Retos y avances desde las instituciones públicas del Estado de México para la violencia feminicida
marzo 4, 2020 La Bola

Retos y avances desde las instituciones públicas del Estado de México para la atención de la violencia feminicida

Por Julio César Valencia Pulido

Hablar sobre el feminicidio dentro de la agenda política del Estado de México, requiere de atención inmediata en sustento a lo estipulado por el INEGI (2015) donde la entidad se encontraba entre las tasas más altas en homicidios de mujeres 2011-2013. En la búsqueda de acceso a la justicia en los casos de feminicidio, se deben generar propuestas eficientes con base en la prevención, seguridad y acceso a la justicia sustentadas acciones inmediatas y con funciones a largo plazo. A pesar de llevar 25 años en la agenda pública y 15 años en la agenda política del país, el resultado favorable se encuentra nublado ante las demandas de la sociedad civil.

Tras casi cinco años de litigio y exigencias de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el 31 de julio de 2015, la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) declara la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para once de los 125 municipios del Estado de México: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, debido a que la entidad reportó 922 casos de homicidos dolosos de mujeres en el periodo de enero de 2005 a agosto de 2010 y el 54% de los asesinatos violentos de mujeres fueron en 10 municipios más poblados:

  1. Ecatepec de Morelos con 118 casos
  2. Nezahualcóyotl con 71 casos
  3. Tlalnepantla de Baz con 53 casos
  4. Toluca con 45 casos
  5. Chimalhuacán con 42 casos
  6. Naucalpan de Juárez con 40 casos
  7. Tultitlán con 35 casos
  8. Ixtapaluca con 31 casos
  9. Valle de Chalco con 30 casos
  10. Cuautitlán Izcalli con 25 casos

A cuatro años de la implementación de la AVGM, la pregunta inminente es cuáles han sido las estrategias gubernamentales para atender los casos de violencia feminicida en el Estado de México y, siguiendo con dicho lineamiento y acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF, 2018) es necesario evaluar la implementación que debe acompañar de manera positiva el proceso, no como fiscalización y rendición de cuentas sino como termómetro y generador de evidencias de los resultados que se están obteniendo, con relación a lo que se espera durante el proceso en el que permanecerán alertados los municipios, por la presente Alerta y/o por la solicitada por desapariciones.

Imagen tomada de: https://heraldodemexico.com.mx/pais/feminicidios-en-mexico-mapa-estados-municipios-violencia-contra-mujeres-delito-veracruz-edomex-cdmx-nuevo-leon-puebla-febrero-2020/

¿Cómo describir el feminicidio?

Visibilizar el feminicidio y separarlo del delito de homicidio es un logro muy importante del movimiento feminista, desde situarlo como un problema estructural, las medidas de atención que van desde la modificación de códigos penales, la investigación judicial con perspectiva de género (como se expresa en la Sentencia Diligencias para investigar un caso de feminicidio con perspectiva de género. Caso Mariana Lima Buendía, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015) y la inminente lucha por el acceso a la justicia en los delitos. En ese sentido, se continúa por lograr la justicia social para y por las mujeres bajo los principios de dignidad humana.

Durante el 57º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 2013, se acordó entre las asistentes la figura del feminicidio como “la preocupación por los asesinatos violentos de mujeres y niñas por motivos de género, al tiempo que reconoce los esfuerzos realizados para hacer frente a esta forma de violencia en distintas regiones, en particular en países en que el concepto de feminicidio se ha incorporado en la legislación nacional”.

Existen diversos conceptos para definir el feminicidio. En 1992, para Jill Radford y Diana E. H. Russell como el asesinato misógino de mujeres por hombres. Sin embargo, dicho término ya había sido utilizado anteriormente por Russell en 1976 y en 1990 lo define como “el asesinato de mujeres, realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres”.

La diferencia entre homicidio y feminicidio radica en la intención. Mientras el primero expresa la acción de privar la vida de una persona, el feminicidio se refiere al asesinato de las mujeres con extrema violencia por el hecho de serlo “motivados por el odio hacia las mujeres (…) motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres” (Russell, 2006)

Marcela Lagarde describe al feminicidio como un crimen de Estado derivado por “el conjunto de hechos de lesa humanidad que implican los crímenes y desapariciones de mujeres […] y se vincula directamente con la estrategia que debemos seguir para contrarrestarlo” (Berlanga, 2018). Para la investigadora Julia Monárrez (2005), el feminicidio se refiere al asesinato masivo de mujeres cometido por hombres desde su superioridad de grupo; lo vincula con los motivos, con las heridas que se infligen en el cuerpo de la mujer y la complacencia política de las estructuras sociales que lo permiten, lo toleran y lo amplían “la falta de adecuación presupone que la mujer se ha salido de la raya y ha traspasado los límites de lo establecido”.

De acuerdo con  a una Vida Libre de Violencia, la cual nace dentro de esta lucha feminista para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres tras un largo proceso legislativo, fue publicada el 1º de febrero de 2007. Esta ley se rige con base en principios rectores de igualdad jurídica entre mujeres y hombres; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las mujeres; en el artículo 21, se refiere a la forma de extrema violencia de género contra las mujeres, producto de una violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Por lo anterior, el Art. 325 del Código Penal Federal emite que el feminicidio ocurre cuando:

  1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
  2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
  3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
  4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
  5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones contra la víctima
  6. El cuerpo sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Sobre la alerta de violencia de género

La Declaratoria de Alerta de Género es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un determinado territorio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad (CONAVIM, 2018). En 2015, el Estado de México fue declarado con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio en once municipios en Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.

Por lo anterior, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), coordinado por CONAVIM, acordó los tres ejes de incidencia – Seguridad, Prevención y Justicia- integrados por 18 medidas y 50 acciones; que conformarían en conjunto, la respuesta de urgencia para garantizar la seguridad, igualdad, no violencia ni discriminación de niñas, adolescentes y mujeres de los 11 municipios alertados.

En 2019 se ha emitido una segunda declaratoria de violencia de género por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad mexiquense, no sin antes evaluar asertivamente cuáles han sido los resultados de la primera declaratoria que prevendría la violencia feminicida de acuerdo a las medidas de prevención, seguridad y acceso a la justicia que plantea la declaratoria.

Imagen tomada de: http://www.eligered.org/wp-content/uploads/2017/06/Elige_feminicidios080617.jpg

Feminicidio en México: antecedentes

Los hechos del Campo Algodonero (Caso González y otras vs. México) en 1993 marcaron el precedente en la visibilización del feminicidio tanto en el ámbito de México como en el ámbito internacional, este caso se situó en ciudad Juárez, donde se expuso la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con las desapariciones y muertes de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. En noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el primer fallo internacional sobre feminicidio responsabilizando al Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas a los sucesos anteriores.

En ese sentido, el 10 de diciembre de 2009 le fue notificado al Estado mexicano la sentencia y en los resolutivos 18 y 19 señalan la obligación del Estado de generalizar todos los instrumentos jurídicos relacionados con los delitos contra las mujeres vinculados a la violencia de género, conforme a protocolos, tratados y estándares internacionales. También manifiestan los requisitos para el Protocolo Alba, el cual es el mecanismo que permite la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno comprometidos en la promoción y ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres con reporte de extravío (CONAVIM, 2020) o cualquier instrumento similar para garantizar la búsqueda y localización inmediata de niñas, adolescentes y mujeres.

En seguimiento a la misma historia legislativa del tipo penal de “feminicidio” se muestra cómo ha ido cambiando el concepto a lo largo del tiempo. La primera iniciativa que se presentó para tipificarlo en el Código Penal Federal, por ejemplo, no limitaba el concepto al homicidio, sino que incluía a la violación, el abuso sexual, las lesiones, el secuestro y la trata –entre otros– como “manifestaciones” –por llamarlas de alguna forma– del feminicidio. Podía haber, en este sentido, una “violación feminicida” o un “secuestro feminicida”. De acuerdo con el marco jurídico del sistema político mexicano, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) exige espacios públicos donde se desarrolle un ambiente plural y diverso, donde no se fomente discriminación, así como garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático.

Feminicidio en el Estado de México

En el 2011, diversos organismos descentralizados, asociaciones civiles y centros de investigación universitarios exigieron a la Comisión Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia (CONAVIM) declarar la Alerta de violencia de género contra las Mujeres (AVGM), en virtud del incremento de los feminicidios en el Estado de México.

Fue hasta el 28 de julio de 2015 que el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres acordó por unanimidad la declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para once municipios del Estado de México. Esta declaratoria obliga al Gobierno del Estado de México a emitir un Decreto Administrativo para que las autoridades competentes realicen acciones inmediatas a los delitos contra las mujeres por violencia de género, así como la búsqueda inmediata y localización de niñas, adolescentes y mujeres con base en los criterios internacionales y en el Protocolo Alba.

En seguimiento a lo estipulado, el Gobierno del Estado de México, presentó el 3 de noviembre de 2015 el Decreto Ejecutivo para Atender la Declaratoria de Violencia de Género contra las Mujeres para la entidad, el cual establece las medidas inmediatas y urgentes para atender la problemática en los once municipios para que se elaboren protocolos de actuación, se implementen recursos y, además, se capacite al personal del servicio público que participe en dicha función para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres.

Retos y avances

A pesar de los datos que, mensualmente emite el Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, aún no se cuenta de manera certera con un diagnóstico feminicida en la entidad mexiquense. Se necesita trabajar en la mejora de la compilación de datos de mejor calidad para medir el impacto de los feminicidios, es importante un registro público sistemático de los delitos cometidos contra las mujeres.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) expresa en las observaciones finales a México, su preocupación por los escasos datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres, así como el tipo de violencia y la relación entre el autor y la víctima.

A pesar de que México cuenta con una ley integral sobre violencia que introduce al feminicidio como tipo penal, se necesita dar mayor visibilidad a la máxima expresión de la violencia basada en género para combatirla. En ese sentido, se debe reforzar los trabajos que se han realizado de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y en sus pares de cada estado.

Asimismo, atender la transversalización de la perspectiva de género en los Códigos Penales en las entidades que faltan adecuar e incluir como bien jurídico a proteger el derecho a la vida libre de violencia basada en el género con los estándares de debida diligencia y perspectiva de género reconocidos en la Sentencia de Campo Algodonero y en la Sentencia Mariana Lima por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Bajo esa pauta, los avances registrados en el Gobierno del Estado de México, se aprecia que, desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, se labora desde la política de reparación. En 2016 en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Poder Judicial del Estado de México, se elaboró el Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de Género, para casos de violencia contra las mujeres en el Estado de México y el 18 de abril de 2017, se publica el Manual y Protocolo de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de Feminicidio.

Con base en el manual anterior, se realizaron 11 compensaciones subsidiarias por feminicidio y en ese mismo año, se firmó el Convenio de Colaboración entre el Instituto del Seguro Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y la Comisión y se crearon dos clínicas para brindar atención psicológica, psicoterapeútica y/o tanatológica a víctimas directas e indirectas, que deriven de un hecho delictuoso y de violaciones de derechos humanos.

En febrero de 2017, se emitió un acuerdo por el que se crea el Programa de Estímulos Económicos para Hijas e Hijos de Madre o Tutora Desaparecida, Víctima de Feminicidio u homicidio doloso y se establecen las reglas de operación, dicho programa tiene como objetivo, contribuir al logro de la efectiva igualdad de oportunidades de acceso permanencia y conclusión de estudios de las hijas e hijos de madre o tutora desaparecida, víctima de feminicidio u homicidio doloso.

Dichas acciones buscan llevar las historias de las víctimas, para contextualizar el problema y encontrar situaciones de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en las entidades federativas y municipios para su debida atención con base en la reparación.

Comentarios finales:

Es obligación del Estado evaluar los alcances del mecanismo como una herramienta estratégica que permita una aproximación del impacto en los territorios decretados. Se plantea que el Estado debe estar consciente de elaborar una estrategia metodológica de evaluación de la implementación de la AVGM en el Estado de México -desde la federación, estado y municipios- y con la carencia de acuerdos en torno a indicadores de evaluación.

El gobierno del Estado de México debe apostar por la realización de un análisis integral del mecanismo para obtener la información necesaria que permita coadyuvar al correcto cumplimiento de los objetivos del mecanismo de Alerta en la entidad, priorizar, jerarquizar y de ser necesario replantear acciones.

Sin embargo, cuenta con instituciones agrupadas en el sistema estatal para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, dirigidos por presidido por la Secretaría General de Gobierno y cuenta con una Secretaría Ejecutiva a cargo del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social) en el cual participan las dependencias y organismos del Ejecutivo Estatal, organismos autónomos, el Poder Judicial, el Poder Legislativo a través de su Comisión Legislativa para la Igualdad de Género, representantes de instituciones de investigación especializada en equidad de género y de organizaciones civiles especializadas en derechos humanos de las mujeres, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género que actúan debidamente con las acciones de la alerta y están comprometidas con la atención de las víctimas directas e indirectas de violencia feminicida.

Asimismo, el personal del servicio público para la atención de las niñas, adolescentes y mujeres continuamente fortalecen los espacios institucionales desde la multidisciplinariedad para el debido seguimiento a los casos de feminicidios y otras formas de violencia por razones de género.

Solo a partir de una revisión crítica del estado actual de cumplimiento, es posible empezar a pensar en establecer indicadores que permitan monitorear y evaluar los resultados de las medidas que se están implementando y dejar de hacer un recuento de acciones para pensar en términos de impacto en acceso a la justicia, atención a la violencia, medición y sistematización de avances. Continuar con las evaluaciones de las diversas acciones encaminadas a la prevención, atención, investigación y sanción a la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres por parte de los distintos niveles de gobierno, así como para la revisión y fortalecimiento del marco jurídico y legislativo.

 

Imagen tomada de: https://www.milenio.com/uploads/media/2015/01/18/mapa-del-feminicidio-en-mexico.jpeg

Para saber más

Berlanga Gayón, Mariana (2018) “Feminicidio” en Hortensia Morena y Eva Alcántara (coords), Conceptos clave en los estudios de género vol. 1, México, CIEG UNAM.

Lagarde, Marcela “El feminicidio, delito contra la humanidad” en Feminicidio, justicia y derecho. México, Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, México, H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, 2005.

Monárrez, Fragoso Julia “Elementos de análisis del femicidio sexual sitémico en Ciudad Juárez para su visibilidad jurídica” en Feminicidio, justicia y derecho. México, México,  Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, 2005

Russell, Diana E. H., “Definición de feminicidio y conceptos relacionados”, en Jill Radford y Diana E. H. Russell (eds.), Feminicidio: la política del asesinato de las mujeres, México, CEIICH-UNAM, 2006.