Skip to content Skip to footer

Primero la Iglesia y después la patria. El clero, implulsor de la Independencia de México

Por Agustín Rueda Castellanos

Introducción

Los historiadores de los últimos años han cometido un acto de grave omisión respecto a la historia de la consumación de la independencia. Tan absortos están con el estudio de personajes –por supuesto relevantes, pero no únicos actores– o bien con temas de moda –por ejemplo, los conceptos y los militares– que han dejado de lado la participación de una de las instituciones más importantes en ese momento, nos referimos a la Iglesia. Durante la década de los setenta y después en los noventa del siglo XX se hicieron relevantes estudios sobre la influencia, reacciones e ideas que el clero tuvo durante esa época, a favor y en contra tanto de los insurgentes como de los realistas. Sin embargo, pasan los años y no hay avances significativos en este terreno del conocimiento. 

El presente artículo tiene por objetivo explicar el papel preponderante y fundamental jugado por la Iglesia en la consumación de la independencia de México en 1821, así como esclarecer los motivos que tuvieron sus integrantes para impulsar el Plan de Iguala promovido por Agustín de Iturbide. Esta problemática no es novedosa y existen obras al respecto, no obstante, es imperativo difundirla y promover nuevos estudios en torno a ella. Por último, aquí se esbozan algunos elementos para comprender qué posición conservó la Iglesia una vez lograda la independencia. 

Iglesia y religión en el Antiguo Régimen

Antes de entrar en materia, resulta conveniente explicar el importante lugar ocupado por la religión católica en la época previa a la independencia. El cristianismo estuvo presente en la vida del ámbito español del Antiguo Régimen. Este último concepto hace referencia a las entidades políticas que se conformaron y desarrollaron entre el siglo XVI y el XVIII; algunas de sus características son la concentración del poder en una figura (normalmente un rey), la existencia de una burocracia y la relación sociedad-monarca a través de corporaciones y estamentos, es decir, los individuos estaban representados a partir de agrupaciones o instituciones, su valor residía conforme a su posición social y con respecto a ésta se les otorgaban privilegios; es importante asentar que todos eran súbditos del rey, mas nunca sus iguales. En el caso español, también es de destacar la unión entre el trono y el altar: la Iglesia y el Estado estaban intrincados. 

La potestad de los reyes había sido determinada por Dios y éstos tenían la obligación de proteger a la religión. Cuando los castellanos conquistaron y comenzaron a colonizar diversas regiones de América, las instituciones cristianas fueron establecidas en estos territorios, además desde un inicio se promovió la evangelización. Toda actividad humana estaba regulada por el cristianismo: los días del año se marcaban por fiestas y celebraciones religiosas, las campanas de las iglesias indicaban las horas del día, casi cualquier persona era miembro de una cofradía, los sacerdotes generaban opinión, varias instituciones clericales otorgaban préstamos económicos y arrendaban propiedades a tenderos, agricultores, mineros… En resumen, no existía asunto alguno ajeno a la Iglesia y a la religión, cuando menos durante los siglos XVI y XVII. Fue a partir de la centuria dieciochesca que hubo un punto de cambio.

En la esfera política, vale la pena resaltar la figura del Regio Patronato Indiano. Esta institución se formó desde el siglo XVI y normó la relación entre la Iglesia y los representantes de la Corona en América. Inicialmente, el patronato era el derecho de los reyes para nombrar diversos altos cargos eclesiásticos –como a todos los obispos y dignidades del cabildo catedral– y con el tiempo tuvo más atribuciones. Así, para el siglo XVIII se había convertido en la figura jurídica articuladora y regidora de todo aspecto eclesiástico, siempre desde la tutela de la monarquía y ejecutada por sus representantes en el continente americano (llamados vicepatronos: podían ser los virreyes, gobernadores u otros personajes con destacados cargos de gobierno). Así, toda la Iglesia hispanoamericana quedó bajo el control regio, sin ningún cuestionamiento o resistencia por parte de los eclesiásticos. Esta situación no cambió sino hasta después de la independencia.

La unión entre la Iglesia y el Estado se ejemplifica en esta pintura con los retratados en la parte inferior del rey Carlos III, el virrey de Nueva España, Antonio María de Bucareli, el  papa Clemente XVI y el arzobispo de México, Antonio de Lorenzana. Glorificación de la Inmaculada, Francisco Antonio María Vallejo, 1773, colección: Museo Nacional de Arte. Imagen disponible en: http://munal.emuseum.com/objects/130/glorificacion-de-la-inmaculada?ctx=6861a33d-be75-402e-8bad-d3511d48b450&idx=1

Aires de cambio, hacia la secularización

El siglo XVIII comenzó con un acontecimiento que trastocó la política que había seguido España desde tiempo atrás. En 1700 falleció, sin descendientes directos, el rey Carlos II. Por ello, fue el último monarca perteneciente a la dinastía de los Austria. Su muerte provocó una guerra –conocida como la Guerra de Sucesión Española (1700-1713)– y causó el ascenso de la casa Borbón al trono con la coronación de Felipe V. Simultáneamente, comenzó un cambio cultural en occidente conocido como ilustración, época caracterizada por el racionalismo, la discusión y el interés en los asuntos mundanos por encima de la especulación religiosa. 

A partir de entonces, se hicieron reformas de orden económico y político, acentuadas con el paso de los años y de los gobernantes. El punto culminante se alcanzó durante el reinado de Carlos III (1759-1788), época donde muchos autores han localizado una tendencia que favorecía la secularización, es decir, la separación del poder temporal y de la esfera espiritual. En efecto, durante ese gobierno se consolidó la razón de Estado: para los ministros del rey era fundamental recuperar a España como potencia y, en consecuencia, emprendieron numerosas acciones en aras de centralizar aún más el poder, racionalizar los gastos y obtener ganancias. Bajo este entendido, y en el ámbito metropolitano, la Iglesia dejó de ser central para la monarquía y pasó a segundo plano, a ser una corporación más que debía estar bajo control total regio.

Varias de las reformas borbónicas, apenas anunciadas en el párrafo anterior, afectaron a la Iglesia de forma directa o indirecta. Por ejemplo, en 1749 se ordenó el inicio de la secularización de doctrinas de frailes en los virreinatos americanos, lo que significaba quitarle la administración de algunas iglesias a los frailes y darlas a los curas seculares; en 1760 se acotó el poder de los jueces eclesiásticos al prohibirse la detención de laicos sin ayuda de jueces reales, en 1774 también se limitó el derecho de asilo en las iglesias. De igual forma, en 1776 se comenzó a revisar la Recopilación de las leyes de las Indias, obra que daba orden a las numerosas disposiciones existentes para gobernar y administrar los territorios americanos de España. Como resultado, se creó el Nuevo código de Indias, nunca publicado pero sí utilizado. Allí, entre otras medidas, se limitaba el fuero de los eclesiásticos en ciertos casos. Este punto es relevante porque los clérigos gozaban de privilegios judiciales, pues eran juzgados e investigados por tribunales y dependencias pertenecientes a la Iglesia, aunque no se debe perder de vista que la influencia de la Corona también se dejaba sentir en esas instancias.

Durante el gobierno de Carlos IV (1788-1808) sucedieron las reformas más extremas. Aunque algunas de ellas fueron producto de la tendencia marcada desde antes, también influyó el contexto internacional: las guerras entre las potencias europeas y la participación hispana en ellas provocaron la necesidad de obtener recursos a casi cualquier costa. En 1795 se limitó el fuero a los eclesiásticos en materia criminal y en 1804 se expidió la real cédula de consolidación de vales reales. Este último documento es de particular importancia, pues afectó económicamente a numerosos sectores. Años atrás, la Corona había vendido vales equivalentes a sumas de dinero a cambio de préstamos inmediatos; su finalidad era recaudar recursos para sostener una guerra contra Inglaterra. Debido a que el gobierno no lograba efectuar los pagos de dichos vales, los ministros decidieron pedir en préstamo forzoso el dinero perteneciente a una instancia eclesiástica, a los juzgados de capellanías y obras pías. En ellos, existían fondos provenientes de testamentos personales que dejaban partidas para el rezo de cierto número de misas al año –capellanías– así como otros de donaciones hechas a la Iglesia –obras pías–. Estos juzgados, existentes en cada obispado, solían prestar el dinero a mineros, comerciantes, agricultores y ganaderos a cambio de un interés del 5% o más. La cédula de consolidación de vales reales pedía el depósito en las arcas de la Corona del dinero de dichos juzgados, sin embargo, éstos no poseían el dinero líquido al tenerlo prestado y se vieron obligados a pedirlo a sus deudores. De esta forma, se generó fuerte descontento entre la población en general y, por supuesto, por parte de la Iglesia.

En efecto, con estas reformas hubo reclamos por parte de los clérigos. Quizá el ejemplo más famoso es Manuel Abad y Queipo, obispo de Valladolid de Michoacán, quien dirigió numerosas representaciones al monarca explicando las posibles consecuencias negativas de afectar a los intereses clericales. No obstante, la Iglesia permaneció fiel a la Corona: a veces cumplía a medias las disposiciones regias, se tardaba en acatarlas o lo hacían reclamando, mas nunca cuestionaron la legitimidad o validez de la autoridad de los reyes.

En la pintura se observa del lado derecho al rey Carlos IV, y del otro lado, vestido de azul, se encuentra su hijo sucesor al  trono, Fernando VII. La familia de Carlos IV, Francisco de Goya, 1800, colección: Museo del Prado. Imagen disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/La_familia_de_Carlos_IV#/media/Archivo:La_familia_de_Carlos_IV,_por_Francisco_de_Goya.jpg 

La Iglesia y la insurgencia

En 1808, la casa de Borbón española abdicó en favor de José Bonaparte, hermano del emperador Napoleón de Francia. Esto acrecentó una crisis política en la metrópoli, arrastrada desde años atrás. Una amplia facción del gobierno y de la población desconoció al nuevo monarca. Tanto en la península como en América, surgieron proyectos para representar un gobierno en nombre de Fernando VII, apodado “el deseado” e hijo del ya mencionado Carlos IV, la mayoría de ellos proponía la formación de juntas compuestas por las élites políticas y económicas. En el caso de Nueva España, se quiso hacer una junta de carácter autonomista, es decir, que pretendía representar al gobierno mientras Fernando recuperaba el poder e impulsar acciones en favor de los intereses locales sin consultar a la junta metropolitana. Este intento fue detenido por grupos favorable a los peninsulares, entre ellos, los jerarcas de la Iglesia.

Dos años más tarde, el 16 de septiembre de 1810, comenzó el proceso independentista. Fue ante tal coyuntura que quedó en evidencia la división interna existente en el clero. Esquemáticamente, éste puede clasificarse en alto y bajo. El primero se conforma por los integrantes de mayor rango: cardenales, arzobispos, obispos, miembros del cabildo catedral y canónigos (en su mayoría pertenecientes al clero secular) además de provinciales, priores y personajes con altos cargos del clero regular. Por su parte, el bajo clero son los curas párrocos, capellanes, diáconos y frailes “del común”, personajes sin una posición privilegiada dentro de los esquemas clericales. Con el estallido revolucionario, la Iglesia reprodujo a pequeña escala la situación social. Todo el alto clero rechazó, combatió y condenó la insurgencia, casi sin excepción. En contraste, el bajo clero reaccionó de forma desigual: algunos se unieron a la causa independentista, otros la rechazaron y bastantes adoptaron posturas ambivalentes o poco esclarecidas. Como todo queda más evidente a partir de ejemplos concretos, veamos ahora algunos casos ilustrativos sobre lo dicho en las líneas anteriores.

El arzobispo y los obispos utilizaron distintos medios de combate. El más importante fue pronunciar y publicar sermones. En ellos, denostaban a los insurgentes, promovían la fidelidad al rey y aprovechaban para criticar las reformas borbónicas, incluso les atribuían el origen de los desórdenes. Así, Francisco Javier Lizana Beaumont, arzobispo de México, decía que si el movimiento de Hidalgo triunfaba “se dividirá el reino, quedará desolado y será finalmente presa de algún extranjero advenedizo, no gachupín o criollo, que no reconozca a Dios ni prójimo”. Por su parte, el prelado de Oaxaca, Antonio Bergosa y Jordán calificaba a los insurgentes como “huestes del infierno” y aseguraba que “Dios no protegía su injusta causa”.

El arzobispo de México Francisco Javier Lizana y Beaumont fue uno de los principales opositores a la revolución de Independencia. Duró en el cargo ocho años, de 1802 a 1811, año en el que falleció sin alcanzar a ver a los insurgentes derrotados. El excelentísimo e ilustrísimo Señor Doctor Don Francisco Xavier de Lizana y Beaumont, José María Vallejo, 1809, colección: Museo Nacional de Historia. Imagen disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_de_Lizana_y_Beaumont#/media/Archivo:FranciscoJavierdeLizanayBeaumont.jpg  

Otro método que utilizaron fue el de intentar convencer a los independentistas para sujetarse a la Corona. Aquí se destacó el obispo poblano Manuel González del Campillo, quien propuso indultar –otorgar el perdón– a los rebeldes en septiembre de 1811. Así, decía: “…espero se disipen las sombras del error que os tiene ofuscada la razón, y veáis el abismo de miseria en que váis a precipitar a vuestra patria”. Además de estas acciones, también promovieron la formación de tropas combatientes, donaron cuantiosas sumas de dinero a los realistas e instruyeron al resto de los eclesiásticos para evitar y denunciar la adhesión de los novohispanos a las huestes contrarias al poder colonial. De la misma forma actuaron las autoridades del clero regular, por ejemplo, el provincial dominico de México, Domingo Barreda, pronunció un discurso promoviendo la unidad entre los frailes.

Del lado del bajo clero, como ya mencionamos, hubo reacciones muy diversas. Baste recordar que los dirigentes revolucionarios eran padres: Miguel Hidalgo, José María Morelos, Mariano Matamoros, José María Cos, José Manuel de Herrera fueron integrantes de la Iglesia que abrazaron la insurgencia. Junto con ellos, se ha calculado que más de 244 seculares y 157 frailes participaron en favor de los revolucionarios. Ninguno de ellos pretendía afectar a la religión católica, la defendían y se preocuparon por incluirla en sus proyectos de nación. Por contraparte, muchos otros estuvieron a favor de los realistas y también llegaron a tomar las armas. Algunos frailes franciscanos de Pachuca promovieron misiones al interior de Nueva España no para evangelizar, sino para convencer a la población de aborrecer al “enemigo”. Sin embargo, prevaleció la ambigüedad con los clérigos, pues una gran cantidad saltó de un bando a otro dependiendo de las circunstancias, otros intentaron ser conciliadores entre las posturas y es probable que varios guardaran su opinión, pero que apoyaran con convicción a alguna facción.

Retratos de algunos de los dirigentes insurgentes que fueron curas. De izquierda a derecha, se encuentran: Mariano Matamoros, José María Morelos y Pavón, José Manuel de Herrera y Miguel Hidalgo y Costilla. Cabe mencionar que, a excepción de Morelos, ninguno de ellos fue retratado en la época.

Con estas diferencias en la base social de la Iglesia, pero simultáneamente con el apoyo incondicional de la jerarquía eclesiástica al poder colonial, siguió el proceso de la guerra de independencia desde 1810 hasta 1820. No bastaron las reformas borbónicas para que la Corona fuera repudiada por este sector, aunque sí comenzaron a desconfiar y reclamaron. Tuvo que llegar una ruptura aún más radical para que el alto clero cambiara de opinión.

Toda la Iglesia promueve la Independencia

Mientras tanto, en España se vivían momentos difíciles. Las facciones que desconocieron a Bonaparte redactaron una constitución en Cádiz y la promulgaron en 1812. El régimen pasó a ser de una monarquía absoluta a una constitucional, regulada por un congreso conocido como “cortes”. Fernando VII recuperó el trono, al no estar de acuerdo con esa medida, decidió derogar la Carta Magna y restableció el absolutismo entre 1814 y 1820. En ese último año, un impetuoso levantamiento militar obligó al rey a jurar Constitución de Cádiz y no le quedó más remedio que permitir la instalación de nuevas cortes. 

Los legisladores de 1820 eran, en su mayoría, personas con un pensamiento liberal; buscaban introducir grandes cambios políticos y económicos que modernizaran a España y que rompieran con las prácticas del Antiguo Régimen. El poder temporal ejercido por la Iglesia fue, por supuesto, uno de los principales blancos de las cortes. Así, en septiembre de 1820 refrendaron la eliminación del fuero eclesiásticos en delitos penales (retomando la cédula de 1795), aprobaron la supresión de varias órdenes religiosas monásticas, militares y hospitalarias y, por si fuera poco, prohibieron la adquisición de nuevos bienes raíces a toda institución eclesiástica. También presionaron a las órdenes regulares no suprimidas para reducir su número de conventos y de personal, sin duda con el objetivo de lograr su desaparición en poco tiempo.

El 9 de julio de 1820, el rey Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz frente a las Cortes. En la escena aquí representada se observa la ceremonia de este hecho que marcó el inicio del “trienio liberal”, periodo conocido así por las reformas impulsadas por las Cortes. Imagen tomada de: https://www.auladehistoria.org/2016/02/fernando-vii-jura-la-constitucion-1820.html

Las noticias anteriores generaron gran preocupación al ser recibidas en Nueva España, pues afectaban grandes intereses. La desaparición de las órdenes hospitalarias, dedicadas al cuidado de enfermos y convalecientes, sí se efectuó en 1821. Pero las demás reformas no. En efecto, diversos actores comenzaron a conspirar en contra del gobierno liberal español para lograr la independencia, entre ellos poderosos comerciantes y políticos que no obtuvieron beneficios suficientes con la constitución gaditana. Otro sector fundamental fue la jerarquía eclesiástica. Las reformas secularizadoras eran contrarias a los intereses de la Iglesia y por ello tomaron una decisión impensable diez años antes: promover la Independencia. 

Aunque no existen documentos probatorios, se sabe que hubo juntas secretas en 1820 –conocidas como la conspiración de la Profesa– en las que participaron importantes eclesiásticos como Antonio Joaquín Pérez Martínez (obispo de Puebla, sucesor de González del Campillo), Manuel de la Bárcena, Matías Monteagudo, Juan Cruz Ruiz de Cabañas (obispo de Guadalajara), entre otros. Todo parece indicar que entraron en contacto con Agustín de Iturbide, afamado militar criollo combatiente de la insurgencia, y también con otros autonomistas. Así, el Plan de Iguala nació de estas reuniones y su promotor visible fue Iturbide, quien se encargó de negociar con uno de los pocos insurgentes aún en abierta rebelión –Vicente Guerrero– y con otras cabezas civiles y militares de la colonia.

El obispo de Puebla Antonio Joaquín Pérez Martínez fue uno de los principales impulsores de la consumación de la Independencia. El Excelentísimo e Ilustrísimo Señor Don Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles, 1825, colección: Museo Nacional de Historia. Imagen disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Jos%C3%A9_Antonio_Joaqu%C3%ADn_P%C3%A9rez_Mart%C3%ADnez_y_Robles.png 

El Plan de Iguala fue un documento político que tenía una serie de propuestas para establecer un gobierno independiente de España. Allí se planteaba una monarquía constitucional, la formación del Ejército Trigarante y la unión entre españoles, criollos y demás personas. Sin embargo, queremos destacar un punto también fundamental: se establecía a la religión católica como única permitida, pero además se aseguraba la conservación de todos los fueros y privilegios de la Iglesia, con la garantía de no afectar tampoco sus propiedades. Este punto, así como con la comunicación y las entrevistas amistosas entablada entre el obispo Pérez Martínez e Iturbide en agosto de 1821 son una pista de su cercanía. De igual forma lo es el acta de independencia está firmada en segundo lugar por el mencionado obispo.

Una vez consumada la independencia, en septiembre de 1821, las muestras de júbilo por parte de la jerarquía eclesiástica fueron evidentes. El obispo de Sonora, fray Bernardo del Espíritu Santo dijo que Dios había concedido a México un gobierno independiente que precavía la amenaza de los irreligiosos principios constitucionales, además resaltó que la independencia se logró sin robos, saqueos ni muertes. En el mismo sentido escribieron el resto de los obispos, como el ya mencionado Antonio Joaquín Pérez, quien hizo una analogía en torno a la madurez: así como un pájaro que crece debe dejar el nido, México lograba la independencia de su madre patria. Al igual que los obispos, los regulares celebraron la consumación: un franciscano acusó a la Corona de descuidar y abandonar las misiones en el norte y confiaba que el nuevo gobierno volvería a poner atención en dicho asunto. Dos importantes –pero no preponderantes– excepciones fueron el arzobispo de México, Pedro José de Fonte y el obispo de Oaxaca, Manuel Isidoro Pérez Sánchez.

En suma, el apoyo decidido de la Iglesia determinó la independencia del país. Los obispos y demás autoridades reaccionaron ante el anticlericalismo imperante en la península Ibérica y vieron más viable y adecuado romper el lazo con España.

El Acta de Independencia, con fecha del 28 de septiembre de 1821, contiene en el primer renglón de firmas, además de la de Iturbide, la de tres destacados eclesiásticos: “Antonio obispo de Puebla”, Manuel de la Bárcena y Matías Monteagudo. Imagen disponible en: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Acta_Independencia_Mexico_1821.jpg 

Epílogo: el México independiente, una nueva oportunidad

La creación del nuevo país benefició a la Iglesia sin lugar a dudas. Se equivoca quien piense lo contrario. Examinemos brevemente por qué. En un inicio, en 1821 se establecieron una Junta Provisional Gubernativa y una Regencia; estas instituciones tuvieron la tarea de gobernar mientras se coronaba un emperador. La última estaba compuesta por cinco personas, y entre ellas hubo dos eclesiásticos: el obispo Pérez Martínez y Manuel de la Bárcena, canónigo de Valladolid (Michoacán). Desde la Regencia se convocó a una junta en febrero de 1822, estaba compuesta por representantes de los obispos de cada diócesis y su función era resolver asuntos de materia eclesiástica. 

La primera acción de la Junta Diocesana –así conocida– fue declarar el fin del regio patronato. Los prelados que vivieron el reformismo radical de 1820 y que impulsaron la independencia consideraron importante terminar con él. De esta forma, quedaban liberados del control absoluto ejercido desde el Estado. En efecto, la nueva nación nunca pudo ejercer efectivamente el patronato, ni en la ley ni en la práctica, aunque intentos y mecanismos semejantes a él existieron.

Coronación de Agustín de Iturbide, 21 de julio de 1822. En el acto participaron varios de los obispos: Juan Cruz Ruiz de Cabañas consagró a Iturbide y Antonio Joaquín Pérez Martínez pronunció un sermón; también estuvieron el obispo de Durango, Juan Francisco de Castañiza y el de Oaxaca, Manuel Isidoro Pérez Sánchez, quien en un inicio apoyó la Independencia (no muy convencido) y después prefirió retirarse a España.

Por otro lado, el gobierno creó desde 1821 el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, una secretaría con atribuciones legales para conocer, resolver y mediar sobre asuntos relativos a la justicia y a la Iglesia. Por este despacho desfilaron clérigos con el cargo de ministros: Miguel Ramos Arizpe, Pablo de la Llave –ambos antiguos representantes americanos en las cortes de 1820 y afines a los intereses autonomistas–, José Manuel de Herrera –antiguo insurgente al mando de Morelos y después aliado de Iturbide– y el obispo de Michoacán, Cayetano Portugal son ejemplo de ellos. Así, los intereses de la Iglesia estaban representados y defendidos desde una instancia gubernamental. No importaba que en su momento sostuvieran el proyecto autonomista o insurgente, pues al final de cuentas en ambos la Iglesia ocupaba un lugar importante; llegada la independencia siguieron velando por dicha institución desde la política. 

De igual forma, los fueros y propiedades eclesiásticas no se tocaron durante muchos años: los tribunales eclesiásticos siguieron existiendo, no se expropiaron conventos, iglesias, casas, fincas, terrenos o haciendas pertenecientes a los frailes, monjas o seculares. Es verdad que hubo proyectos y facciones políticas que procuraron afectar estos privilegios, especialmente en la década de 1830, no obstante, la Iglesia se defendió encarnizadamente y tuvo el apoyo de numerosos sectores. Su influencia política se dejó sentir por varias décadas más. Hasta las Leyes de Reforma (1856-1859) se concretaron acciones que comenzaron a mermar a la Iglesia y finalmente se obtuvo la separación –legal– entre la Iglesia y el Estado. ¿La Iglesia fue beneficiaria de la independencia? Por supuesto, pues logró por 50 años más librar batallas en contra del liberalismo y sostener una influencia preponderante en la política, en la economía, en la sociedad y en la cultura mexicana, influencia que se percibe aún hoy en día.

Para saber más

Gómez Álvarez, Cristina, El alto clero poblano y la revolución de Independencia, México, Facultad de Filosofía y Letras-Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

Farriss, Nancy M., La Corona y el clero en el México colonial, 1579-1821. La crisis del privilegio eclesiástico, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

Pérez Memen, Fernando, El episcopado y la Independencia de México (1810-1836), México, El Colegio de México, 2011.

Rubial García, Antonio (coord.), et. al., La Iglesia en el México colonial, México, Universidad Nacional Autónoma de México/ Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2013.