La corrupción policíaca
noviembre 2, 2020 La Bola

La corrupción policíaca en el México posrevolucionario

Por Alejandro Ponce Hernández

La corrupción policíaca es un fenómeno añejo dentro del sistema político-social mexicano. En la Ciudad de México, ésta ha pasado por diferentes etapas. Dentro de ellas, la que tuvo lugar durante los años veinte del siglo pasado sobresale tanto por sus fundamentos como por sus manifestaciones en la vida cotidiana. Con el beneplácito de las autoridades federales del país, el cuerpo administrativo de la entonces Inspección General de Policía lucró fuera de los marcos legales con ayuda de actos acompañados de manifiestas impunidades y marcadas violencias. Álvaro Obregón (1920-1924) y Plutarco Elías Calles (1924-1928), preocupados por afianzar sus regímenes gubernamentales, permitieron esas dinámicas ya que el cuerpo de vigilancia los auxilió constantemente en labores de represión política. Por otro lado, con el afán de encubrir su sistema delictivo ante la opinión pública,
los comandantes policíacos llevaron a cabo campañas moralizantes que se limitaron al despido y a la estigmatización de los trabajadores menores de la jerarquía policial, es decir, los gendarmes y los comisarios.

La corrupción en México es un problema estructural de larga data. Durante el siglo XX, ésta se expandió de forma endémica entre los diferentes gobiernos autonombrados como revolucionarios. Dentro de todas sus manifestaciones, quizá la que tiene como protagonistas a los cuerpos policíacos sea la más conocida entre la población en general. Es fácil entrever el por qué de ello. Al final de cuentas, los policías representan la cara más visible del Estado. Aprestados con uniformes y placas que legitiman su autoridad, deambulan por las avenidas o esperan impacientes en las aceras de las calles. Su contacto con la población, la mayoría de las veces tenso, suele estar mediado por transacciones monetarias, violencias, abusos de autoridad, represiones y resistencias.

Existen múltiples episodios que reflejan la iniquidad policial en la historia de México. Uno de los más recordados es el protagonizado por Arturo Durazo Moreno. Cual villano de historieta, “el negro” Durazo asesinó, lucró e hizo gala de una opulencia desmedida durante su gestión de la Dirección General de Policía y Tránsito de la Ciudad de México (1976-1982). Sin importar sus antecedentes penales, este personaje llegó a su cargo debido a una amistad que lo ligaba desde la infancia con el entonces presidente José López Portillo. Por este caso, junto con muchos otros, la administración lopezportillista no es recordada por su eslogan de campaña “la solución somos todos”, sino por su reinterpretación acuñada por la sociedad mexicana “la corrupción somos todos”.

Arturo “El Negro” Durazo Moreno, Director General de Policía y Tránsito del Distrito Federal de 1976 a 1982. Tomada de: https://laverdadjuarez.com/index.php/2020/09/27/el-negro-durazo-el-compadre-del-presidente-que-fue-nombrado-general-de-division/

El gobierno lopezportillista fue el último que se cobijó bajo la égida del legado revolucionario. Por ende, se puede llegar a la conclusión de que el comportamiento de “el negro” Durazo fue la manifestación de la cúspide de la corrupción policíaca creada durante la posrevolución. Para comprender sus inicios, es necesario retroceder unas cuantas décadas.  La Ciudad de México y los años veinte son las coordenadas espaciales y temporales. Durante aquellos años, con el afán de afianzar su autoridad, los gobiernos de Álvaro Obregón (1920-1924) y de Plutarco Elías Calles (1924-1928) se valieron de la Inspección General de Policía. Con ello, inauguraron un sistema de prácticas que encumbraron la ilegalidad, la opacidad y la impunidad.

Los señores Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles en la terraza del Castillo de Chapultepec, 1926. Tomada de: http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A460085

La Inspección General de Policía: labor “pacificadora” y recompensa

Durante los años veinte del siglo pasado la violencia heredada del proceso revolucionario aún ebullía en las calles de la capital. Los recintos parlamentarios, los bares, las pulquerías, y los domicilios particulares presenciaban constantemente las riñas entre individuos armados. La nota roja de la época estaba plagada por reportajes de ajusticiamientos y tiroteos. Como la encargada de reprender ese tipo de actividades, la Inspección General de Policía desplegaba a sus gendarmes por la ciudad. La intromisión de los oficiales en los conflictos cotidianos era vista de mala manera y, por lo mismo, resentida y resistida.

Policías en un jardín, 1925. Tomada de:  https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A85335

A la par de la violencia generalizada, la policía tuvo que lidiar con una actividad criminal cada vez más “profesional”. Este tipo de criminalidad, a diferencia del robo que se llevaba a cabo con atención en los descuidos de las víctimas, se basaba en el uso indiscriminado de la violencia y de tecnologías modernas como el automóvil. En su informe de actividades de mediados de 1927, el inspector general de policía describía a esta última de la siguiente manera: “Al ratero vulgar de antaño, cuya codicia quedaba satisfecha con el hurto de un objeto insignificante, lo reemplaza ahora el ladrón científico, instruido, para quien la química y la electricidad no tienen secretos, y quien consciente de la suerte que le espera al ser capturado, no tiene escrúpulos para ser autor de los atentados más inauditos en contra de la propiedad y de la vida”

En teoría, como se puede ver, la policía de la Ciudad de México contaba con espectaculares desafíos. Sin embargo, la perspectiva histórica permite afirmar que, más allá de establecer dinámicas antagónicas con el crimen y la violencia, los cuerpos policíacos jugaron la carta de la permisividad. Un estatus quo de tolerancia se construyó alrededor de las fuerzas del orden y de los criminales. Fuera de ese entendimiento, las protestas de estudiantes, trabajadores y políticos adversos al sistema eran acometidas con las más severas respuestas.

La represión fue uno de los elementos más utilizados por el gobierno para sofocar las constantes huelgas que poco a poco llenaron el centro de la ciudad de consignas políticas y sociales. La legitimidad de la represión se basaba en la negación por parte de las autoridades del permiso necesario para llevar a cabo las manifestaciones. Es relativamente fácil caer en la cuenta de que dicho permiso sólo se otorgaba cuando los marchantes carecían de un mensaje crítico o de un contenido discursivo potencialmente subversivo. Las “espontáneas” demostraciones multitudinarias de apoyo a los candidatos oficiales o a los presidentes en turno nunca tuvieron mayores dificultades para llevarse a cabo. La huelga inquilinaria que pugnaba por el mejoramiento de las condiciones de vida existentes en las colonias populares, por el contrario, fue fuertemente castigada.

Policías y bomberos en el zócalo de la Ciudad de México después de dispersar una manifestación religiosa, 1926. Tomada de: https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A63649

Organizado por el incipiente Partido Comunista Mexicano en marzo de 1922, el Sindicato Inquilinario del Distrito Federal afilió a miles de colonos en un par de meses. Esgrimiendo la estrategia de la acción directa, los sindicalizados dejaron de pagar rentas, evitaron el desalojo de colonos “morosos”, restablecieron a los que habían sido echados a la calle y emprendieron una campaña de mejoras materiales con el dinero detenido de las rentas. Ante un movimiento de masas con un potencial tan explosivo, el gobierno decidió intervenir de forma cautelosa. Primero creó un sindicato amarillo de inquilinos con ayuda de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM). En cuanto se percibió el debilitamiento interno del Sindicato, la policía entró en escena. La represión de las manifestaciones en las calles, la vigilancia de los desalojos y la detención o desaparición de los líderes del movimiento fueron algunas de las estrategias que utilizaron.

Policías y trabajadores en una calle durante una huelga, 1925. Tomada de: https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A98807

La oposición en el poder legislativo también fue tratada con dureza. Un ejemplo sobresaliente de ello puede verse en el asesinato de Field Jurado. Senador por Campeche en la XXX legislatura, Jurado fue uno de los principales líderes opositores a la conformación de la Convención Especial de Reclamaciones formada por las conferencias de Bucareli (un convenio que le permitiría al gobierno mexicano entablar relaciones diplomáticas con Estados Unidos). El 23 de enero de 1924, al salir del Congreso, Jurado fue seguido, acorralado y asesinado por cinco individuos. Uno de los jueces del caso hizo declaraciones en contra de la Inspección General de Policía, acusándola de proteger a los homicidas y de no poner mayores esfuerzos en las investigaciones del homicidio.

Los perpetradores de la rebelión cristera, organizada como respuesta al anticlericalismo del régimen de Calles, igualmente pagaron un alto precio. Tras un fallido atentado dinamitero en contra Obregón a finales de 1927, Calles, con la intención de poner un ejemplo de la mano dura del gobierno y sin respetar las formas apropiadas, ordenó fusilar sin previo juicio a Luis Segura Vilchis, Miguel Agustín Pro y Juan Tirado en las instalaciones de la Inspección General.

Padre Pro Juárez al ser fusilado, 1927. Tomada de: https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A63209

Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles utilizaron a la gendarmería con el objetivo de mantener a raya a la población civil que se revelaba contra el gobierno posrevolucionario que estaban construyendo. Con el afán de mantener esa funcionalidad, durante la segunda mitad de la década aquí abordada los altos mandos de la Inspección General fueron otorgados a militares que habían demostrado su fidelidad al régimen obregonista-callista durante la rebelión delahuertista de 1924. En sus memorias, Roberto Cruz, uno de esos militares, consigna el acuerdo que entabló personalmente con Calles al momento de tomar el mando de la Inspección General a finales de 1925: “Yo no la llamaba Inspección General de Policía, sino Secretaría de Seguridad Pública, toda vez que yo dependía del presidente, y tenía acuerdo con él como cualquier ministro”. La policía, en fin, se transformó en el garrote del nuevo Estado. Ante todo ello, ¿cuál era la ganancia de los funcionarios de la ley y el orden?

Álvaro Obregón, Roberto Cruz y políticos presiden un evento, 1920 – 1924. Tomada de: https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A60188

 

Los altos mandos de la Inspección General, tras actuar como el escudo y la espada del Estado en la Ciudad de México, eran dejados en libertad para enriquecer sus arcas con el miedo de la población y con las utilidades de negocios ilícitos. En el contexto de la persecución religiosa, por ejemplo, los agentes de la Inspección se aprovecharon de la vulnerabilidad de los grupos católicos y obtuvieron cantidades significativas de dinero y de objetos religiosos tales como pinturas, ornamentos y joyas.

La existencia de informes confidenciales (investigaciones sobre asuntos internos) permite conocer el nombre de algunos de los mandos corruptos. José Mascorro es uno de ellos. Con el puesto de primer jefe de las comisiones de seguridad, obtenía una gran cantidad de dinero mediante el cobro de cuotas a prostíbulos y proxenetas. Las sustancias ilegales también formaban parte en el horizonte de sus negocios. Recibía dividendos por permitir la venta de opio en el barrio chino ubicado en el segundo callejón de Dolores. Asimismo, les encargaba a sus subalternos la venta de algunas de las drogas que obtenía de aprehensiones.

Valente Quintana, Pablo Meneses y Pedro J. Almada, jefe de las comisiones de seguridad, secretario e inspector general respectivamente, encabezaron el mayor escándalo policial de aquellos años. Sus abundantes actos corruptos salieron a la luz pública y protagonizaron varias primeras planas en la prensa metropolitana durante los primeros meses de 1925. Se les acusaba de administrar burdeles, de hacer negocio con el dinero recuperado de robos, de mantener contubernios con el hampa, de utilizar a los gendarmes como empleados particulares y de registrar múltiples aviadores en la nómina de la corporación policíaca. A pesar de las abundantes pruebas en su contra, las acusaciones en su contra no prosperaron y los tres fueron exonerados. Valente Quintana, tiempo después, regresó a la corporación con el cargo de jefe de Policía de la reformada Jefatura de Policía del Distrito Federal.

Naturalmente, la corrupción era percibida de forma negativa por la opinión pública. La intocabilidad de los altos mandos policíacos despertaba suspicacias y recelos. Para contrarrestarlos, en la Inspección se llevaron a cabo campañas de moralización. Más que extirpar los malos hábitos de la corporación, estas cruzadas se limitaron a estigmatizar a los subalternos menores, es decir, a los gendarmes de a pie.

Retrato de un policía, 1925. Tomada de: http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A154311

Los gendarmes: verdugos y víctimas

Los gendarmes eran la parte más visible de la Inspección General de Policía. Ataviados con uniformes desgastados y fusiles añosos, patrullaban la ciudad durante largas jornadas. Para matar el tiempo y saciar su hambre, solían darse cita en las fondas y pulquerías de la ciudad. Por ello, no es difícil encontrar referencias a oficiales ebrios escandalizando en los barrios y vecindades. Su convivencia con los individuos que encontraban dentro de su jurisdicción, muchos de los cuales solían ser sus vecinos, era ambivalente: iban desde el trato amable y simpático hasta el intercambio de groserías y golpes.

El gendarme sobrevivía con un salario raquítico. Aunado a ello, sufría las extorsiones de sus jefes. En muchas ocasiones estos últimos le exigían parte de su sueldo para cooperativas inexistentes. A su vez, le imponían un sinnúmero de multas que mermaban aún más sus posibilidades de subsistencia. Ante estas condiciones, es fácil entrever el por qué los oficiales solían reaccionar positivamente cuando los ciudadanos infractores les ofrecían compensaciones monetarias a cambio de sus connivencias y de sus silencios. Los pactos extraoficiales, como hoy, eran moneda corriente entre policías y ciudadanos.

Los gendarmes, a su vez, eran cómplices de sus dirigentes. Para que el complejo sistema ilegal del que se ha hablado llegase a buen puerto, los policías de a pie eran una pieza clave. Ellos eran los que recolectaban el dinero de cuotas y de negocios ilícitos. Ellos eran los que amedrentaban a los deudores y los que vendían las sustancias ilegales. En pocas palabras, ellos eran la cara más visible la corrupción. Esta situación hizo más fácil su identificación como el problema interno de la policía.

Para Obregón y Calles, Pedro J. Almada, Pablo Meneses, Valente Quintana, José Mascorro y Roberto Cruz no tenían nada que ver con los malos derroteros por los que caminaba la institución que ellos comandaban. Ante las autoridades, al menos de forma oficial, los gendarmes eran los responsables directos de los mil y un abusos que se le achacaban a la Inspección General. Esa burocracia de banqueta con pésimo salario fue la que pagó el precio por las fechorías que se cometían en su trabajo. Sin las pruebas necesarias, a lo largo de los años veinte muchos de sus integrantes fueron despedidos y tuvieron que soportar largas condenas en prisión. Las purgas, como se les denominaba en los medios, fueron celebradas por la Revista de policía. En una de sus notas se plasmaron con orgullo desmedido las siguientes palabras: “Esta es la verdadera labor: la que comienza por uno mismo, la que, en busca del mejoramiento, impone, como el buen juez del refrán, la justicia comenzando por casa”.

El candidato presidencial Álvaro Obregón en el cuartel de Peredo de la gendarmería montada, 1928. Tomada de: https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A432156

Algunos de los agentes despedidos protestaron por sus destituciones arbitrarias y por ser responsabilizados por delitos que no habían cometido. Por ejemplo, en una carta dirigida en febrero de 1925 a Plutarco Elías Calles, veinte oficiales cesados evidenciaron que Alfonso Frías, uno de los principales implicados en los negocios sucios de Valente Quintana y Pablo Meneses, seguía prestando sus servicios en la corporación bajo el mando del nuevo encargado de la policía reservada. La solicitud final fue la siguiente:

Nosotros lo que queremos es que se depure la conducta de estos sujetos y que la autoridad les exija la responsabilidad criminal y que los intereses mal habidos que estos tienen pasen al poder del gobierno por ser producto de asaltos, plagios y robos de todas las índoles, y que purguen sus crímenes para ejemplo de la corporación, pues nosotros pedimos el castigo de todos los que estén en complicidad con ellos, pues así los que no tuvimos ninguna participación en delitos y que hayamos cumplido con nuestro deber creemos de justicia se nos vuelva a restituir en nuestro empleo, pues ellos mismos señalarán a sus cómplices y los inocentes quedaremos en [el] lugar que nos corresponde, por ser de toda justicia

Los llamados a la justicia por parte de los gendarmes llegaron a oídos sordos. De la noche a la mañana se encontraron sin trabajo y con historiales sumamente negativos en sus currículos. Por el contrario, como se ha visto líneas arriba, los altos mandos salieron bien parados de sus juicios y con la posibilidad de volver a sus funciones públicas una vez que las aguas amainasen.

Los gendarmes no sólo sufrían por el actuar de sus superiores. También eran víctimas de las venganzas de los vecinos de la ciudad. Éstos, cansados de los abusos de autoridad, golpeaban a los oficiales cada vez que se presentaba una oportunidad. Los testimonios de linchamientos de policías abundan en aquellos años. Hubiesen participado o no en actos inmorales, muchos oficiales eran heridos por turbas iracundas. Los crímenes de unos pesaban sobre los otros. La sociedad desprendió de su aspecto individual a los gendarmes y les asignó una personalidad de cuerpo. Dejando de lado los méritos personales, los policías eran valorados bajo un mismo parámetro. No existían los individuos, existía la corporación; no existían las personas, existía la institución.  La mala imagen de la policía, en fin, afectaba a todos sus integrantes.

Policías conduciendo a un individuo en los patios de la cárcel de Belén, 1925. Tomada de https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A206643

Una larga historia de abusos

En 1969, en uno de los libros fundacionales de la novela negra en México, Rafael Bernal acuñó una frase que inmortaliza el fenómeno abordado en este artículo: “Para dedicarse al oficio de tercería, para asaltar a mano armada y demás actividades, es necesario andar con algún policía”. El Complot mongol sigue de cerca las actividades de Filiberto García, un antiguo villista que con el tiempo se transformó en policía. Como agente del orden, su trabajo se limitó a matar constantemente siguiendo las órdenes de “los de arriba”. Como recompensa por su servicio, García era libre de enriquecerse de las maneras que él mejor considerase. Como se ha visto, el relato de Bernal sigue muy de cerca el patrón que fue inaugurado durante la temprana posrevolución. El modelo que conjunta dentro de los cuerpos de seguridad a la fidelidad política con la impunidad criminal ha sido fecundo en la historia del México contemporáneo. La impunidad sólo puede generar más impunidad.

Más que una verdad dolorosa, la corrupción policíaca se ha vuelto parte del sentido común del mexicano. Según las reglas del teatro, la suma de la tragedia y el tiempo da como resultado la comedia. Ello explica la proliferación de chistes acerca de la mala actuación de aquellos que supuestamente trabajan para mantenernos seguros. Como ejemplo de ello se pueden traer a la conversación las caricaturas de José Trinidad Camacho (Trino) recolectadas en la serie Fabulas de policías y ladrones. Ante todo esto, sólo nos queda preguntarnos ¿Es posible enderezar el sistema policíaco? ¿Tenemos alguna opción que vaya más allá de la resignación y el humor?

 José Trinidad Camacho, Información clasificada para puro viejo ratero, cochino, marrano…, 1 de diciembre de 2014. Tomada de:  https://www.facebook.com/monosdetrino/photos/a.201004608414/10152879213853415/

 

Para saber más

Gómez Estrada, José Alfredo, “Élite de Estado y prácticas política. Una aproximación al estudio de la corrupción en México, 1920-1934” en Estudios de historia moderna y contemporánea de México, México, UNAM: IIH, Núm. 52, julio-diciembre de 2016, pp.52-68.

Ponce Hernández, Alejandro, “Esbirros gobiernistas. Los perfiles de la corrupción policiaca en la ciudad de México durante los años veinte” en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, México, UNAM: IIH, Núm. 58, julio-diciembre de 2019, pp.229-258.

Pulido Esteva, Diego, “Los negocios de la policía en la ciudad de México durante la posrevolución” en Trashumante. Revista Americana de Historia Social, México, UAM: Unidad Cuajimalpa, Núm. 6, julio-diciembre de 2015, pp.8-31.

Scherer García, Julio, El indio que mató al padre Pro, México, FCE, 2005 (colección tezontle).

Comenta con tu cuenta de Facebook