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Refugiados guatemaltecos en México en la década de 1980

Por Raquel García Montaño  

La migración es uno de los fenómenos más complejos y estudiados en la política y las ciencias sociales actualmente; presenta desafíos para la defensa de los Derechos Humanos, la economía y los sistemas políticos de todas las naciones del mundo. Varios de los problemas más grandes de la sociedad contemporánea tienen que ver con los procesos migratorios, desde los desplazamientos forzados causados por los conflictos bélicos en Medio Oriente, hasta las movilizaciones forzadas ocasionadas por la violencia y la pobreza en toda América Latina. 

Uno de los momentos más críticos, en cuanto a problemas migratorios en México, se dio en la década de los ochenta, cuando decenas de miles de guatemaltecos llegaron al país escapando de la terrible situación en su nación; la dura represión del gobierno en contra de los movimientos guerrilleros y de la población campesina causó miles de muertes, por lo que cerca de 200 mil personas guatemaltecas, según cálculos estimados, vieron en México la única forma de sobrevivir. Sin embargo, el gobierno mexicano se rehusó a reconocer a dichos migrantes como refugiados y no implementó las medidas necesarias para tratar con una crisis humanitaria de esa magnitud. Esto en gran parte debido a dos factores principales: 

  1. La política norteamericana en Centroamérica y su lucha contra el comunismo en América, esto acompañado de la deuda externa mexicana y la crisis económica en la que se encontraba sumido el país en esos años.
  2. La necesidad de México de posicionarse como un país neutral frente a los conflictos centroamericanos.
La situación guatemalteca 

Para poder entender la crisis migratoria, primero hablaremos rápidamente de la situación guatemalteca, analizando la manera en la que se fue desencadenando la violencia y las consecuencias del enfrentamiento entre guerrilleros y el ejército en la década de 1980. El inicio del conflicto puede rastrearse en 1952, cuando un movimiento de oposición fundó el primer gobierno democrático en la historia del país (a la cabeza del presidente Jacobo Arbenz Guzmán), pero que comenzó a implementar reformas muy orientadas hacia el comunismo, cosa que no gustó a la sociedad burguesa.  En consencuencia, las tensiones políticas resurgieron con mucha fuerza y apareció un movimiento contrarrevolucionario liderado por Carlos Castillo Armas, apoyado por el régimen de Anastasio Somoza García en Nicaragua y por el gobierno de los Estados Unidos, cuyo respaldo fue decisivo para la deposición del presidente Arbenz. En 1954, una vez derrocado el gobierno democrático, comenzó el nuevo régimen que provocó más de treinta años de conflictos armados, traiciones, golpes de Estado, represión y muertes sistemáticas en  Guatemala.

Cesado el conflicto, en 1994, la Comisión para la Clarificación Histórica de la ONU (CHC, por sus siglas en inglés) realizó una investigación para buscar la conciliación y la justicia. En ella se hace un recuento de las condiciones históricas que llevaron a la violación masiva de los Derechos Humanos en Guatemala. La CHC encontró que hubo un aumento de la violencia después de que se depusiera el gobierno de Jacobo Arbenz. Lo interesante es que durante los años de este primer conflicto, entre 1963 y 1969, el 29% de la asistencia militar estadounidense a otros países se concentró en Guatemala, indicador de la asistencia estadounidense en el proceso de posicionamiento del gobierno contrarrevolucionario.

Soldados guatemaltecos se preparan para disparar contra los indígenas mayas desde un helicóptero de fabricación estadounidense cerca de Santa Cruz del Quiché, 1982. Colección: Getty Images, Imagen tomada de: https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/3295/production/_104694921_1982_getty976.jpg  

Para finales de los años setenta, varios grupos guerrilleros ya contaban con un nivel de organización bastante considerable; sin embargo, la respuesta del Estado guatemalteco fue desproporcionada y comenzó una fuerte oleada de represión que tuvo su punto máximo a finales de esa década y los primeros años de la siguiente. Uno de los puntos más altos de violencia se presentó durante el gobierno militar de Fernando Romero Lucas García, que creó entrenamientos militares, las llamadas Fuerzas de Operación Especiales, entrenadas para seguir el patrón de lucha guerrillero y realizar actividades clandestinas. La CHC concluyó que el Estado guatemalteco deliberadamente magnificó la amenaza de los insurgentes para justificar la violencia represiva. La misma investigación calculó que las fuerzas estatales y paramilitares fueron responsables del 93% de las violaciones a los Derechos Humanos documentadas, siendo los campesinos mayas el grupo más afectado.

Cuerpos de aldeanos masacrados, mayo 1982.  Colección: Associated Press. Imagen tomada de: https://panel.myt.org.mx/storage/Xh0wgG138OxCpcKc9ciLYlL4nAeqmB5h.png

Conforme los grupos guerrilleros se volvían más organizados y comenzaban a crecer las tensiones con el Estado, la represión fue aumentando. El gobierno calificó a los pueblos y comunidades mayas como aliados de los guerrilleros, justificabando así la destrucción de sus hogares y la detención de muchos pobladores. El Estado guatemalteco masacró y agredió masivamente a las poblaciones mayas, hubo miles de desapariciones forzadas y ejecuciones de los líderes y guías espirituales, lo que provocó movilizaciones de miles de campesinos guatemaltecos a la frontera sur de México. Estas personas, por tanto, no salieron de su país en busca de un mejor trabajo o en busca de recursos económicos: salieron de su país huyendo de la violencia y la muerte.

El ejército quemaba cultivos, casas y lugares religiosos para que nadie pudiera regresar. Foto: Salomón Zetune. Imagen tomada de: https://panel.myt.org.mx/storage/K0rxDjxRlldoLmidEUCfaYD09ra4KyE4.jpg

Política exterior del presidente Ronald Reagan

Una vez que nos queda clara la magnitud del conflicto en Guatemala, es necesario revisar brevemente la política exterior del presidente estadounidense Ronald Reagan durante estos años, ya que será fundamental para comprender el proceder del gobierno mexicano frente a la llegada de los refugiados guatemaltecos a nuestro país. 

Ronald Reagan ganó la candidatura presidencial en 1980, representando al partido Republicano, o sea, la facción más conservadora de la política estadounidense. Desde el comienzo de su mandato, el presidente Reagan expresó su inconformidad con la manera en  que se habían manejado las relaciones internacionales; en su opinión, Estados Unidos debía mostrar su fuerza al mundo para conservar su hegemonía. Además, como muchos presidentes antes que él, Reagan recurrió al discurso de la libertad y la paz llevadas por Estados Unidos como medio para justificar todas sus acciones e intervenciones en otros países.

La administración de Reagan se caracterizó por un aumento en el presupuesto destinado al ejército y su intervención en los conflictos de Centroamérica, especialmente en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. En todos estos casos, Estados Unidos apoyó a gobiernos militarizados que ocuparon la fuerza para reprimir a la población, y defendió las acciones de estos gobiernos, no solo en Centroamérica sino en el mundo en general, legitimando estas acciones y posturas como parte de la estrategia de Seguridad Nacional estadounidense. 

Los conflictos armados en Centroamérica causaron el desplazamiento de miles de personas afectadas por la violencia y la persecución. Estados Unidos tuvo posturas divididas al respecto. Por un lado, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tuvo que ajustarse al protocolo promulgado en el Estatuto de los Refugiados (1951), donde se señalaba que un refugiado: “Tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, u opiniones políticas; se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país, o regresar a él a causa de dichos temores”. Por otro lado, hubo también movimientos sociales, encabezados principalmente por iglesias y sinagogas, que buscaban lograr derechos migratorios para los centroamericanos en Estados Unidos. 

De hecho, la administración de Reagan reconoció a la mayoría de estas personas como “migrantes económicos” y no refugiados como tal, para negar de esta forma que tanto el gobierno de El Salvador como el de Guatemala cometían violaciones graves a los Derechos Humanos. En efecto, según la Migration Policy Institute, en 1984 solo el 3% de los migrantes provenientes de estos países fueron reconocidos como refugiados.

Las relaciones internacionales de México y las políticas migratorias en los 80 

Ahora hablaremos de las políticas mexicanas en esta década. Primero, es importante recordar que la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la Guerra Fría que influyó en el desarrollo histórico no solo de la URSS y Estados Unidos, sino de prácticamente todas las naciones del mundo. La política exterior mexicana en los años ochenta respondió tanto a las necesidades propias de la nación, como a la situación mundial, considerando la proximidad de Estados Unidos y la magnitud de la influencia de las políticas exteriores norteamericanas en este contexto. 

Desde finales de los setenta, la política exterior mexicana buscó tener mayor presencia en Centroamérica. México quiso utilizar su importante posición geopolítica para ganar reconocimiento en la región y para hacerse notar como un país neutral y diplomático que intervenía para solucionar los conflictos, en especial, frente a la agresiva política exterior del presidente Reagan. A partir de 1983, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, México optó por una postura más bien centrista y prefirió el papel de mediador entre los revolucionarios de Centroamérica y las políticas estadounidenses. 

Cosa que se puede notar en su Segundo Informe de Gobierno, en donde la idea de seguridad nacional y su plan de política exterior se parecían más a los establecidos por el gobierno estadounidense. En el apartado destinado a la política exterior, el presidente comienza diciendo que el mantenimiento de los principios de la política exterior es la garantía de la seguridad nacional y del desarrollo independiente del país, discurso muy similar al dado por Reagan al principio de su mandato. El tema centroamericano siguió formando parte central de su discurso: “A los mexicanos nos preocupa vitalmente el conflicto centroamericano. No podemos ver con indiferencia lo que ocurre a nuestros hermanos más próximos. La violencia que se ha instaurado en el área es una amenaza para nuestra seguridad”.

Finalmente, hablaremos de cómo el Estado Mexicano trató la crisis migratoria y se dirigió a los refugiados guatemaltecos que llegaron al país huyendo de la violencia. Para entonces, las políticas migratorias del país se encontraban en la llamada Ley General de Población, capítulos II y III, en donde el gobierno estableció algunos lineamientos generales sobre este asunto. En esta ley, publicada por primera vez en 1974, no se encuentra la calidad de refugiado dentro de los distintos tipos de migrantes. 

Es evidente que ni el aparato legislativo ni el institucional estaban preparados para la gran entrada de migrantes refugiados a la nación, a lo que se sumaba la complicada relación con Estados Unidos que impedía hablar abiertamente de una crisis humanitaria en la región, así como establecer las instituciones y los requeridas para atender la creciente problemática. 

La ausencia de la categoría de refugiados era, por sí misma, una enorme complicación y causó que, en una primera instancia, los migrantes provenientes de Guatemala fueran catalogados como migrantes económicos, o sea ciudadanos de otro país que salieron en busca de una mejor vida laboral. 

Si bien es cierto que México contaba con una larga tradición de recibir refugiados y asilados políticos, en su mayoría se había tratado de políticos o académicos, como los españoles que huyeron de la guerra civil en su país y fueron recibidos durante el cardenismo. En los años ochenta la situación era muy distinta; en esta ocasión, ingresaron al país miles de campesinos, en su gran mayoría analfabetos y pocos buscaron regularizar su situación, podríamos incluso decir que muy pocos podían distinguir la diferencia entre ser  migrante económico o ser refugiado. 

La magnitud de esta problemática habría requerido una actualización de la Ley General de Población (LGP) y la implementación de organismos e instituciones capacitadas, asesores legales que explicaran a los migrantes su condición de refugiados y las cuestiones legales que ello conllevaba; sin embargo, nada de ello ocurrió. De hecho, la LGP se modificó tiempo después, en 1996 el concepto de refugiado fue introducido y por primera vez se habló de la migración causada por violación a los Derechos Humanos. No obstante, esta reforma a la LGP, sigue siendo ambigua en su definición de refugiados,   tampoco define los organismos existentes para ayudar a estas personas o las opciones legales para subsistir en México. 

Los primeros migrantes guatemaltecos llegaron en 1980 y, desde entonces, lo hicieron continuamente y en cantidades mayores. A pesar de que el gobierno mexicano no implementó medidas legislativas por sí mismo, la situación no pasó inadvertida para los organismos internacionales que no tardaron en pedir explicaciones. Por lo que, en ese mismo año, se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y, en 1984, el gobierno de México reconoció que los guatemaltecos desplazados tenían derecho a contar con un refugio temporal y se les ofreció una visa de “trabajador agrícola temporal”, que no implicaba un reconocimiento jurídico o legal. 

Gracias a la ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la Comar, cerca de 40,000 guatemaltecos fueron reconocidos con esta visa de “trabajador agrícola temporal”. Según algunos cálculos, para entonces existían cerca de 100 000 migrantes guatemaltecos en México, por lo que más del 50% de los migrantes guatemaltecos entraron al país bajo condiciones de clandestinidad o sin esclarecer su situación ante las autoridades mexicanas.

En una primera instancia, los migrantes llegaban a Chiapas, pero con el tiempo esta locación empezó a causar problemas con el gobierno de Guatemala, sumado al rumor de que se estaban formando campos de entrenamiento guerrillero del lado mexicano, por lo que se tomó la decisión de mandar a los guatemaltecos que entraban al país a campos de refugiados en Campeche y Quintana Roo.

Vista aérea del asentamiento de refugiados de Canasayab en Campeche. Colección: Archivo COMAR. Imagen tomada de: https://panel.myt.org.mx/storage/EvHCsT3oJqZaz09qJjO8nkF7MtN9eC6v.jpg. 

Básicamente estas fueron las medidas que el gobierno mexicano tomó. En general, no se hicieron las debidas adecuaciones al aparato legislativo para poder tratar de mejor manera a los inmigrantes, tampoco se emitió ningún comunicado oficial desde el gobierno que rechazara las políticas violentas del gobierno guatemalteco o que buscara una real conciliación entre las partes. La reforma a la LGP en los años noventa y la posterior, muy posterior, Ley de Migración de 2011, no han conseguido solucionar aún las graves violaciones a los Derechos Humanos que hubo y hay con relación a la población proveniente de Centroamérica, que continúa huyendo de las terribles consecuencias del crimen organizado o que buscan mejores condiciones laborales en Estados Unidos. 

Las soluciones brindadas por el gobierno de Miguel de la Madrid, en gran parte logradas gracias a la presión internacional, fueron superficiales y temporales. Esto tuvo que ver con la crisis económica del país durante esos años, que coincidió con la agresiva política exterior del presidente Ronald Reagan, quien se negó a reconocer la situación de los regímenes en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y quien justificó la intervención desde la perspectiva de la seguridad estadounidense. Si bien esto determinó mucho la postura del gobierno mexicano en tiempo de crisis, no alcanza a explicar el porqué de la deficiencia de las políticas migratorias en las últimas tres décadas. 

Hoy, más que nunca, mientras nos quejamos de las políticas migratorias estadounidenses en contra de los mexicanos, habría que voltear a ver cómo maneja nuestro país la misma problemática. Es hora que volteemos al pasado y exijamos el establecimiento de verdaderos organismos institucionales y aparatos legales eficientes que ayuden a controlar la terrible y violenta situación a la que se enfrentan no solo los migrantes de Centroamérica, sino los mismos mexicanos que siguen las rutas migratorias hacia Estados Unidos, en busca de una mejor calidad de vida.

Para saber más

Adamson, Fiona B., “Crossing Borders: International Migration and National Security” en International Security, volumen 31, número 1, 2006, p. 165-19.

Medina Martínez, Fuensanta, “La transformación del concepto de seguridad nacional en México” en Revista de El Colegio de San Luis, nueva época, año II, número 3, enero-junio de 2012, p. 218-235.

Castillo, Manuel Ángel y Toussaint, Mónica, “La frontera sur de México: orígenes y desarrollo de la migración centroamericana” en Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, Vol. 12, No. 2 Julio-Diciembre, 2015, p. 59-87

Castillo, Manuel Ángel y Mónica Toussaint, “Seguridad y migración en la frontera sur” en Arturo Alvarado y Mónica Serrano (coordinadores), Seguridad nacional y seguridad interior, México, El Colegio de México, 2010, p. 269-300.

Castillo, Manuel Ángel, “La política de inmigración en México: un breve recuento” en Alfredo Lattes, Jorge Santibáñez y Manuel Ángel Castillo, Migración y Fronteras, México, El Colegio de México, p. 425-452.

Aguayo Quezada, Sergio, “Éxodo centroamericano” en Nexos, abril de 1985. Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=4470