Dádivas, regalos y sobornos
noviembre 1, 2020 La Bola

Dádivas, regalos y sobornos: la corrupción en Nueva España 1600-1750

Por Rodrigo Gordoa de la Huerta

El objetivo del artículo es presentar una visión panorámica de las principales prácticas corruptas perpetradas por los representantes de los distintos niveles del gobierno virreinal novohispano entre los siglos XVII y XVIII. Con este fin, se abordarán dos conceptos fundamentales: el primero, el ideal imperante en el antiguo régimen del iudex perfectus, juez perfecto, como un modelo del buen gobierno encarnado en el monarca hispano. El segundo concepto, a manera de “otra cara de la moneda”, es la “corrupción”, entendida como aquellas costumbres inapropiadas que desplazaron a las leyes justas hacia el beneficio personal de los jueces.

Así como representarán los públicos magistrados a los Reyes, y se visten

de su Dignidad, Autoridad y Poder, han de vestirse de sus virtudes, y

huir como los demás de los vicios de su misma profesión.

Juan de Palafox, Manual de estados y profesiones, 1662

 

Corromper.

Viciar, destruir, depravar y dañar alguna cosa.

Vale assimismo sobornar o cohechar, o ganar al Juez o otra persona con dádivas

Diccionario de autoridades, Tomo II (1739)

Hoy en día es común escuchar en los medios de comunicación la palabra “corrupción”. Ya sea desde el centro del debate político, en el cual se insiste en establecer un gobierno guiado por la “honestidad” y enfocado en el “combate a la corrupción”, o como un “mal endémico” que, cínicamente, algunos señalaron como parte de la “cultura del mexicano”, esta práctica parece ser el origen histórico de todos los males que aquejan al país. En dicho contexto, uno de los lugares comunes más socorridos es afirmar que la corrupción es un mal heredado del periodo colonial.

Parece ser – y así lo afirmaron, tanto Peña Nieto en su declaración de que la corrupción es parte de nuestra cultura, como el presidente López Obrador en su libro Hacia una economía moral – que la corrupción, entendida como el uso de un puesto público para un enriquecimiento o beneficio personal, llegó a México desde que Hernán Cortés fundó el cabildo de la Villa Rica de la Veracruz. A partir de ese fatídico momento, se suele pensar que las prácticas corruptas transitaron, cual peste o viruela, con los españoles desde las costas veracruzanas hasta las entrañas de México-Tenochtitlan.

En ese sentido, la imagen popular del colonizador español es la del codicioso y violento aventurero fundiendo desesperadamente el oro mexica en el palacio de Axcayátl que terminó o ahogado en los canales de Tenochtitlan durante la noche triste, o como un ruin explotador que sistemáticamente abusó de la población indígena hasta el levantamiento de Hidalgo en 1810.

Diego Rivera, Epopeya del pueblo mexicano, 1935 (Detalle), Palacio Nacional. Tomada de: commons.wikimedia.org

Si bien es indudable que durante el periodo virreinal se cometieron un sinnúmero de fraudes y prácticas corruptas, no es mi intención en estas páginas exaltar al pasado virreinal o elaborar un juicio retroactivo, estéril en términos analíticos y parcial, dado que los acusados ya no pueden defenderse. En cambio, vale la pena hacer una breve acotación sobre el uso del término “corrupción” para el estudio del periodo virreinal. En los últimos años, el estudio de las prácticas fraudulentas enmarcadas dentro del concepto de “corrupción” en la monarquía hispánica ha generado una profusa bibliografía, sin embargo, hasta ahora no existe un consenso o una definición exacta sobre qué era la corrupción en el antiguo régimen.

Ante el riesgo de caer en anacronismos, juzgando al pasado con conceptos y valores del presente, me limitaré a retomar algunas definiciones de la época. A diferencia de nuestra definición actual de la corrupción, entendida como la violación de diversas leyes para obtener un beneficio personal, en el antiguo régimen existían diversas acepciones de esta palabra.

En términos generales, la corrupción era entendida como un concepto que denotaba decadencia física o moral. Desde un ámbito material, se clasificaban como “corruptas”, las aguas de las acequias y canales de la Ciudad de México, una pieza de carne podrida o incluso una bota de vino adulterado, en ese sentido, la corrupción era entendida como sinónimo de descomposición o putrefacción. En cuanto al ámbito moral, la corrupción estaba vinculada al distanciamiento de los hombres de las principales virtudes cristianas. Por ejemplo, en ocasiones el clero expresaba su preocupación por la “corrupción de las almas” de sus feligreses o hablaban de una “mujer corrupta” a manera de condena por no conservar su castidad.

Ahora bien, cuando se hace referencia a las “prácticas corruptas” dentro del gobierno virreinal, nos referimos a una amplia gama de conductas ilícitas o desviadas de lo que en la época era considerado como el “buen gobierno”. Eran conductas que, metafóricamente, “desviaban el cause correcto de la justicia” a favor de los intereses personales de los “ministros del rey”.

En este punto, la lectora o lector se preguntará ¿qué se entendía por un “buen gobierno” en la época virreinal? Para responder a esta pregunta, primero hay que entender el tipo de sociedad que estamos analizando. La sociedad novohispana era, como el resto de las sociedades del antiguo régimen, sustancialmente diferente a la nuestra. En la medida de lo posible, hay que advertir que cuando estudiamos a las sociedades de los siglos XVII y XVIII, estamos ante formas de organización social y de ordenamiento jurídico cuya alteridad es en ocasiones indescifrable si nos acercamos desde nuestras concepciones actuales de justicia o gobierno, derivados del liberalismo del siglo XIX.

Estamos ante una monarquía hispánica con una organización política que dependía de un paradigma de “orden revelado”, en el cual las normas básicas de la estructura social y su organización emanaban directamente de Dios, eran parte de un orden natural o de creación divina, ajeno a la voluntad de los hombres. A partir de este orden social y jurídico de matriz religiosa, existía una concepción corporativa de la sociedad, en la cual cada sujeto existía en tanto era parte de una corporación, como podían ser los gremios de artesanos, el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México o las cofradías.

 

Guaman Poma, Felipe, Nueva crónica y buen gobierno, 1615, f.436. Tomada de: http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/438/es/text/?open=idm45821230497568

Dentro de este orden, el gobierno de la monarquía hispánica en general y en particular de Nueva España era de carácter jurisdiccional y tenía un origen derivado del Derecho común. Este Derecho estuvo conformado por las instituciones del Derecho Romano y el canónico, los cuales constituyeron la base del sistema jurídico europeo y por extensión del novohispano. En el caso de Castilla, la recepción del llamado ius commune se gestó con las Siete Partidas de Alfonso X “El Sabio”, la cual fue adoptada de manera supletoria a otras fuentes de derecho locales o iura propria. Por lo tanto, el orden jurídico novohispano se conformó de diversas fuentes de derecho, cuya aplicación por los jueces se dio de manera tópica, es decir, a partir de cada caso concreto.

En este orden jurisdiccional el gobierno era ejercido a través de la justicia, entendida desde una noción establecida por el jurisprudente romano Ulpiano en el siglo III y que permaneció vigente hasta el siglo XIX: la justicia entendida como la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo que es suyo. En ese sentido, el rey era considerado como el juez perfecto y sus ministros debían actuar a su imagen y semejanza.

En síntesis, el gobierno virreinal no estaba dividido en poderes, ni respondía a una única fuente de derecho codificada, como el gobierno republicano actual, sino que era parte de una Monarquía católica regida por un orden jurisdiccional con distintas fuentes de derecho. La administración de justicia era un acto fundamental del poder político, “hacer justicia” implicaba la conservación de un orden establecido.

La clave para comprender este orden jurídico inserto en una cultura jurisdiccional es entender que el poder político consistía en ejercer la potestad de dictar derecho (iurisdictio). En consecuencia, el poder político se manifestaba como una lectura y declaración de un orden preexistente y que debía ser mantenido. Por lo tanto, los ministros o jueces de la Corona debían actuar de manera imparcial, sin pasiones o vínculos personales.

En este orden, los ministros, en calidad de representantes del Monarca, ejercían el “buen gobierno” por la vía de la justicia, la cual era ejercida por medio de la ponderación de diversas fuentes de derecho (normas escritas, textos bíblicos, tratadística, tradiciones y costumbres). Las sentencias eran, por lo tanto, producto de la tópica, es decir, que se apelaba a alguna fuente de derecho según la situación particular de cada caso. El buen gobierno consistía, entonces, en dictar derecho para cada situación particular, con el fin de mantener el orden por la vía de darle a cada quien lo que le correspondía dentro del orden jurisdiccional.

Anónimo, Biombo de enseñanzas y países, 1770-1800, Museo Franz Mayer. Tomada de: https://franzmayer.org.mx/colecciones/franz-mayer/?mgp_639=2&mgi_639=1725/biombo-de-ensenanzas-y-paises

 

En ese sentido, varios tratadistas afirmaban que, para ejercer de manera efectiva su cargo, los jueces debían estar libres de toda pasión (odio, temor o codicia) para que pudieran actuar con toda imparcialidad. Dado que los jueces eran personas públicas, dotados de la potestad necesaria para declarar el derecho, debían ejercer su oficio manteniéndose por completo ajenos de sus intereses privados. La guía de los ministros era la de un “juez ideal”, encarnado en el rey.

Anónimo, Las tentaciones del corazón humano, c.a. 1700, 64 cm x 44.5 cm, Museo Nacional del Virreinato, INAH. Tomada de:  http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks?page=36&topic=1

Una vez que hemos esbozado las características principales del “buen gobierno” en el antiguo régimen, trataremos algunas prácticas consideradas como “corrupción”. Como vimos, la corrupción no implicaba la violación de leyes o de procedimientos administrativos para obtener un beneficio propio. En su lugar, podemos señalar que la corrupción eran aquellas acciones que alejaban a los ministros de ejercer su oficio “fiel y diligentemente”, es decir, de las virtudes morales y de la impartición de justicia como manera de mantener el orden natural de las cosas.

Este juramento era dictado tanto por aquellos oficiales y ministros nombrados directamente por el Monarca, como aquellos que adquirían por medio de una suma considerable los llamados “oficios vendibles y renunciables”. En ese sentido, hay que señalar que la venta de cargos y la venalidad eran fenómenos generalizados entre el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Sin embargo, dichas prácticas no necesariamente fueron consideradas por si mismas como corruptas, sino como un sistema de dominio indirecto que podía dar lugar a casos de corrupción.

Anónimo, Alegoría de los pecados, c.a. 1700, Colección Particular, s/m. Tomada de: http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks?page=36&topic=1

La primera práctica que desviaba a los jueces de un correcto proceder era la recepción de sobornos, dádivas o “regalos” que influyeran en las decisiones de un proceso judicial. Esta modalidad de corrupción era particularmente complicada de clasificar en los tribunales novohispanos, dado que existía una delgada línea entre recibir mercancías, dinero o alguna atención como agradecimiento por alguna sentencia, acto que en si mismo no era punible, y recibir un soborno que alterara el proceso o sentencia de algún litigio tratado en instancias, como la Audiencia de México.

Entre las múltiples denuncias por sobornos que han tratado diversos autores especializados en el tema, destacan algunas maneras claramente corruptas como la extorsión a los litigantes para atender sus casos, la recepción de regalos antes de dictar una sentencia o incluso la presentación de testigos a modo en un juicio a cambio de una suma pactada por el juez y los litigantes. El soborno era considerado como un pacto entre dos o más partes para conformar un veredicto ilícito. La palabra empleada en las causas judiciales era en particular la de “cohecho”, entendida como “la dádiva, don o pago que recibe el Juez, Ministro o testigo para que haga lo que se pide, aunque sea contra razón”.

Anónimo, Alegoría de la jurisprudencia, 1725, Bolivia, s/m, Colección privada. Tomada de: http://artecolonialamericano.az.uniandes.edu.co:8080/artworks?page=36&topic=1

Otro tipo de corruptela como el cobro de dádivas o la malversación y desaparición de fondos fueron perpetradas de manera constante al interior de la Real Hacienda. El control de los caudales derivados de la captación fiscal podía conllevar una gran tentación. Es por ello que, desde finales del siglo XVI y durante las primeras décadas del siglo XVII, se establecieron diversos mecanismos de supervisión sobre los oficiales reales de las cajas y los contadores generales de rentas, entre los que destacó el Tribunal de Cuentas, creado en 1605.

De manera complementaria a la supervisión por medio de este tribunal y de diversas contadurías dedicadas al control contable sobre la recaudación de las alcabalas y el tributo o la distribución de materias primas de gran importancia para el virreinato como el azogue, la Corona empleó diversos medios de supervisión sobre los oficiales de la Real Hacienda. Entre ellos, destacaron las pesquisas, las averiguaciones o las visitas, que en esencia era comisiones especiales que buscaban remediar los abusos u omisiones perpetradas al interior de las oficinas del erario real.

Pinturas realizadas por los indios de Tenayuca representando los malos tratos hechos por el corregidor Francisco Rodríguez Magariño” 1567, Archivo General de Indias, MP-México, 9.

La preocupación de las autoridades reales por controlar a los oficiales reales no era un asunto baladí. Entre las diversas estrategias para hacerse de recursos, los miembros del real erario solían exigir cuotas considerables sobre el cobro de las libranzas, documentos de pago autorizados por el virrey y el Tribunal de Cuentas. Para hacer efectivo el pago de estos documentos, los oficiales exigían, dependiendo de la suma solicitada, la antigüedad y conceptos del cobro, un porcentaje para su propio beneficio. Esta práctica ha sido estudiada ampliamente por los historiadores y estuvo vinculada a un mercado ilícito y especulativo de estos documentos de cobro, el cual se extendió por todo el virreinato y en Castilla. Era, en parte, una de las consecuencias de la escasez crónica de circulante o dinero líquido que experimentó la Nueva España.

Además de esta práctica, en los expedientes judiciales resguardados en acervos como el Archivo General de la Nación o el Archivo General de Indias de Sevilla se pueden encontrar un sinnúmero de abusos cometidos por los oficiales reales. Entre ellos, podemos señalar algunos de gravedad, como la falsificación o desaparición de documentos contables y las modificaciones de los libros de las cajas reales, donde se consignaban los movimientos de los caudales recaudados por la gran variedad de rentas reales e impuestos pertenecientes a la Corona. Con la destrucción de una foja de alguna partida contable o el sub registro de algún ingreso fiscal, los oficiales reales podían apropiarse o “desaparecer” grandes sumas.

Frente a esta amenaza, el real erario disponía de algunos medios de supervisión, como era la revisión de los libros de cuentas por el Tribunal de Cuentas o los llamados “juicios de residencia”. El principal problema con estos medios de rendición de cuentas fue que padecieron un atraso recurrente en la revisión de los libros de cada una de las cajas del virreinato, y en muchas ocasiones resultó imposible juzgar a los responsables por malversación o hurto de caudales, bien porque habían huido o porque fallecían.

Guaman Poma, Felipe, Nueva crónica y buen gobierno, 1615, f.49. Tomada de: [http://www5.kb.dk/permalink/2006/poma/438/es/text/?open=idm45821230497568]

La malversación de caudales pertenecientes a la Corona no fue un fenómeno exclusivo del real erario. Estas prácticas se extendieron entre los miembros de la administración real (Virreyes, miembros del Tribunal de Cuentas u oficiales de la Real Hacienda) y entre los alcaldes mayores y corregidores, encargados del gobierno, la impartición de justicia y de la recaudación de algunas rentas reales en el ámbito local o provincial.

La primera fue el repartimiento forzoso de mercancías entre los indios, acto ilícito que fue muy común en los pueblos de indios y materia común de los memoriales y litigios presentados ante los tribunales novohispanos. Esta forma de comercio era parte de un circuito crediticio y mercantil más amplio que involucró la integración coactiva de la población indígena al mercado monetizado, la venta de “productos de la tierra” a precios menores y la compra forzosa de “productos de Castilla” a cambio de créditos onerosos. Los alcaldes mayores pertenecieron a distintas redes de intereses encabezadas por los grandes mercaderes del Consulado de comerciantes de la Ciudad de México. Estos representantes de la justicia ordinaria obtenían grandes beneficios del repartimiento de mercancías, pero estaban obligados a tratar con los bienes entregados por los comerciantes “aviadores” por las grandes deudas que contraían con los comerciantes, quienes aportaban los caudales necesarios para pagar la compra de sus cargos o por la vía del otorgamiento de fianzas. Eran, por decirlo de alguna manera, víctimas y victimarios en estas redes de complicidades.

Pinturas realizadas por los indios de Tenayuca representando los malos tratos hechos por el corregidor Francisco Rodríguez Magariño”, 1567, Achivo General de Indias, MP-México, 9.

La segunda modalidad de ganancias ilícitas era por medio de la malversación de los fondos recaudados por los alcaldes mayores y corregidores. Una modalidad de corrupción compartida con los oficiales reales era el uso del dinero en metálico obtenido por las rentas reales para sus negocios personales. Este uso ilícito de los caudales pertenecientes a la Hacienda real puede ser ejemplificado con la retención de lo recaudado por el tributo indígena por parte de los corregidores.

En algunos documentos contables y expedientes judiciales se denunció a algunos corregidores por el uso del dinero del rey para la compra de bienes de la tierra, pagar deudas personales e incluso para financiar negocios particulares en las provincias, esto era una práctica prohibida por las leyes reales. Otras denuncias señalaban a los alcaldes y corregidores por exigirle a la población indígena diversos bienes para su sustento sin paga alguna. También podían coaccionar a los pueblos para obligar a sus pobladores a trabajar en el servicio personal e incluso para la construcción de las casas del alcalde y otras edificaciones, pese a que las leyes reales regularon el servicio personal, el cual debía ser remunerado por medio de un salario.

Este recuento de las principales modalidades de corrupción ejercidas en Nueva España es una aproximación general. Las prácticas ejercidas al interior del gobierno virreinal continuaron aún después de la implantación del régimen de Intendencias en 1787. Otros estudios han dado cuenta de una constante preocupación de las autoridades reales por controlar o combatir las prácticas corruptas. Aún con el establecimiento de las llamadas “Reformas Borbónicas”, algunos representantes del gobierno y la justicia real continuaron con el enriquecimiento ilícito y con las “corruptelas”. Tal fue el caso de los subdelegados, cuyas prácticas se asemejaron a aquellas ejercidas por los corregidores desde el siglo XVI, principalmente en el ámbito del reparto de mercancías.

Tal y como se advirtió al inicio de este texto, la corrupción en el antiguo régimen no se circunscribió al ámbito administrativo. Algunos autores han señalado que desde al menos el siglo XVII, las prácticas ilícitas fueron asimiladas al interior de la sociedad novohispana y en general dentro de todo el orbe hispánico. Además de los “ministros de Su Majestad”, la corrupción fue ejercida en distintas modalidades por los comerciantes, los hacendados, los arrendatarios y asentistas de rentas reales o los mineros. Se trató, por lo tanto, de un complejo fenómeno con aristas económicas, sociales, culturales y políticas que amerita una amplia discusión y nuevas investigaciones. La corrupción no es un concepto estático, ni un padecimiento permanente en el tiempo, consiste en una serie de estrategias, acuerdos y prácticas altamente adaptables, por lo que es difícil establecer una continuidad entre la corrupción del antiguo régimen con las prácticas de la actualidad.

Para saber más

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