De la oscuridad a la luz: las fuerzas del orden en los últimos 40 años
mayo 5, 2019 admin

De la oscuridad a la luz: las fuerzas del orden en los últimos 40 años

Por César Valdez

Al hacer un recuento de lo que ha sido la actuación de las fuerzas policiales y del Ejército en tareas de seguridad pública, y al contrario de lo que se ha dicho en los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas nunca han sido ajenas a las operaciones de seguridad pública. Tales efectivos han sido utilizados a discreción por el Poder Ejecutivo Federal (ya sea para contener movimientos sociales o administrar la presencia del crimen organizado) sin un claro marco jurídico y en plena opacidad. El artículo de César Valdez aborda el cómo, dónde y para qué ha sido utilizado el ejército por la máxima autoridad civil.

Las Fuerzas Armadas mexicanas salieron de la lógica de la Guerra Fría bajo sospecha de abusos a los derechos humanos. Sin embargo, no fue a ellas a quienes el gobierno cobró los abusos de dos décadas, sino a las agencias de inteligencia de la Secretaría de Gobernación, tales como la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. En el despunte del sexenio de Miguel de la Madrid se anunció la fusión de ambas, pero en la práctica significó su desaparición y el surgimiento de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional.

La creación de una nueva agencia de inteligencia civil buscaba “poner en orden” a las diferentes fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Según, esto permitiría que ejército, policías y servicios de inteligencia tuvieran actividades que no se mezclaran, como sucedió constantemente en los años setenta, cuando agencias de inteligencia, policías y fuerzas armadas concurrían a los mismos operativos estorbándose y duplicando o triplicando funciones. La percepción más generalizada es que durante el periodo de la Guerra Fría las fuerzas del orden se mantuvieron en una carrera más política que de seguridad.

Cuando a mediados de los años ochenta se consideró que los grupos guerrilleros estaban prácticamente exterminados emergió, por presión de los Estados Unidos, el combate al narcotráfico como tarea principal para las fuerzas armadas. Desde entonces, la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Marina en actividades de seguridad pública ha ido creciendo.

 

I

Raúl Benítez Manaut, uno de los más importantes sociólogos expertos en materia de seguridad, afirma que las misiones que realizan las fuerzas armadas mexicanas son: defensa territorial, integración y comunicación territorial, contrainsurgencia, modernización tecnológica, protección a la población civil ante desastres, lucha contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico, seguridad pública, defensa de los recursos naturales, acción cívica, actividades de inteligencia y guerra contra el crimen organizado. Todo esto sustentado en los planes DN-I, defensa externa; DN-II, orden interno; y DN-III, desastres naturales.

Dos han sido los momentos críticos vividos por las fuerzas armadas en los últimos treinta años. El primero de ellos fue la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994; y el segundo comenzó en diciembre de 2006 cuando el presidente Felipe Calderón inició en Michoacán la “guerra contra el narcotráfico.”

Muchos han sido los rumores sobre lo sucedido meses antes al 1 de enero de 1994. Lo que los encargados de la seguridad del Estado mexicano han reconocido es que, efectivamente, se tenía conocimiento de la existencia de un grupo armado en los Altos de Chiapas. Sin embargo, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) consideró que, dadas sus características y capacidad de fuego, el EZLN no era una amenaza seria a la seguridad nacional.

Así, en la madrugada del 1 de enero de 1994, el EZLN tomó cinco cabeceras municipales del Estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Una de sus primeras acciones fue tomar como prisionero de guerra al ex gobernador Absalón Castellanos. Luego de dejar en custodia las cabeceras municipales, el siguiente paso sería tomar el cuartel de Rancho Nuevo. Ahí, cuenta la poca información que se conoce, 500 zapatistas fueron repelidos por 14 soldados que se encontraban de guardia, quienes soportaron lo suficiente hasta que recibieron refuerzos. En el encontronazo, la Secretaría de la Defensa afirma que murieron 5 soldados federales y 24 combatientes zapatistas.

Momento de la detención del entonces gobernador del estado, Absalón Castellanos, por parte de efectivos del EZLN. Fotografía tomada de aquí: https://www.lajornadamaya.mx/2017-03-10/Muere-Absalon-Castellanos–ex-gobernador-de-Chiapas

Lo sucedido durante los 12 días de guerra es desestimado en las publicaciones históricas oficiales del ejército mexicano, prácticamente 1994 no existió, sin embargo, es claro que estuvo marcado por los abusos a los derechos humanos. La masacre del Mercado de Ocosingo fue mediáticamente el símbolo de aquellos enfrentamientos. A los poco más de 3 mil efectivos zapatistas, el ejército mexicano respondió con 30 mil. La presión de la sociedad civil obligó al presidente Carlos Salinas a decretar un cese al fuego unilateral. Desde entonces, la “contención pasiva”, mezcla de disuasión militar y diálogo, ha sido la estrategia para alcanzar la paz.

Como resultado de los sucesos en Chiapas, las fuerzas de seguridad tuvieron que realizar “ajustes” en su desempeño institucional. Como ya se señaló, hasta los años ochenta, cada agencia de seguridad realizaba su propio trabajo de inteligencia, después del 1 de enero de 1994 se comenzó a trabajar en crear un sistema de comunicación interinstitucional. Así, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el CISEN comenzaron a trabajar de manera conjunta. Cada semana se reunía el gabinete de seguridad, se consolidó la coordinación con los gobiernos estatales y, como gran logro, el 9 de febrero de 1995, en conferencia de prensa, se anunció la identidad del Subcomandante Marcos, afirmándose que era un ex profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de nombre Rafael Sebastián Guillén Vicente.

Hasta 1994 no existía un comando conjunto de las tres ramas: ejército, aviación y marina; tampoco una jefatura autónoma de la fuerza aérea. La situación en Chiapas también provocó la creación de fuerzas especiales, y puso sobre la mesa el tema de la obsolescencia del material de guerra.

Además de las actividades contrainsurgentes en Chiapas contra el EZLN, y en Guerrero en contra del Ejército Popular Revolucionario, el ejército mexicano, de manera paulatina, fue involucrándose en actividades de seguridad pública. Como ya se ha mencionado, dentro de las facultades constitucionales de las Fuerzas Armadas se encuentra, fundamentalmente, el orden interno, sobre todo en momentos en que la situación no pudiera ser controlada por las diferentes corporaciones policiales. Igualmente, su participación estaba condicionada a solicitud de los gobernadores.

Fue en 1995 cuando, por órdenes del presidente Ernesto Zedillo, fueron sustituidos todos los miembros de la Policía Judicial Federal (PJF) por elementos de la Policía Militar. El fundamento de esta decisión fue el intento por combatir la corrupción y tratar de eliminar todo rastro de vínculos entre policía y narcotráfico. Sin embargo, el resultado fue diferente. Al mismo tiempo que la violencia se agudizaba, los ex militares, ahora miembros de la PJF, transitaron de la simple cooperación con el crimen organizado a formar parte íntegra de sus filas. Los Zetas es uno de los ejemplos más claros de esta estrategia fallida del gobierno.

 

II

Luego de la derrota del Partido Revolucionario Institucional, y como una de las primeras acciones de la transición dirigida por el neopanista Vicente Fox, se inició el debilitamiento de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Durante prácticamente todo el siglo XX, la SEGOB se encargó, como una de sus tareas centrales, del control y estabilidad internos. El 1 de diciembre del año 2000, se creó la Secretaría de Seguridad Pública, se designó como su titular a Alejandro Gertz Manero, quién se había desempeñado como secretario de seguridad pública del entonces Distrito Federal entre 1998 y el año 2000. Y antes, en 1976, había coordinado la campaña contra el narcotráfico llamada Operación Cóndor que se desarrolló en el famoso “Triángulo Dorado”, es decir, en los estados de Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Junto con el CISEN, la recién creada Policía Federal Preventiva (1999), pasó de la SEGOB a la Secretaría de Seguridad Pública. Siguiendo el espíritu de la orden dada por el presidente Zedillo en 1995, la Policía Federal Preventiva estuvo integrada por militares convertidos en policías. El gobierno foxista también intentó responder a la creciente inseguridad con la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la cual se sumaría a los esfuerzos de la policía preventiva. Sin embargo, esta iniciativa tampoco logró frenar el proceso de infiltración del crimen organizado en el Estado mexicano.

Las Fuerzas Armadas, mientras tanto, continuaban con su labor de apoyo, aunque sin el protagonismo mediático de otros años. Pero todo cambiaría con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia. Producto de una contienda electoral ríspida y de la consabida falta de legitimidad, el nuevo presidente tuvo que echar mano de la institución más sólida que podía haber en el país: el ejército mexicano.

En la madrugada del 1 de diciembre de 2006, se realizó una ceremonia poco común en la cual una escolta militar transfirió la banda presidencial de manos de Vicente Fox a las de Felipe Calderón. Poco después nombró a los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa y Marina. Por la mañana, en medio de un increíble operativo, el presidente electo llegó al palacio legislativo de San Lázaro, entró por la puerta trasera para arribar a la tribuna del recinto, la cual estaba repleta de diputados panistas quienes horas antes la habían tomado para garantizar el cambio de poderes. Finalmente, Felipe Calderón, en medio de porras y rechiflas, tomó protesta como presidente de la República.

De ahí, en compañía de una comitiva, Calderón se trasladó al Auditorio Nacional, en donde dirigió su primer discurso a la nación. Posteriormente, se dirigió a Campo Marte para celebrar un desfile militar asumiendo el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

En muy pocas horas Calderón mostró el papel que asumirían las fuerzas armadas en su administración. Diez días después de tomar posesión, el gobierno anunció un operativo cuyo objetivo era atacar al crimen organizado en el Estado de Michoacán. Esta acción se considera como el inicio de la así llamada guerra contra el narcotráfico en México. Pronto los operativos se replicarían en Tijuana, Nuevo León, Guerrero y Morelos.

El 3 de enero, tan sólo un mes después de haber asumido la presidencia, y pasadas las 8 de la mañana, el presidente llegó al aeropuerto de Uruapan, vestido como si fuera soldado, con gorra de campo que lucía un escudo con cinco estrellas, chamarra de color verde olivo y pantalón beige. Aunque no era la primera vez que un presidente se vestía con uniforme militar, lo que llamó la atención de los medios de comunicación fue que Felipe Calderón haya portado indumentaria militar en una ceremonia que tradicionalmente era presenciada por los presidentes vestidos de civil.

En 2006, Felipe Calderón le declaró la “guerra” al narcotráfico. Una estrategia fallida del Estado mexicano que ha dejado miles de muertes, violaciones a los derechos humanos y el recrudecimiento de la respuesta del crimen organizado. Fotografía tomada de: https://polemon.mx/guerraopaz/captura-de-pantalla-2017-12-11-a-las-10-54-34

El resultado de estas acciones fue la paulatina militarización del país y el recrudecimiento de la respuesta del crimen organizado. De la mano de la caída de los principales capos del narco como Oziel Cárdenas, Vicente Zambada, Arturo Beltrán Leyva, Antonio Ezequiel Cárdenas o Ignacio Coronel Villareal, llegaron los abusos a los Derechos Humanos de quienes habitaban las principales zonas del conflicto, y por supuesto la muerte de miles de personas.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el sexenio de Calderón dejó un total de 121 mil 683 muertes violentas. En 2008 se registraron 14 mil 006 homicidios; en 2009 la cifra llegó a 19 mil  803; para luego en 2010 aumentar a 25 mil 757; y en 2011 alcanzar los 27 mil 213. Finalmente, en 2012, año de cambio del gobierno federal, hubo una leve disminución en el número de homicidios, pues se reportaron 26 mil 037. Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas fueron los estados de la República en los que la violencia se vio mayormente recrudecida.

Las consecuencias de la guerra también fueron económicas. El presupuesto militar del país, según el Banco Mundial, fue de 44 mil 496 millones de pesos en 2006, cifra que creció a 52 mil 235 millones en 2007 y un año después llegó a 54 mil 977 millones. Como dato adicional, el año con mayor número de operativos militares fue 2009 con 305 mil 983 acciones.

A las muertes se ha sumado el fenómeno de las desapariciones, las cuales aumentaron de manera escandalosa. En 2007 se registraron 662; en 2008 hubo 824; en 2009 aumentaron a mil 401; en 2010 se denunciaron 3 mil 227; para 2011 fueron 4 mil 094; y finalmente en 2012 se registraron 3 mil 343. Este fenómeno se ha relacionado profundamente con la aparición de milicias irregulares controladas por el narcotráfico, aunque no hay evidencia clara que estas desapariciones nutran a dichas fuerzas. En realidad se trata más de una hipótesis alentada por familiares de los desaparecidos con la esperanza de encontrarlos algún día con vida.

Durante el sexenio de Felipe Calderón la muerte también llegó a trastocar a las autoridades. El México bajo su mandato se convirtió en un país peligroso para los alcaldes: 31 ediles y una docena más de ex funcionarios de este nivel fueron asesinados. Eso sin contar la cantidad de autoridades que fueron extorsionadas e intimidadas por grupos del crimen organizado.

También los miembros de las fuerzas del orden se han visto diezmadas por la guerra contra el narcotráfico. Según la Secretaría de la Defensa, de diciembre del 2006 a noviembre de 2011 el número de bajas durante las tareas de combate contra el narcotráfico fue de 276 militares: 273 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 23 de la Secretaría de Marina (SEMAR). Se registraron mil 948 agresiones y enfrentamientos entre militares y presuntos integrantes del crimen organizado. Sin embargo, periodistas han realizado estimaciones mucho más elevadas. Según la cadena internacional de televisión Cable News Network (CNN), en promedio, un militar murió cada seis días durante aquel sexenio. Por su parte, el diario La Jornada reportó el 24 de septiembre de 2012 que además de 126 militares muertos, se estimaba una cantidad de 750 lesionados durante las tareas de seguridad. Sin embargo, tan sólo en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 la dependencia entregó 444 beneficios a familiares de soldados caídos y militares dados de baja por inutilidad de primera categoría en actos de servicio considerados de alto riesgo.

La información sobre las bajas en las corporaciones policiales es bastante confusa e incierta. Según varias fuentes, la Policía Federal tuvo 371 bajas, mientras que la Policía ministerial 180. La Agencia Federal de Investigación reportó 299 bajas. Sin embargo, el 11 de julio de 2011, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, indicó que, desde el inicio del sexenio a esa fecha, habían sido asesinados 2 mil 76 policías federales, estatales y municipales en enfrentamientos, ataques y ejecuciones directas.

 

III

Entre 2012 y 2018, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la estrategia de combate al narcotráfico y de seguridad pública no se modificó sustancialmente. La gran diferencia tuvo que ver con la exposición pública del Secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, quien ante las constantes controversias sobre los abusos a los derechos humanos, arremetió en contra de periodistas y solicitó a los diputados un marco jurídico para que las fuerzas armadas pudieran operar en actividades de seguridad pública.

 

 

El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, agradece la condecoración otorgada por el presidente Enrique Peña en el marco del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana. Foto tomada de: https://sipse.com/mexico/pena-nieto-encabeza-aniversario-revolucion-mexicana-df-123795.html

Durante el sexenio de Peña Nieto los escándalos protagonizados por excesos de miembros del ejército se multiplicaron. Ya no eran solamente “efectos colaterales”, pues medios de comunicación pusieron en evidencia acciones sistemáticas. El 30 de junio de 2014, después de un enfrentamiento entre el ejército y miembros de la delincuencia organizada, la SEDENA informó que se habían abatido a 22 delincuentes. Sin embargo, el trabajo periodístico y una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyeron que había claros indicios de que no todos habían muerto durante el enfrentamiento, sino que algunos pudieron haber sido ejecutados extrajudicialmente luego de ser detenidos.

Otro caso trágicamente emblemático que inmiscuyó al ejército fue la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que planeaba asistir a la marcha del 2 de octubre en la ciudad de México, tomó por la fuerza algunos autobuses, éstos, según afirma la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República encabezada por Murillo Karam, quedaron en medio del fuego cruzado entre fuerzas del orden y una célula de la delincuencia organizada. Luego de ser detenidos por diversos grupos policiales en Iguala, habrían sido entregados a un grupo delictivo, para ser asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. A la fecha, diversos organismos nacionales e internacionales consideran que la conclusión de la Procuraduría General de la República no tiene fundamento alguno en los 618 tomos de la investigación. Lo cierto es que este suceso terminó por ensombrecer la imagen del ejército mexicano y del ya desgastado gobierno de Peña Nieto.

La indignación social causada por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, causó numerosas y nutridas manifestaciones en la ciudad de México.  En la imagen se observa un “antimonumento” que la sociedad organizada levantó en Paseo de Reforma, esquina con Bucareli, para no olvidar que “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Foto: La Bola.

Hacia final de su sexenio, en noviembre de 2018, Peña Nieto afirmó que era impensable afrontar la inseguridad sin el ejército. También hizo un llamado al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que intentara crear el marco jurídico idóneo para que el ejército pudiera operar sin menoscabar la Constitución. Esto porque pocos días antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dictaminado que la “Ley de Seguridad Interior” que se estaba proponiendo era inconstitucional.

En resumen, entre 2012 y 2018 murieron en acciones de combate 337 militares (152 de la marina y 185 de la fuerza aérea y el ejército). Así, en los 12 años de guerra contra el narcotráfico murieron 542 elementos, y aún están por determinarse el número de bajas por deserción o por inutilidad lesiva. Durante el sexenio de Peña Nieto se registraron 2 mil 500 asesinatos en promedio al mes. En 2018 hubo 30 mil 000 homicidios. Lo que inicialmente había sido un descenso claro hasta 2014 (llegando a los 15 mil  520), se transformó en un repunte catastrófico que prácticamente duplicó el número de muertes.

Las principales medidas durante ese sexenio, como fueron la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, el regreso al empoderamiento de la Secretaría de Gobernación y la creación de la Gendarmería, demostraron ser insuficientes. La estrategia que en el Plan Nacional de Desarrollo tuvo el pomposo nombre de “México en Paz” sólo desplazó el escenario de la violencia del norte hacía el centro y sur del país. Provocó la definitiva militarización civil con la constitución de diversos grupos de autodefensas y policías comunitarias.

En el inicio de un nuevo sexenio la violencia se encuentra desbordada y, luego de vacilar con nombres y denominaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto la creación de una Guardia Nacional, la cual estaría conformada por personal militar, con mando militar y adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tanto organizaciones no gubernamentales como miembros de la oposición han señalado que esto legalizaría la militarización de la seguridad pública. De igual manera, la actitud del presidente de involucrar paulatinamente más a las fuerzas armadas en su gobierno ha despertado los focos rojos de diferentes organizaciones de derechos humanos. Sin más, el dictamen aprobado por unanimidad en el senado señaló que la Guardia Nacional sería de carácter civil, tendría que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, y, además, estaría acotada a una temporalidad de funcionamiento de cinco años.

En los últimos cuarenta años, las fuerzas de seguridad y orden mexicanas han transitado de operar en la completa opacidad sin vigilancia ni rendición de cuentas a convertirse en la institución más vigilada por la ciudadanía. Han pasado de la oscuridad de los cuarteles a la luz de la arena pública; lamentablemente este tránsito también ha significado el arribo e intensificación de la violencia.

Para saber más:

Alvarado Arturo y Mónica Serrano (coord.), Los Grandes Problemas de México tomo XV Seguridad Nacional y Seguridad Interior, México, El Colegio de México, 2010.

Benítez Manaut, Raúl (coord.) Seguridad y Defensa en América del Norte: Nuevos dilemas geopolíticos, San Salvador, FANDAUNGO, Woodrow Wilson Center, 2010.

Benítez Manaut, Raúl y Sergio Aguayo Quezada (ed.) Atlas de la seguridad y la Defensa de México 2016, México, CASEDE, Instituto Belisario Domínguez, 2017.

INEHRM, Historia de los Ejércitos Mexicanos, México, INEHRM, 2013.

Moloeznik, Marcos Pablo, Tratado sobre pensamiento estratégico militar. Enseñanzas para el Sistema de Defensa de México, México, CASEDE, 2018.

Sampó, Carolina y Sonia Alda, La transformación de las Fuerzas Armadas en América Latina ante el crimen, Lima, Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, 2019.