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De Sonora a Yucatán: la deportación Yaqui durante el Porfiriato

Por Lorena López Jáuregui

La deportación es un recurso punitivo frente a: la disidencia política, el crimen o a quien se le asigna la categoría de “extranjero”. El siglo veinte ha registrado y difundido muchas historias de deportación, ligadas generalmente a regímenes autoritarios o a disputas por recursos naturales. Sin embargo, resultan menos difundidas aquellas historias de deportación que sufrieron algunos pueblos indígenas como: los comca’ac o los yaquis. En la última década del Porfiriato se calcula que más de seis mil yaquis fueron deportados de Sonora a Yucatán. Conocer sus historias resulta de enorme relevancia, especialmente porque abre paso para discutir las violencias del Estado mexicano, el racismo y sus necropolíticas.

En el marco de la historia de la Guerra del Yaqui (1884-1904), la deportación fue concebida como una estrategia del Estado mexicano en medio de un conflicto por recursos y formas de gobierno contra la nación yaqui. Constituye una de las fases de mayor radicalización de una guerra que intercaló ideas de “colonización” y “mestizaje”, para pasar a otras más violentas como las de “deportación” y “exterminio”. En tanto que deportar significa desterrar a una persona de un lugar (usualmente el de nacimiento), se trata de un método que rompe con lazos familiares y territoriales y que aísla radicalmente a la persona, pues la aleja, en contra de su voluntad, de su vida en comunidad y de su lengua materna.

Las deportaciones del siglo XX fueron el preámbulo de formas modernas de esclavitud, explotación y racismo, y reflejan el aspecto utilitario que sus organizadores le asignan, pues se dirige a espacios con condiciones de explotación laboral frente a los que resulta casi imposible plantear una resistencia organizada. Por eso, puede verse cómo militares –como el gobernador de Sonora y miembro de la élite porfiriana, Luis E. Torres– se enriquecieron con el prolongamiento del conflicto bélico. No sólo reforzaron su autoridad como líderes del ejército, sino que se apropiaron de territorios gracias a los desplazamientos de la población yaqui para sus propias haciendas.

Retrato del gobernador de Sonora, Luis E. Torres. Imagen tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Emeterio_Torres#/media/Archivo:Luis_Emeterio_Torres.jpg.

La disputa por el control del agua y tierras fértiles cercanas al Río Yaqui –que cruza la parte sur de Sonora y desemboca en el Golfo de California–, fue el detonador de la guerra. En ese contexto emergieron algunos líderes como Cajeme y Tetabiate que organizaron con objetivos políticos distintos niveles de resistencia frente al despojo: desde la reorganización de la nación yaqui, pasando por el sabotaje, hasta la guerra de guerrillas. Con el prolongamiento y la radicalización del conflicto bélico, en el umbral del siglo XX, el gobierno porfiriano decidió trasladar una quinta parte de las fuerzas militares del país al Valle del Yaqui, lo que equivalía a más de cinco mil militares. Con esa fuerza militar, tuvo lugar el enfrentamiento con el que el gobierno mexicano buscó obtener la derrota final de la resistencia: la Batalla del Mazocoba, que marcó un punto de inflexión en el conflicto.

En dicha batalla murieron más de cuatrocientos combatientes del lado yaqui y resultaron múltiples heridos. Ese día, el 18 de enero de 1900, dio inicio la política de deportación. A partir de entonces, el ejército comenzó a expulsar a los yaquis del Valle, tomando como primer grupo a trescientos prisioneros (niños y mujeres incluidos), para llevarlos en calidad de presos políticos a Yucatán.

¿Y por qué Yucatán? Los vínculos entre Sonora y Yucatán para la concepción de una política de deportación surgieron a partir de la visita de Luis E. Torres al suroeste del país en 1893. Ahí, el gobernador de Sonora, creó lazos con la élite henequenera de la región y particularmente con uno de los “Reyes del henequén”: el ministro de Fomento, Olegario Molina. En esa visita pudo observar la situación en la Península: el apogeo del comercio del henequén y la escasez de mano de obra para esta actividad económica. No de forma coincidente, siete años después inició la deportación yaqui, que sirvió para extender sus propiedades en el estado de Sonora a partir del desplazamiento de los habitantes del territorio y para fomentar la actividad de exportación más grande del país en la época: el henequén, suministrándole una mano de obra forzada.

Ruta de la deportación. Mapa realizado por la doctora Raquel Padilla Ramos.

El henequén de Yucatán abastecía, en aquel momento, al mercado internacional del suministro de cuerdas y sacos. Anualmente, se exportaban más de ochenta y tres millones de kilogramos de henequén en ciento cincuenta buques de vapor desde Yucatán a los mercados de Estados Unidos, Cuba, Inglaterra, España, Alemania, Francia y Belice. Su producción alternó entre trabajo contratado y el esclavo. Diversos grupos mayas, chinos, coreanos y yaquis trabajaron en las mismas cuadrillas de trabajo, cortando las hojas de henequén en condiciones de esclavitud o enganche, muchas veces bajo temperaturas extremas. En ese trabajo, los castigos físicos eran comunes.

Si bien, Yucatán fue el principal destino de la deportación yaqui, también fueron trasladados a Oaxaca y Veracruz. La mayor experta en el tema, la antropóloga Raquel Padilla, contó seis mil cuatrocientos treinta y dos yaquis como víctimas de la deportación en el Porfiriato. Como ella misma reconocía, esa cifra podía ser bastante conservadora, pues era la que reportaban los registros oficiales, por lo que no se tiene certeza de que fuera el total real.

La deportación, entendida también como el traslado de la población y no sólo como el espacio de llegada, creó duras condiciones de vida, enfermedades y hambre. Lo cual tuvo como consecuencia una gran tasa de mortandad y de contagio de enfermedades. En Yucatán se encuentran reportes de que yaquis llegaban padeciendo fiebre amarilla o viruela. Por eso, algunas personas se pronunciaron en contra de la llegada de más personas deportadas por cuestiones sanitarias. La Junta de Sanidad llegó, incluso, a preparar vacunas contra la viruela para los presos políticos y así evitar una epidemia que afectara severamente a la población local.

El Archivo General de la Nación en la Ciudad de México y el de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardan las pruebas de esa deportación masiva. En sus documentos aparecen listas de nombres de personas, denuncias, confesiones y destino. Aquí me limito a presentar cinco casos de deportación a Yucatán registrados en los archivos y que provienen del contexto de la guerra:

Francisco Guactemea fue acusado de haber peleado con arco en Mazocoba. Él confesó que estuvo en la sierra.  – Lo mandaron deportado a Yucatán.

José Segúa denunció a otros y dijo que presentaría a alzados que habían sido dejados libres. Le pidieron hacerlo y se anota que llevó a varios que ni siquiera él mismo sabía por qué los denunciaba.  – José fue enviado a Yucatán.

Hilario Bacasegua no confesó. – Fue enviado a Yucatán.

José María Álvarez confesó haber peleado en la sierra, tener un arma, haber asaltado a Rafael Torres y haberlo rematado a palos. Álvarez a su vez denuncia a su hermano como asaltante también de Torres. – Fue enviado a Yucatán.

Felipe Matus es entregado por su patrón por insubordinado. – Se le deportó a Yucatán.

La prensa mexicana que criticaba estas acciones, destacaba cómo los yaquis eran tomados como prisioneros donde fuera que se les encontrara y reportaba altos niveles de mortandad en el trayecto. El cónsul mexicano en Estados Unidos, Arturo Elías,  no negaba en absoluto la política de deportación al escribir que: “the rule of deportation only applies to those who bear arms and incite rebellion against the government”. Describió a los yaquis en armas como personas que no valoraban la vida, ni la propiedad, como sedientos de sangre, astutos y malvados. Añadía además que los yaquis eran llevados a Yucatán con “la oportunidad de involucrarse en actividades agrícolas”.

Tropas federales conducen a familiares de los indios yaquis a los pueblos de Vicam y Cócorit, ca. 1903. Colección: Archivo Casasola, Fototeca Nacional.

Lejos de ser un secreto de Estado, militares, gobernadores y cónsules defendían abiertamente en la prensa la política de deportación, aunque la élite sonorense intentaba minimizar cómo se representaba la guerra, probablemente para evitar que la potencia vecina interviniera. El cónsul envió frecuentemente a México recortes, informes y traducciones de lo que se decían en la prensa estadounidense sobre la Guerra del Yaqui y, en particular, las críticas al gobierno mexicano sobre la forma de proceder. En sus réplicas a la prensa, Arturo Elías intentaba demostrar cómo esas notas habían sido producto de la desinformación.

Como historiadora, observar las dimensiones transnacionales de una guerra desde los periódicos y los análisis del discurso puede llegar a ser un espacio poco interpelador, sin embargo, cuando se tiene en cuenta que detrás de las listas del archivo existen personas desterradas de su lugar de origen en contra de su voluntad, llevadas a un sitio donde no se hablaba su lengua y aislados de sus núcleos familiares, la aparente guerra entre “barbarie” y “civilización” de los periódicos adquiere otro cariz. Algunos sobrevivientes narrarían después sus historias familiares, especialmente a antropólogos. Como ejemplo está el testimonio de una anciana de Pótam, quien al recordar su historia, describía: “nos encadenaron y nos enviaron a ejecutar trabajos forzados […] Los yoris vendieron a nuestros hijos como perros para que fuesen esclavos de los ricos”.

Las y los yaquis hechos prisioneros eran embarcados en el puerto de Guaymas. Desde allí, el trayecto en barco de vapor rondaba los cinco días hasta llegar a San Blas. Posteriormente, recorrían el camino hasta veinte días a pie hasta llegar San Marcos, luego proseguían a Guadalajara, la Ciudad de México y Veracruz en ferrocarril para ser nuevamente embarcados hasta Progreso en Yucatán. Vapores como el “Mérida”, “México”, “Puebla” y “Sinaloa” transportaron a enormes contingentes de yaquis para ser entregados a los financiadores de la deportación cuando llegaban a Yucatán. Allí comenzaron a trabajar en condiciones de esclavitud en las prósperas haciendas henequeneras al extremo sur del país. La venta de los presos políticos a los hacendados permite hablar de una venta de yaquis como mano de obra esclava.

Grupo Yaqui, ca. 1894. Fotografía: cortesía de la autora.

El periodo de mayor deportación fue de 1902 a 1908. En esa época, tanto en la prensa mexicana como la estadounidense se hablaba abiertamente de un “exterminio”. El discurso del gobierno, por su parte, los reconocía como excelentes trabajadores y lamentaba que no se quisieran someter. Sin embargo, detrás de sus argumentos, existe un discurso que justifica el racismo y la explotación. Como se constata en otros casos, las deportaciones no son un simple preámbulo, sino que forman parte de prácticas de exterminio. Esa política de deportación es visible en las cartas del gobierno que estipulan los costos de transporte, en el precio obtenido por la venta de yaquis a los hacendados en Yucatán, en los partes militares y, también, en los telegramas que hablan de la conducción de prisioneros a los puntos donde los concentrarían para el exilio.

Cabe señalar que desde la prensa estadounidense no se criticaba la deportación misma, sino el hecho que se enviara a todos los yaquis sin tomar en cuenta “su buena o mala conducta”. Entonces, un nuevo mecanismo de control fue implementado para los yaquis en Sonora: el uso de pasaportes. Así se empezó a regular dónde tenían permiso de vivir y por dónde tenían permitido transitar. Cada varón debía portar un pasaporte y en caso de no contar con él serían arrestados. La implementación de esta medida permite imaginar un control semejante al que ejercen algunos Estados sobre el extranjero, no sobre el ciudadano. Un pasaporte que comenzó a ser necesario para transitar en su propio territorio y sin embargo, innecesario cuando eran transportados al extremo opuesto del país.

Además de las listas de deportación y de las notas de prensa de un lado y del  otro de la frontera, existen los testimonios de quienes vivieron esta situación. Uno de ellos fue recogido por Carlos Silva: Agripina, una mujer yaqui que vivió la deportación contó, en su lengua materna, lo que aquí aparece traducido al castellano:

nos.. este.. echaron al mar, […] y las canoas eran muy peligrosas, y nos trasladaban muchos los soldados. […] Entonces nos llevaron. Íbamos de pie para allá hasta Huírivis. Nada más llegamos a… este… Pitahaya a pie, y allá en Pitahaya pronto un tren paró frente a nosotros. El tren… era… este… de carga… también fuimos metidos en los fierros. Unos tubos… estaban unos tubos. […]  Nomás allí fuimos metidos, y no íbamos por nuestro propio gusto. Después nos metieron hacia… este… este… a un corral muy grande. Entonces los soldados nos rodearon. Todas las noches nos cuidaban.

Listas mujeres yaquis para deportar a Yucatán. Fotografía: cortesía de la autora.

En muchos momentos de la guerra se planteó que los yaquis estaban recibiendo apoyo desde los Estados Unidos. Se trata del apoyo de sus familias desde el otro lado de la frontera, no tanto porque proviniera de estadounidenses, sino de los mismos yaquis desplazados por la guerra. Se estima que cerca de dos mil yaquis huyeron hacia los Estados Unidos. Algunos se concentraron en Arizona, como resultado de un desplazamiento forzado. En 1904, se fundó el pueblo de Guadalupe en Arizona y el segundo se estableció en Tucson, los descendientes de esos grupos obtendrían en los años setenta el reconocimiento como native americans en los Estados Unidos.

Así, en la historia de los movimientos masivos de personas podemos encontrar las diferencias entre: migraciones elegidas (como los yaquis que trabajaban temporadas en lugares como California), el desplazamiento forzado por la guerra (como el caso de los desplazados a Arizona) y la deportación (a la península de Yucatán). El discurso bélico de la élite sonorense propagó muchas veces la idea de que los yaquis iban a desaparecer, especialmente aludiendo a que no se adaptaban a los tiempos. En 1908, se llegó al extremo de ordenar que todos los yaquis fueran apresados y trasladados a Yucatán, propuesta que incluso llevaría a algunos hacendados sonorenses y al gobierno nacional a enfrentarse en la disputa por la mano de obra, pues muchos yaquis eran campesinos, mineros y ganaderos en las haciendas y minas de Sonora. Sin estos, la economía del estado también se paralizaba.

Con la caída del régimen de Porfirio Díaz en 1911 y de la élite militar que lo sostenía, muchos yaquis comenzaron, paulatinamente, el regreso a Sonora. Raquel Padilla calculó que de un total de seis mil quinientas personas que habían sido deportadas a Yucatán, cerca de tres mil quinientas habrían buscado el camino de regreso al Valle del Yaqui. El destino de esas otras tres mil personas es incierto. Puede ser que hayan muerto o se hayan quedado en Yucatán. Por eso, a pesar de que el Estado mexicano haya reconocido este genocidio de forma tardía y haya pedido perdón por boca del actual jefe de Estado, para repararlo se requiere que no sólo yaquis, sino que las y los mexicanos lo mantengamos en la memoria.

Para saber más

Guerrero de la Llata,  Patricia del Carmen, “La perfidia de los indios…las bondades del gobierno”: imaginarios sociales en discursos oficiales sobre la deportación de los yaquis (1902-1908), Hermosillo, El Colegio de Sonora, 2014.

López Jáuregui, Lorena, “Civilizar, mezclar, deportar y exterminar: prácticas y discursos de poder alrededor de la Guerra del Yaqui (1884-1904)”, Tesis de licenciatura en Historia, UNAM, 2015.

Padilla Ramos, Raquel, Los partes fragmentados : narrativas de la guerra y la deportación Yaquis, México, Secretaría de Cultura e Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2018.

Padilla Ramos, Raquel, Yucatán, fin del sueño Yaqui: el tráfico de los Yaquis y el otro triunvirato, Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora, Instituto Sonorense de Cultura, 1995.