Corrupción y violencia en la posrevolución: el caso chino
noviembre 9, 2020 La Bola

Corrupción y violencia en la posrevolución: el caso chino

Por Carlos Eduardo Carranza Trinidad

 

A través del caso de la comunidad china, este artículo pretende analizar el vínculo entre violencia y corrupción en el México posrevolucionario (1930-1935), derivado del contexto de informalidad e ilegalidad que las leyes reglamentarias de la Constitución de 1917 ocasionaron, ya que al restringir los derechos de los extranjeros se abrió la puerta a  prácticas de corrupción que se convirtieron en el principal mecanismo de articulación a la formalidad a las que se vio obligada a recurrir la comunidad china para acceder a bienes y servicios básicos para su sostén. No obstante, como se verá en el presente trabajo, a pesar de las ventajas de esta estrategia de supervivencia, la comunidad china quedó sujeta a las rencillas e intereses de grupos políticos, como ocurrió a partir de 1931 cuando se volvieron los chivos expiatorios de la Campaña Nacionalista, que inició un ataque generalizado contra su colonia, cuestión que culminó con la expulsión de su comunidad en las entidades del norte del país.

En la actualidad es lugar común ver en la corrupción el origen de los males de las democracias modernas: la ineficiencia en la gestión estatal, la desigualdad social y la persistencia del crimen organizado. Sólo recientemente, investigadores de diversas disciplinas se han acercado a analizar los vínculos existentes entre este fenómeno con otros temas: la cultura, la gramática política y, particularmente, la violencia.

Como plantea el investigador Edgardo Buscaglia, todas las naciones padecen en distinto grado la injerencia de la corrupción. Sin embargo, sólo en algunos países – lista donde incluimos a México – estas prácticas han generado una dimensión inusitada de desintegración social y de violencia contra la población civil. Aunque su incremento vino de la mano al crecimiento de la actividad delictiva, a lo largo de su historia, el Estado mexicano ha padecido con regularidad de niveles considerables de violencia, especialmente en zonas rurales.

Abel Quezada, ¿Qué haremos para acabar con la corrupción?

Tomada de: https://app.emaze.com/@AOFOZZTFC

Es decir, en realidad el fenómeno no es nuevo y responde a una lógica política muy añeja que se remonta a la fundación del Estado mexicano moderno en la primera mitad del siglo XX. Para describirla es de utilidad acercarse a un grupo social muy particular dentro de México: el de los extranjeros, por ser un sector muy susceptible a ser víctima de corrupción y de violencia. Especialmente la comunidad china fue objetivo de una férrea persecución por parte de los grupos nacionalistas y la administración federal y estatal en la década de 1920 y 1930, situación que derivó en la expulsión de gran parte de la población china de México.

Además, el caso de la inmigración asiática es muy ilustrativo pues en él convergieron dos elementos clave que permiten explicar la persistencia de altos niveles de violencia en el país: en primer lugar, fue un grupo de individuos en situación de acentuada informalidad. En segundo, esta condición confluyó con las prácticas políticas de la clase dirigente durante el periodo posrevolucionario y su lógica patrimonialista. Procedo a explicar ambos elementos.

Sobre el primero de estos tópicos, uno de los cuestionamientos más graves que se le imputó al gobierno de Porfirio Díaz fue la posición privilegiada que otorgó su régimen a los extranjeros en la estructura social y económica de México. La Constitución de 1917 pretendió restituir lo que consideró como derechos fundamentales de la nación y aspiró a crear una sociedad en la que los mexicanos, no los extranjeros, tuvieran el pleno control tanto de la actividad política y la vida económica.

En consecuencia, el texto constitucional fue redactado con diversas prohibiciones que acotaron los derechos de los extranjeros en el país. Por ejemplo, el art. 8° les privó del derecho de petición en materia política; el art. 9° coartó sus derechos de asociación y reunión; el art. 11° limitó su tránsito dentro del territorio nacional; el art. 27° reguló sus derechos de propiedad y el art. 32° implementó un régimen jurídico de preferencia en favor de las actividades de mexicanos. Por último, en ninguna circunstancia un extranjero podía asumir alguna responsabilidad dentro de los tres poderes de la Unión, ni siquiera los naturalizados.

A este antecedente hay que sumar una serie de restricciones migratorias publicadas en dos leyes en 1926 y 1930 cuyo objetivo fue controlar la llegada de migrantes con cualidades culturales y étnicas “exóticas”, supuestamente incapaces de adaptarse al país, destacando entre estos individuos los chinos. También, bajo la supuesta defensa de los puestos de trabajo para los mexicanos fue limitada la entrada de trabajadores foráneos a partir la promulgación de una serie de decretos presidenciales poco antes de iniciar la década de 1930.

Representación del inmigrante chino, en José Ángel Espinoza, El ejemplo de Sonora.

Además de estas normas federales, en la década de 1920 en varias entidades del norte del país, en las que residían estos individuos, fueron promulgadas reglamentaciones estatales que precarizaron todavía más la situación de los asiáticos en México. Por ejemplo, en Sonora en 1919 el código del trabajo local estableció la obligación de los negocios de operar con mano de obra mexicana, en 1923 la ley 31 prohibió los vínculos matrimoniales entre chinos y mexicanas y la ley 27 buscó establecer barrios especiales para concentrar a la población asiática dentro de la entidad.

Detrás de estas medidas no sólo se estaban defendiendo los puestos trabajo de los mexicanos o los recursos del país de advenedizos y aventureros. Fueron fobias raciales las que motivaron a los grupos de antichinos para promover esta clase de propuestas legislativas en los estados. Se argumentó que los chinos eran seres biológicamente degenerados y portadores de toda clase de enfermedades; por lo tanto, su llegada a México y su mezcla con las mujeres mexicanas era inconveniente pues generaba un tipo racial inferior.

 

Las consecuencias del mestizaje, en José Ángel Espinoza, El ejemplo de Sonora.

El clima de racismo y xenofobia se acrecentó con la llegada de algunos de los líderes del movimiento antichino de Sonora y Sinaloa al Congreso de la Unión en 1930. Desde la Cámara de Diputados diseñaron la Campaña Nacionalista a nivel federal en 1931 con el objeto de promover el consumo de artículos nacionales para corregir los desajustes materiales provocados por la crisis económica de 1929.

Sin embargo, respondiendo a lógicas e intereses locales, la Campaña devino en un movimiento antiextranjero so pretexto de que los inmigrantes acaparaban el comercio en las ciudades y arrebataban de sus puestos al trabajador nacional. Para ejemplificar esta situación, basta recordar cuando con la aparición de la Ley Federal del Trabajo en 1931, en la que se estableció que los negocios y las empresas estaban obligadas a emplear a un mínimo 90% de trabajadores nacionales, los grupos nacionalistas se movilizaron contra los chinos argumentando el incumplimiento de las disposiciones federales en materia laboral.

 

Comerciantes denuncian extranjeros en la capital, El Universal, 7 de junio de 1931.

No obstante, sólo en la región norte del país, en entidades como Sinaloa, Baja California y Sonora los reclamos antichinos se tradujeron en acciones legislativas discriminatorias y en ataques vandálicos, violentos e intimidatorios contra la comunidad. Algunos testimonios aluden a secuestros de inmigrantes para obligarlos a abandonar al país cruzando a punta de pistola la línea internacional. Esta clase de actos, sumado al clima de hostilidad social que se vivió en todo el país, sin duda terminó por afectar la constitución de la colonia china la cual pasó de 18 965 personas en 1930, a tan solo 4 856 en 1940.

El racismo y la legislación de corte racial no son los únicos elementos que alimentaron esta situación de informalidad en todo el país. A manera de ejemplo vale la pena mencionar al estado de Sonora, por sus características socioeconómicas. A pesar de ser un punto estratégico por su colindancia con Estados Unidos y sus conexiones férreas con ese país, el desarrollo en la entidad en diversos municipios, en rubros como lo es comunicación, densidad poblacional, economía, tenencia de la tierra o infraestructura estatal para proporcionar bienes y servicios (agua, luz, pavimentación, etc.), no fue uniforme.

En contraste con la zona fronteriza con presencia de empresas mineras y los municipios de la región sur donde se encontraban los grandes negocios agrícolas que gozaban de alta densidad poblacional y una dinámica actividad económica, el norte y el oriente de Sonora eran regiones incomunicadas y poco pobladas. En total, el 65% de sus asentamientos eran clasificados como rurales y sus recursos estaban concentrados en las cabeceras. En una situación similar se encontraban estados donde existieron brotes de violencia importantes en contra de los extranjeros.

Es decir, a su vulnerabilidad jurídica, en esa región se encontraba también la imposibilidad de acceder a garantías, bienes o servicios por parte del Estado, debido su débil presencia en la región. No fue casualidad que aquí se presentaron los brotes de violencia más dramáticos. A eso sumamos la ausencia de una representación de las autoridades chinas en México, hecho que obligó a las organizaciones de la colonia a asumir un papel social central en la vida comunitaria. En ese contexto las instituciones de asistencia, como la logia masónica Chee Kung Tong o el Kuomintang, distribuyeron toda clase de ayudas económicas y legales a los migrantes, y se convirtieron en interlocutores entre los miembros de la colonia y el gobierno mexicano.

Edificio del Chee Kung Tong en Precursora, Mexicali, Archivo Histórico del Municipio de Mexicali.

Todos estos elementos contribuyeron a la formación de una economía informal al interior de la colonia donde se realizaban intercambios de todo tipo: mercancías, información, favores y otros valores. Una parte importante de estos servicios ofrecidos a la comunidad era el de protección de sus miembros empleando ingeniosamente a su favor el sistema legal mexicano. Por ejemplo, a través del uso de prestigiosas firmas internacionales o contratando abogados mexicanos cercanos al poder, recurrieron a la figura del amparo para evitar expulsiones y la aplicación de las leyes antichinas. También recurrieron a ellos para obtener compensaciones monetarias a causa de daños causados por la Revolución.

Pero la colonia china se vio orillada a adaptar sus estrategias de protección a ese contexto de informalidad y de debilidad institucional. En esa lógica, la vida de las instituciones comunitarias dependía del financiamiento de una amplia gama de actividades delictivas. Una de estas organizaciones, el citado Chee Kung Tung, participó en la administración de casas de juego clandestino, contrabando de personas y el tráfico de drogas.

Con el dinero conseguido en el desempeño de estas actividades no sólo se financiaba la labor social de las organizaciones comunitarias: contratación de abogados, gestiones administrativas, obtención de documentos – legales o falsos –, el pago de pasajes o préstamos. No obstante,  estos recursos eran mayoritariamente destinados a conseguir protección mediante el pago de sobornos y de prerrogativas a funcionarios gubernamentales.

La ausencia de “Estado” es una condición, pero no la causa última de la violencia. De hecho, este “vacío” fue llenado por formas de organización muy viejas y que persistieron en las dinámicas políticas propias del régimen posrevolucionario. Este es el segundo elemento de análisis. Como sostiene Larissa Adler en sus estudios sobre la informalidad, las prácticas de corrupción son usadas como mecanismo de articulación de grupos marginados al Estado. Esta situación sólo es posible en un contexto donde la función pública sigue la lógica de los intereses personales de individuos o camarillas y donde no existen regulaciones efectivas para evitar y sancionar el uso de la autoridad fuera del marco de la ley.

Esta situación ha persistido históricamente en nuestro país. En su libro Ciudadanos Imaginarios, Fernando Escalante estudia la cultura cívica de México en el siglo XIX; a saber, el examen de los valores y sus manifestaciones en las conductas de la clase política y diversos actores colectivos. Su análisis parte de una premisa: en el México decimonónico no logró consolidarse un régimen republicano ni un Estado de derecho, es decir, un sistema político basado en el imperio de la ley. Por el contrario, el “Estado” operó, no a partir de una auténtica vida institucional, sino a través de mecanismos de intermediación personal. Además, ese sistema estuvo integrado por individuos sin veneración por el orden jurídico o por actores colectivos cuyo único vínculo entre sí eran las lealtades, reglas y obligaciones privadas.

Ante la falta de coherencia entre lo dicho por la ley y las prácticas cotidianas de los gobernantes de esos años, Escalante sostiene que fue la obligación de reciprocidad, el principio moral de dar y recibir, el único código de conducta política aceptado por la clase dirigente en sus niveles federal y local. Sin desechar la relevancia de las ideologías en el desarrollo de la vida pública, en momentos de crisis nacional – intervenciones extranjeras y guerra civil –, el dinero se convirtió en el medio más eficaz para consolidar alianzas y cimentar un sistema de lealtades.

Al comparar el grupo de liberales o conservadores decimonónicos con el grupo sonorense en el siglo XX, apenas observamos diferencias. Por supuesto, mejora la estabilidad política y la posición del gobierno federal, sin embargo, siempre fue necesario negociar la obediencia de caciques y poderes locales relativamente autónomos como sindicatos, ligas campesinas, empresarios y los propios funcionarios federales que privatizaban las jurisdicciones a su cargo. De nueva cuenta, las relaciones personales, no las instituciones, eran fundamentales para mantener ese orden de cosas.

Uno de los más famosos de estos intermediarios fue Gonzalo N. Santos, este personaje ilustra claramente la idiosincrasia del periodo. Él entendió que era caro conseguir la obediencia de actores políticos capaces de desafiar al poder central y que el dinero era un recurso escaso. Para los presidentes en turno, Santos fue útil en tanto fue capaz de encontrar ingresos para sostener lealtades. En primera instancia, recurrió a la malversación de fondos “públicos” y a compras claramente fraudulentas con el erario.  De hecho, en esta época varias figuras políticas estaban involucradas en toda clase de negocios privados para allegarse efectivo, destacando los casinos, los prostíbulos y las drogas (políticos como Esteban Cantú, José Antonio Almeida o Francisco Serrano se involucraron en muchos otros negocios de la “vida nocturna”).

Otro caso, es el de Carlos Riva Palacio, ya que cuando fue gobernador del Estado de México y, más tarde, cuando desempeñó el cargo de Secretario de Gobernación, participó de manera activa en la gestión de garitos (casas de juego no autorizadas). De hecho, otra de las empresas criminales en la cual se involucró fue en la protección ilegal de asiáticos. Casi de forma paralela al inicio de la Campaña Nacionalista, en junio de 1931, tuvo que separarse de su cargo en Gobernación debido a que fue acusado de actos de corrupción. En este proceso también estuvo implicado Pablo Meneses, el jefe del Departamento Confidencial de esa dependencia y la propia oficina del Ejecutivo, al señalarse la participación de Agustín Mora, integrante del Estado Mayor presidencial. Esto en un momento donde Gobernación tenía la función de restringir el tráfico migratorio ilegal.

Carlos Riva Palacio entrega la presidencia del PNR, 1934. Tomada de: http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia:443665

En el caso, Meneses aprovechó su cercanía con Riva Palacio y con Mora para obtener salvoconductos en favor de las actividades delictivas de la asociación Chee Kung Tong. Además, desde Gobernación cobraba dinero en efectivo a cambio de favorecer la preponderancia de esta organización al expulsar del país a miembros de grupos rivales. Incluso agentes de Meneses de esta dependencia llegaron a trabajar tanto con el membrete del gobierno federal como miembros de la Chee Kung Tong.

En el desarrollo de esa relación entre las organizaciones chinas y Pablo Meneses, elementos como la masonería facilitaron un acercamiento entre las partes y ayudaron a establecer una relación de reciprocidad. Unos recibían protección y a cambio daban dinero. Especialmente, este tipo de complicidades con grupos criminales siempre fue útil para las necesidades del grupo en el poder, pues representaba un sistema de recaudación de ingresos constantes sobre el cual no tenían que rendir cuentas a nadie. Sin embargo, ésta no era una relación entre iguales; por un lado, un empleado del gobierno con jurisdicción sobre asuntos de extranjería se encontraba en una posición de ventaja frente a un grupo de chinos sin garantías ni derechos cuya única vía para obtener seguridad era de carácter informal: la corrupción de funcionarios.

A ese tipo de relaciones de reciprocidad asimétricas, donde un elemento adquiere más poder que otro, Larissa Adler las define como patrón-cliente. Esta dinámica desigual volvió sumamente vulnerable la protección del grupo chino; bastaba con aplicar las leyes de extranjería para actuar penalmente contra ellos o sacarlos del país como terminó por ocurrir durante la Campaña Nacionalista.

Vicio y crimen: imagen de las logias chinas, en José Ángel Espinoza, El Ejemplo de Sonora.

En síntesis, desde la promulgación de la Constitución de 1917 y hasta 1931 con el inicio de la Campaña Nacionalista, la comunidad china vio reducidos o regulados paulatinamente sus derechos. Paralelamente, se exacerbó el clima de xenofobia oficial y popular en contra de este grupo. Entre 1931 y 1935, sin la protección de la ley, de su representación diplomática o de su red de corrupción en Gobernación, de manera sistemática fueron atacadas sus propiedades y sus personas, un proceso que concluyó con su expulsión en aquellos años.

La situación de informalidad no necesariamente tuvo que devenir en actos de violencia, sin embargo, por conveniencia política los actores estatales alimentaron desde sus posiciones las prácticas delictivas con el objeto de allegarse recursos para mantener su sistema de lealtades personales. Un comportamiento que sin duda iba contra la lógica de institucionalidad. La misma situación fue aprovechada por el movimiento antichino para movilizarse con impunidad.

En ese sentido, los chinos tenían que someterse a la lógica de corrupción si querían acceder a algún tipo de garantías, aunque fueran mínimas, para preservar sus condiciones de mínima seguridad si para permanecer en México. Posiblemente los altos mandos del Chee Kung Tong obtenían un beneficio personal con esta situación, no obstante, detrás de su actividad criminal existe una dimensión social y éstos siempre buscaron responder a las demandas comunitarias. Después de todo esta organización satisfacía la demanda de bienes y servicios de los cuales carecía la colonia china. Una demanda que sólo podía ser cubierta en la informalidad y en esas circunstancias estos individuos se vieron orillados a participar en la lógica de reciprocidad de los actores estatales venales.

Pero en 1931, el frágil apoyo gubernamental que había persistido varios años en Gobernación se perdió con la salida de Riva Palacio, Mora y Meneses del gobierno. La administración de Pascual Ortiz Rubio interesada en legitimar su administración recurriendo a la retórica nacionalista, inició una Campaña Nacionalista y destacó la inmoralidad de las “mafias chinas” para justificar una persecución contra las instituciones comunitarias en varias partes del país, entre ellas el Chee Kung Tong.

Para la Campaña no sólo eran elementos peligrosos biológicamente: su actividad criminal amenazaba la moralidad y la integridad del país. Con esta definición se volvían individuos socialmente eliminables y daban así los argumentos para justificar los ataques de los Comités en su contra. Sin embargo, aunque este era el discurso de la autoridad, en la práctica la Campaña no detuvo el tráfico de personas y de drogas; más bien, estos negocios pasaron a ser administrados por grupos de mexicanos.

Por último, el caso chino es uno de tantos. Con una lógica similar ha operado el crimen organizado donde existen grupos en situación marginal y donde el Estado ha sido ineficiente para atender las demandas de recursos por parte de ciertos sectores de la población. El grupo gobernante, por su parte, se ha beneficiado del crecimiento de estos grupos. No obstante, esto ha comprometido la gobernabilidad y, sobre todo, la seguridad de muchos ciudadanos en varias partes del país. En ese sentido, el análisis histórico puede y debe contribuir al entendimiento de este problema al identificar los elementos estructurales que han sumergido al país en la violencia.

 

 

Para saber más

Adler de Lomnitz, Larissa, «Mecanismos de Articulación entre el Sector informal y el sector formal urbano» en Revista Mexicana de Sociología, UNAM, núm. 40 (1), 1978, p. 131-153.

Buscaglia, Edgardo, Vacíos de poder en México. Cómo combatir a la delincuencia organizada. México, Editorial Grijalbo/Proceso, 245 p.

Cauich Carrillo, Fredy, «La Asociación Masónica Chee Hung Tong y la comunidad china en la ciudad de México (1890-1940)», Tesis de Maestría en Humanidades, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2002.

Escalante Gonzalbo, Fernando, Ciudadanos Imaginarios. Memorial de los afanes y desventuras de la virtud y apología del vicio triunfante en la República mexicana –Tratado de Moral pública –, 2ª ed., México, El Colegio de México, 1992, 308 p.

Gómez Izquierdo, José Jorge, El movimiento antichino en México (1871-1934). Problemas del racismo y del nacionalismo durante la revolución mexicana, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1991, 183 p.

Yankelevich, Pablo, ¿Deseables o inconvenientes? Las fronteras de la extranjería en el México posrevolucionario, México, Bonilla Artigas Editores/Escuela Nacional de Antropología e Historia/ Iberoamericana Vervuert, 2011, 203 p.

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