Por Saúl Escobar Toledo

¿Qué significado tiene la incorporación del Día del Trabajo en México?

El Primero de Mayo tuvo en México, en sus orígenes, una inspiración anarquista ya que la marcha de 1913, la primera que ocurrió ese día en la historia de México, fue convocada por la Casa del Obrero, fundada unos meses antes, en septiembre de 1912, por trabajadores textiles y de otros gremios. Estos eventos fueron organizados por el Grupo Luz, “partidario del Sindicalismo Revolucionario”, basado en las teorías de anarquistas españoles y por supuesto en los escritos de Bakunin y otros ideólogos de esta doctrina política. La marcha tuvo como bandera central la jornada laboral de ocho horas y fue una demostración de la fuerza que la Casa y el movimiento obrero habían adquirido en poco tiempo. También fue una manifestación opositora contra la dictadura de Huerta, quien tenía unos meses en el poder después del asesinato del presidente Madero. Los trabajadores querían demostrar que estaban dispuestos a luchar y organizarse a pesar de las prohibiciones del gobierno en turno. Al mismo tiempo, la marcha fue un paro de labores, ya que los trabajadores que participaron en el desfile se ausentaron ese día de sus trabajos en las fábricas, talleres y comercios. En aquellos momentos esta conducta era muy significativa ya que los trabajadores podían ser castigados severamente por faltar a sus labores. Fue una demostración, también, de rebeldía frente a sus patrones. 

Desde entonces, las marchas del Primero de Mayo han cambiado no sólo por su orientación ideológica sino también por sus demandas y sus relaciones con los gobiernos. En los años que siguieron a la Constitución de 1917, las marchas fueron combativas y encabezadas por contingentes independientes. Demandaban, fundamentalmente, el respeto al artículo 123 y la defensa de sus contratos colectivos y el derecho de huelga, aunque también hubo sindicatos que mostraron su apoyo al gobierno. A partir, sobre todo, de los años cincuenta y hasta los años ochenta el desfile del Primero de Mayo se convirtió en un acto que pretendía demostrar la unidad del “movimiento obrero organizado” con el gobierno. Posteriormente, se cancelaron los desfiles de las centrales obreras ligadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y los sindicatos independientes tomaron las calles, exigiendo democracia sindical y aumento de salarios. También se manifestaron contra las políticas neoliberales. Actualmente, el Primero de Mayo se sigue celebrando con marchas independientes de un lado y, de otro, con reuniones entre el presidente y algunos líderes sindicales.

Así, el Primero de Mayo ha sido una ocasión, en diversos momentos, para mostrar la rebeldía de la clase obrera contra el sistema capitalista, para exigir diversas reivindicaciones, para reiterar lealtad al gobierno, para exigir democracia y su oposición a las políticas contrarias a sus intereses y como una demostración de fuerza de las distintas organizaciones sindicales.

Para muchos trabajadores, sobre todo en las últimas décadas, es simplemente un día feriado. Incluso, muchas empresas laboran normalmente y no pagan, de acuerdo con la ley, una remuneración extraordinaria. Muchos medios de comunicación se refieren a esta fecha simplemente como el “día del trabajo”, lo que contradice sus orígenes e inspiración en México y el mundo. A pesar de todo, ese día sigue siendo una celebración de los trabajadores y una ocasión para recordar injusticias y abusos, renovar sus peticiones y mostrar a los patrones y a la sociedad la importancia y el valor del trabajo.

Almuerzo en lo alto de un rascacielos, Charles Clyde Ebbets, 1932. Fotografía tomada de: Wikimedia Commons.

¿Por qué el estado de Veracruz fue el primero en promulgar una ley del trabajo, incluso antes que la federación misma?

El texto original del artículo 123 de la Constitución de 1917, señalaba: “El Congreso de la Unión y la Legislatura de los Estados deberán expedir leyes sobre el trabajo…”. De esta manera, en diversos estados del país los gobiernos se dispusieron a legislar en la materia. Así, según algunos historiadores, tan sólo entre 1917 y 1929, fueron promulgados alrededor de 90 códigos particulares en materia de trabajo con grandes diferencias entre sí, de acuerdo con las fuerzas políticas existentes en cada estado. Algunos fueron muy avanzados como los de Yucatán, Veracruz y Tabasco.

En el caso de Veracruz, los campos petroleros de la Huasteca y la actividad comercial del puerto fueron dos lugares muy importantes que propiciaron la organización obrera. Además, el estado contaba con el sector industrial más desarrollado del país en 1910: la industria textil. Todo ello propició una fuerte movilización política de obreros textiles, ferrocarrileros, petroleros, alijadores y tabacaleros en el periodo 1912-1920. Así, entre 1917 y 1919, se legislaron diversas disposiciones en materia de trabajo cobijadas por el artículo 123 constitucional. 

En 1920, durante la rebelión de Agua Prieta, el gobernador de Veracruz, Cándido Aguilar, leal a Carranza, huyó del país dejando sin titular al ejecutivo estatal. Después del triunfo del alzamiento, Álvaro Obregón lanzó su candidatura presidencial y apoyó la candidatura de Adalberto Tejeda como gobernador de ese estado. 

Una vez instalado en la gubernatura, Tejeda promovió leyes en favor de los obreros y campesinos. Además, según algunos relatos, con el apoyo del gobernador Tejeda, un pequeño grupo formado por Manuel Díaz Ramírez, ex miembro de la Confederación General del Trabajo, el obrero catalán José Fernández Oca, secretario general de la Cámara del Trabajo, y otros activistas sociales entre los que destacaban Manuel Almanza, Herón Proal y Úrsulo Galván, fundaron en Xalapa, Veracruz, el comité local del Partido Comunista. 

El 5 de febrero de 1922 se creó el Sindicato Revolucionario de Inquilinos en el puerto de Veracruz y poco después se llevó a cabo la huelga de pagos de rentas; fue uno de los movimientos sociales más importantes de la década de 1920. 

En este contexto se promulgan en Veracruz las reformas laborales, principalmente dos: la Ley de Participación de Utilidades y la Ley de Enfermedades Profesionales y No Profesionales, entre 1920 y 1923. Tuvieron la oposición de los empresarios, sobre todo textiles, pero la movilización social permitió que no fueran derogadas a pesar de que el gobierno federal no las vio con buenos ojos, sobre todo la que reglamentaba el reparto de utilidades. 

A finales de 1924, Adalberto Tejeda dejó la gubernatura para ocupar la Secretaría de Gobernación en el régimen del general Calles. Sin embargo, mantuvo su apoyo a los movimientos sociales del estado. Luego, en 1928, regresó a Veracruz para ocupar la gubernatura del estado por segunda ocasión y los movimientos agraristas y sindicales renovaron su activismo. El gobernador logró también cambiar algunas instituciones políticas; de esta manera, ese bloque de fuerzas, agraristas, sindicalistas y tejedistas, obtuvieron el control del Partido Nacional Revolucionario (PNR) local, del poder legislativo y de los “ayuntamientos libres”. De esta manera, se lograron cambios importantes, señalan algunos historiadores, de la estructura económica y social en beneficio de los campesinos y obreros de Veracruz.

¿Cuáles son los principales momentos que identifica en la historia de las clases trabajadoras en México?

Sin pensarlo mucho y tomando en cuenta solamente el caso de los trabajadores asalariados urbanos (y no los campesinos, jornaleros o trabajadores por cuenta propia), creo que un primer momento, muy destacable, es sin duda la huelga de Río Blanco en las postrimerías del Porfiriato. Fue un episodio muy significativo porque los obreros estaban organizados en círculos clandestinos afiliados al Partido Liberal Mexicano (PLM); porque demostraron una gran unidad y fuerza, algo que tenía pocos antecedentes en la historia de México; y porque la respuesta de los patrones y especialmente del gobierno fue muy significativa: el presidente Díaz les dijo, en pocas palabras: “ustedes no tienen ningún derecho, así que pónganse a trabajar y no alboroten”. 

Un segundo momento que destaco fue la fundación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) durante el cardenismo, ya que representó un momento de gran fuerza y unidad de los trabajadores. En esos años, había un sindicalismo independiente que se había confrontado con Calles y los gobiernos del maximato; luego se enfrentó a Cárdenas, aunque al mismo tiempo fue aliado del gobierno. Los dirigentes sindicales tenían una visión reformista y nacionalista muy interesante. El sindicalismo se convirtió así en un protagonista político fundamental tanto para apoyar las medidas progresistas del gobierno, destacadamente la expropiación petrolera de 1938, como para influir en la reconstrucción del Estado.

Un tercer momento fue 1948 porque en ese año se reprimen a todas las disidencias obreras y el gobierno de Miguel Alemán puede controlar a los principales sindicatos de industria y a las centrales más importantes. De ahí en adelante, el sindicalismo mexicano va perdiendo autonomía y se subordina a la mecánica política del PRI y se convierte en base de apoyo electoral y de masas de los gobiernos en turno. Ello a pesar de las luchas de resistencia y por la democracia sindical que se dan en los siguientes años en los casos de mineros, maestros, electricistas, ferrocarrileros y electricistas, entre otros.

Precisamente, el cuarto momento que subrayaría sería 1976 cuando la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) es reprimida por el ejército y liquidan al movimiento que se había sostenido durante seis años con movilizaciones permanentes en las calles de varias ciudades, incluyendo la capital del país. La Tendencia Democrática encabezó la llamada “insurgencia sindical” de los años setenta. Así, con su disolución cae el último sindicato importante que se opuso al gobierno. Hay que recordar, además, que la Tendencia Democrática levantó un programa que iba más allá de los asuntos sindicales o gremiales; su derrota significó también la posibilidad de reformar al régimen de la revolución mexicana y conducirlo por una senda de mayor distribución del ingreso y un crecimiento económico más autónomo, así como de un sistema político más democrático que, por supuesto, implicaba un sindicalismo libre e independiente, en oposición al “charrismo” que ya era hegemónico entonces.

Finalmente, el último momento, de entre muchos otros que no voy a mencionar, sería 2019 cuando se aprueban las reformas a la Ley Federal del Trabajo para ponerlas en sintonía con las reformas constitucionales que se habían hecho dos años antes. Es un momento crucial porque las reformas son muy importantes, quizás las más importantes desde 1917, y porque abre el camino legal para la democracia sindical y, sobre todo, la contratación colectiva. La falta de organizaciones representativas y de una relación más equilibrada en las relaciones obrero-patronales, explica que el salario mínimo y los salarios en general hayan sido tan reducidos en México durante tres décadas,  incluso si los comparamos a escala mundial; que los trabajadores mexicanos registren las jornadas laborales más largas también a escala mundial,  y que tuvieran los días de vacaciones más cortos. En fin, una situación de extrema explotación, que produjo altos niveles de pobreza e ineficiencia del aparato productivo. Las reformas de 2017 y 2019 abren una etapa nueva que apenas está despuntando.

Murales de la Industria de Detroit (detalle). Diego Rivera, 1932- 1933. Colección: Detroit Institute of Arts. Imagen tomada de: Wikimedia Commons.

¿Al revisar la historia del sindicalismo mexicano por qué es común pensar que los trabajadores y sus organizaciones entregaron su independencia a cambio de la seguridad social proporcionada por el Estado Mexicano?

La etapa que, particularmente en la historia económica, se conoce como el “milagro mexicano” o del “desarrollo estabilizador”, se distinguió por una estabilidad relativa pero palpable en materia de precios y paridad con el dólar, además, con altos índices de crecimiento del producto. También fue una etapa de industrialización acelerada. Por su parte, el sindicalismo estaba casi totalmente controlado por los liderazgos afines al gobierno, los cuales, como vimos, utilizaron a sus gremios como clientela electoral del PRI y para obtener posiciones en el Congreso y en otros puestos públicos. Hay que reconocer que, también, fue una etapa de crecimiento de los salarios reales y del empleo, así como de mejores prestaciones.

Este periodo abarca de los años cincuenta a principios del año ochenta más o menos, y presenta al mismo tiempo, una cara luminosa, por así decirlo, de bonanza económica, y otra muy oscura, de represión, antidemocracia, control del gobierno, despotismo, corrupción y monopolio del poder por un solo partido. Estas dos caras a veces se explican como si hubiera existido un pacto entre los trabajadores y el gobierno mediante el cual los primeros aceptaron la obediencia y la antidemocracia a cambio de mejores empleos y prestaciones. Pero este pacto nunca existió ni de manera explícita ni figurada. Lo que realmente sucedió fue que, como vimos, en 1948 se inicia un violento proceso de represión y aniquilamiento de la disidencia en los sindicatos y en otros espacios sociales; eso sucedió cuando apenas empezaba el proceso de sustitución de importaciones (SI) y de crecimiento económico.

Perseguidas, encarceladas y maniatadas, las oposiciones sindicales y sociales en general ya no pudieron realmente negociar nada y tuvieron que resistir, a veces heroicamente, el asedio gubernamental. Por su parte, los liderazgos afines al gobierno, los “charros”, aprovecharon la bonanza económica para consolidar sus liderazgos y negociar con el gobierno su protección y un lugar destacado en la maquinaria política del PRI. Pero recordemos que estos liderazgos eran completamente antidemocráticos (salvo algunas excepciones) y por lo tanto esa negociación no fue consultada ni fue resultado de un consenso. Fue una imposición acompañada de altos niveles de violencia.

Quizás el relato que plantea la pregunta, ha sido también atractivo porque en América Latina estos años (cincuentas, sesentas, setentas) estuvieron marcados por golpes de estado, represión militar e incluso supresión “legal” de la actividad sindical en algunos momentos. Al comparar esos niveles de represión y de inestabilidad económica y política con la situación mexicana, algunos encontraban como razón explicativa, ese quid pro quo de obediencia (o falta de independencia) a cambio de seguridad social, salarios al alza y mejores prestaciones. Pero si vemos la historia de manera más amplia, la “excepcionalidad” mexicana se debe a un hecho histórico también excepcional en América Latina, que fue la revolución mexicana. Ahí se puede encontrar la legitimidad del Estado mexicano en casi todo el siglo XX y por lo tanto su capacidad de mantener cierta paz social y un esquema de redistribución del ingreso, bajo un Estado autoritario.

¿Qué opina de las reformas en materia laboral realizadas por el Congreso mexicano en los últimos años?

Como ya mencioné, me parecen de una gran importancia histórica. Fueron resultado de un conjunto de factores tanto a nivel nacional como internacional. Por un lado, el cambio político que se originó en Estados Unidos (EUA) con el triunfo de Donald Trump, lo que llevó a ambos partidos, el Demócrata y el Republicano, a cambiar su visión y sus posturas en torno al libre comercio que tanto habían pregonado, sobre todo los Demócratas, como una vía para el desarrollo y el crecimiento económico mundial. Entonces, después de las elecciones de 2016 se propusieron regular ese comercio, particularmente con México, bajo nuevas modalidades que incluyeron una detallada y minuciosa reglamentación de la libertad sindical y la contratación colectiva. Para ello, tuvieron el apoyo de los sindicatos, tanto de EUA como de Canadá. Y es que buena parte del electorado y las bases sindicales de esos países estaban muy molestos con el llamado outsourcing es decir, la salida de empresas, capitales y fuentes de trabajo de EUA hacia países como México, que cuentan con una fuerza de trabajo más barata. Después de la crisis de 2008, consideraron que era momento de cambiar de rumbo y para ello condicionaron el tratado comercial con México.

Por ello, ahora, el tratado cuenta con un conjunto de cláusulas y mecanismos para logar que la reforma laboral se aplique en México y así, cada vez más, los trabajadores sobre todo de empresas manufactureras de exportación mejoren sus salarios y condiciones de trabajo. De esta manera, piensan nuestros socios comerciales, que el atractivo para la inversión en nuevas plantas fabriles será menor y podrán retener o recuperar empleos.

Sin duda, la presión externa jugó un papel muy importante para que se aprobara la reforma laboral. Pero aquella coincidió también con la llegada de un nuevo gobierno, ajeno a los partidos que habían gobernado el país (PRI y PAN) en los últimos decenios. Con una nueva visión, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo consideraron que se requería aumentar los salarios, en primer lugar el mínimo. De esta manera, aceptaron con entusiasmo la nueva política estadounidense y las nuevas condiciones del tratado ahora bautizado como T-MEC o USMCA. Para el gobierno de MORENA, una mejor distribución del ingreso y una demanda interna más elevada mejorarían el crecimiento. Así que, por distintas razones, tanto la presión externa como la voluntad interna se conjugaron en una coyuntura histórica excepcional, de esas que se presentan quizás cada cien años, para que pudiera legislarse una reforma laboral de la importancia que hoy tenemos.

El problema, ahora, es su aplicación. Las nuevas leyes se han enfrentado a problemas diversos. En primer lugar, las instituciones estaban mal preparadas para las nuevas reglas. Por ejemplo, como en México nunca han existido jueces laborales, los que ahora fungen como tales fueron formados en otras áreas del derecho: civil, penal, administrativo, etc.  y, por lo tanto, no tienen los conocimientos, ni la experiencia y sensibilidad, para entender qué significa aplicar la justicia en las relaciones obrero-patronales. Por otro lado, la ley está mostrando sus defectos y lagunas, lo que es natural en la medida en que se trata de una ley muy novedosa. Finalmente, y de mayor importancia, es que los trabajadores no se han “apropiado” de la ley. Muchos no la conocen; otros no confían en el sindicalismo, pues nunca han tenido una experiencia positiva y creen que todos los sindicatos son, por fuerza, corruptos y ladrones. Ello se debe a que durante casi treinta años los sindicatos fueron una ficción, apoyada en otra: los contratos colectivos de protección patronal. Es decir, no hubo más que excepcionalmente, actividad sindical: reuniones, asambleas, periódicos, marchas, mítines, huelgas, acciones de solidaridad, etc. En síntesis, no hay una cultura sindical. Ahora, los trabajadores más jóvenes tendrán que aprenderla de los más viejos, de otras experiencias y, principalmente, de la vida real. Eso puede tomar un tiempo…

¿Qué lo motivó a escribir su libro El camino obrero. Historia del sindicalismo mexicano, 1907-2017?

En primer lugar, creo que no hay un libro que haga una reflexión del sindicalismo en el siglo XX mexicano. Eso me animó a emprender esa aventura. Hay muchos ensayos, excelentes, que abordan un movimiento, por ejemplo, el de los ferrocarrileros en 1958-59; o un periodo, por ejemplo, la colección coordinada por Pablo González Casanova en la editorial siglo XXI que está dividida en sexenios. Además, la reflexión acerca del sindicalismo, el movimiento obrero, y en general los temas laborales decayó en las últimas décadas, sobre todo si lo comparamos con los años setenta. 

Debo aclarar que El camino obrero es una versión revisada y ampliada de un texto previo que apareció en 2006, primero como un ensayo editado (en un volumen colectivo) por el INAH y luego como libro, publicado por la UNAM. En esos años no se vislumbraba una reforma laboral como la de 2019. Más bien se veía el peligro de que se llevara al Congreso una reforma que “flexibilizara” el trabajo, como efectivamente sucedió en 2012. Por cierto, esa reforma mereció otro ensayo que publiqué hace unos siete años. La reforma de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto trató de legalizar la subcontratación y la contratación por horas de trabajo (y no por jornada completa) entre otras cosas. Era la reforma recomendada por el Fondo Monetario Internacional, que ya se estaba haciendo o se había hecho en varios países latinoamericanos. Por supuesto, además de precarizar el empleo, esas reformas debilitaron a los sindicatos.

Sin embargo, en ese libro de 2006, se puede encontrar, además de una crítica a la flexibilización, una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo que buscaba democratizar los sindicatos y mejorar algunas prestaciones. Esa propuesta fue elaborada por un grupo muy notable de abogados especialistas en derecho laboral y algunos otros profesores con distintas formaciones académicas. Posteriormente, revisada, se llevó al Congreso de la Unión, por distintos dirigentes sindicales que fueron diputados por el PRD. Desafortunadamente, sólo contó con la indolencia de otros diputados del mismo partido y el rechazo tajante del PRI y, en menor medida, del PAN. Total, que nunca se discutió y por supuesto no se aprobó. Sin embargo, fue un primer esbozo de lo que en 2019 se volvería realidad. Darle seguimiento a esa propuesta fue, para mí, un interés permanente. 

Debo decir también que mis estudios acerca de la cuestión sindical datan de hace muchos años,  desde que me acerqué a las luchas sindicales en los años setenta como estudiante de la UNAM. Luego, entré a trabajar en Estudios Históricos del INAH y me pidieron colaborar en otras investigaciones ajenas a ese tema. Sin embargo, mi interés por estudiar el sindicalismo se mantuvo: escribí y publiqué algunas reflexiones, pero también abordé otros temas de historia y  economía. Fue como dije antes,  hasta principios del siglo XXI, cuando decidí reunir mis reflexiones en un texto que tratara de abordar todo el siglo anterior. Finalmente, con el viraje que ocurrió en Estados Unidos y México, consideré que era oportuno reelaborar mis escritos y esto permitió la publicación de El camino obrero en 2021. 

Finalmente, conviene aclarar que no intenté hacer un texto enciclopédico, es decir, un ensayo que narrara todas las luchas y organizaciones sindicales que ha habido en México. Lo que me propuse fue un texto que le diera un sentido histórico al movimiento, desde principios del siglo XX hasta la actualidad, para entender su evolución, sus triunfos y derrotas, el surgimiento y declive de sus organizaciones, sus banderas y programas de lucha y sus posiciones frente al Estado mexicano. Un texto que, sin ser demasiado largo, pudiera servir para reflexionar acerca del presente, abrir preguntas sobre el futuro y recuperar la memoria de las esforzadas y muchas veces heroicas luchas de los trabajadores en México. Un texto no sólo para los estudiosos del tema (“la academia”) sino también atractivo y útil para los sindicalistas del presente y, espero, del futuro inmediato.

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