Las fuerzas armadas mexicanas, de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Sucia
mayo 8, 2019 admin

Las fuerzas armadas mexicanas, de la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Sucia

 

Por Pedro Celis y Edwin Alberto Álvarez

En el presente artículo, los autores analizan a las fuerzas armadas en dos momentos relevantes para la historia de México contemporáneo. Primero, ponen de manifiesto su participación y organización durante la Segunda Guerra Mundial (1940-1945); y segundo, la represión y el escarmiento hacia la propia sociedad mexicana en los años sesenta. De esta manera, quedan en evidencia al menos dos formas en las que el Estado mexicano ha empleado al ejército: para la defensa de amenazas exteriores y contra los “peligros” originados desde el interior del país.

Guardia Nacional o Servicio Militar Nacional y Defensas Rurales

Para diciembre de 1940, en que Lázaro Cárdenas entregó el poder a Manuel Ávila Camacho, Europa ya había entrado de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Era cuestión de tiempo para que los Estados Unidos también ingresaran en dicho conflicto, lo cual podría afectar a México, como de hecho lo hizo. Conscientes de esta realidad, el presidente y los altos mandos del Ejército Nacional hicieron preparativos para la eventualidad de que México tuviera que abandonar su neutralidad y declarar la guerra a las potencias del Eje, a pesar del pro-germanismo imperante entre gran parte de la población.

El presidente Manuel Ávila Camacho, flanqueado por dos ayudantes de EMP se dirige a la población desde Palacio Nacional, vía radiofónica, 31 de diciembre de 1940. SINAFO-INAH-Secretaría de Cultura, núm. inv. 56055. La imagen está disponible en: https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A75957

La situación llevó a tomar una serie medidas, encaminadas a preparar a nuestro país ante cualquier eventualidad. Una de las más importantes consistió en asignar la función de alto mando colegiado de las fuerzas armadas a un Supremo Consejo de la Defensa Nacional y al Estado Mayor Presidencial (EMP). Con este fin, en enero de 1942 –alrededor de un mes después de que Pearl Harbor fuera bombardeada por los japoneses– el presidente reformó los artículos 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica del Ejército y Armada Nacionales, así como los artículos 5° y 15 de la Ley de Departamentos y Secretarías de Estado. De acuerdo con dichas reformas, la Secretaría de la Defensa Nacional mantendría el control de la Inspección General del Ejército, así como de la Dirección de Materiales de Guerra y Comandos Superiores, pero el EMP, dependiente directo del mando supremo –esto es del presidente de la República–, tendría bajo su mando los Estados Mayores de tropa, y especiales de las Secretarías de Defensa Nacional y Marina, con el propósito de preparar y organizar al país militar, económica y moralmente para la guerra.

De este modo, mientras durara el estado de guerra, el Estado Mayor Presidencial se encargaría de dar de alta al personal militar; organizar las armas y servicios; efectuar la movilización total de la población; administrar los alojamientos y campos militares; proporcionar destinos, ascensos y recompensas; y dirigir los planes estratégicos, operaciones militares, labores de inteligencia, adiestramiento e instrucción militares, educación pública militar, abastecimientos, comunicaciones y sanidad.

Estas medidas obedecían al temor de que México tuviera que involucrarse de manera muy importante en la guerra, siendo objeto de bombardeos aéreos, de ataques submarinos a sus puertos, de sabotaje quintacolumnista (de las fuerzas enemigas) y a la posibilidad de tener que enviar grandes contingentes a combatir al Viejo continente. Sin embargo, al hacerse evidente que los horrores de la guerra no alcanzarían al territorio nacional, fue innecesario poner en práctica este plan de guerra. En consecuencia, ni el Supremo Consejo de Defensa ni el Estado Mayor tuvieron que entrar en funciones y asumir el mando de las fuerzas armadas nacionales. Sin embargo, el Gobierno no consideró necesario modificar la nueva reglamentación bélica del EMP, que continuó en vigor, aunque sin cumplimentarse, hasta 1985.

Por otra parte, la posibilidad de que México tuviera que involucrarse de lleno en la conflagración, llevó no sólo a la implementación de ejercicios a fin de preparar a la población civil para el caso de bombardeos aéreos, y a la militarización de las escuelas de nivel primario y secundario. Igualmente, se planteó la discusión sobre la movilización de la reserva del Ejército.

Desde el 5 de febrero 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos había establecido en su artículo 73 fracción XV, artículo 76 fracción IV y artículo 89 fracción VII que la reserva de la fuerza armada permanente de mar y tierra estaría conformada por una Guardia Nacional, como la del siglo XIX. En conformidad con esto, los artículos antedichos indicaban que la misma sería organizada e instruida por los gobiernos estatales, en concordancia con los reglamentos que para tal efecto estableciera la Cámara de Diputados. No obstante, ni el Congreso de la Unión de la época de Venustiano Carranza, ni los que se organizaron bajo sus sucesores sonorenses habían dado cumplimiento a esta disposición constitucional. Por su parte, los titulares del Ejecutivo Federal tampoco mostraron interés alguno por presionar al Congreso a fin de que cumpliera con esta tarea pendiente.

Una explicación para esta falta de premura es que después de la guerra civil de 1910-1917, la prioridad de los gobiernos en turno fue la pacificación del país y la desmovilización de las numerosas fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias. Dado que la mayor preocupación de los gobernantes posrevolucionarios era mandar a su casa a los antiguos combatientes, y hacer cada vez más difícil la organización de rebeliones armadas como la Delahuertista, la Escobarista y la Cristiada, es comprensible que no tuvieran ninguna prisa por organizar a la población civil en cuerpos armados. Además, el hecho de que en tiempos de paz dichos cuerpos estuvieran bajo el mando de los gobiernos estatales, implicaba el riesgo de repetir los conflictos del siglo XIX, en que los gobernadores (como el de Zacatecas y el de Puebla en la década de 1830), tomaron las armas valiéndose de la Milicia Cívica o Local para desafiar al presidente de la República. Asimismo, la Guardia Nacional, creada originalmente en 1846 para hacer frente a la invasión estadounidense, había servido de instrumento para los oscuros intereses detrás de la rebelión de los Polkos de febrero de 1847.

El propio general Porfirio Díaz, que había militado en la Guardia Nacional durante las guerras de Reforma e Intervención Francesa, había optado ya como dictador por desmovilizar dicha Guardia y postergar su organización, a fin de quitarle a sus opositores los medios para hacerle oposición armada. Esto al final jugó en su contra, pues cuando tuvo lugar el levantamiento maderista de noviembre de 1910, el Ejército Federal careció de una
reserva que pudiera ser convocada para hacer frente a la contingencia. En cualquier caso, es evidente que los gobernantes posrevolucionarios razonaron de manera parecida al general Díaz, y optaron por mantener a la Guardia Nacional en letra muerta.

Pero para la década de 1940, ante el peligro representado por las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón), la organización de una reserva se había convertido en un asunto impostergable. Hay pocos registros de la discusión que el presidente Ávila Camacho y sus generales tuvieron al respecto. El entonces secretario de la Defensa Nacional, general de división Francisco L. Urquizo, consignó en sus memorias, tituladas 3 de Diana, las distintas medidas tomadas por el Gobierno para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Dicho personaje menciona el establecimiento del Servicio Militar Nacional (SMN), pero sin explicar por qué se optó por este recurso en lugar de dar cumplimiento a la Constitución.

El presidente Manuel Ávila Camacho acompañado por el secretario de Defensa Nacional, Francisco L. Urquizo y el general Gilberto R. Limón, durante una ceremonia en el Colegio Militar. SINAFO-INAH-Secretaría de Cultura, no. Inv. 57393. Imagen tomada de:
https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A77195

Sólo nos queda deducir, y no es tan difícil dilucidar por qué, Ávila Camacho optó por violar la Constitución. El hecho es que, bajo el esquema del Servicio Militar, la organización y control de la reserva quedó subordinada directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, y por tanto al poder federal. Así pues, Ávila Camacho conjuró los peligros potenciales representados por la Guardia Nacional, y al mismo tiempo proporcionó al Ejército y Marina Nacionales la reserva que necesitaban. Lo que no queda claro es por qué Ávila Camacho y sus sucesores dejaron la Constitución sin reformar. De haberlo hecho, habrían podido adecuar la norma constitucional al esquema representado por el Servicio Militar Nacional, pero en lugar de ello dejaron en vigor una situación que de hecho viola a la Ley suprema del país. Tal vez la decisión se haya debido no a negligencia, sino a la posibilidad de que los congresos locales y aún el de la Unión, se opusieran a retirar del texto constitucional una institución que de existir daría fuerza moral y real a los estados de la Federación. En otras palabras, Ávila Camacho y los presidentes que siguieron debieron anticipar la imposibilidad de convencer a los estados de la unión de renunciar a su derecho a organizar una fuerza armada formada por voluntarios civiles.

En el mismo tenor centralista, el presidente Ávila Camacho dispuso la creación de cuerpos de Defensa Rural, que estarían subordinados –en caso de ser movilizados– al Estado Mayor Presidencial. Ello es interesante, toda vez que las Defensas Rurales estarían compuestas por ejidatarios, y por tanto habría sido lo lógico subordinarlas a los gobiernos estatales. Sin embargo, en el Instructivo para la organización, funcionamiento y empleo de los cuerpos de defensa rurales, que fue publicado hasta 1964, durante los últimos meses del gobierno de Adolfo López Mateos, queda claro que estarían destinados a colaborar estrechamente con el Ejército. Aunque su esquema de composición, organización y operación son distintos a los de la Milicia Activa de la primera mitad del siglo XIX y del Ejército Auxiliar de la Federación de la República Restaurada y Porfiriato, la condición de fuerza en auxilio directo del Ejército para la defensa del territorio nacional y mantenimiento del orden, recuerdan mucho a aquellas corporaciones.

Por ejemplo, el artículo 2° de dicho instructivo estipulaba que: “Las Unidades de Defensas Rurales cooperarán con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la defensa de la integridad e independencia de la patria; en la conservación del orden y seguridad pública en el campo; en el cuidado de la riqueza nacional y en las operaciones de auxilio en caso de desastre o emergencias que afecten a la Nación.” Asimismo, el artículo 6° indicaba que:

En caso de guerra internacional o de grave trastorno del orden interior del País, los elementos de los Cuerpos de Defensas Rurales podrán ser llamados a servir en el Ejército y Fuerza Aérea.
En estos dos últimos casos, y desde la fecha que fije la convocatoria respectiva, tendrán las mismas prerrogativas, obligaciones y derechos que los militares.pertenecientes al activo, de acuerdo con su clasificación.

Ahora bien, es importante aclarar que la subordinación de estos cuerpos al Estado Mayor había estado limitada a la Segunda Guerra Mundial. Por tal motivo, el Instructivo de 1964 establecía en el artículo 15 que: “El Mando Supremo de los Cuerpos de Defensas Rurales corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o por conducto del Secretario de la Defensa Nacional”. En tanto que el artículo 17 señalaba que: “El Mando
Operativo de los Cuerpos de Defensas Rurales lo ejercerán los Mandos Territoriales”, esto es, los comandantes de plaza y zonas militares.

Como lo da a entender la fecha tardía de publicación del Instructivo, las Defensas Rurales continuaron existiendo en el esquema de defensa nacional después de concluida la Segunda Guerra Mundial. De hecho, recientemente –durante el gobierno de Felipe Calderón– resurgieron para hacer frente a la inseguridad ocasionada por el narcotráfico, pero lo hicieron a iniciativa de las comunidades rurales y no por convocatoria del Ejército, lo cual, como se ha visto, contravino lo estipulado legalmente. Por ello fueron desconocidas
y rechazadas por el Gobierno.

Represión y guerra sucia

 

Como se ha visto, la Guerra Mundial contribuyó a establecer algunos de los parámetros bajo los cuales operaron las fuerzas armadas nacionales a partir de la década de 1940. Por otra parte, en los decenios posteriores la defensa del territorio nacional estuvo lejos de ser el único ámbito de acción del Ejército y Fuerza Aérea. Como es de conocimiento público, los gobiernos de Miguel Alemán, Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría se valieron de los militares para ejercer represión sobre actores políticos y activistas sociales.

Los elementos del Ejército participaron en la represión de obreros de los sectores petrolero y ferrocarrilero, así como en la detención de sus líderes. Asimismo, corre la versión de que López Mateos se valió del Jefe de su Estado Mayor, el general brigadier José Gómez Huerta, para realizar el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo y su familia. Pero sin duda alguna, el episodio oscuro por el que más se recuerda al Ejército en este periodo es su intervención en la matanza del 2 de octubre de 1968.

En realidad, el Ejército fue empleado desde los primeros días del movimiento estudiantil para reprimir a los manifestantes. Por ejemplo, el 30 de julio de 1968 tropas tomaron por asalto el Palacio de San Ildefonso, sede de la Escuela Nacional Preparatoria no. 1, derribando su histórica puerta principal con un disparo de bazuca. Asimismo, fueron efectivos militares los que desalojaron a los estudiantes de la Plaza de la Constitución mediante vehículos blindados y artillados. También fueron ellos quienes ocuparon Ciudad Universitaria y el Casco de Santo Tomás.

Varias personas creen que los M8 Greyhound empleados por el Ejército Mexicano en la década de 1960 eran tanques, pero su tamaño, bajo calibre de su cañón y ausencia de orugas los clasifica como vehículos blindados ligeros y no como tanques. Imagen tomada de: https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_1968_en_M%C3%A9xico#/media/Archivo:Exèrcit_al_Zócalo-28_d'agost.jpg

 

La participación de los militares en la represión del movimiento estudiantil fue constante, pero llegó a su culminación con la masacre del 2 de octubre. Lo ocurrido ese día ha sido esclarecido a un grado muy razonable por Sergio Aguayo en distintas publicaciones. En resumen, Díaz Ordaz se valió del Estado Mayor Presidencial y de la SEDENA para efectuar una represión muy mal coordinada. El jefe del EMP, coronel Luis Gutiérrez Oropeza, situó en los edificios que rodean la plaza de las Tres Culturas a elementos del Batallón Olimpia, formado a partir de personal de Guardias Presidenciales destinados a custodiar la Villa Olímpica durante los juegos que se celebraron ese año, vestidos de civil, con la misión de disparar contra la multitud y las tropas formadas en la plaza, a fin de simular un ataque por parte de los estudiantes y así justificar la represión. El problema fue que el secretario de la Defensa, general de división Marcelino García Barragán, no fue enterado debidamente de lo que ocurriría, y por ello la reacción de las tropas presentes fue inesperada e innecesariamente violenta.

Pese al trauma generado por este evento, los siguientes gobiernos no desistieron de emplear a las fuerzas armadas en la represión política. Luis Echeverría y José López Portillo enfrentaron insurrecciones guerrilleras de corte “comunista” en distintas áreas del país, pero especialmente en Guerrero, bajo el liderazgo de Lucio Cabañas. Las autoridades respondieron con brutalidad, valiéndose de tortura y desapariciones forzadas para erradicar esta oposición armada. Aún queda mucho por esclarecer lo ocurrido durante este lúgubre periodo de la historia nacional, debido a que muchos de los actores involucrados aún viven, y han gozado de la protección de los gobiernos en turno.

[1] Por ejemplo, tanto la Milicia Activa como las fuerzas auxiliares estaban organizadas en regimientos de Caballería y batallones de Infantería, en tanto que, de acuerdo con los artículos 7°, 9° y 10 del Instructivo citado, las Defensas Rurales sólo podían organizarse en pelotones, secciones, compañías y escuadrones, los cuales corresponderían a un mismo ejido. Asimismo, un miliciano activo podía alcanzar rangos de oficial, y un auxiliar podía llegar a general de brigada, sin tener que ingresar al Ejército Permanente. En cambio, en el artículo 32 se establecía que un Defensa sólo podía escalar hasta Rural de 1ª, nivel inferior al de cabo del Ejército. Asimismo, los cuerpos de Defensa Rural debían tener como comandante a un militar del Ejército Nacional.

Para saber más

Garciadiego, Javier (coordinador), El ejército mexicano. 100 años de historia. México, El Colegio de México, 2014. 499 p. (Jornadas 163).

Ibarrola, Javier, El ejército y el poder, México, Océano, 2003. 4447 p.

León Toral, Jesús de. et. al., El ejército y fuerza aérea mexicanos, 2 vol. México, Secretaría de la Defensa Nacional, 1979.

López González, Jesús. Presidencialismo y fuerzas armadas en México 1876-2012. México, Gernika, 2012.

Miranda Moreno, Roberto, Estado Mayor Presidencial. Evolución de una tradición de honor y lealtad, México, EMP-Secretaría de Cultura, 2016.

Urquizo, Francisco L., 3 de Diana, México, Industrias Gráficas Miranda, 1955.

Woldenberg, José. México la historia de su democracia (seria de televisión). México, Noticiero, Televisa, 2004.