunque no presenciamos una dictadura militar como los países hermanos, vivimos una contrainsurgencia igual o más violenta que la de esas dictaduras, y aunque no se trata de competir sobre el sufrimiento y dolor de nuestros pueblos, es importante reiterar que la política de represión, terror, violencia y masacre también la padecimos en el país.

En México, la desaparición forzada se ejerció de manera sistemática y permanente –al menos eso se tiene documentado– desde los años sesenta del siglo pasado. Como ya dijimos, en esos años en el país se presentó el surgimiento y avance de las organizaciones armadas revolucionarias. Durante dicho período, el Estado mexicano sostuvo buenas relaciones con las ideas progresistas (al menos en el discurso) y abrió sus puertas a los exiliados latinoamericanos, pero al interior del país se vivió una de las etapas más violentas de la historia contemporánea. 

El Comité Cerezo México señala que entre 1960 y 1982: “diversas organizaciones de derechos humanos y comités de familiares víctimas de desaparición forzada y de otras violaciones a los derechos humanos registraron entre 1200 y 1800 desapariciones forzadas cometidas por motivos políticos”.

La contrainsurgencia como una estrategia que buscaba impedir, someter, dispersar o derrotar la lucha social y popular, requirió planeación, sistematicidad y coordinación de distintas dependencias de seguridad de todos los niveles y de grupos represivos legales e ilegales del Estado. Es decir, se hizo necesario una coordinación de diversas estructuras como las de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Gobernación y el poder judicial. Así, participaron de una u otra manera el presidente en turno, políticos, militares, agentes de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, policías, gobiernos de todos los niveles y grupos paramilitares para realizar las desapariciones forzadas.

Sin embargo, la burguesía también jugó un papel importante y fundamental en la contrainsurgencia y, por lo tanto, en las prácticas de la desaparición forzada. Por ejemplo, el investigador Camilo Vicente Ovalle señala en su libro [Tiempo suspendido]: Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, lo siguiente: 

“Un dato relevante en el proceso de consolidación del Cuartel General [Contra la Subversión, creado en 1973 en Nuevo León] es que parte de su infraestructura, en especial la usada como cárceles clandestinas, en donde se mantuvo en calidad de detenidos-desaparecidos a militantes de las organizaciones guerrilleras y organizaciones populares, fueron proporcionadas por individuos vinculados a los sectores empresariales de Monterrey. Algunos ex militantes, incluso, señalan que los empresarios regiomontanos financiaron a grupos paramilitares clandestinos de la contrainsurgencia”.

La desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la prisión por motivos políticos, es decir, las prácticas de la contrainsurgencia fueron acompañadas de un discurso particular por parte del Estado mexicano para legitimar la falta de respuestas concretas a las demandas populares, pues hubo un esfuerzo por presentar a los luchadores sociales y revolucionarios como meros delincuentes. Se pretendió estigmatizar y señalar a los luchadores sociales como resentidos, drogadictos, alcohólicos, enfermos, criminales, roba vacas, etc., para justificar la violencia de Estado, tal como lo hizo Luis Echeverría en su Cuarto Informe de Gobierno en 1974, al referirse a los jóvenes que luchaban por libertades y democracia de la siguiente manera: 

“Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina; víctimas de la violencia […]”.

Lamentablemente, la desaparición forzada no es una cosa del pasado, es una práctica que ha sido constante y permanente hasta los gobiernos neoliberales. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos el caso de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, detenidos y desaparecidos por el Estado mexicano el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, en el contexto de la insurgencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y quienes tienen una sentencia en la Suprema Corte Justicia que ha sido histórica para seguir forjando el camino jurídico en búsqueda de la verdad y justicia. Otro caso, fue la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014, acción que generó rabia, indignación y mucha solidaridad popular para exigir su presentación.

La exigencia organizada por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos 

Ante la fuerte represión y los crímenes de Estado, en la década de los años setenta se crearon organizaciones y comités de familiares de los detenidos desaparecidos y de presos políticos para exigir justicia y verdad. Una de las organizaciones más visibles y conocidas fue el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, conocido como Comité Eureka y fundado en 1977 por Rosario Ibarra de Piedra para exigir la presentación con vida de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, así como la de otros tantos desaparecidos. En ese andar, resultó que no se trataba de una sóla mujer buscando a su hijo, sino de miles de mujeres y hombres que exigían conocer el paradero de sus familiares, amigos y compañeros. “Las doñas” como fueron conocidas realizaron varias movilizaciones, huelgas de hambre, plantones y múltiples esfuerzos para encontrar a los desaparecidos. 

A un año de la fundación del Comité Eureka se presentaron diferencias en lo interno, por lo que el 3 de octubre de 1978, en el Sindicato de la Liga de Soldadores del entonces Distrito Federal, se dio a conocer el Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos, Asesinados y Exiliados por Razones Políticas, mejor conocido como CNI dirigido por Josefina Martínez y Felipe Martínez Soriano. Este último venía del Movimiento Democrático Universitario (MDU) de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). El propio Martínez Soriano, señaló que el rompimiento con el Comité Eureka se debió a una serie de obstáculos y diferencias que se presentaron de manera más evidente en Guerrero, Monterrey, Puebla, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y el Distrito Federal por actitudes de organizaciones que denominaba oportunistas, diferencias que se venían presentando desde el MDU:

“Pronto surgieron obstáculos y diferencias en tácticas y estrategias para realizar trabajo junto con el Comité Nacional. Situación entendible, por nuestra parte, debido a las dificultades con el PCM en el seno de la universidad, y porque este partido y otras corrientes políticas afines ocupaban puestos en el consejo político del Comité que representaba la Sra. Ibarra de Piedra”.

Debido a la constante represión ejercida por el Estado, el CNI ejerció distintas acciones para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y la libertad de los presos políticos. Así, hicieron uso del derecho de la manifestación popular y social, asistieron a instancias internacionales de gran escala como la Organización de las Naciones Unidas para denunciar las desapariciones, realizaron foros, ocupaciones pacíficas de pasillos de sedes diplomáticas (de Suiza, Bélgica, Holanda, Suecia y Noruega), se entrevistaron con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Políticos (Fedefam), asistieron a congresos internacionales sobre defensa de los derechos humanos (Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, el Salvador y Sudamérica) recorrieron el país para visitar a los presos políticos y contribuyeron en la construcción de un camino jurídico para el reconocimiento de la desaparición forzada como delito que únicamente puede ser cometido por agentes del Estado. 

El desarrollo del trabajo de CNI fue un proceso de maduración muy importante para la lucha popular y para los desaparecidos, pues en los años siguientes se organizaron estructuras de trabajo complejas que consistían en la conformación de los Comités de apoyo regional. Una de esas estructuras fue el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de la Costa Grande de Guerrero, a la que perteneció Atoyac, lugar que más ha sido visibilizado y denunciado por las violaciones a los derechos humanos.

El trabajo metódico y sistemático de CNI lo convirtió en una organización pionera en la defensa de los Derechos Humanos, pues recordemos que para esos años en México no existía el delito de desaparición forzada. Fue el trabajo dirigido por CNI el que colocó los cimientos de una vía legal para reclamar al Estado las violaciones perpetradas contra la sociedad. Es así como en la década de los ochenta se crearon herramientas jurídicas para luchar por los perseguidos, desaparecidos y exiliados bajo denuncias legales. 

La lucha organizada por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos ha tenido avances importantes en México, uno de los casos más emblemáticos es el de Rosendo Radilla, destacado dirigente social de Atoyac de Álvarez, Guerrero, que luchó por mejorar las condiciones de su pueblo, pues, entre otras cosas, promovió la construcción de un hospital rural y una primaria en su comunidad. Rosendo Radilla fue detenido en 1974 por un retén militar acusado “por componer corridos a Lucio Cabañas”, según se atestigua. Esta situación es emblemática porque la denuncia de sus familiares, en 2001, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos logró emitir, en 2009, la primera sentencia en contra del Estado mexicano por violación a los derechos humanos bajo la modalidad de desaparición forzada por elementos militares.

Consideraciones finales

La historia de la desaparición forzada en México va de la mano con la historia de la lucha de los familiares, de los comités y de las organizaciones populares para exigir justicia y verdad. Fueron procesos que dejaron un sin fin de enseñanzas y avances, así como diferencias y desencuentros entre algunas organizaciones, pero aún con las diferencias podemos decir que las distintas organizaciones y comités compartieron el coraje y la esperanza de encontrar a sus detenidos desaparecidos y que en la actualidad son experiencias retomadas por varias organizaciones. 

En la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos hubo personas que destacaron y que se convirtieron en un referente histórico por su disposición, iniciativa y participación. Sin embargo, esa participación y lucha no fue solamente individual, fue el resultado de un esfuerzo colectivo, del análisis de las condiciones y de las enseñanzas de madres, esposas, hijas, hermanas, personas sensibles y solidarias que enfrentaron el acoso policiaco, la criminalización y las amenazas del Estado.

Sin duda, todos esos esfuerzos organizados de ayer y hoy por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos han contribuido a visibilizar la represión del Estado y a la sistematización de la denuncia jurídica para alcanzar el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. 

Desafortunadamente, la desaparición forzada no es algo del pasado, pues mientras no se esclarezcan los casos y se castigue a los culpables no puede darse por concluido. El delito y la violencia son de carácter continuo, es decir, la desaparición forzada es un delito que se mantiene en el tiempo hasta que aparezca el detenido desaparecido, por lo que la exigencia de ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! se mantiene más vigente que nunca. En ese sentido, hay que tener presente que el 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido-Desaparecido o de las Víctimas de Desaparición Forzada y en mayo se conmemora en México la semana internacional del Detenido Desaparecido. En ambos casos, la exigencia es permanente: derecho a la verdad, derecho a la memoria, derecho a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición. 

Para saber más

Comité Cerezo México, Vivo los queremos. Claves para entender la desaparición forzada en México, México, Editorial Viandante, 2018.

Ovalle, Camilo Vicente, [Tiempo suspendido]: Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980, México, Bonilla Artigas Editores, 2019.

Radilla Martínez, Andrea y Claudia E. G. Rangel Lozano (coordinadoras), Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México. Memorias de la represión de Atoyac, Guerrero durante la década de los sesenta, México, Universidad Autónoma de Guerrero, Plaza y Valdés, 2012.

Imagen de portada: Estudiantes realizan la pinta “Fue el Estado” en la plancha del zócalo capitalino después de la marcha para exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, 22 de octubre de 2014. Fotografía: Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro. Imagen tomada de: https://contralacorrupcion.mx/no-es-penoso-es-politico/.